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Para el ICAFE es preocupante que un grupo de productores desconocedores de los esfuerzos de la institución manifiesten que ha sido el ICAFE el que obstruye la inscripción de la Denominación de Origen Café de Tarrazú, obviando que gracias a las gestiones y la pericia de este Ente rector se protegió esta de manos inescrupulosas.
Más preocupante y gravoso ha sido escuchar la aseveración de que la protección pretendida por el ICAFE viene a generar engaño en el consumidor final del café.
Durantw más de 30 años el ICAFE promueve este nombre con campañas promocionales a nivel mundial que reconocen este producto en mercados internacionales, esfuerzo que de no realizarse por el ICAFE, estaría fuera del alcance económico de los Productores.
Resulta poco loable que este grupo manifieste que el ICAFE  les ha ignorado y excluido del proceso para obtener la inscripción de esta Denominación. Este Instituto ha sido sede de múltiples acercamientos en  favor de entendimiento del debido proceso.
Esto es inimaginable en un país de derecho en donde el mismo marco legal protector de estas certificaciones, autoriza expresamente a autoridades competentes a optar por este registro; labor que con esmero , esfuerzo y mística realiza el ICAFE para ponerla en manos de TODOS los Productores de Tarrazú por medio de elección popular, trasparente y regulado en un instrumento jurídico analizado de previo por el Registro de la Propiedad Industrial, ente imparcial que coteja la fidelidad de los requisitos presentados para obtener el registro de una Denominación de Origen.
Todos los productores de Tarrazú que ampara la solicitud de Denominación ¨Café de Tarrazú¨, solicitada por el ICAFE, han trabajado durante años utilizando excelentes prácticas agrícolas que permiten el reconocimiento internacional de su café.
Prueba de ello es la calidad de la taza en la mesa de miles de consumidores en todo el mundo, calidad que se ha demostrado técnica, histórica y científicamente, como lo solicita el marco regulador y son parte fundamental de los requisitos que únicamente han sido presentados por el ICAFE a favor de todos los Productores que  cumplan las condiciones para ostentar tal renombre.
Por estas razones es que el ICAFE fiel al mandato de la ley Nº 2762 continuará defendiendo el interés, el esfuerzo, el tesón y la entrega de todos los Productores que durante años han trabajado arduamente para demostrar con calidad e historia, que merecen reconocer su café con la Denominación de Origen ¨Café de Tarrazú¨.
Para el ICAFE es preocupante que un grupo de productores desconocedores de los esfuerzos de la institución manifiesten que ha sido el ICAFE el que obstruye la inscripción de la Denominación de Origen Café de Tarrazú, obviando que gracias a las gestiones y la pericia de este Ente rector se protegió esta de manos inescrupulosas.
En la Asamblea Legislativa existen proyectos de ley que pretenden legalizar la Fecundación in Vitro, imponer planes de Salud Reproductiva que abren la puerta al aborto,  y legalizar las uniones homosexuales que, a futuro, podría favorecer la tutela de niños por parte de estas parejas.  Algunos, sobre todo aquellos con un interés particular en dichos temas, los intentan justificar etiquetándolos como “derechos humanos”.
Si algunas sociedades modernas consideran como un derecho humano el llamar “productos” a los bebés no nacidos, y tratarlos como tal en negocios multimillonarios que incluso provocan su muerte…deseo para Costa Rica una sociedad retrógrada, donde los niños tengan la posibilidad, igual que la tuvimos nosotros, de ser procreados y protegidos en el vientre materno.
Si ser civilizados significa que cada vez más niños crezcan sin un papá o una mamá, por derechos inventados de los adultos para con ellos mismos…prefiero que mi país no sea parte de este “mundo civilizado”, y que nuestra sociedad vele realmente por las necesidades de los más indefensos.
Si para igualarnos con los países desarrollados debemos tomar la libertad como el bien supremo, como aquello que debemos defender siempre, sin importar si lo que hacemos está bien o no…espero que acá nunca lleguemos a ser tan “desarrollados”,  para que el ser humano siga siendo el punto de partida y de llegada en la toma de decisiones y que nuestros hijos  no vivan esclavizados a un “yo tengo derecho a…” que les lleve a auto-engañarse,   justificando sus debilidades o sus acciones, aún por encima de la vida de otros.
Por eso, cabe resaltar el esfuerzo de diversas organizaciones que con el apoyo de la empresa privada celebran en nuestro país el V Congreso Internacional Provida.  Este evento reunirá el próximo fin de semana a líderes de Derechos Humanos de Europa y América Latina, para compartir su compromiso en la defensa del derecho fundamental del cual se desprenden todos los demás:  la vida humana.
Una excelente oportunidad para que Costa Rica retome su liderazgo en este ámbito y que aclare al mundo que nunca un derecho humano puede sobreponerse a otro, y mucho menos,  provocar la muerte de los que aún no tienen voz.
Flory Montero Valverde
En la Asamblea Legislativa existen proyectos de ley que pretenden legalizar la Fecundación in Vitro, imponer planes de Salud Reproductiva que abren la puerta al aborto,  y legalizar las uniones homosexuales que, a futuro, podría favorecer la tutela de niños por parte de estas parejas.  Algunos, sobre todo aquellos con un interés particular en dichos temas, los intentan justificar etiquetándolos como “derechos humanos”.
Existe un proyecto de ley, el  17715, que pretende abrir los parques nacionales a la pesca comercial. Propone crear Áreas Marinas de Pesca Responsable, dentro de  los parques nacionales que tengan áreas marinas.
