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Lunes, 30 Enero 2012 01:31
UNED: 35 AÑOS GENERANDO OPORTUNDADES PARA EL DESARROLLO
Comentarista InvitadoEra la Costa Rica de la década del 70, cuando Fernando Volio Jiménez comenzaba a cristalizar uno de sus más importantes sueños: crear la primera universidad pública en la modalidad a distancia, que cumpliera con la noble tarea de llevar educación a las zonas más alejadas del país y proveer oportunidades de desarrollo a los sectores sociales más desposeídos.
Su lucha incansable como ministro de Educación y, posteriormente, como ministro de la Presidencia pronto encontró el apoyo de un grupo de intelectuales que como él, trabajó con tenacidad y empeño hasta que en 1977, fue fundada la Universidad Estatal a Distancia (UNED), hoy reconocida por su liderazgo en América Latina.
Desde entonces y hasta hoy, la UNED se propuso solo crecer. Para ello se dedicó a fortalecer la calidad de su educación, a mantener la formación integral de sus estudiantes y a extender su cobertura mediante las 36 sedes ubicadas en el territorio nacional.
Esta Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, celebra este tres de marzo su 35 aniversario con un sólido desarrollo y con el privilegio de ostentar como sublimes recuerdos, las experiencias que con los años han escrito en sus recintos los miles de estudiantes que cambiaron sus vidas con educación, contribuyendo enormemente al desarrollo social y económico del país.
Esta celebración se asoma justo cuando la UNED se prepara para dar un gran salto, un paso que modernizará su plataforma tecnológica para enlazar por medio de la virtualidad a todas sus sedes, lo que conformará la mayor red académica de América Latina.
Con ello, se garantizará la equidad en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes de la Gran Área Metropolitana y de regiones en el Norte, el Sur, el Este y el Oeste del país. Unos 22 mil estudiantes, 60% de ellos mujeres, se benefician actualmente de una oferta académica pertinente, con calidad en sus tutorías y recursos pedagógicos.
El quehacer de la UNED no queda en la formación profesional de sus estudiantes: mediante el Colegio Nacional a Distancia abre las puertas de la educación media para que personas de diferentes edades obtengan su título de secundaria. Además, por medio de la extensión universitaria, lleva conocimiento a quienes requieren herramientas para mejorar sus condiciones de vida.
Por eso, este 35 aniversario convoca a la UNED a participar más activamente en la formación integral de sus educandos, en el fortalecimiento de la cultura costarricense y en la proyección de su trabajo en comunidades y regiones.
Era la Costa Rica de la década del 70, cuando Fernando Volio Jiménez comenzaba a cristalizar uno de sus más importantes sueños: crear la primera universidad pública en la modalidad a distancia, que cumpliera con la noble tarea de llevar educación a las zonas más alejadas del país y proveer oportunidades de desarrollo a los sectores sociales más desposeídos.
Ya en la década de los ochenta se había planteado en algunos de los países industrializados, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, la necesidad de lograr una educación más integral y dinámica cuando un grupo de expertos, entre ellos educadores, filósofos, filólogos y psicólogos observaron las deficiencias educativas presentes en los ámbitos universitarios en donde se daba un modo de pensar desinformado, prejuiciado, arbitrario, memorístico o parcializado; un tipo de enseñanza muy elaborada y acrítica en donde, de acuerdo con la opinión del educador Henry Giroux, se anestesia el razonamiento de los estudiantes.
Ello los encaminó a esbozar una nueva metodología la cual fomentara un aprendizaje más dinámico e interactivo, y que tomara en cuenta las necesidades y habilidades de los alumnos desde la aplicación de un pensamiento más lógico, esto significó la aplicación del pensamiento crítico al ámbito educativo para fomentar lo que se denominó educación liberal, en donde el alumno fuera partícipe directo y activo del proceso de enseñanza- aprendizaje, tal y como la aplicaban en la Antigua Grecia filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles.
