Leonardo Garnier Rímolo
Ministro
Por respeto a los lectores y a las autoridades del Gobierno de la República, doy respuesta al comentario de Panorama del primero de marzo en el que Juan Carlos Hidalgo califica de “chantaje político” el hecho de haber recortado el presupuesto de infraestructura y equipamiento educativo de ¢43 mil millones en 2010, a solo ¢17.000 millones para 2011.
Como base de comentario, este consultor internacional utiliza una simple comparación presupuestaria entre un año y otro, pero elude analizar el contexto en que se produjo el supuesto rebajo en tan importante plan de gastos. Ello se explicaría por la circunstancia de que el señor Hidalgo esté radicado desde hace mucho tiempo fuera de Costa Rica.
Lo que el señor Hidalgo pareciera desconocer, es que en previsión de la crisis fiscal que se vaticinaba para este 2011, en noviembre pasado el Ministerio de Hacienda acreditó al MEP un presupuesto extraordinario por ¢23.500 millones para destinarlo a obra educativa durante 2011.
Dicho monto ya fue asignado a un total de 250 juntas administrativas de escuelas y colegios en todo el país con el fin de que lo utilicen, con apoyo técnico y administrativo del MEP, en la construcción, reparación y mantenimiento de sus instalaciones.
Una simple operación aritmética nos indica, en consecuencia, que los fondos a ejecutarse durante este 2011 en infraestructura y equipamiento educativo rondarán los ¢44.000 millones.
Como se ve, no existe ninguna estrategia de la Administración Chinchilla para utilizar “la pésima infraestructura educativa y a miles de estudiantes” – según palabras del consultor Hidalgo – como chantaje político para lograr la aprobación legislativa de la reforma fiscal.
En lo que sí lleva razón don Juan Carlos, es en que enfrentamos como país un grave problema estructural relacionado con la insuficiencia de recursos para financiar de manera oportuna la infraestructura que requiere el sistema educativo nacional, cuyo rezago o déficit se estima en unos 500.000 millones de colones.
Por ello –algo que extrañamente también ignora el consultor Hidalgo– desde 2009 iniciamos la valoración de mecanismos alternativos de financiamiento de largo plazo, hasta coincidir en que la figura del “Fideicomiso de desarrollo de obra pública con cuota de arrendamiento” por parte del MEP, podría convertirse en instrumento complementario para financiar y ejecutar infraestructura educativa y su equipamiento.
En ese contexto, aunado a la asignación de recursos vía presupuestos públicos y dadas la situación financiera y la posición fiscal del país, el Ministerio de Hacienda le ha autorizado al MEP un endeudamiento inicial por $166 millones de dólares, los cuales constituirán la base de creación de tal fideicomiso en este 2011.
Hablamos de una inversión inicial y complementaria por esta vía cercana a los ¢83.500 millones que nos permitirá atender –una vez que obtenga el refrendo legislativo– buena parte del déficit en obra educativa.
Pero todavía más importante, es que tal mecanismo marcará el inicio de un proceso mediante el cual podremos subsanar en el mediano plazo la deuda histórica en esta materia. Una deuda histórica que por la vía ordinaria de la asignación estatal de financiamiento nos tomaría casi 20 años superar.
Leonardo Garnier Rímolo
Ministro
Por respeto a los lectores y a las autoridades del Gobierno de la República, doy respuesta al comentario de Panorama del primero de marzo en el que Juan Carlos Hidalgo califica de “chantaje político” el hecho de haber recortado el presupuesto de infraestructura y equipamiento educativo de ¢43 mil millones en 2010, a solo ¢17.000 millones para 2011.
Como base de comentario, este consultor internacional utiliza una simple comparación presupuestaria entre un año y otro, pero elude analizar el contexto en que se produjo el supuesto rebajo en tan importante plan de gastos. Ello se explicaría por la circunstancia de que el señor Hidalgo esté radicado desde hace mucho tiempo fuera de Costa Rica.
Lo que el señor Hidalgo pareciera desconocer, es que en previsión de la crisis fiscal que se vaticinaba para este 2011, en noviembre pasado el Ministerio de Hacienda acreditó al MEP un presupuesto extraordinario por ¢23.500 millones para destinarlo a obra educativa durante 2011.
Dicho monto ya fue asignado a un total de 250 juntas administrativas de escuelas y colegios en todo el país con el fin de que lo utilicen, con apoyo técnico y administrativo del MEP, en la construcción, reparación y mantenimiento de sus instalaciones.
Una simple operación aritmética nos indica, en consecuencia, que los fondos a ejecutarse durante este 2011 en infraestructura y equipamiento educativo rondarán los ¢44.000 millones.
Como se ve, no existe ninguna estrategia de la Administración Chinchilla para utilizar “la pésima infraestructura educativa y a miles de estudiantes” – según palabras del consultor Hidalgo – como chantaje político para lograr la aprobación legislativa de la reforma fiscal.
En lo que sí lleva razón don Juan Carlos, es en que enfrentamos como país un grave problema estructural relacionado con la insuficiencia de recursos para financiar de manera oportuna la infraestructura que requiere el sistema educativo nacional, cuyo rezago o déficit se estima en unos 500.000 millones de colones.
Por ello –algo que extrañamente también ignora el consultor Hidalgo– desde 2009 iniciamos la valoración de mecanismos alternativos de financiamiento de largo plazo, hasta coincidir en que la figura del “Fideicomiso de desarrollo de obra pública con cuota de arrendamiento” por parte del MEP, podría convertirse en instrumento complementario para financiar y ejecutar infraestructura educativa y su equipamiento.
En ese contexto, aunado a la asignación de recursos vía presupuestos públicos y dadas la situación financiera y la posición fiscal del país, el Ministerio de Hacienda le ha autorizado al MEP un endeudamiento inicial por $166 millones de dólares, los cuales constituirán la base de creación de tal fideicomiso en este 2011.
Hablamos de una inversión inicial y complementaria por esta vía cercana a los ¢83.500 millones que nos permitirá atender –una vez que obtenga el refrendo legislativo– buena parte del déficit en obra educativa.
Pero todavía más importante, es que tal mecanismo marcará el inicio de un proceso mediante el cual podremos subsanar en el mediano plazo la deuda histórica en esta materia. Una deuda histórica que por la vía ordinaria de la asignación estatal de financiamiento nos tomaría casi 20 años superar.