Los parques nacionales son para la conservación, la recreación y la educación ambiental, o sea, dentro de ellos no se permiten actividades extractivas que atenten contra la vida natural. A lo sumo en los parques se permite la pesca de consumo doméstico y bajo planes especiales.
Las áreas marinas dentro de los parques nacionales representan menos del 1% del total de las áreas marinas de Costa Rica. Estas áreas permiten un incremento de hasta un  30% de la diversidad, que la biomasa  aumente, al igual que la densidad de las especies y el tamaño de los peces. Estas áreas son la despensa para la pesca, que luego migran a zonas donde pueden ser aprovechadas comercialmente. Por eso, abrirlas a la pesca comercial es permitir el aniquilamiento de las fuentes de la pesca comercial en las zonas permitidas.  Grave daño le harían a los pescadores artesanales, ya de por si afectados por la sobrepesca y por los “piratas” pesqueros internacionales, a los cuales nos se les controla ni se les detiene.
Además, este proyecto sería un “portillo” que permitiría abrir los parques nacionales a otras actividades comerciales como la energía(hidro,geotérmica), el petróleo, la minería, etc.  Si esto es lo que quiere el gobierno que lo digan y aclaren. Pero que sea el pueblo  el que  decida un cambio de modelo en lo que significa y  representan los parques nacionales. Que la decisión no se de por intereses comerciales únicamente o electoreros   de grupos o políticos que ven en nuestras riquezas pesqueras de los parques nacionales, una forma de darle más “atolillo” a los pobres pescadores del país.
Por esto apoyamos   a los que han planteado muchos profesionales y costarricenses en un manifiesto en defensa de las áreas marinas de los parques nacionales, y coincidimos en la necesidad de  crear más áreas marinas protegidas y la consolidación de las existentes, en brindar educación ambiental sobre la importancia de la conservación, el manejo y el uso sustentable de los recursos marinos y pequeros, en apoyar la investigación de prácticas y artes de pesca responsables, la despolitización de los entes encargados de los recursos pequeros, del fortalecimiento del Servicio de Guardacostas en labores de control y vigilancia. Asimismo, somos claros también en que es urgente tener un inventario sobre el estado de los recursos pesqueros y marinos de las áreas que están fuera de las áreas marinas protegidas.                                      Alexander Bonilla Durán
Existe un proyecto de ley, el  17715, que pretende abrir los parques nacionales a la pesca comercial. Propone crear Áreas Marinas de Pesca Responsable, dentro de  los parques nacionales que tengan áreas marinas.
Miércoles, 26 Octubre 2011 05:09

Más impuestos: para qué?

Antes de la Gran Depresión de  l929, los economistas no creían que el Gobierno debía- o al menos  podía- manejar la economía y mucho menos controlar las recesiones y depresiones. Estas eran consideradas inevitables pues eran  atribuidas a guerras y otros  sucesos del mercado mundial, sobre los que los gobiernos locales no podían tener control alguno. A raíz de ese  evento, que conmocionó al mundo, el famoso  economista inglés John Maynard  Keynes y sus epígonos, sostuvieron la tesis de que, al menos en los países grandes,   la economía nacional funciona al margen de lo que suceda en el resto del planeta, pues depende fundamentalmente del  gasto público y  ésto  a su vez,   permite  que  el Estado-nación y su Gobierno puedan convertirse en amos y controladores de la economía nacional. El Presidente Franklin Roosevelt y sus asesores  aplicaron estas doctrinas con singular fortuna bajo el programa que denominaron “New Deal”. Al asumir Roosevelt el poder por primera vez, el 04 de Marzo de 1933, aumentó  la carga tributaria, introdujo profundas  reformas en el campo social y emprendió grandes obras públicas. Mediante esta política logró vencer la depresión, lo que le deparó una gran popularidad  y  le permitió ser electo por tres  períodos más- caso único en la historia de los Estados Unidos - y pasar a la historia como el salvador de su país  y el principal triunfador en la Segunda Guerra Mundial.
Pero como no le es dado a ningún líder ni a ningún Gobierno arreglar los problemas “de una vez por todas”, como reclaman  nuestros  políticos de campanario,  con el paso del tiempo, el excesivo gasto público y el creciente intervencionismo estatal, demostraron que    estas teorías también tenían su lado flaco y  podían traer consecuencias indeseables.  Como resultado  del abuso de los políticos vividores y de la aplicación irrestricta de  las recetas  keysenianas, los Gobiernos en las principales naciones del mundo se transformaron rápidamente  en lo que Peter Drucker, en su obra “La Sociedad Postcapitalista” denomina Estados fiscales o “Megaestados”. Y, como el mal ejemplo cunde, estas políticas, con algunos años de retraso, también se han adoptado en las llamadas “economías en desarrollo”, entre las cuales estamos incluidos.  En el  “Megaestado”, cualquiera que sea el país en que se haya establecido,  no hay límite racional a lo que el Gobierno puede obtener por impuestos o endeudamiento y, por consiguiente, tampoco  hay límite a lo que éste  puede gastar. Aunque nunca se haya declarado  explícitamente en toda su crudeza,  salvo en los países comunistas, esto implica en la práctica,   que “El Megaestado” es dueño de todo, salvo de aquella parte que generosamente le permite al contribuyente conservar. Lo peor de todo esto, es que, pese a las buenas intenciones de Keynes y sus seguidores, los políticos inescrupulosos han transformado “ El Megaestado”,    en “Estado Despilfarrador” y  cada vez más se grava  a los sectores productivos de la sociedad, para patrocinar costosos programas sociales  de dudosa eficacia, pero que les sirven a estos políticos  para  comprar   los votos de ciertos  sectores, que a la postre resultan  estafados en sus aspiraciones,  lo que finalmente, se refleja   en el peligroso  abstencionismo electoral que experimentan casi todos las democracias del mundo.  Mientras El Estado siga creciendo indefinidamente  al ritmo actual y aumentando su  inútil burocracia, no cesará el clamor de los gobernantes  por nuevos ingresos. Por eso de previo a que la Asamblea Legislativa vote el nuevo plan fiscal que ha enviado el Ministro de Hacienda, resultaría muy  ilustrativo un debate a escala nacional sobre el  tema del tamaño del Estado y sus atribuciones.