El propósito es formar alumnos, ciudadanos, quienes desarrollen una manera de pensar con criterios propios, a partir de la investigación, de una reflexión constante, con el fin de que puedan ver y analizar la realidad desde diversas perspectivas y lecturas para replantearse los modelos establecidos, y muchas veces impuestos, mediante la propuesta de ideas y opciones nuevas. De ahí que en un mundo en donde parte del sistema educativo parece extraviarse en el individualismo y la instrumentalización, el llamado que debe imperar es el de rescatar al humano que está detrás de cada alumno, para devolverle el control soberano sobre su existencia en el ámbito intelectual y espiritual. De lo que se trata es de ir más allá del contenido para trascender con el fin de enfocarse e invertir más en el pensamiento y el capital humano de los estudiantes.
En este sentido, tanto la implementación de la educación liberal, como las competencias del pensamiento crítico y los nuevos enfoques de enseñanza constructivistas, han ayudado a establecer los parámetros de una educación transformadora con una clara misión social y desde una evidente inspiración humanista; esto significa adoptar una perspectiva diferente con el fin de que los actores educativos pasen de ser simples receptores de un producto a miembros activos del proceso, es decir, formadores por derecho y productores de cultura.
Por ello el pensamiento crítico y humanista se convierte en una manera muy adecuada para formar estudiantes con una visión de compromiso más equitativa con su sociedad, que vaya más allá de la especialización, pues e está en una época de trasformaciones en donde lo que se requiere es alejarse del sistema tradicional memorístico, pasivo y autoritario de enseñanza para, fundamentalmente, preparar alumnos pensantes, creativos, participativos, sedientos de conocimiento, con criticidad, curiosidad intelectual, valores, artífices de reflexiones, toma de conciencia y proyección social…
Tal objetivo no debe postergarse, o no debe enfocarse de manera superficial, de ahí que se haga una tarea imperiosa garantizar la calidad de las universidades mediante una pronta, efectiva y eficaz relectura de la enseñanza y el aprendizaje educativo. De hecho la exagerada proliferación de centros educativos obliga a las universidades tanto públicas como privadas, desde una óptica ética, moral y profesional, a contar con un currículo impregnado del sustento del pensamiento crítico que le permita al centro educativo, en especial al profesorado, ofrecerle a los estudiantes una enseñanza en donde los saberes guarden relación con el mundo real y los conocimientos y las herramientas tanto cognitivas como afectivas necesarias como la convivencia, el respeto o la autoestima para ejercer idóneamente sus profesiones, enfrentar las demandas que la sociedad les exigirá y llevar a cabo un proceso de conocimiento individual que los haga mejores profesionales y humanos.
Ya en la década de los ochenta se había planteado en algunos de los países industrializados, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, la necesidad de lograr una educación más integral y dinámica cuando un grupo de expertos, entre ellos educadores, filósofos, filólogos y psicólogos observaron las deficiencias educativas presentes en los ámbitos universitarios en donde se daba un modo de pensar desinformado, prejuiciado, arbitrario, memorístico o parcializado; un tipo de enseñanza muy elaborada y acrítica en donde, de acuerdo con la opinión del educador Henry Giroux, se anestesia el razonamiento de los estudiantes.
Jueves, 26 Enero 2012 05:11
Campaña “Póngase en los zapatos de la persona usuaria”
Comentarista InvitadoEl Poder Judicial, mediante el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Presidencia de la Corte, desarrolla una campaña de sensibilización a nivel interno de la institución, llamada “Póngase en los zapatos de la persona usuaria” con el fin de concientizar a los servidores judiciales para que brinden un mejor servicio a las personas usuarias, utilizando todas las herramientas y recursos con los cuales cuenta la institución, pero principalmente con su buena disposición, mística y empatía, de manera que se pongan en los zapatos de la persona usuaria y la atiendan como a ellos les gustaría ser atendidos si estuvieran en su lugar.
El Poder Judicial atiende diferentes materias tales como penal, civil, laboral, penal juvenil, violencia doméstica, familia, pensiones alimentarias, entre otras, las cuales identifican grupos de usuarios específicos. Por ello esta campaña muestra 29 casos que representan esos diferentes tipos de usuarios y donde se destacan los grupos de mayor sensibilidad social tales como: personas con discapacidad , personas agredidas, niñez y adolescencia, adultos mayores, indígenas entre otros.
