Leonardo Garnier Rímolo

Ministro

Por respeto a los lectores y a las autoridades del Gobierno de la República, doy respuesta al comentario de Panorama del primero de marzo en el que Juan Carlos Hidalgo califica de “chantaje político” el hecho de haber recortado el presupuesto de infraestructura y equipamiento educativo de ¢43 mil millones en 2010, a solo ¢17.000 millones para 2011.

Como base de comentario, este consultor internacional utiliza una simple comparación  presupuestaria entre un año y otro, pero elude analizar el contexto en que se produjo el supuesto rebajo en tan importante plan de gastos. Ello se explicaría por la circunstancia de que el señor Hidalgo esté radicado desde hace mucho tiempo fuera de Costa Rica.

Lo que el señor Hidalgo pareciera desconocer, es que en previsión de la crisis fiscal que se vaticinaba para este 2011, en noviembre pasado el Ministerio de Hacienda acreditó al MEP un presupuesto extraordinario por ¢23.500 millones para destinarlo a obra educativa durante 2011.

Dicho monto ya fue asignado a un total de 250 juntas administrativas de escuelas y colegios en todo el país con el fin de que lo utilicen, con apoyo técnico y administrativo del MEP, en la construcción, reparación y mantenimiento de sus instalaciones.

Una simple operación aritmética nos indica, en consecuencia, que los fondos a ejecutarse durante este 2011 en infraestructura y equipamiento educativo rondarán los ¢44.000 millones.

Como se ve, no existe ninguna estrategia de la Administración Chinchilla  para utilizar “la pésima infraestructura educativa y a miles de estudiantes” – según palabras del consultor Hidalgo – como chantaje político para lograr la aprobación legislativa de la reforma fiscal.

En lo que sí lleva razón don Juan Carlos, es en que enfrentamos como país un grave problema estructural relacionado con la insuficiencia de recursos para financiar de manera oportuna la infraestructura que requiere el sistema educativo nacional, cuyo rezago o déficit se estima en unos 500.000 millones de colones.

Por ello –algo que extrañamente también ignora el consultor Hidalgo–  desde 2009 iniciamos la valoración de mecanismos alternativos de financiamiento de largo plazo, hasta coincidir en que la figura  del “Fideicomiso de desarrollo de obra pública con cuota de arrendamiento” por parte del MEP, podría convertirse en instrumento complementario para financiar y ejecutar infraestructura educativa y su equipamiento.

En ese contexto, aunado a la asignación de recursos vía presupuestos públicos y dadas la situación financiera y la posición fiscal del país, el Ministerio de Hacienda le ha autorizado al MEP un endeudamiento inicial por $166 millones de dólares, los cuales constituirán la base de creación de tal fideicomiso en este 2011.

Hablamos de una inversión inicial y complementaria por esta vía cercana a los ¢83.500 millones que nos permitirá atender –una vez que obtenga el refrendo legislativo–  buena parte del déficit en obra educativa.

Pero todavía más importante, es que tal mecanismo marcará el inicio de un proceso mediante el  cual podremos subsanar en el mediano plazo la deuda histórica en esta materia. Una deuda histórica que por la vía ordinaria de la asignación estatal de financiamiento nos tomaría casi 20 años superar.

Leonardo Garnier Rímolo

Ministro

Por respeto a los lectores y a las autoridades del Gobierno de la República, doy respuesta al comentario de Panorama del primero de marzo en el que Juan Carlos Hidalgo califica de “chantaje político” el hecho de haber recortado el presupuesto de infraestructura y equipamiento educativo de ¢43 mil millones en 2010, a solo ¢17.000 millones para 2011.

El pronunciamiento de la Corte Internacional viene a poner los puntos sobre la íes, al confirmar que los militares sandinistas deben salir de la Isla Calero, inmediatamente, en tanto ese organismo no emita su fallo final. Esa ha sido una de las principales posiciones defendida por el Gobierno de la República, en los diferentes foros internacionales a los que ha recurrido, desde que se inició el actual conflicto.

Ahora, nuevamente, le corresponde a las autoridades sandinistas, acatar y respetar lo dicho por la Corte Internacional pero también es responsabilidad de nuestro gobierno, vigilar, celosamente, por el cumplimiento de las medidas cautelares, para así asegurarse que el daño ecológico no siga aumentando en esa zona del territorio nacional, tal como lo dice, en su pronunciamiento, la Corte Internacional de Justicia.