Antes de la Gran Depresión de  l929, los economistas no creían que el Gobierno debía- o al menos  podía- manejar la economía y mucho menos controlar las recesiones y depresiones. Estas eran consideradas inevitables pues eran  atribuidas a guerras y otros  sucesos del mercado mundial, sobre los que los gobiernos locales no podían tener control alguno.
Al despedirse de nuestro país, un amigo extranjero me decía que habían tres cosas del ser costarricense que siempre le llamaron la atención: El sistema tico para dar direcciones, los maridos de alquiler y los muertos, refiriéndose en este último caso a los obstáculos que los vecinos ponen a lo ancho de las calles apenas terminan de asfaltar  un camino o una carretera.
Parece ser que los costarricenses estamos empeñados, a diferencia de Panamá, en poner todo tipo de obstáculos para nunca lleguemos a ser un país desarrollado. El más reciente ejemplo de ello son las multas estratosféricas que algunos están empeñados en cobrarle  a los conductores que viajan por las autopistas en donde se paga un peaje, olvidando que las autopistas fueron diseñadas para que los vehículos viajen en forma más rápida que por los caminos para carretas que aún tenemos en el resto del país.
Los  alemanes poseen uno de los índices más bajos de muertes por accidentes de tránsito del mundo a pesar de los 50 millones de vehículos que a diario circulan en ese país y a pesar de que en las autopistas alemanas en el tercer carril, no hay límite de velocidad.  La diferencia es la educación vial. Los alemanes y los extranjeros que allí habitan deben tomar  en el colegio un curso teórico y práctico de manejo y junto con su Bachillerato, obtienen la licencia de conducir.
Independientemente de lo anterior, desde el año 1215, con la firma de la Carta Magna en Inglaterra, se estableció que cuando el Rey o el gobierno quiera poner impuestos se debe consultar primero al Pueblo o sea al Parlamento, ello significa que solo mediante una Ley se pueden imponer, tasas, multas o impuestos. A esto se le denomina legalmente “materia odiosa”.
De manera que el uso de las fotografía como medio para probar una infracción de tránsito, (Decreto Ejecutivo 36724 MOPT), traslada toda la responsabilidad al dueño registral del vehículo sin que la fotografía demuestre quién era conductor del mismo, lo cual hace que el cobro de la multa, tasa o impuesto sea totalmente indeterminado. Esto  contradice precisamente los principios de esta materia al no poder individualizarse al infractor. La publicación del número de la placa en la Gaceta no subsana lo anterior ya que precisamente debe individualizarse quién cometió la infracción y  quién debe pagar la multa.
Aparte de que con lo anterior se violenta el carácter personalísimo que debe tener el Derecho sancionatorio, (Art. 39 de la Constitución Política) nos recuerda además que algunos siguen empeñados en que lleguemos a celebrar el bicentenario de nuestra Independencia caminado al paso de las carretas que fabricaba allá  en Sarchí mi abuelo Eloy Alfaro Corrales.
Lic. Eloy Alfaro Altamirano.
Al despedirse de nuestro país, un amigo extranjero me decía que habían tres cosas del ser costarricense que siempre le llamaron la atención: El sistema tico para dar direcciones, los maridos de alquiler y los muertos, refiriéndose en este último caso a los obstáculos que los vecinos ponen a lo ancho de las calles apenas terminan de asfaltar  un camino o una carretera.
Con entusiasmo recibimos la alegre e inspiradora noticia de que, el día 7 de octubre, el Nobel de la Paz premió el papel de la mujer en el cambio político y social.
Con un reconocimiento expreso al papel de la mujer en los procesos de paz y en el cambio político y social, el Comité del Nobel de la Paz se ha pronunciado a favor de que tres mujeres compartan el premio de este año. Las galardonadas son la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee, responsable de la organización Red de Mujeres por la Paz y la Seguridad en África, y activista yemení Tawakul Kerman.
El Comité que otorga el Premio Nobel reconoció, entre los motivos que llevaron a otorgar el premio, que las tres laureadas son recompensadas por “la lucha no violenta en favor de la seguridad de las mujeres y de sus derechos a participar en los procesos de paz”.
Las laureadas este año con este importante premio, cuentan, entre sus grandes aportes los siguientes:
Ellen Johnson-Sirleaf, de 72 años, es la primera africana que accede de forma democrática a la presidencia de un país en ese continente. Desde 2006 y pese a venir marcado por más de 14 años de guerra, Johnson-Sirleaf, ha logrado dirigir el país y ponerlo en la vía del desarrollo.
