Habría que decir que uno de los principales objetivos, sino el principal, es preparar académica y principalmente a nacionales, para responder a lo social en forma adecuada  los retos de construir una sociedad económicamente competitiva e inclusiva, en lo social generar un espíritu nacional solidario y en lo político, capacitar a la población para asumir de manera inteligente, visionaria, manera inteligente, visionaria, eficaz y eficiente la conducción del los sectores públicos y privados. Paralelamente ser el motor de investigación y desarrollo para beneficio de la sociedad.

Otra observación necesaria de hacer,  es decir que, toda sociedad no solo necesita de profesionales, sino que también, requiere de técnicos y operarios capacitados para satisfacer las varias necesidades que una población necesita resolver con alguna regularidad, tales como carpinteros, albañiles, electricistas, mecánicos en autos, mantenimientos de equipos industriales, etc. como los que debería preparar el INA.

Con eso no quiero decir que quienes no vayan a la universidad, deban por eso estar condenados a vivir en la estrechez económica con un bajo nivel de bienestar para sí mismo y su familia.  Esto se resolvería con una política de estado que asegure las condiciones para que toda la ciudadanía tenga las necesarias y suficientes oportunidades para tener acceso a un decoroso y muy adecuado nivel de vida, donde la Salud, Educación, Seguridad y Vivienda estén al alcance sino de todos los integrantes del conglomerado social, por lo menos, de la inmensa mayoría.

Retomando la pregunta que sirve de título a este comentario, habría que decir que dentro de un propósito eminentemente social, la pretensión presupuestaria de las altas autoridades universitarias y, posteriormente, de los sindicatos y algunas y algunos estudiantes, simplemente, no tiene cabida pues sus argumentos son absolutamente sectarios y de dudosa proyección social pues pareciera que se beneficia a un grupo reducido y el cual ya es privilegiado de la sociedad, comparado con las oportunidades que tienen otras y otros costarricenses.

Si se hiciera una comparación relativa al número de beneficiados de todos esos programas los comparáramos con el número de estudiantes matriculados en las universidades estatales, muy probablemente, habría un desbalance muy sesgado en favor de esos presupuestos universitarios. Esto quiere decir que al darle recursos a los entes estatales de educación superior, otros sectores poblacionales, verán postergadas  sus necesidades y expectativas pues los recursos económicos y financieros públicos son y serán siempre finitos.

Nadie puede discutir la necesidad de tener universidades públicas inteligente, visionaria y adecuadamente financiadas pero lo que si habría que discutir, sería sobre ¿cuáles son los objetivos estratégicos que la educación universitaria pública debe tener? Esto dentro del contexto de su costo-beneficio social, ya que su financiamiento proviene del pago de los diferentes impuestos que las y los costarricenses pagamos, por lo que no hay que olvidar, que esos mismos recursos deben alcanzar para financiar los programas estatales de Salud, de Seguridad, de Educación Primaria y Secundaria, infraestructura pública, los asistenciales a quienes viven bajo el nivel de pobreza, para solo citar algunos.

Habría que decir que uno de los principales objetivos, sino el principal, es preparar académica y principalmente a nacionales, para responder a lo social en forma adecuada  los retos de construir una sociedad económicamente competitiva e inclusiva, en lo social generar un espíritu nacional solidario y en lo político, capacitar a la población para asumir de manera inteligente, visionaria, manera inteligente, visionaria, eficaz y eficiente la conducción del los sectores públicos y privados. Paralelamente ser el motor de investigación y desarrollo para beneficio de la sociedad.

Costa Rica es un país por mucho privilegiado por sus avances tecnológicos, una económica estable; con una centenaria democracia que ha permitido su desarrollo cultural y social. En fin, este país tiene todo para ser un país desarrollado.

No obstante y a pesar del esfuerzo que han hecho las autoridades, así como las organizaciones ciudadanas, en cada rincón del país, para afrontar muchos problemas, aún falta bastante qué hacer.

La inseguridad ciudadana encabeza la principal preocupación del costarricense, según lo revelan encuestas de opinión, hechas con frecuencia, desde hace años.

Cada día se dan todo tipo de delincuencias, lo que ha hecho que los ciudadanos ni siquiera puedan estar seguros en sus propias casas.