La actual crisis con un gobierno nicaragüense, ha puesto en evidencia la impostergable necesidad de que le busquemos a la tica, una solución de fondo a esta vieja y muy añeja costumbre de algunos gobernantes nicas, de usarnos para desviar la atención de su pueblo, ante los muy urgentes problemas y mayores necesidades que tiene la sociedad nicaragüense y que evidentemente esos gobernantes no han sabido resolver, ya sea por incapacidad o simplemente, porque no les interesa hacerlo. Pero lo que si es claro es que algunos de esos altos funcionarios públicos, después de su paso por la administración pública, han visto aumentar sus patrimonios de manera inexplicable, cuando su pueblo se empobrece más, cada día.

Con independencia del pronunciamiento, Costa Rica debe asumir con seriedad y patriotismo la búsqueda de un mecanismo a lo tico, que resuelva en forma definitiva el foco de esos casi que endémicos conflictos por el Río San Juan.

Y al decir a lo tico, se debe entender, con estricto apego al ordenamiento jurídico nacional e internacional, sin violencia pero sí con gran y manifiesta valentía, para que le quede muy claro a los sandinistas y al mundo entero, que este pequeño país tiene una gran dignidad y una soberanía que no son negociables, bajo ningún concepto.

Este pronunciamiento no implica el fin del proceso, es solo una de las batallas jurídicas que hay que dar. El tema quedará definido, en unos tres o cuatro años, por la Corte Internacional de la Haya, cuando este cuerpo emita un fallo final que responda en todos sus alcances a los reclamos que el Gobierno de la República ha detallado, cuando interpuso la demanda en contra de las acciones emprendidas por Edén Pastora y apoyadas por el presidente sandinista Daniel Ortega.

Las y los nicaragüenses, en nuestro país y fuera de él, deben estar tranquilos de que no serán objeto de maltrato o persecución alguna por parte de las y los ticos  pues el conflicto y la decisión de la corte internacional están supeditados, exclusivamente, a las acciones violatorias del nuestro territorio nacional, por parte de un político que todavía no acaba de comprender, que el ser presidente de un país, es ciertamente el máximo honor, la mayor confianza y un superior compromiso que una o un ciudadano puede tener, con quienes lo han escogido para llevar a su patria por mejores rutas hacia un crecimiento económico, social y político, justo, en libertad y paz social pero jamás por el rumbo que tiene, en la actualidad, el hermano pueblo de Nicaragua.

El pronunciamiento de la Corte Internacional viene a poner los puntos sobre la íes, al confirmar que los militares sandinistas deben salir de la Isla Calero, inmediatamente, en tanto ese organismo no emita su fallo final. Esa ha sido una de las principales posiciones defendida por el Gobierno de la República, en los diferentes foros internacionales a los que ha recurrido, desde que se inició el actual conflicto.

Dr. Pablo Guzmán Stein

Rector UCIMED

Con dolor y coraje escucho el constante clamor de muchos enfermos, que se quejan porque en los diferentes establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no los han atendido o porque la cita con el especialista se las dan para dentro de meses o años.

Dolor porque mientras ellos esperan la ayuda al mal que los aqueja, sus dolencias se agravan, coraje porque desde mi trinchera, este servidor y las demás autoridades de  UCIMED, hemos querido ayudar a resolver el faltante de especialistas en medicina desde hace más de tres años y no nos lo permiten.

Hace tres años se elevó el proyecto a conocimiento de la Junta Directiva de la CCSS con el visto bueno del Director del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS),  Dr. Ignacio Salom,  la  Gerente Médica, Dra. Rosa Climent, y la Gerencia Jurídica de la Caja (oficio Nro. 35425-5-A-09)  recomendándose su aprobación; pero desafortunadamente todo el trabajo realizado se fue por la borda ya que la Junta Directiva de ese entonces no lo aprobó, por considerar que no tenía suficientes elementos de juicio para tomar una decisión.

Las autoridades del Seguro Social, anunciaron la incorporación de 176 especialistas este año, pero ese número no resuelve el problema.  Un estudio de la misma institución del 2006 reveló que el faltante es de 1723 especialistas,  sólo para los hospitales de la Caja, y ¿ qué pasa con el sector privado que cada día crece más debido a la falta de cobertura del Seguro Social y la población sigue aumentando en conjunto con patologías más complejas?. Los especialistas no sólo son necesarios en los hospitales y clínicas públicas, sino también en el sector privado.