Leymah Gbowee, de 39 años, es una activista conocida por haber organizado el movimiento pacifista que logró poner fin, en 2003, a la guerra civil que desangraba Liberia. “Movilizó y organizó a las mujeres más allá de las líneas de división étnica y religiosa para poner fin a una larga guerra y garantizar su participación en las elecciones”.
Tawakul Kerman, es una política yemení y activista pro derechos humanos que lidera el grupo de Mujeres Periodistas Sin Cadenas, creado en 2005. Yemen es uno de los países árabes más golpeados por la ola de cambio en el mundo árabe. En este sentido, las mujeres yemeníes están siendo muy activas en las revueltas contra  el régimen que los gobierna desde hace 30 años.
Con el premio para este año se espera contribuir a acabar con la represión que aún padecen las mujeres en muchos países destacar el enorme potencial que representan las mujeres para la paz y la democracia.
Señala un proverbio árabe que “Si te protege la luna, no te preocupes de las estrellas”.  Siguiendo este pensamiento, auguro que el movimiento de impulso a los Derechos Humanos es imparable y, tarde o temprano, llega a penetrar en todas las sociedades, en busca del máximo fin que señala la Carta de la Naciones Unidas, es decir, un mundo que reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.
Diputado Oscar Alfaro Zamora
Con entusiasmo recibimos la alegre e inspiradora noticia de que, el día 7 de octubre, el Nobel de la Paz premió el papel de la mujer en el cambio político y social.
El lunes 16 de octubre se celebró  el Día Mundial de la Alimentación.  Sin duda estamos frente a una buena oportunidad para analizar y reflexionar sobre el hambre en el mundo y, especialmente,  sobre el futuro de  quienes tienen la noble tarea de  producir los alimentos: los agricultores.
La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué celebramos?, cuando en el mundo, según informes de organismos internacionales, hay aproximadamente mil millones  de personas con hambre? ¿Qué celebramos? cuando en Costa Rica,  de acuerdo con cifras del INEC, la pobreza extrema aumentó de un 4 a un 6%.
La segunda reflexión: ¿Qué celebramos cuando en Costa Rica la propuesta  de política de Estado para el sector agroalimentari|o y de apoyo a los agricultores son solo encendidos discursos e innumerables estrategias que se quedan en el papel? ¿Qué celebramos cuando en Costa Rica las políticas públicas  continúan privilegiando y defendiendo el modelo de importación del arroz y los frijoles, el alimento básico de los costarricenses?
En la práctica, hemos sido y somos testigos, cada cosecha,  de la angustia, de la incertidumbre y de las grandes pérdidas económicas de miles de pequeños agricultores que no pueden vender sus cosechas sencillamente porque las bodegas están llenas de productos importados.  Resulta  paradójico que, en el Día Mundial de la Alimentación, creado para concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema  alimentario mundial y fortalecer  la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza, en Costa Rica le digamos a nuestros  productores de arroz que tendrán que tirar  a la basura o comerse su cosecha  porque es más barato, para la industria nacional, importarlo.   Bajo este concepto,  de quienes  creen que en el campo solo valen los números, y ante la falta de solidaridad de un gobierno que promueve la apertura comercial a favor del interés de unos pocos, nuestros agricultores son empujados  a la ruina y la miseria.
¿Qué celebramos cuando en Costa Rica desde hace veintisiete años no sabemos cuál es el  área  dedicada a la producción agropecuaria,  cuáles son los tipos y costos de  producción y de comercialización y  cuál es la población dedicada a la actividad agropecuaria?  ¿Qué celebramos en Costa Rica cuando el sector agropecuario nacional ha sido destruido a lo largo de los últimos veinte años?
La tercera pregunta: ¿Qué podemos hacer contra el hambre, qué podemos hacer por nuestros agricultores?   Lo inmediato:   debemos detener las importaciones de productos agrícolas mientras  haya producción  nacional.  Debemos exigir  una política de seguridad alimentaria para incentivar la producción agrícola.  Debemos establecer una gran alianza con la participación de los productores agrícolas y pecuarios, la academia y todas las organizaciones que estamos vinculadas con la producción de alimentos, para detener este desastre.
En este día recordemos que todo lo que nos alimenta viene de la tierra, que son labriegos sencillos los que hacen que nuestro pródigo suelo nos de sustento, que si olvidamos a los agricultores estaremos en manos de los intermediarios internacionales a los que no les importa que en Costa Rica vivan siempre el trabajo y la paz.  Celebremos, con compromiso y acciones, el Día Mundial de la Alimentación.
Cristóbal Montoya Marín
Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos
El lunes 16 de octubre se celebró  el Día Mundial de la Alimentación.  Sin duda estamos frente a una buena oportunidad para analizar y reflexionar sobre el hambre en el mundo y, especialmente,  sobre el futuro de  quienes tienen la noble tarea de  producir los alimentos: los agricultores.
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El proyecto fiscal, versión 3.0 del mal llamado proyecto de solidaridad tributaria grava los servicios de salud y la educación en un 2%. Estoy en contra, no sólo como diputada libertaria sino como ciudadana costarricense.
El Estado no da abasto; la calidad de la educación pública ha bajado al igual que su infraestructura y en los hospitales se hace literal el dicho de que “no hay cama para tanta gente”. Si tanto la salud como la educación pública tuvieran buena calidad de servicio, la ciudadanía no tendría que acudir al sector privado. Sin embargo, la realidad costarricense es otra.