A cada grupo se le ha elaborado un afiche que contiene una foto de un par de zapatos representativo de ese público, por ejemplo: escarpines, zapatos de niños, de mujeres, de hombres, de indígenas y se complementa con la interrogante : ¿Cómo se sentiría si usted estuviera en estos zapatos?. Igualmente, se incluye en cada uno, un caso que describe una experiencia en la cual la persona usuaria recibió una atención que no era la correcta. Así mismo cada mensaje concluye con una reflexión y da un consejo específico de cómo mejorar esa atención.
Para crear el contenido de esta campaña se realizaron encuestas a los usuarios y usuarias con el fin de conocer sus principales expectativas y sugerencias acerca del servicio que requieren. Asimismo se analizaron estudios elaborados por la Contraloría de Servicios y la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial, así como las ideas de los mismos servidores y servidoras judiciales quienes tuvieron la oportunidad de expresar de qué forma dejan su huella positiva en la Administración de Justicia cada vez que atienden una persona usuaria. Por eso también el logotipo o imagen que representa esta campaña es la huella de un pie, ya que es el pie de cada servidor judicial el que debe poner dentro de los zapatos de la persona usuaria para sentirse en su lugar y atenderla como a ellos les gustaría ser atendidos si fueran esa persona.
El lanzamiento de esta campaña en cada una de las 19 sedes del Poder Judicial a nivel nacional, abarca una dinámica de reflexión a la cual se invita tanto a servidores judiciales como a representantes de la comunidad. En esta actividad se exhiben los afiches representativos de cada grupo y se coloca una pequeña tarima con los zapatos reales que aparecen en cada foto. Además, se invita a algunos servidores judiciales presentes, incluyendo al presidente de la Corte, magistrados y magistradas, a los integrantes del Consejo Superior, jueces, fiscales, defensores públicos, personal del OIJ, personas que atienden en los mostradores, oficiales de seguridad, representantes del sector administrativo, entre otros, para que se quiten sus zapatos y se pongan los zapatos representativos de las personas usuarias.
Luego son entrevistados públicamente para que expresen cómo se sienten en esos zapatos, al recibir la atención descrita en cada caso y posteriormente, como un acto de motivación, se les solicita que den el consejo del afiche a sus compañeros judiciales instándolos a mejorar el servicio público.
Esta campaña se desarrollará por etapas y hasta el momento se ha presentado en las oficinas judiciales de San José, San Carlos, Limón y Alajuela y la experiencia vivida nos llena de optimismo debido a los comentarios positivos y buena disposición de los servidores judiciales, quienes realmente han manifestado su interés por mejorar la atención que brindan.
El éxito de esta campaña se conseguirá solamente con el convencimiento y apoyo decidido de todos los compañeros y compañeras judiciales, que con sus acciones y mística laboral fortalecen el servicio y no podemos dejar de lado la necesidad del apoyo constante de las personas usuarias, quienes con sus sugerencias señalan el norte a seguir en el servicio que debe brindar el Poder Judicial.
Para concluir, invitamos a cada funcionario y funcionaria para que, de ahora en adelante, cada vez que atienda a una persona, siga el consejo de esta campaña que desarrolla el Poder Judicial: Póngase en los zapatos de la persona usuaria y atiéndala como a usted le gustaría que le atendieran si estuviera en el lugar de esa persona.
Elaborado por: Licda. Ana Lucía Vásquez Rivera,
El Poder Judicial, mediante el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Presidencia de la Corte, desarrolla una campaña de sensibilización a nivel interno de la institución, llamada “Póngase en los zapatos de la persona usuaria” con el fin de concientizar a los servidores judiciales para que brinden un mejor servicio a las personas usuarias, utilizando todas las herramientas y recursos con los cuales cuenta la institución, pero principalmente con su buena disposición, mística y empatía, de manera que se pongan en los zapatos de la persona usuaria y la atiendan como a ellos les gustaría ser atendidos si estuvieran en su lugar.
Miércoles, 25 Enero 2012 02:15
Veda de armas – una solución inadecuada a un problema inexistente.
Comentarista InvitadoEl pasado 12 de enero, en declaraciones al Diario La Extra, el Ministro de Seguridad Pública, Don Mario Zamora, presentó una más en una serie de irreflexivas medidas para controlar aún más las armas permitidas en el país. Bajo el tenue argumento de “velar por la seguridad nacional”, la veda propuesta impediría que ciudadanos responsables y facultados legalmente para portar armas lo hicieran durante eventos públicos, como las tradicionales fiestas de Zapote y los festejos populares de Palmares.