Indican las autoridades del Seguro Social que no pueden comprometerse en la formación de especialistas con nuestra Universidad,  ya que no se garantiza que al finalizar  su formación se queden laborando con la CCSS. Me pregunto, aunque la Caja exija a los residentes actuales laborar tres años para la institución, luego de este término ¿todos los especialistas que se formaron se quedan trabajando para esta institución? No seamos ingenuos, no todos los que se forman mediante el convenio CCSS y UCR se quedan laborando con la Caja.

Les recuerdo a las autoridades del Seguro Social  que uno de los compromisos que tiene como institución pública ante el pueblo costarricense, es el de colaborar con la formación de profesionales en salud, sin distingos de lo público o privado.

A las universidades privadas nos tienen  amarradas las manos, pues sólo permiten que  la Universidad de Costa Rica junto al CENDEISSS, formen médicos especialistas en las instalaciones de la CCSS por medio de un convenio. ¿Cual es la diferencia entre los ciudadanos que estudian en la UCR y los que estudian en centros privados? ¿No somos iguales ante la ley?.

Les recuerdo que cerca de la mitad de los médicos de este país que ejercen actualmente son egresados de  nuestra Universidad y estamos acreditados por el SINAES  ¿Qué otra demostración de calidad y compromiso quieren?

Luego de reuniones con la Presidencia Ejecutiva de la CCSS , la Gerencia Médica y algunos miembros de la Junta  Directiva, me parece tener claro que no hay voluntad política para resolver este tema,  a pesar de la trascedencia  que tiene para el país el tema de la salud pública. lnsto una vez más a la junta Directiva a darle la importancia que merece este problema nacional, porque afecta a toda la población.

El país urge de un mayor número de especialistas, no posterguemos más una decisión que pone en juego la salud de los costarricenses.

Dr. Pablo Guzmán Stein

Rector UCIMED

Con dolor y coraje escucho el constante clamor de muchos enfermos, que se quejan porque en los diferentes establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no los han atendido o porque la cita con el especialista se las dan para dentro de meses o años.

Con la adjudicación de la nueva terminal de contenedores de Moin, se inicia una nueva etapa para la provincia de Limón, nuevas fuentes de empleo, nuevas zonas industriales, floreceran trayendo beneficio y crecimiento económico para sus habitantes. Bien dice el refrán, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, hoy con júbilo los habitantes de toda Costa Rica pero, especialmente, los limonenses celebran el que por fin tendremos un puerto moderno, eficiente y competitivo, a la altura de los mejores puertos del mundo, con una inversión cercana a los mil millones de dólares.

Atrás quedarán los días en que por motivo de huelgas, tortuguismos y actos terroristas, como la quema de tráileres, la toma de edificios y otros, se detenía la económica de todo un país, logrando con esto situarnos en el puesto Nº128 de 132 puertos en el mundo en eficiencia portuaria, gracias a la irresponsabilidad y la pobre visión de un grupo de sindicalistas que, a lo largo de los años,  no han conseguido más que afectar la imagen de los limonenses y hundir más en el abandono y la pobreza esta hermosa provincia.

¿Que harán los actuales directivos de SINTRAJAP cuando se inicie  la construcción de  un puerto que competirá con los actuales que carecen de equipo, infraestructura e incluso que cierran once días al año? ¿Qué le dirán a sus trabajadores, cuando la administración de JAPDEVA se vea en la necesidad de  reestructurar los puertos actuales  y tengan que mover a un gran numero del personal actual  sin la posibilidad de una indemnización?

Como dijo Albert Einstein, las crisis son necesarias porque nos obligan a sacar lo mejor del ser humano  y así buscar mejores alternativas para enfrentar los retos del futuro.

Se tiene que aprender de los errores y aceptar las consecuencias de las malas decisiones, pensión adelantada, traslado horizontal, capacitaciones, recontratación e indemnización, eran algunos de los ofrecimientos del gobierno para los trabajadores de JAPDEVA, que en su momento, negociaron con una junta conciliadora y responsable de trabajadores de la institución, ofrecimientos que los actuales sindicalistas han rechazado una y otra vez, condenando con esto a todos los 1.411 trabajadores del puerto a quedar sin posibilidad de progresar, ni desarrollarse como pequeños empresarios, ni irse pensionados como ya se ha hecho en otros países de la región.