Para el año pasado, el déficit financiero del gobierno fue de 5,2%. En semejante escenario, ¿cuál sería el costo para el estado de absorber a todos los demandantes de estos servicios que actualmente acuden al sector privado? Con las finanzas del Estado puestas de cabeza, quienes demandan servicios privados le hacen un gran favor al gobierno; un ahorro de muchos millones de colones. Sin embargo el Estado, no cansado con este ahorro, pretende cobrar un impuesto de ventas por estos servicios.
Esta propuesta del gobierno carece de sentido común. Salud y educación no sólo deben de estar exentos del impuesto de ventas sino que deben de ser deducibles del impuesto sobre la renta; a entender, deben de incluirse expresamente en dicha ley en su Artículo 8, sobre gastos deducibles. Al fin y al cabo, es de sentido común que el costarricense tenga el derecho a deducir del pago de sus impuestos los servicios que el Estado, por incompetencia o insuficiencia, no le puede brindar.
Esta diputada ya presentó la moción respectiva en la comisión especial que estudia el plan fiscal versión 3.0 negociado por el nuevo partido político nacido de la unión de Liberación Nacional y Acción Ciudadana que domina hoy el congreso y busca taparle la boca al pueblo.
Desgraciadamente, la moción fue rechazada por siete miembros de los nueve que conforman esa comisión de no especialistas en Materia Tributaria. Parece que en estos días, en temas tributarios, la lógica y el sentido común llevan las de perder.
Patricia Pérez Hegg
Vicepresidente
Asamblea Legislativa
El proyecto fiscal, versión 3.0 del mal llamado proyecto de solidaridad tributaria grava los servicios de salud y la educación en un 2%. Estoy en contra, no sólo como diputada libertaria sino como ciudadana costarricense.
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A partir de ahora la bola la tienen el Gobierno y sus diputados. Aprobar una reforma tributaria que solucione el déficit fiscal y que introduzca elementos de justicia y solidaridad en nuestra estructura tributaria, dependerá del liderazgo de la Presidenta de la República.
El PAC siempre promovió una reforma tributaria de carácter progresivo. Eso implica el cobro de nuevos tributos a los sectores que más ingresos perciben.
El nuevo proyecto contiene cambios propuestos por sectores sociales y productivos, para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y sostenible.
Elementos como el cobro de la renta mundial y la renta global, impuestos a los salarios más altos y a los autos de lujo, así como importantes exoneraciones a los servicios públicos y a la canasta básica, están contenidos en el proyecto, al que se oponen, precisamente, los sectores más pudientes, quienes durante muchos años evadieron su responsabilidad.
Los diputados del PAC apoyaremos la reforma tributaria siempre y cuando el Gobierno y su bancada respeten los acuerdos alcanzados. No aceptaremos ningún cambio, a menos de que sea para consolidar una reforma aún más progresiva.
Le dimos al oficialismo las herramientas necesarias para agilizar el proceso de análisis, discusión y votación del proyecto. Ahora, todo depende del Partido Liberación Nacional.
Nosotros cumpliremos con nuestra obligación y vamos a explicar al país los cambios que logramos en la propuesta. Tenemos los argumentos para debatir con quienes defienden los intereses de poderosos e influyentes sectores que se niegan a contribuir con la sostenibilidad del Estado social costarricense.
Costa Rica no puede permitir otra campaña basada en el miedo. La presidenta Chinchilla debe honrar su palabra, nosotros no le dimos un cheque en blanco; no toleraremos una actitud pasiva. Se requiere liderazgo y honestidad para sacar adelante esta empresa.
Mal harían el Ejecutivo y sus diputados si se cruzan de brazos y permiten que dentro de sus propias filas surjan los enemigos. Las desafortunadas e irresponsables declaraciones de funcionarios como la ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, sólo generan confusión y ponen en peligro el principal proyecto de la administración Chinchilla.
Dichas manifestaciones entorpecen y atentan contra el proceso de negociación en el que participamos. El Gobierno y sus diputados están obligados a dar la cara en este momento, a responder y explicar al país su importancia y sus alcances. Atenerse o desentenderse les costará la reforma tributaria.
A partir de ahora la bola la tienen el Gobierno y sus diputados. Aprobar una reforma tributaria que solucione el déficit fiscal y que introduzca elementos de justicia y solidaridad en nuestra estructura tributaria, dependerá del liderazgo de la Presidenta de la República.
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Fue votada el 29 de noviembre de 1947, recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. 14.000 km², con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío, 11.500 km², con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe, 106.000 árabes y 100.000 judíos para la zona bajo control internacional que comprende los Santos Lugares, Jerusalén y Belén.
Entre los dos estados se debe establecer una unión económica, aduanera y monetaria. Aprobada por 33 votos incluidos los Estados Unidos y la extinta Unión Repúblicas Soviéticas Socialistas, frente a 13 votos en contra y 10 abstenciones, incluida Gran Bretaña, que veía tras esa resolución problemas mantener su influencia en la región.
Esta resolución fue rechazada por los árabes y criticada por los sionistas, que a pesar de todo se adhirieron a ella. La resolución jamás será aplicada y seis meses después de su aprobación, el 15 de mayo de 1948, el mismo día en que finalizó el mandato Británico de Palestina y fue proclamado el Estado de Israel, comienza así la primera guerra árabe-israelí.