Martes, 24 Enero 2012 01:30
¿Cuántas cosas más, necesita el costarricense para despertar?
Orlando Castro QuesadaSurge aparentemente otro manejo inadecuado de recursos de las deuda política, ahora por parte del Partido Liberación Nacional ¿Será esta la gota que derrame el vaso ya no de la paciencia del pueblo, sino, diría yo, de la indiferencia del pueblo ante los desmanes de una clase política que ha perdido todo el pudor y el respeto hacia la ciudadanía.
Durante los últimos años, los niveles de violencia han aumentado considerablemente en América Latina. Por ejemplo la tasa de homicidios se ha incrementado en más de un cuarenta por ciento, dándole a Latinoamérica y al Caribe la no muy honrosa distinción de ser la segunda región más violenta del mundo. Paradójicamente, en la medida en que crece la conciencia moderna que condena la violencia, esta se intensifica mimetizándose en cada una de las prácticas sociales. Por desgracia, Costa Rica no ha sido la excepción.
Ciertamente el combate a la inseguridad, la delincuencia, al crimen organizado, ha dejado de ser, en nuestro país, una redituable promesa y tema de cada campaña política para transformarse en un delicado problema de Estado. Y no es para menos. Millones de costarricenses viven aterrados porque hoy, más que nunca, es cierto aquello de que sabemos cuándo salimos de nuestras casas, pero no cuándo regresaremos...
En lo cotidiano, por desgracia, la nota roja es el ingrediente fundamental de la información de los medios, lo cual nos lleva a darnos cuenta de que la lucha parece ser que la están ganando los detractores de la paz social. Definitivamente lo que está sucediendo en Costa Rica es muy preocupante, y va más allá del miedo de los ciudadanos, pero ante este hecho no basta solamente con preocuparse. Hay que ocuparse del hecho, es decir, hacer una seria reflexión acerca de lo que nos está pasando, tomar las medidas pertinentes y actuar responsablemente.
¿Cuántas veces se nos ha dicho que no portemos objetos de valor cuando transitemos a pie, que no los dejemos a la vista en el carro o evitemos sacar el celular en plena calle?..., una infinidad de veces ciertamente, pero muchas personas siguen sin hacer caso. Tratemos en este caso de ser un poco más prudentes y humildes, pues a veces a las personas les gusta presumir los bienes materiales que poseen lo cual es un comportamiento muy conveniente para los delincuentes.
No se trata de predecir desastres, pero lamentablemente ya se han registrado casos en los cuales, ante la falta de una respuesta efectiva, la gente llega al límite de ejercer justicia por su propia mano. De ahí que no se pueda llegar a aceptar que la violencia es inherente al temperamento de los ticos, y que por ello todo lo que sucede es normal. Esto sería lo peor que pudiera sucedernos.
Nadie puede ser insensible ante la violencia, mas el cambio y la lucha no consiste en la simple aceptación de que la inseguridad es un problema muy complejo, tampoco se puede dejar que todo lo haga el Gobierno, porque sería recorrer los mismos caminos de falta de compromiso ciudadano.
Este es un momento crucial para que, como ciudadanos, nos unamos y planteemos nuestras legítimas exigencias. A lo que ahora nos enfrentamos es el resultado de un gran número de descuidos y omisiones que tanto autoridades como ciudadanos hemos permitido durante años. Hoy nuestro país requiere de soluciones de fondo, exige una manera diferente de actuar y una manifiesta responsabilidad ciudadana.
Por eso leyes más efectivas, revisión severa al sistema de impartición de la justicia, una lucha frontal y sin cuartel a la corrupción, o un enérgico programa de educación en valores, siguen siendo asignaturas pendientes en esa necesaria lucha contra la violencia. Una ardua lucha en la que la participación es fundamental; pero en donde lo más importante es, sin duda, el compromiso, el esfuerzo y la voluntad de todos para llevarla a cabo, pues como dijera Mahatma Gandhi: “La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil; pero ninguna dificultad puede abatir a los humanos que tienen fe en su misión”.