No queremos más criminalidad, no queremos más pobreza, no queremos más cárceles para nuestros jóvenes en Limón, lo mejor de Limón es su gente, lo mejor de Limón es ser merecedores de lo mejor de Costa Rica.

Los limonenses son trabajadores, la mayoría hijos de emigrantes que en su momento, supieron tomar decisiones correctas, hoy es tiempo de decidir por un mejor futuro para nuestros hijos, es por eso que debemos como trabajadores de JAPDEVA y ciudadanos limonenses exigir un dialogo profundamente respetuoso, además de inteligente y visionario entre los trabajadores y el gobierno, para así decidir el mejor rumbo para Limón con la única meta de un  beneficio mutuo y lo mejor para el país.

Comentario del Capitán Douglas Brenes Hernández

Con la adjudicación de la nueva terminal de contenedores de Moin, se inicia una nueva etapa para la provincia de Limón, nuevas fuentes de empleo, nuevas zonas industriales, floreceran trayendo beneficio y crecimiento económico para sus habitantes. Bien dice el refrán, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, hoy con júbilo los habitantes de toda Costa Rica pero, especialmente, los limonenses celebran el que por fin tendremos un puerto moderno, eficiente y competitivo, a la altura de los mejores puertos del mundo, con una inversión cercana a los mil millones de dólares.

El mundo y el país está en una encrucijada energética. Debemos evolucionar hacia tecnologías limpias y renovables, si queremos enfrentar satisfactoriamente los desafíos energéticos del futuro cercano y mediano. El país no puede llegar al año 2030-50 (a la vuelta de la esquina) sin tener garantizado la satisfacción de la demanda energética de una población e industria  creciente. No podremos salir del subdesarrollo, de la pobreza, si no tenemos energía limpia y renovable para entonces. Esto es una realidad incuestionable.

Hemos sido bendecidos por los pensadores energéticos del pasado que nos han permitido llegar a esta altura del siglo XXI con energía limpia como la hidroeléctrica. Esto ha sido bueno y provechoso y nos ha permitido tener el desarrollo que tenemos. Pero este modelo debe repensarse y readaptarse a las necesidades de la moderna población, las nuevas tecnologías, el deterioro ambiental de las fuentes, el calentamiento global.

Debemos ayudarle con nuevas fuentes limpias y renovables, como las eólica, solar, geotérmica y otras que no se han explorado o explotado como la de las mareas. Hoy con toda la tecnología y conocimiento podemos explotar y aprovechar  energías guardadas en nuestras áreas protegidas, de una forma tal que dichas zonas no se vean afectadas, sino actúen como un servicio ambiental más que pueden brindar a los costarricenses. No debemos cerrarnos a modelos que fueron buenos en su momento, pero que con el crecimiento de la población, y los nuevos retos energéticos, ameritan replantearlos, con equidad y justicia ambiental.

Esta reconversión energética solo se puede llevar a cabo con voluntad política y se estima que podría darse en pocas décadas. Con el petróleo existente, hay tiempo para la migración energética; claro si se toman HOY las decisiones correctas. Pareciera que los indicadores ponen como fechas  para la reconversión el año 2030-2050.

Pero también hay que decir, que hay que invertir en la reducción del consumo energético y en la eficiencia del mismo. Esto es vital tanto en viviendas, industrias, como el transporte. No solo para ahorrar  uso de combustibles fósiles, sino  también para controlar la contaminación atmosférica .Es obvio que en esta nueva cultura energética  deben participar nuestros políticos, con una visión de estadistas; la población(sociedad civiI;  el sector industrial y productivo(sector privado ).Todos deben interactuar, no solo para promover el uso eficiente de la energía, sino también para generar, si fuera del caso, y permitir la migración lo más pronto posible hacia nuevas fuentes de energía limpias y renovables.

Una energía limpia y renovable permitirá que nuestros descendientes tengan un ambiente más sano y equilibrado, que podamos permitir el desarrollo del país, y que salgamos de la pobreza y subdesarrollo. El país no  puede esperar más para que se tomen las decisiones energéticas necesarias para satisfacer las necesidades del futuro próximo. Hay que actuar ya.  El tiempo nos alcanza. Estamos en una encrucijada que nos llevará a la CLARIDAD o a la OSCURIDAD.

Alexander Bonilla Durán.