Han pasado casi 63 años, desde que se dio la citada resolución; Israel tiene un estado consolidado para beneficio de su pueblo; sin embargo, los palestinos siguen no solo sin tener una zona geográfica sobre la cual se manifieste el derecho a la autorrealización del pueblo palestino.
La razón la intolerancia y la falta de respeto al derecho de tener una vida exenta de presiones y abusos externos. Este mal paradójicamente lo sufrieron millones de judíos, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron víctimas de una política de exterminio brutal, justificada en la sin razón y demencia de una personaje que los acusó a ser los únicos responsables de todos los males que vivía la humanidad.
Paradójicamente, el Estado de Israel, de alguna forma, tiene una política de agresión a los derechos humanos de las y los palestinos, similar a la que el pueblo judío experimentó de parte del nazismo.
Dado lo anterior, la lógica diría que ese genocidio vivido en la carne de millones y millones de judíos, debería haber servido para que el Estado Israel hiciera una profunda y empática revisión de su política hacia el pueblo palestino.
Por el lado del pueblo palestino, fundamentalmente, la respuesta, durante todos esos casi 63 años, ha sido la violencia y a pesar de ver los resultados infructuosos de esta suicida práctica, ambos pueblos insisten en ella.
La resolución 181 de la ONU debe ser cumplida en todos sus extremos y la comunidad internacional debe ser garante de que esto sea así. Sin embargo, tanto lel pueblo israelí como palestino, también deben comprometerse con establecer relaciones inteligentes, visionarias respetuosas y pacíficas entre ambos pueblos, comprometiéndose los respectivos gobiernos a controlar a lo interno de cada estado a cualquier grupo que de manera irracional persista en seguir recurriendo a la violencia.
Fue votada el 29 de noviembre de 1947, recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. 14.000 km², con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío, 11.500 km², con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe, 106.000 árabes y 100.000 judíos para la zona bajo control internacional que comprende los Santos Lugares, Jerusalén y Belén.
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Cuando yo era chiquillo, el 12 de octubre lo celebrábamos entre vestidos de “yute” y caras pintadas con betún;  entre el canto de una hermosa canción que se llamaba “pasión” y del himno a Cristóbal Colón.  Los actos cívicos en la escuela versaban sobre los viajes del almirante,  los sueños que perseguía de alcanzar las Indias Orientales y se contaban allí los diversos viajes que hizo a América. Desde su llegada a Gunahaní primero, hasta su arrivo a nuestra hermosa isla Quiribrí (que significaba tierra firme en lengua nativa) el 18 de setiembre de 1502, lugar que hoy es nuestro muy amado Puerto Limón.

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Este dicho muy costarricense,  se aplica a la sabiduría popular, si….. a la sabiduría de nuestros abuelos que con valores y principios muy claros pudieron cimentar un estado de derecho, basado en el respeto a la propiedad privada, en donde la libertad de pensamiento, de credo e incluso la libertad de elegir nuestros gobernantes; fueron esculpiendo con naturalidad, el rostro de nuestras instituciones.
La sensibilidad con que se enfrentaban  los retos y desafíos de cada momento, determinaron la necesidad imperiosa de legislar y proteger al desprotegido, al que menos tiene y es precisamente en este momento histórico que se determina mejorar la distribución de la riqueza nacional y el nivel de desarrollo de la familia campesina rural, generando paz social en el agro costarricense.
Es así como el 14 de octubre de 1961, mediante la promulgación de la ley 2825, denominada Ley de Tierras y Colonización, el Estado costarricense inicia el proceso de ordenamiento agrario. Cabe recalcar que en un año después el 04 de octubre  de 1962 mediante la ley 3042 se crea el ITCO, Instituto de Tierras y Colonización
En sus inicios y hasta el año 1966, el proceso de ordenamiento agrario se concentró en la colonización dirigida, que consistía en formar asentamientos humanos en terrenos, algunos casi vírgenes, incorporándolos al proceso productivo nacional, lo que  implicó el traslado de población, del Valle Central, a esta nuevas tierras, ampliando así, la denominada Frontera Agrícola del país.
Se tuvo que solucionar los conflictos que generan los precarios y la administración de tierras del Estado, traspasadas a la institución.
A partir del año 70, el aumento demográfico y la demanda de empleo, unido al agotamiento de esta frontera agrícola, generó un aumento significativo de la presión sobre la tierra, y es así como el 1º de setiembre de 1975, se promulga la Ley 5792, para mejorar  la posición financiera de la institución e impulsar  una política de formación y desarrollo de asentamientos campesinos, bajo el enfoque denominado Regiones de Desarrollo  entre las cuales tenemos a Coto Sur, Bataán, Cariari, Río Frío, Llanos de Cortés, Osa, Coto Brus y Coyolar.
Posteriormente, con la transformación del ITCO en IDA, en marzo de 1982, la gestión institucional se enfoco a propiciar un mayor énfasis al desarrollo agrario en los asentamientos campesinos.
Esta noble institución ha legalizado la tenencia de la tierra a 39 mil familias, ocupantes de tierras de Reservas Nacionales.
Resulta  invaluable el aporte que el IDA ha dado al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, incorporando y traspasando gran cantidad de tierras dedicadas a Parques y Reservas Nacionales tales como Forestales, Biológicas, Protectoras, Refugios de Fauna Silvestre, Humedales y otros.