Durante los últimos años, los niveles de violencia han aumentado considerablemente en América Latina. Por ejemplo la tasa de homicidios se ha incrementado en más de un cuarenta por ciento, dándole a Latinoamérica y al Caribe la no muy honrosa distinción de ser la segunda región más violenta del mundo. Paradójicamente, en la medida en que crece la conciencia moderna que condena la violencia, esta se intensifica mimetizándose en cada una de las prácticas sociales. Por desgracia, Costa Rica no ha sido la excepción.
Sábado, 21 Enero 2012 15:00
2011: un excelente año para el comercio y la inversión
Comentarista InvitadoLas exportaciones costarricenses alcanzaron el año pasado una cifra record en la historia nacional: US$15,379 millones. Esto representa un 12.5% más que las exportaciones del 2010, superando con ello la meta que nos habíamos propuesto.
Viernes, 20 Enero 2012 05:22
Derecho a Poseer y Portar Armas NO es una Concesión del Estado.
Comentarista InvitadoEs preocupante el criterio carente de fundamento recientemente externado por funcionarios públicos en torno al derecho de poseer y portar armas por parte de los ciudadanos costarricenses. Confunden ellos, con aires de malsana oficialidad, entre un derecho y una concesión con el motivo último de confundir a la opinión pública. En su afán de avanzar la política explícita de desarme de la población civil, confunden además entre bienes públicos (calles, parques, plazas y demás espacios públicos) y bienes de dominio privado. Éstos últimos están integrados por objetos, materiales susceptibles de valoración económica e inmaterial como los derechos, también los bienes muebles e inmuebles construidos o adquiridos de manera lícita, con fuentes económicas patrimoniales propias de la persona.
Un arma propiedad de un ciudadano no puede ser clasificada de otra forma más que como un artículo bien mueble, de dominio público o privado según la fuente del recurso de adquisición y la propiedad del mismo. La posesión de dicha propiedad privada es protegida en el Artículo 45 de nuestra Constitución Política y respaldada por la libertad para adquirir, decidir y elegir sin ninguna limitación bienes patrimoniales que gozan los ciudadanos costarricenses en el libre ejercicio y goce de sus derechos y facultades. El uso de estas propiedades, en el principio de inviolabilidad y defensa de la vida humana, respaldados en nuestra Constitución Política y el derecho natural de auto-defensa que poseemos todos los seres vivos.
Aunque el Estado cuenta con la potestad soberana de imperio, otorgada por el Pueblo para administrar, controlar, regular y mantener un registro actualizado de las armas existentes en el país y de sus poseedores públicos y privados, todo bajo el marco legal, regulatorio y sancionatorio del estado de derecho, resulta improcedente que el estado pueda auto designarse la atribución de dar en concesión a los ciudadanos bienes que no le pertenecen y que no están bajo dominio público; son propiedad privada de las personas en el ejercicio de su libertad, uso y disposición. Mucho menos puede el Estado pretender concesionar la capacidad y la oportunidad al ciudadano de defender su vida, la de su familia y su patrimonio ante una agresión ilegítima.
El respeto a la libertad de los ciudadanos en su derecho a poseer armas, garantiza el equilibrio Democrático necesario entre los posibles excesos y abusos de poder de sus gobernantes y la potestad del pueblo de mantener el balance y control sobre el estado. Además asegura la posibilidad del pueblo de colaborar en la construcción y solidificación de un país más seguro.
Las recientes declaraciones infundadas por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública van más allá de las atribuciones que razonablemente pueden ejercer los representantes del estado sobre las los ciudadanos libres de este país, al amparo del Artículo 11 de la Constitución Política. Elevamos por esto una protesta enérgica por semejante violación hacia los derechos ciudadanos y exigimos se corrija tal atrocidad. Mejor sería que concentrara sus esfuerzos el Ejecutivo en controlar las armas ilegales, las verdaderas causantes de la violencia armada en el país, y no en erosionar las libertades y derechos de los ciudadanos respetuosos del ordenamiento jurídico imperante. El desarme de la población civil y los poseedores legales de armas permitidas por la Ley 7530 no resuelve en nada el problema de la inseguridad ciudadana.