Ya en las barriadas, donde, hace unos años, lo más trágico de la semana era el borracho que armó una escaramuza en la cantina, es un asunto que se recuerda hasta con nostalgia.

Ahora, es la matanza a tiros entre pandillas de narcotráficos lo que desvive a la población, con saldos humanos tan lamentables como la muerte de niños, en el fuego cruzado entre quienes se adueñaron no sólo del territorio de todos sino, y quizá más importante, de la paz y  tranquilidad con que los costarricenses forjaron un estilo de convivencia, por muchos otros países admirado e, incluso, envidiado.

Hoy el crimen organizado es el que quiere imponerse: hace y deshace en esas calles de nadie, donde los balazos van y vienen, así sea que se esté en la antaña paz del hogar.

Las autoridades de este y los anteriores gobiernos han tratado de afrontar y dar solución definitiva a esta oleada criminal pero, de nuevo, las posturas políticas e ideológicas de grupos opositores dan al traste y cada uno quiere jalar para su lado y majarle el mecate a quienes se les dio el poder para administrar la cosa pública.

Por ello, si los costarricenses no ponen las barbas a remojo y dejan de ver hacia el lado, como si no fuera con ellos, el asunto podría convertirse en algo irreversible y se estará a las puertas de baños de sangre, como sucede en México, con casi dos millones más de territorio, por Km. cuadrado, donde hoy se ven masacradas  poblaciones enteras, sin que las autoridades ya puedan hacer algo. Y todo por haber negado una realidad que se presentaba en sus narices pero que nadie quiso hacer nada hasta que ya hoy es muy tarde.

Por lo anterior, es hora, en Costa Rica de forjar alianzas entre los actores políticos y sociales del país, si de verdad no se quiere que los problemas con la delincuencia organizada, que de por sí ya es una realidad, se imponga, sin posibilidad alguna de sobrevivir como la sociedad que una vez fue “la suiza centroamericana”.

Costa Rica es un país por mucho privilegiado por sus avances tecnológicos, una económica estable; con una centenaria democracia que ha permitido su desarrollo cultural y social. En fin, este país tiene todo para ser un país desarrollado.

El próximo domingo 5 de diciembre, en todo el país, los costarricenses estamos llamados a las urnas. Construiremos, ese día, nuestros gobiernos municipales. Luego de haber elegido en febrero pasado a los regidores, nos corresponde ahora seleccionar a las mejores mujeres y a los mejores hombres de nuestra comunidad, para que asuman otros importantes cargos públicos en nuestras localidades; tan importantes que de su desempeño honesto y eficiente, dependerá mucho de nuestro bienestar.

Los alcaldes, con sus respectivos vicealcaldes, completarán, con sus responsabilidades ejecutivas, los gobiernos municipales en los ochenta y un cantones del país. Además, la representación de los intereses distritales estará a cargo de los concejos de distrito. Cuatro vecinos, llamados concejales de distrito, de cada uno de los cuatrocientos setenta y tres distritos del territorio nacional, tendrán en su síndico una voz permanente en el gobierno municipal.

Adicionalmente, en ocho de esos cuatrocientos setenta y tres distritos, los ciudadanos elegirán, junto a concejales y síndicos, un intendente y un viceintendente distrital. Se trata de distritos que, considerando la distancia que mantienen con la cabecera de su cantón, tienen una organización política propia, llamada concejo municipal de distrito y que es, básicamente, una especie de municipalidad distrital.

Si apenas hace dos días celebramos nuestra independencia, que nos permite vivir como un pueblo libre, que se da su propio gobierno en vez de que le sea impuesto; si el Estado costarricense ha evolucionado de tal forma que desde la capital ya no se deciden los asuntos propios de las diversas y especiales regiones de Costa Rica; si en vez de concentrarse el poder en el centro del país, hoy es posible que cada comunidad elija a sus autoridades locales (conciente de que sólo los habitantes de cada poblado, barrio o zona distante, saben bien cuáles son las necesidades más apremiantes de su comunidad); siendo todo esto así, no podemos los costarricenses desperdiciar el valioso derecho a votar en las próximas elecciones municipales y elegir un mejor futuro para nosotros y nuestros seres queridos.