Ha logrado recuperar tierras pertenecientes a las Reservas Indígenas, que han sido ocupadas por población no indígena. Así como la vigilancia de estas Reservas, por medio de un equipo de Guarda-Reservas, integrado por aborígenes, con cargo al presupuesto del IDA.
Ha cubierto el 10% de la población total del país y el 20% del territorio nacional. La producción en estos asentamientos campesinos, se ha diversificado en lo agropecuario, agroforestal, agroindustrial y agro-ecoturismo, tanto para el consumo interno, como externo.
En resumen, al cabo de estos 50 años, y en cumplimiento de la misión de mejorar la distribución de la riqueza nacional, El IDA ya sobrepasó los mil asentamientos campesinos, que abarcan 814 mil hectáreas, distribuidos por todo el país, en donde se encuentran asentadas más de 75 mil familias, con una población de 375 mil personas, que obtienen su sustento de la tierra que le ha sido adjudicada, y en donde bajo el principio de equidad, participan también las mujeres y la juventud rural.
Es definitivo, para que una institución sobreviva y se mantenga vigente, debe modernizarse, adaptarse a los nuevos tiempos; hoy en día, está en trámite en la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley que transformaría al IDA en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), cuyo objetivo primordial es desarrollar los territorios rurales, que tienen mayores índices de pobreza, definidos en el plan de gobierno actual.
Es por esto que en un 14 de octubre como hoy, hace 50 años nació en Costa Rica el IDA.
Auguramos que con ese mismo sentido de justicia social que nuestros abuelos se inspiraron, podamos seguir diciendo…….. donde hay orden ….esta Dios.
Comentario de Gustavo Adolfo Piedra Guzmán
Vicepresidente de la Cámara Nacional de Radio
Este dicho muy costarricense,  se aplica a la sabiduría popular, si….. a la sabiduría de nuestros abuelos que con valores y principios muy claros pudieron cimentar un estado de derecho, basado en el respeto a la propiedad privada, en donde la libertad de pensamiento, de credo e incluso la libertad de elegir nuestros gobernantes; fueron esculpiendo con naturalidad, el rostro de nuestras instituciones.
El informe sobre la Caja, es rico en señalar tantas situaciones extremas que se han dado y que explican, parcialmente y sólo parcialmente, el por qué de su crisis financiera y de desempeño en la prestación de servicios de salud. El poco tiempo que tuvo la Comisión para producir el estudio más la ausencia en ella de al menos un politólogo, un administrativista público, un abogado y un médico, explica algunas de las debilidades diagnósticas sobre tantas irregularidades de tipo económico-presupuestario y laboral. Es un valioso punto de partida para profundizar más, pues muchas de sus 81 recomendaciones no son viables política, jurídica y organizativamente. No se propuso tampoco, una estrategia de negociación y conducción del muy complejo proceso que sigue. Sobre todo, se asume que la crisis es producto de errores y horrores internos.
No se dilucida, así, si las cosas se dieron por una mala dirección gubernativa –o sea, malas directrices- al no ejercitar el Poder Ejecutivo las competencias dadas en la Constitución Política, en la Ley General de la Administración Pública, en la Ley No. 8131 del 2001 y menos en la Ley No. 5525 de planificación nacional; o, si se dio dicha crisis por excelentes directrices gubernativas que fueron incumplidas por la Junta Directiva, o peor aun, si se dio por ausencia total de dirección, como sabemos que fue. La Caja es un ente instrumental del Gobierno, no soberano como algunos claman.
Tampoco se cuestiona en el Informe, salvo por uno de sus miembros, a la presidencia ejecutiva como un poder administrativo superior que día a día demuestra que la Caja no es autónoma, ya que se trata de un funcionario de total confianza del presidente de turno y de su ministro de la presidencia.
Por otro lado, la propuesta de eliminar la propiedad en “plazas” de jefaturas para llenarlas por concurso público cada cuatro años, es muy riesgosa por un sinnúmero de secuelas negativas para funcionarios en propiedad, sobre todo mientras no se confronte y elimine la figura de presidencia ejecutiva, se recompongan las juntas directivas, se restituya la figura de gerencia general de antes de 1974 y se aplique el régimen de dirección gubernativa sobre tales entes autónomos según la Ley General de la Administración Pública de 1978.
Paralelo a esto, no se reconoce la beligerancia política del funcionario, una de las causas de tanta mediocridad y servilismo que se han enseñoreado en instituciones otrora al servicio de la colectividad. Los partidos mayoritarios han comprometido la probidad del funcionario público desde 1974, a partir de las presidencias ejecutivas y de los comités informales creados para perseguir contrarios políticos, un fenómeno que no se da en las burocracias públicas europeas que tanto admiramos. Nada se resolverá con tantas recomendaciones, si este factor y otros de origen sociopolítico no se confrontan y extirpan de cuajo.     Johnny Meoño Segura C.
El informe sobre la Caja, es rico en señalar tantas situaciones extremas que se han dado y que explican, parcialmente y sólo parcialmente, el por qué de su crisis financiera y de desempeño en la prestación de servicios de salud.

En medio de tantas vicisitudes que han habido en torno a si el descubrimiento de América constituyó un encuentro de culturas en donde España le entregó a las sociedades indígenas un compendio de civilización, o un desencuentro en el que la sociedad española desarticuló, abruptamente, las creencias y costumbres de los pueblos indígenas, lo más sensato sería asumir el doce de octubre como el positivo nacimiento de un nuevo mundo constituido por mujeres y hombres de diversas lenguas, costumbres y diferentes filosofías de vida.