Lic. David Jiménez Ramírez –
Es preocupante el criterio carente de fundamento recientemente externado por funcionarios públicos en torno al derecho de poseer y portar armas por parte de los ciudadanos costarricenses. Confunden ellos, con aires de malsana oficialidad, entre un derecho y una concesión con el motivo último de confundir a la opinión pública. En su afán de avanzar la política explícita de desarme de la población civil, confunden además entre bienes públicos (calles, parques, plazas y demás espacios públicos) y bienes de dominio privado. Éstos últimos están integrados por objetos, materiales susceptibles de valoración económica e inmaterial como los derechos, también los bienes muebles e inmuebles construidos o adquiridos de manera lícita, con fuentes económicas patrimoniales propias de la persona.
Finalizaba el año y corría para atender asuntos en los tribunales, cuando sorpresivamente alguien me saludó. Como no recordé quién era, éste obeso y pequeño hombre, con aires de sorprendido, acomodándose su mostacho y con fuerte voz, me recordó que habíamos sido compañeros de primaria. Igual, no recordé. No obstante, luego de saludarnos y tratar de hacer memoria, sin mayor preámbulo me preguntó qué había hecho “con mi vida”.
Le conté que ejercía como abogado y, por lo demás, todo bien. Con cara de pocos amigos, y como si no le hubiera gustado que me hubiera dedicado casi toda mi vida a estudiar, me increpó que no se explicaba cómo alguien "perdía el tiempo" en pasarse entre libros si había tanto "negocio en la calle".
No pude decir nada. Sólo pensaba que mi lentes bifocales, mis canas en ciernes, mi corbata que apretaba mi asfixiada garganta y mis "libros" (códigos) que cargaba en mi me pesado bulto, no le significaban nada. Por el contrario se presentó como un próspero comerciante y que si andaba por los pasillos judiciales era porque un "hijo de madre" había osado acusarlo, "injustamente".
Como estudioso de la Psicología, Periodismo y Mercadeo, a través de los años, tengo claro que el condicionamiento que las personas sufrimos, desde nuestro nacimiento y durante toda nuestra vida, es debido, fundamentalmente, al proceso de culturalización.
Como consecuencia de la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la reciente huelga que irresponsablemente decretaron los anestesiólogos y del apoyo que ese movimiento recibió de parte de la Unión Médica Nacional y de de otras organizaciones gremiales del sector salud, así como de una buena parte del personal médico y paramédico de la Institución, se ha hecho evidente para todos, que la Caja del Seguro Social, cuya importancia nadie discute, no puede seguir funcionando bajo los esquemas diseñados hace setenta años por sus fundadores y debe ser reorganizada, para poder garantizarle a los asegurados un servicio ininterrumpido y eficiente, acorde con los nuevos parámetros adoptados actualmente en esta materia por los países más civilizados, en donde la salud pública constituye una prioridad indiscutible.
No pretendemos, desde luego, presentar ni siquiera un esbozo de esa reorganización, pues esto es tarea reservada a médicos salubristas y expertos en Administración, pero como una contribución al problema, permítasenos señalar algunos puntos medulares que consideramos indispensables en cualquier reorganización que llegue a plantearse: 1) Cualquier reorganización debe partir del reconocimiento de que, los megahospitales que actualmente pretende administrar la Caja del Seguro Social, son, en la práctica, instituciones muy complejas, que requieren, para su funcionamiento, de un personal muy numeroso, que organizado en sindicatos, liderados por dirigentes cuyo único norte es el beneficio personal de los agremiados, pueden llegar, como la experiencia lo demuestra, a constituirse, de hecho, en rectores de la Institución imponiéndole sus directrices a los Administradores legalmente nombrados, bajo la amenaza de paralizar los servicios que por ley deben brindarse a los asegurados.
Aunque el artículo 61 de la Constitución Política prohíbe la huelga o el paro en los servicios públicos y el Código de Trabajo establece todo un procedimiento para que los trabajadores puedan decretar una huelga legal, estas disposiciones en la práctica son letra muerta, pues ante una suspensión de labores, por ilegal que sea, los directores de la Institución siempre acaban por doblegarse a las pretensiones de los huelguistas para evitar una catástrofe nacional. 2) Una solución legal al problema consistente en prohibir la existencia de sindicatos en el sector público y la celebración de convenciones colectivas en ese mismo sector, aunque no debe descartarse “a priori”, no podría implementarse a corto plazo, pues involucra reformas constitucionales polémicas, por lo que hay que buscar una solución más práctica e inmediata. 3) Como se ha hecho en otros países que han confrontado el mismo problema al que nos estamos refiriendo,
El Estado ha estimulado a los médicos para que se organicen en clínicas privadas, en donde, bajo tarifas reguladas, se prestan servicios a los asegurados por cuenta del Seguro Social.