El mundo y el país está en una encrucijada energética. Debemos evolucionar hacia tecnologías limpias y renovables, si queremos enfrentar satisfactoriamente los desafíos energéticos del futuro cercano y mediano. El país no puede llegar al año 2030-50 (a la vuelta de la esquina) sin tener garantizado la satisfacción de la demanda energética de una población e industria  creciente. No podremos salir del subdesarrollo, de la pobreza, si no tenemos energía limpia y renovable para entonces. Esto es una realidad incuestionable.

Por la acción de un oficial de tránsito, que me hizo una boleta de infracción según él, por estar mal estacionado pero además me retiró ambas placas, con lo que me obligaba a tener que llamar a camión plataforma para llevarme mi carro o dejarlo en la vía pública nuevamente infringiendo la ley. Mejor los dejo con la duda sobre lo qué hice ese día.

Pero lo anterior, es apenas un tercio del cuento, la punta del iceberg pues tenía que recuperar las placas para poder usar mi carro. Ingenuamente, entré en la página de Internet del Cosevi, según yo, para informarme sobre cómo debía proceder pero la verdad es que esto fue en vano. Así que decidí ir hasta el Cosevi, sin saber para adónde ir y mucho menos qué hacer. Una vez allí, seguramente, la expresión de mi cara manifestaba gran desconcierto e ignorancia, porque, apenas había llegado, cuando fui abordado por una persona, que amablemente, se ofreció a darme su asistencia, al inicio pensé que era por solidaridad pero en un par de minutos, me di cuenta de mi equivocación pues estaba frente a un diestro profesional en enfrentar a la tramitología pública.

Obviamente, como todo profesional esa persona esperaba de mi parte una “justa” remuneración económica, por su importante conocimiento para resolver, en poco tiempo, los avatares en los que me iba a ver envuelto. Le agradecí su ofrecimiento profesional y me dirigí hacia la oficina respectiva, ignorando en mucho el vía crucis burocrático, que me esperaba. A la puerta un guarda de seguridad, con cara de pocos amigos, lógico pensé nada más aburrido que estar aquí, me increpó de por qué estaba ahí, le expliqué y sin decir palabra, levantó una de sus manos y me enseñó una ventanilla, a la cual me dirigí.

La dama a cargo esa ventanilla, me indicó que antes debía ir a sacar una certificación de que no tenía partes pendientes, me señaló el lugar, volví a ver y había unas treinta personas adelante. Haciendo un gran esfuerzo mental y con mayor resignación, me dirigí hacia ese lugar a esperar mi turno pero cuando pasé a la par de una pizarra donde están las instrucciones sobre qué se debe hacer y cuáles papeles se deben llevar. Rápidamente descubrí que había hecho en vano mi viaje de casi una hora hasta el Cosevi pues el carro está a nombre de una sociedad anónima, por lo que debía presentar una serie de documentos que no tenía conmigo.

El siguiente día, volví al Conavi, esta vez, según yo, armado hasta los dientes, con todos los papeles que se indicaban en la pizarra informativa, que me había salvado de hacer una fila de treinta personas para nada. En las cercanías del edificio de Infracciones, volví a ver al profesional en abreviar la tramitología pública, quien está vez se mantuvo a distancia. Entré pasado medio día y comencé como bola de pin pon de una ventanilla a otra, de un piso a otro y de un edificio a otro. Faltando unos cinco minutos para las tres de la tarde, la impugnación estaba presentada y me entregaron mis placas. Cuando salía, pasé a la par del profesional en enfrentar a la burocracia, quien me dijo algo como: Ve patroncito, como no era cuento de que iba a palmar muchas horas, por no hacerse asesorar de un experto. No le dije nada pero pensé que no dejaba de tener razón y mucha pues quien no sabe, es como el que no ve y con esta burocracia pareciera que no hay otra manera. ¿Usted qué hubiera hecho?

Por la acción de un oficial de tránsito, que me hizo una boleta de infracción según él, por estar mal estacionado pero además me retiró ambas placas, con lo que me obligaba a tener que llamar a camión plataforma para llevarme mi carro o dejarlo en la vía pública nuevamente infringiendo la ley. Mejor los dejo con la duda sobre lo qué hice ese día.