 

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El impacto de los nuevos impuestos al Régimen de Zona Franca, sobre la generación de empleo es incuestionable y sumamente significativo desde diversas perspectivas.
En primer lugar, se trata de 60 mil empleos directos, de calidad, y por cada uno de ellos, 3 empleos indirectos más, o sea 180.000.
Se dice que solamente en las empresas médicas, más del 55% de su recurso humano, son mujeres.
En las empresas ubicadas en Zonas Francas, han encontrado cabida desde operarias con destreza manual en las empresas médicas, reitero más del 55% son mujeres, hasta técnicos, ingenieros, contadores, administradores, financieros, personas bilingües, entre otras.
Además se trata de empleos que dan oportunidades a los jóvenes, ya que en las empresas de servicios, el promedio de edad de sus trabajadores es de 24 años. Gran parte de la oferta de estos jóvenes provienen de Colegios Técnicos.
Estos empleos en los que el trabajador no sólo recibe entrenamiento de primera sino también una remuneración mucho más alta que el promedio en el sector privado, que brindan grandes oportunidades laborales a las mujeres y que además en el sector de servicios en el que Costa Rica,  el que ha venido teniendo un crecimiento muy significativo y hoy por hoy, representa un porcentaje muy importante dentro de lo que el país exporta.
Sobre su contribución se sabe que, en el 2006, de cada $1 de exoneración contribuyen en $3, pronto se tendrán nuevos datos que demuestren que esa entrada pasará a $7.
En un contexto de crisis a nivel internacional, la competencia por la atracción de inversión extranjera es aun más agresiva;  es fundamental que cuidemos lo que ya tenemos y que sigamos mejorando el clima de negocios para atraer más. En lugar de estar intentando ponerle trabas a esta importante actividad económica, como lo son esos impuestos a las Zonas Francas.
Patricia Pérez Hegg
Vicepresidente
Asamblea Legislativa
El impacto de los nuevos impuestos al Régimen de Zona Franca, sobre la generación de empleo es incuestionable y sumamente significativo desde diversas perspectivas.
En primer lugar, se trata de 60 mil empleos directos, de calidad, y por cada uno de ellos, 3 empleos indirectos más, o sea 180.000.
Uno de estos días, una compañera de trabajo me pasó por correo el discurso que el político canadiense Thomas C. Douglas, pronunciara en medio del aplauso acalorado de quienes le escuchaban.  Aquel discurso era un jocoso video  llamado “Tierra de Ratones”, que bajo el disfraz de una fábula, revelaba una realidad tan cruda, como la  que viven hoy sociedades como la nuestra, que bajo el ala de una democracia electoramente muy activa; cada cuatro años, cumple el ritual de la elección que no revoluciona nada, que no resuelve nada y que ha venido prolongando la cultura de la chambonada, de las Juntas de Notables que no hacen notar nada, de la improvisación y de los parches que nos tienen abandonados como nación que dice perseguir su desarrollo.
El discurso narraba la historia de un país de ratones, en el que se tenía la democracia como sistema político y en el que cada 4 años se elegía a los gatos como representantes del pueblo.  Esos gatos, aprobaban leyes que ayudaban a los ratones pero que los beneficiaban muchas veces más a ellos y a sus propios intereses o que una vez aprobadas tenían que volverse a tramitar porque los roces inconstitucionales o las desproporciones, las hacían inaplicables o simplemente, por pose electorera,   motivaban cambios oportunistas para congraciarse con las masas y perpetuar así las discusiones de posibles ajustes por largos años.
Conforme pasaba el tiempo y los ratones observaban con frustración que los gatos negros que elegían no resolvían los problemas y más bien estos se hacían más intensos, decidieron elegir gatos blancos,  que incorporaban cambios pero más cosméticos que estructurales y eso hacía que los problemas de la población de ratones siguieran siendo los mismos o peores que los anteriores.  En fin, el país había caído en un desgobierno total y la cosa estaba paralizada.
Tal y como ustedes –queridos oyentes de PANORAMA- están pensando, yo creo también que aquel país de ratones no se diferencia en mucho de la realidad que vive nuestra querida Costa Rica desde hace ya varios años.   Allí vemos a los gatos que siempre repiten y han estado allí,  unas veces en la Asamblea Legislativa, otras veces en los ministerios, y otras en las alcaldías; o bien, en las Juntas Directivas, Presidencias Ejecutivas o Gerencias de las autónomas y de los bancos.
A estos, les sienta más que bien la comparación con un gato,  pues al igual que estos, siempre caen parados y aunque su gestión sea mala, siempre terminan siendo reubicados en otro puesto de igual o mejor nivel, con el que pueden seguir pegaditos a las mamas del Estado, que por ser de todos no es de nadie; y en el que, el poder de los escritorios y tramitologías asfixiantes,  prolongan el vacilón de la inejecución y el estancamiento.
Esta reflexión siempre es oportuna pero más en tiempos como los que vive nuestra democracia,  urgida de que nos hagan un pueblo más crítico, un pueblo no solo alfabetizado sino educado. Un pueblo  que exprese con respeto sus ideas, pues como el mismo Tomas C. Douglas dijo al cerrar su discurso: “…se puede encerrar un hombre pero no se puede encerrar una idea”
Uno de estos días, una compañera de trabajo me pasó por correo el discurso que el político canadiense Thomas C. Douglas, pronunciara en medio del aplauso acalorado de quienes le escuchaban.