El informe sobre la Caja, es rico en señalar tantas situaciones extremas que se han dado y que explican, parcialmente y sólo parcialmente, el por qué de su crisis financiera y de desempeño en la prestación de servicios de salud. El poco tiempo que tuvo la Comisión para producir el estudio más la ausencia en ella de al menos un politólogo, un administrativista público, un abogado y un médico, explica algunas de las debilidades diagnósticas sobre tantas irregularidades de tipo económico-presupuestario y laboral. Es un valioso punto de partida para profundizar más, pues muchas de sus 81 recomendaciones no son viables política, jurídica y organizativamente. No se propuso tampoco, una estrategia de negociación y conducción del muy complejo proceso que sigue. Sobre todo, se asume que la crisis es producto de errores y horrores internos.
No se dilucida, así, si las cosas se dieron por una mala dirección gubernativa –o sea, malas directrices- al no ejercitar el Poder Ejecutivo las competencias dadas en la Constitución Política, en la Ley General de la Administración Pública, en la Ley No. 8131 del 2001 y menos en la Ley No. 5525 de planificación nacional; o, si se dio dicha crisis por excelentes directrices gubernativas que fueron incumplidas por la Junta Directiva, o peor aun, si se dio por ausencia total de dirección, como sabemos que fue. La Caja es un ente instrumental del Gobierno, no soberano como algunos claman.
Tampoco se cuestiona en el Informe, salvo por uno de sus miembros, a la presidencia ejecutiva como un poder administrativo superior que día a día demuestra que la Caja no es autónoma, ya que se trata de un funcionario de total confianza del presidente de turno y de su ministro de la presidencia.
Por otro lado, la propuesta de eliminar la propiedad en “plazas” de jefaturas para llenarlas por concurso público cada cuatro años, es muy riesgosa por un sinnúmero de secuelas negativas para funcionarios en propiedad, sobre todo mientras no se confronte y elimine la figura de presidencia ejecutiva, se recompongan las juntas directivas, se restituya la figura de gerencia general de antes de 1974 y se aplique el régimen de dirección gubernativa sobre tales entes autónomos según la Ley General de la Administración Pública de 1978.
Paralelo a esto, no se reconoce la beligerancia política del funcionario, una de las causas de tanta mediocridad y servilismo que se han enseñoreado en instituciones otrora al servicio de la colectividad. Los partidos mayoritarios han comprometido la probidad del funcionario público desde 1974, a partir de las presidencias ejecutivas y de los comités informales creados para perseguir contrarios políticos, un fenómeno que no se da en las burocracias públicas europeas que tanto admiramos. Nada se resolverá con tantas recomendaciones, si este factor y otros de origen sociopolítico no se confrontan y extirpan de cuajo. Johnny Meoño Segura C.
El informe sobre la Caja, es rico en señalar tantas situaciones extremas que se han dado y que explican, parcialmente y sólo parcialmente, el por qué de su crisis financiera y de desempeño en la prestación de servicios de salud.
El poco tiempo que tuvo la Comisión para producir el estudio más la ausencia en ella de al menos un politólogo, un administrativista público, un abogado y un médico, explica algunas de las debilidades diagnósticas sobre tantas irregularidades de tipo económico-presupuestario y laboral. Es un valioso punto de partida para profundizar más, pues muchas de sus 81 recomendaciones no son viables política, jurídica y organizativamente. No se propuso tampoco, una estrategia de negociación y conducción del muy complejo proceso que sigue. Sobre todo, se asume que la crisis es producto de errores y horrores internos.
No se dilucida, así, si las cosas se dieron por una mala dirección gubernativa –o sea, malas directrices- al no ejercitar el Poder Ejecutivo las competencias dadas en la Constitución Política, en la Ley General de la Administración Pública, en la Ley No. 8131 del 2001 y menos en la Ley No. 5525 de planificación nacional; o, si se dio dicha crisis por excelentes directrices gubernativas que fueron incumplidas por la Junta Directiva, o peor aun, si se dio por ausencia total de dirección, como sabemos que fue. La Caja es un ente instrumental del Gobierno, no soberano como algunos claman.
Tampoco se cuestiona en el Informe, salvo por uno de sus miembros, a la presidencia ejecutiva como un poder administrativo superior que día a día demuestra que la Caja no es autónoma, ya que se trata de un funcionario de total confianza del presidente de turno y de su ministro de la presidencia.
Por otro lado, la propuesta de eliminar la propiedad en “plazas” de jefaturas para llenarlas por concurso público cada cuatro años, es muy riesgosa por un sinnúmero de secuelas negativas para funcionarios en propiedad, sobre todo mientras no se confronte y elimine la figura de presidencia ejecutiva, se recompongan las juntas directivas, se restituya la figura de gerencia general de antes de 1974 y se aplique el régimen de dirección gubernativa sobre tales entes autónomos según la Ley General de la Administración Pública de 1978.
Paralelo a esto, no se reconoce la beligerancia política del funcionario, una de las causas de tanta mediocridad y servilismo que se han enseñoreado en instituciones otrora al servicio de la colectividad. Los partidos mayoritarios han comprometido la probidad del funcionario público desde 1974, a partir de las presidencias ejecutivas y de los comités informales creados para perseguir contrarios políticos, un fenómeno que no se da en las burocracias públicas europeas que tanto admiramos. Nada se resolverá con tantas recomendaciones, si este factor y otros de origen sociopolítico no se confrontan y extirpan de cuajo. Johnny Meoño Segura C.