El próximo domingo 5 de diciembre, en todo el país, los costarricenses estamos llamados a las urnas. Construiremos, ese día, nuestros gobiernos municipales. Luego de haber elegido en febrero pasado a los regidores, nos corresponde ahora seleccionar a las mejores mujeres y a los mejores hombres de nuestra comunidad, para que asuman otros importantes cargos públicos en nuestras localidades; tan importantes que de su desempeño honesto y eficiente, dependerá mucho de nuestro bienestar.

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Este mes, llamado de la Patria, en el que celebramos un aniversario más de nuestra Independencia, es una buena ocasión para comprender que el ser independiente es mucho más que sumergirse en faroles, banderas, marchas o tambores. Más que tener la obligación de asistir a algún acto cívico, o más que entonar: ¡Salve, oh tierra gentil! ¡Salve, oh Madre de amor!, en el hermoso canto de nuestro Himno Nacional.

Conmemorar nuestra Independencia es, básicamente, el ejercicio de la capacidad de rememorar los momentos más significativos del pasado de nuestra sociedad, mediante el cultivo de la memoria y por la conciencia de la fuerza de los aciertos y los errores pasados.

Conmemorar el Mes de la Patria es transmitirles a las futuras generaciones, y al pueblo en general, una memoria común de fidelidad, orgullo y herencia por los principios de la libertad, justicia y soberanía que hagan de nuestra Patria una Nación más humana y generosa.

Conmemorar nuestra vida independiente, desde nuestro presente, es reflexionar sobre el valor de la autodeterminación, el peligro de las luchas por intereses personalistas y la importancia de contar con un orden jurídico-social razonable y estable sobre el que se sustente el progreso de la Nación.

Pues aunque en la actualidad Costa Rica está enfrentando, indudablemente, duros desafíos, al conmemorar nuestra independencia debemos hacer conciencia de que, ante las situaciones difíciles, hay que luchar con más unidad y fuerza para continuar siendo firmes  e independientes en la sana construcción de nuestra Patria.

La mortal violencia vivida en calles y hogares, una corrupción que ha minado los principios éticos de nuestra sociedad, una burocracia que ha aprisionado la función pública, o las injusticias sufridas por aquellas personas que se hallan sumidas en la pobreza, son tan sólo unas de las muchas cadenas que atan a Costa Rica a una realidad ciertamente problemática.

Por lo tanto, si queremos que nuestra Patria sea efectivamente democrática, pacífica y libre, debemos transformar este Mes de la Patria en un sentimiento por la verdadera democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y una vida digna con paz y justicia para todos los costarricenses, la cual vaya más allá de una etapa cronológica, para convertirse en una permanente celebración grabada en la historia de Costa Rica y en el corazón de sus hijas e hijos.

Bajo esta perspectiva, comprometámonos, pues, a conmemorar esta vida independiente por  el enaltecimiento y la inmortalidad de nuestra Nación. Porque ciertamente nuestra Patria ha sido forjada para que sus habitantes puedan espiritualizarse en ella, pero no será inmortal si entre todos no la hacemos servir efectivamente a la justicia y al bien común de la humanidad. Tal era el pensamiento del gran maestro del patriotismo San Agustín cuando manifestaba que “vivir para la Patria y engendrar hijos para ella es un deber de virtud”.

Entonces que este Mes de la Patria sirva para que cada ciudadano reflexione si realmente sabe responder a ese compromiso que implica el ser independientes, pues solamente podemos sentirnos orgullosos de decir que Costa Rica progresa en democracia, libertad y paz, cuando cada uno de nosotros, en el presente y en el futuro, seamos partícipes de los procesos de reconstrucción y engrandecimiento de nuestra Patria.

Este mes, llamado de la Patria, en el que celebramos un aniversario más de nuestra Independencia, es una buena ocasión para comprender que el ser independiente es mucho más que sumergirse en faroles, banderas, marchas o tambores. Más que tener la obligación de asistir a algún acto cívico, o más que entonar: ¡Salve, oh tierra gentil! ¡Salve, oh Madre de amor!, en el hermoso canto de nuestro Himno Nacional.