Cada cuatro años, al renovarse el  equipo del Gobierno, los nuevos administradores, aduciendo  que no disponen de los fondos necesarios para llevar adelante sus programas,  terminan  por enviar  a la Asamblea Legislativa un “ paquete tributario”, proponiendo elevar  los impuestos ya  existentes y/o  creando otros nuevos, lo que infaltablemente viene justificado  con las clásicas  muletillas de  la necesidad” de solucionar de una vez por todas”,  la penuria del Gobierno y  asegurarse “de que los ricos tributen como ricos y los pobres tributen como pobres”.  Acorde con estas premisas,  el Presupuesto ha venido  elevándose  en los últimos tiempos a niveles astronómicos y sin duda alguna seguirá  aumentando,  si  es que no hacemos un alto en el camino y revisamos  los principios que nos han llevado a la actual situación y las nefastas consecuencias que la creciente estatización produce,  en la economía del país en general  y en la de los ciudadanos en particular. Esta reflexión se impone, pues ningún pueblo en la Historia ha sido capaz de  resolver sus  problemas “de una vez por todas”. A lo más que podemos aspirar es a encontrar la “mejor solución”, para un momento determinado.  Así pues,  con sentido crítico, aboquémonos a considerar adonde nos han llevado las corrientes  estatizantes  que,  con diversos matices, han compartido la mayoría de  nuestros gobernantes en las últimas décadas. Adelantándonos a posibles reproches,  empecemos por reconocer que el gasto público, dentro de límites razonables,  está justificado por muchas finalidades necesarias e incluso nobles. El individuo  debe corresponder  a los privilegios que le otorga su ciudadanía, pues nace en deuda con la sociedad y en consecuencia , debe, en la medida de sus posibilidades, contribuir, dentro de sus posibilidades,   a  la defensa del  Estado, a la conservación  de la   salud, a la  instrucción pública,  a la  administración de la justicia y   al mantenimiento del orden. Sólo los apátridas no tienen tales obligaciones, pero  éstos, a su vez,  se encuentran en una triste condición,  sin   bandera que los cobije,  desvinculados  de  su medio social  y  desprovistos  de  toda  tradición y orgullo nacionales. En una sociedad  con sentido de unidad, contribuir a los gastos del Estado no sólo debiera  ser una obligación, sino el ejercicio patriótico de un derecho, indispensable para poder gozar de todos los atributos de la ciudadanía.  Lamentablemente  en los tiempos actuales, cuando la degradante  politiquería de los partidos consiste simplemente  en ganar votos, ofreciéndoles a las grandes masas regalías y beneficios  sin exigirles, a cambio el más mínimo esfuerzo, proponer  esta meta  no  pasa de ser una ingenua y  nostálgica utopía.  Las consecuencias del llamado “paternalismo de Estado” se encuentran  a la vista: varias generaciones de compatriotas,  a los que se suman los extranjeros a los que se les permite ingresar al país en condiciones de extrema pobreza , siguiendo la prédica de los demagogos que los azuzan,  se  consideran  exentas de toda obligación para con este país y hasta para con sus familias y,  en cambio  reclaman ,  incluso violentamente,  que se satisfagan todas sus necesidades,, a costa del Erario público.  La  palabrería insulsa de políticos demagogos,  ha reemplazado la dignidad del patriotismo de nuestros padres y abuelos. El árbol de una burocracia improductiva  crece frondoso, regado con  el esfuerzo de los contribuyentes y El Estado, en vez de recortar gastos innecesarios, no encuentra otra solución que  aumentar la  pesada carga tributaria que llevan sobre sus espaldas los sectores productivos. Es evidente que así no podemos continuar indefinidamente.  Estos mismos despreocupados, que  nunca en su vida han pagado una planilla ni contribuido en forma alguna a la generación de empleo, son los que defienden el aumento de los tributos, con el especioso argumento de que en otros países las cargas son aún mayores, lo cual puede ser cierto, pero  se olvidan de que  la estimación justa del monto de  los impuestos es un problema de proporción.  Pretender comparar nuestra carga tributaria con la de países desarrollados   es pura  charlatanería demagógica. En un régimen de libertad, ninguna economía puede desarrollarse a base de sangrar al contribuyente al extremo de desincentivarlo. Tampoco  puede impulsarse el desarrollo a  base de convertir al Estado en empresario, encomendándole tareas que la iniciativa privada puede cumplir en forma más barata y eficiente.  Estos principios   que se han tratado de desvirtuar con torcido propósito, volverán a ser claros y evidentes tan pronto como se elimine o se anulen  las prédicas de los politicastros  que  enredan las cosas más simples,  para reclutar prosélitos, presentándose como mesiánicos benefactores  de los pueblos.