Los actuales hospitales, que cuentan con equipo muy sofisticado que no estaría al alcance de las clínicas privadas, pasarían a arrendar ese equipo a los médicos que lo requieran y éstos, a su vez incluirían ese servicio, en sus cuentas. En esta forma se le resta fuerza a los sindicatos; se aleja el fantasma de las huelgas y se garantiza al asegurado un servicio rápido y eficiente, brindándole de paso el derecho a la libre elección del médico o médicos tratantes.
06 de Enero del 2012.
Como consecuencia de la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la reciente huelga que irresponsablemente decretaron los anestesiólogos y del apoyo que ese movimiento recibió de parte de la Unión Médica Nacional y de de otras organizaciones gremiales del sector salud,
Lunes, 16 Enero 2012 10:18
NO DEBEMOS TOLERAR QUE EN NUESTRO PAIS HAYA DISCRIMINACION
Comentarista InvitadoAsí es, en pleno Siglo XXI y aquí en Costa Rica, tuve que recurrir a la Sala Constitucional, para frenar lo que considero es un acto de discriminación.
Como Rector de la Universidad de Ciencias Médicas, UCIMED, presenté una Acción de Inconstitucionalidad contra varios artículos del reglamento suscrito por la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, que regula la especialización de los médicos en los hospitales del Seguro Social.
Este reglamento discrimina a las universidades privadas, pues autoriza el funcionamiento de los posgrados médicos de la Universidad de Costa Rica, pero deja por fuera a los Centros de Educación Superior privados que tienen Facultades de Medicina, es decir, hay una marcada desigualdad entre los médicos graduados de la UCR y los otros.
El artículo 33 de nuestra Constitución Política dice que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. No existe ningún estudio técnico ni legal que establezca por medio de la utilización de parámetros objetivos, que solo la UCR está en capacidad de brindar cursos de posgrado en medicina en las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Más bien, si se eliminara el monopolio en momentos en que existe un importante faltante de especialistas, se beneficiaría a la Caja y al país, pues algunos centros universitarios podrían dedicarse impartir determinadas especialidades, así como ofrecer las que la UCR no imparte en la actualidad.
Tanto la UCR como las Universidades Privadas se encuentran en la misma situación, al ser reconocidas por los órganos estatales competentes como el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), y aún más, la carrera de medicina de UCIMED está re-acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES, igual que la carrera de medicina de la UCR.
Por otro lado, existe una contradicción pues, las mismas universidades que son discriminadas para impartir cursos de posgrado, están habilitadas para impartir cursos de Licenciatura en Medicina y existe además un reglamento emitido por la propia CCSS que regula la actividad clínica docente en los hospitales de la institución.
También he impugnado el convenio entre la UCR y la CCSS por considerar que violenta el principio constitucional que obliga al Estado y a sus instituciones a promover e incentivar la enseñanza privada en todos los niveles, incluido el universitario, ya que impide que los centros privados que imparten la carrera de medicina, incursionen en la prestación de esta actividad académica a nivel de posgrado.
La educación hace rico a un país y en Costa Rica, la educación privada ha solventado un gran problema, porque la educación pública no tiene capacidad para absorber a tantos estudiantes. Dónde estarían ahora los miles de jóvenes que no pudieron ingresar a una Universidad estatal, pero encontraron las puertas abiertas de una privada y ahí pudieron labrar su carrera y forjar su futuro.
He salido a dar la cara por mis alumnos y en general, por todos los estudiantes de medicina de las Universidades Privadas, porque durante más de cuatro años, la UCIMED ha solicitado el espacio en los hospitales de la CCSS para formar especialistas, sin lograrlo, ya que las autoridades de esa institución, se han negado a suscribir un convenio. No puedo tolerar que haya discriminación. Los magistrados de la Sala Constitucional le dieron curso a la Acción de Inconstitucionalidad… ahora esperaremos la resolución.