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La Sala Constitucional, a la cual le compete la importante función de regular la jurisdicción constitucional, fue creada en 1975, por reforma al artículo 10 de la Constitución Política. Pero fue la Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135 de 11 de Octubre de 1989, la que estableció, en detalle el marco de su actividad. Por defectos de esa ley y posiblemente también por vanidad y afán de poder, defectos de los cuales los humanos por lo general nos cuesta sustraernos, con el transcurso del tiempo y en buena parte por la mala práctica de nuestros legisladores, que por pereza, ignorancia o táctica política, le someten a la Sala Cuarta hasta la ultima coma de los proyectos que se tramitan en la Asamblea, este Tribunal ha llegado a constituirse en un superpoder, que limítale ejercicio de las actividades propias de los tres Poderes del Estado y de la Administración descentralizada e interviene en aspectos técnicos que no le corresponden, como cuando le ordena a los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social qué medicamentos debe prescribir o les fija plazos para operaciones quirúrgicas, sin ningún respeto para los Directores de esos Centros Médicos. Aunque esa prepotencia de la llamada Sala Cuarta, ha sido una constante en su funcionamiento, en los últimos tiempos ha llegado a extremos inconcebibles, suscitando un repudio generalizado en gran parte de la población, que actualmente la considera, no como el Tribunal que garantiza la supremacía de las normas y principios constitucionales, sino como una verdadera amenaza l orden público y a la seguridad ciudadana. No es posible ni tampoco necesario, analizar en detalle las sentencias de la Sala Cuarta, muchas de las cuales hay que reconocer que son de un valor innegable. Pero no por sus méritos se pueden pasar pos alto sus desaciertos, pues estos son graves y de fatal consecuencias. Pasamos a señalar brevemente los más recientes y que han causado general estupefacción: el país recibió con beneplácito y alivio la decisión de la Asamblea General de Trabajadores de JAPDEVA, de remover una Directiva sindical anquilosada, que se había apoderado de los muelles de Limón y se oponía a la modernización del puerto, calificado por los usuarios como uno de los peores del mundo. Pero la esperanza de un mejor futuro para los muelles de Limón y para la economía del país en general, se desvaneció al invalidar la Sala Cuarta lo resuelto por la Asamblea de Trabajadores y reinstalar a la antigua Directiva. Es decir, se sacrificó el bien común en beneficio de un grupúsculo. Otra pifia del mismo corte pero por partida doble, sobreviene cuando la Sala prohíbe convocar a un referéndum para que el pueblo decida sobre la pretendida legalización de matrimonio de individuos del mismo sexo, argumentando que una mayoría no puede decidir sobre la suerte de los derechos de una minoría. Argumento especioso, pues en primer término, implica adelantar el resultado del referéndum, al tiempo que antidemocráticamente se niega a la mayoría, la facultad de decidir sobre la organización social y familiar, que es materia que nos atañe a todos. Ahora cono colofón de este rosario de incesantes, sale la Sala Cuarta con la genialidad de prohibirles a las autoridades que efectúen retenes en carreteras y caminos, que son una herramienta importantísima que ha permitido hasta la fecha, la detención de muchos delincuentes y el decomiso de drogas, armas y artículos robados. Prohibir los retenes, por cuanto éstos puedan afectar el derecho de los ciudadanos  al libre tránsito, es atentar contra la seguridad ciudadana, para no incomodar a quienes no quieren molestarse en darle una breve explicación a las autoridades. Mi derecho de petición no se ve menoscabado por el hecho por el hecho de que cuando formulo alguna solicitud ante un organismo público me piden que, de previo, me identifique, presentando mi cédula de identidad. No hay duda de que la Sala, por considerar lso árboles, deja desprotegidos el bosque, en otras palabras, que por una miopía incalificable, sacrifica el bien común, en aras de intereses individuales de rango secundario. Como esto ya ha tomado un caríz alarmante, desde este espacio formulamos una respetuosa instancia a la señora Presidenta, quien ya ha tomado conciencia de la situación , para que, acojiendo las reiteradas recomendacionesde expertos constitucionalistas, integre una comisión de juristas especializados en esta materia a fin de que hagan una revisión integral a la Ley de la Jurisdicción Constitucional y propongan las reformas que sean procedentes para conjurar el problema que implica un Tribunal desorbitado

08 de Setiembre de 2010.

La Sala Constitucional, a la cual le compete la importante función de regular la jurisdicción constitucional, fue creada en 1975, por reforma al artículo 10 de la Constitución Política. Pero fue la Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135 de 11 de Octubre de 1989, la que estableció, en detalle el marco de su actividad.

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