22 de Febrero de 2011.

Cada cuatro años, al renovarse el  equipo del Gobierno, los nuevos administradores, aduciendo  que no disponen de los fondos necesarios para llevar adelante sus programas,  terminan  por enviar  a la Asamblea Legislativa un “ paquete tributario”, proponiendo elevar  los impuestos ya  existentes y/o  creando otros nuevos, lo que infaltablemente viene justificado  con las clásicas  muletillas de  la necesidad” de solucionar de una vez por todas”,  la penuria del Gobierno y  asegurarse “de que los ricos tributen como ricos y los pobres tributen como pobres”.  Acorde con estas premisas,  el Presupuesto ha venido  elevándose  en los últimos tiempos a niveles astronómicos y sin duda alguna seguirá  aumentando,  si  es que no hacemos un alto en el camino y revisamos  los principios que nos han llevado a la actual situación y las nefastas consecuencias que la creciente estatización produce,  en la economía del país en general  y en la de los ciudadanos en particular. Esta reflexión se impone, pues ningún pueblo en la Historia ha sido capaz de  resolver sus  problemas “de una vez por todas”.

Como otras ciudades que carecen de vías de transporte que faciliten, con fluidez, el acceso al gran área metropolitana, Alajuela es la que más carestía tiene de una ruta nacional, óptima.

La carretera General Cañas, y no por la transitoria restricción que hay por la reconstrucción del puente sobre el río El Virilla, el congestionamiento en esa vía ha sido de todos los días, desde hace muchísimos años.

Desde que esta “pista” fue abierta, hace casi 50 años, en 1965, y que lleva el nombre de uno de los grandes patriotas nacionales, el General Cañas, el aumento vehicular fue en aumento de más del 100%, siendo hoy una de las rutas más utilizadas pero, por ello, más “embotelladas” del país.

Costa Rica tiene un déficit de infraestructura vial que por mucho rebasa el presupuesto en ese rubro, que alcanza los 200 millones de dólares.

Las soluciones a este gravísimo problema van al paso de tortuga y no todas las alternativas, como la ampliación de ruta por Heredia, son la solución.

La gente, en un altísimo promedio ha pasado de usar el transporte público, ante sus pésimas condiciones, incluida la falta de seguridad, y prefieren utilizar sus vehículos pero eso ha agravado más el desastre en las comunicaciones terrestres.

En promedio de diez vehículos, 9 los usan una sola persona, lo que, además del gasto de combustible, llena las calles al punto del colapso.

La solución de contar con un tren, eficiente, a toda hora, que cruce todo el valle central, es como un cuento chino y marcha tan lentamente que, con costo, ha logrado reactivarse en pequeños tramos.

Por su parte la Alcaldía de San José se ha propuesto el tranvía de extremo a extremo de la capital, pero eso es un paliativo mínimo para la magnitud del verdadero problema.

El tren aéreo, que recorra, encimado a las “autopistas” nacionales, cuesta un dineral y no se le ve futuro inmediato. La construcción de un metro, que una a todas las ciudades de este pequeño país es un sueño de Macondo.

Lo que es un poco, pero sólo un poco, más factible es el tren pero, como se dijo, este marcha tan lento que será difícil que, en este entramado burocrático, acabe por ser una alternativa real al transporte público.

Por ello, y con motivo de la experiencia del cierre temporal de la General Cañas, por los trabajos en el puente en El Virilla, ojalá a las autoridades del MOPT se les ocurra mantener la vía preferencial de autobuses, mejor demarcado y con severas sanciones ante su incumplimiento, de modo que la gente por fin vea que se llega muchísimo más rápido en bus a la capital que en su propio carro.

A ello habría que sumar mejores autobuses, nuevos, con choferes eficientes y debidamente capacitados, para dar un servicio de primera calidad pues si se continúan usando  las “bacinillas” de hoy, poco atractivo será su uso y continuarán las presas siendo parte del paisaje interurbano.

Como otras ciudades que carecen de vías de transporte que faciliten, con fluidez, el acceso al gran área metropolitana, Alajuela es la que más carestía tiene de una ruta nacional, óptima.

La carretera General Cañas, y no por la transitoria restricción que hay por la reconstrucción del puente sobre el río El Virilla, el congestionamiento en esa vía ha sido de todos los días, desde hace muchísimos años.