Dr. Pablo Guzmán Stein
Rector UCIMED
Así es, en pleno Siglo XXI y aquí en Costa Rica, tuve que recurrir a la Sala Constitucional, para frenar lo que considero es un acto de discriminación.
El Banco Popular inauguró un centro de servicios financieros que coloca a la entidad a la vanguardia en innovación y desarrollo tecnológico. La oficina BP Total introduce un nuevo modelo de atención que aprovechará todos los adelantos tecnológicos para que su clientela pueda realizar sus transacciones en un ambiente confortable. Las personas visitantes serán atendidas por cajeros remotos, guías permanentes de orientación; tendrán acceso a información a través de pantallas táctiles, carteles digitales y contarán con servicio de internet inalámbrico.
Hace algunos días tuve ocasión de oírle a Mercedes Sosa su versión de El Otro País. Una canción que hoy día, en un país con 21% de personas en la miseria, nos debe sonar a muchas cosas.
Jueves, 12 Enero 2012 06:35
El paquetazo de impuestos amenaza la Salud y la Producción Nacional
Comentarista Invitado
Tan simple como dice el pueblo, en dos platos, ese paquetazo de impuestos da cabida para que los medicamentos importados estén exentos del impuesto de ventas IVA, mientras que, cuando la industria nacional, cuando importe las materias primas, insumos y empaques para fabricar medicamentos en el país, tenga que pagar el pretendido IVA, encareciendo así su costo de producción y en consecuencia, el precio final de las medicinas.
El proyecto de ley tributario originará un favorecimiento abierto a favor de los medicamentos importados y un perjuicio directo a los medicamentos producidos en el país. ¿Será que el sello “Hecho en Costa Rica” será parte de la Historia de Costa Rica? ¿Será que ni al Gobierno, ni a las fracciones del PLN, ni del PAC, les interesa que los costarricenses tengan acceso a productos farmacéuticos de calidad y a un precio justo?
Este paquete de impuestos le está asestando un duro golpe a la producción nacional de medicamentos. Simplemente ante los efectos de la voracidad fiscal, no se están midiendo las consecuencias negativas, en el tanto se prefiera establecer impuestos de dudoso cobro, al tener que replantearse los empresarios si siguen operando en Costa Rica.
Simplemente al no permitirse a los empresarios costarricenses ser competitivos en su propio país la respuesta a la pregunta anterior pareciera más que obvia. No le interesa. La imposición de barreras arancelarias a la importación de materias primas, como sería con el pretendido IVA, tendrá un efecto muy negativo en la producción nacional pero no así para la importación de productos finales
Todo gracias a una voracidad fiscal descontrolada, careciente de una visión estratégica e integral. La industria farmacéutica nacional ha venido, durante décadas, dando oportunidad laboral a miles de costarricenses, y por ende, colaborando con la Caja Costarricense de Seguro Social, no sólo a través del suministro de medicamentos, sino también por medio del pago de las cuotas obrero-patronales, generando con ello parte del equilibrio que requiere la economía nacional y la seguridad social para su subsistencia.
La industria farmacéutica nacional, como categoría, constituye un sector estratégico para las políticas nacionales del país, ya que su actividad productiva está vinculada a la generación del conocimiento científico, la tecnología, la atención de la salud y la producción de bienes con valor agregado; además como se ha dicho, a la necesidad de incrementar el nivel de salud de la población, al garantizarle el acceso a los medicamentos de calidad y al mejor costo posible, tanto en el mercado privado como en el Institucional.
Hacemos un respetuoso pero vehemente llamado a las y los diputados del Pueblo, a que no permitan que se sacrifique la salud de los costarricenses y la producción nacional, solo para seguir alimentando un déficit fiscal, cuyo origen está dentro del mismo Estado y del cual el pueblo costarricense no tiene que ser el pato de esa fiesta, a la que además nunca ha sido invitado.
Tan simple como dice el pueblo, en dos platos, ese paquetazo de impuestos da cabida para que los medicamentos importados estén exentos del impuesto de ventas IVA, mientras que, cuando la industria nacional, cuando importe las materias primas, insumos y empaques para fabricar medicamentos en el país, tenga que pagar el pretendido IVA, encareciendo así su costo de producción y en consecuencia, el precio final de las medicinas.