El proyecto fiscal, versión 3.0 del mal llamado proyecto de solidaridad tributaria grava los servicios de salud y la educación en un 2%. Estoy en contra, no sólo como diputada libertaria sino como ciudadana costarricense.
El Estado no da abasto; la calidad de la educación pública ha bajado al igual que su infraestructura y en los hospitales se hace literal el dicho de que “no hay cama para tanta gente”. Si tanto la salud como la educación pública tuvieran buena calidad de servicio, la ciudadanía no tendría que acudir al sector privado. Sin embargo, la realidad costarricense es otra.
Para el año pasado, el déficit financiero del gobierno fue de 5,2%. En semejante escenario, ¿cuál sería el costo para el estado de absorber a todos los demandantes de estos servicios que actualmente acuden al sector privado? Con las finanzas del Estado puestas de cabeza, quienes demandan servicios privados le hacen un gran favor al gobierno; un ahorro de muchos millones de colones. Sin embargo el Estado, no cansado con este ahorro, pretende cobrar un impuesto de ventas por estos servicios.
Esta propuesta del gobierno carece de sentido común. Salud y educación no sólo deben de estar exentos del impuesto de ventas sino que deben de ser deducibles del impuesto sobre la renta; a entender, deben de incluirse expresamente en dicha ley en su Artículo 8, sobre gastos deducibles. Al fin y al cabo, es de sentido común que el costarricense tenga el derecho a deducir del pago de sus impuestos los servicios que el Estado, por incompetencia o insuficiencia, no le puede brindar.
Esta diputada ya presentó la moción respectiva en la comisión especial que estudia el plan fiscal versión 3.0 negociado por el nuevo partido político nacido de la unión de Liberación Nacional y Acción Ciudadana que domina hoy el congreso y busca taparle la boca al pueblo.
Desgraciadamente, la moción fue rechazada por siete miembros de los nueve que conforman esa comisión de no especialistas en Materia Tributaria. Parece que en estos días, en temas tributarios, la lógica y el sentido común llevan las de perder.
Patricia Pérez Hegg
Vicepresidente
Asamblea Legislativa
El proyecto fiscal, versión 3.0 del mal llamado proyecto de solidaridad tributaria grava los servicios de salud y la educación en un 2%. Estoy en contra, no sólo como diputada libertaria sino como ciudadana costarricense.
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El Estado no da abasto; la calidad de la educación pública ha bajado al igual que su infraestructura y en los hospitales se hace literal el dicho de que “no hay cama para tanta gente”. Si tanto la salud como la educación pública tuvieran buena calidad de servicio, la ciudadanía no tendría que acudir al sector privado. Sin embargo, la realidad costarricense es otra.
Para el año pasado, el déficit financiero del gobierno fue de 5,2%. En semejante escenario, ¿cuál sería el costo para el estado de absorber a todos los demandantes de estos servicios que actualmente acuden al sector privado? Con las finanzas del Estado puestas de cabeza, quienes demandan servicios privados le hacen un gran favor al gobierno; un ahorro de muchos millones de colones. Sin embargo el Estado, no cansado con este ahorro, pretende cobrar un impuesto de ventas por estos servicios.
Esta propuesta del gobierno carece de sentido común. Salud y educación no sólo deben de estar exentos del impuesto de ventas sino que deben de ser deducibles del impuesto sobre la renta; a entender, deben de incluirse expresamente en dicha ley en su Artículo 8, sobre gastos deducibles. Al fin y al cabo, es de sentido común que el costarricense tenga el derecho a deducir del pago de sus impuestos los servicios que el Estado, por incompetencia o insuficiencia, no le puede brindar.
Esta diputada ya presentó la moción respectiva en la comisión especial que estudia el plan fiscal versión 3.0 negociado por el nuevo partido político nacido de la unión de Liberación Nacional y Acción Ciudadana que domina hoy el congreso y busca taparle la boca al pueblo.
Desgraciadamente, la moción fue rechazada por siete miembros de los nueve que conforman esa comisión de no especialistas en Materia Tributaria.
Parece que en estos días, en temas tributarios, la lógica y el sentido común llevan las de perder.
Patricia Pérez Hegg
Vicepresidente
Asamblea Legislativa
