La huelga de los empleados  de la CCSS nació muerta. Desde su inicio, llena de huecos panfletos,  se sabía su desenlace: cerca de cuatro mil trabajadores de esa Institución fueron embarcados y nunca llegaron a tierra firme.

Hoy estos huelguitas quedaron ahogados con la rebaja de cuatro días de salario, además del desprestigio ante la población. Y eso que toparon con suerte de que, por estar pendiente una acción de inconstitucionalidad  que impedía la declararatoria de ilegalidad de la huelga, no fueron despedidos sin responsabilidad alguna por parte del Estado.

Es más, aquél podría cobrarles el daño social que sus actuaciones causaron y que costó cerca de cuatrocientos millones de colones a la, de por sí, raquítica situación financiera de la CCSS.

Es realmente lamentable que se haya llamado a una huelga que, aunque para sus “dirigentes” su  propósito era  “defender a la Caja”, en realidad su ÚNICO objetivo fue que se desobedeciera un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General de la República y advertido también por la Contraloría General.  El tema en sí, además de inmoral, pues tenía tal propósito, era claramente ilegal y por tanto nunca debió echarse a andar.

Si bien la Constitución Política y el Código de Trabajo reconocen el derecho de  huelga de todo trabajador, lo cierto es que el pronunciamiento, de larga data, de la Procuraduría, no dejaba lugar a dudas sobre su obligado cumplimiento dado que, desde el punto de vista técnico-legal, los montos en dinerario que se reciben por incapacidad  laboral es un subsidio y no es un salario, de modo que así como no puede ser afectado por las cargas sociales tampoco debe ser utilizado para el cálculo de vacaciones, aguinaldo, salario escolar, entre otros derechos laborales.

Ahora, sólo queda que la experiencia de esta nefasta huelga, para todos los asegurados muy traumática, sea el acicate necesario para que, verdaderamente, se defienda a este benemérita Institución, de los abusos que ha sufrido en los 70 años de su creación y continúe siendo ejemplo de un Estado solidario para todo el mundo.

La huelga de los empleados  de la CCSS nació muerta. Desde su inicio, llena de huecos panfletos,  se sabía su desenlace: cerca de cuatro mil trabajadores de esa Institución fueron embarcados y nunca llegaron a tierra firme.

Costa Rica es un país de ríos y montañas. Eso, que es una fortuna tenerla puede, sin embargo, trocarse en una calamidad si no sabemos “con-vivir” en esta geografía pues todos los años se dan los mismos o más fuertes aguaceros que dejan pérdidas irreparables, como vidas humanas y caseríos completos.

La topografía nacional está a la vista: vertientes por doquier que atraviesan entre llanuras, coronadas con montañas, unas más elevadas que otras, pero, en general, en un  país con una topografía irregular, de tierra “movediza”, dada la deforestación galopante en las últimas décadas, que nos dice que hay que ser muy precavidos.

Por eso debemos ser parte, antes que de los problemas, de las soluciones.

Primero: La incultura de botar todo tipo de desechos a los causes de ríos,  acequias y afluentes que abundan en nuestro país pero que, en lugar de servirnos debidamente de ellos, las convertimos en basureros y cloacas a cielo abierto. Eso el río lo devolverá, siempre.

Segundo: Los vecinos a ríos quienes se lo “apropian” y construyen, sobre él, tapias, puentes y hasta casas o habitaciones, “retrete” incluido. Por ello, hablando claro: el río no se mete a las casas; son éstas las que meten a los ríos.

Tercero: El gobierno es un mero administrador de los fondos públicos, o sea dinero de todos los ciudadanos que pagamos impuestos. De modo que para algunos “vivazos” en muy fácil meterse en una “construcción”, en ladera y márgenes de ríos y que el Estado venga en su auxilio, a repartir plata y darles  casa nueva. Ello ya es un negocio redondo para muchos, cada año.

Y lo peor es que luego ni alquilan casa ni salen del mismo sitio, pues, como circulo vicioso, saben que el otro año, “aguantándola un poco”, le darán más y así se convierten en los “clientes” seguros de bonos y otros lucros. La Comisión Nacional de Emergencias lo ha dicho reiteradamente: muchos quienes reciben plata de esta forma, se les hace “vicio”; un “negociazo”.

No es posible seguir con lo mismo, todos los años: alcahueteando  a algunos, quienes, sabiendo de su irresponsabilidad siguen metiéndose en casas, que literalmente cuelgan del peligro, sobre ríos o laderas y que han sido, más que advertidos, del altísimo riesgo, por aquella Comisión.

Y, por último, pero quizá el más importante: la ineficiencia municipal al no detener obras que se estén levantando ¡en sus propias narices! Quienes practican, como deporte, estas “mañas” son bien conocidas por todos en el pueblo, así que no hay pretexto para que las “autoridades” se hagan de la vista gorda.

Esto de “las llenas” significa un platal despilfarrado, cada año, cuando “los mismos” hacen su  agosto y, aunque reconocemos que sí hay familias honradas, que son muchas y necesitan apoyo estatal, lo del gastadero con los que no les pertenece hay que pararlo de una buena vez. Es hora de poner orden en todo esto, con un estricto control de dineros. Por ello, las Autoridades deben parar estos abusos, ¡ya!

Costa Rica es un país de ríos y montañas. Eso, que es una fortuna tenerla puede, sin embargo, trocarse en una calamidad si no sabemos “con-vivir” en esta geografía pues todos los años se dan los mismos o más fuertes aguaceros que dejan pérdidas irreparables, como vidas humanas y caseríos completos.

Se  ha dado la buena noticia de que, por fin, la Asamblea Legislativa nombrará al Magistrado de la Sala Constitucional,  cuyo nombramientos está pendiente desde hace más de un año, por razones varias pero que parecen ceder ante un tema impostergable.

Pues bien, no está de más recordar a los señores diputados algunas acotaciones teóricas, pero con aplicaciones más que prácticas, y que se ventilan siempre con ocasión de tan trascendente decisión.

Una vieja doctrina sobre la función del juez decía que éste debía ser sólo “la boca por la que habla la ley”.

No obstante, ya superada la anterior hace mucho tiempo, las nuevas ideas hablan de que la función judicial como  operadora del sistema jurídico al encarnar, en la figura del juez o magistrado, la delicada función de impartir justicia: piedra angular  en un verdadero Estado de Derecho.

Ello por cuanto el magistrado es un ciudadano, como cualquier otro, con su propia ideología y sistema de valores, aunque sí, obviamente, muy bien formado en materia legal y quien, además, y más importante, debe ser de una estatura moral y ética incuestionable en todo sentido.

Los magistrados son personas que aunque cuentan con virtudes, igual no dejan de tener defectos pero de los cuales no puede obviarse, ni dejarse pasar nunca, estrictamente, que cuente con una  moralidad y una conducta, personal y social, comprobadamente intachable.

En otras palabras, el Magistrado debe ser una  persona, debidamente formada en las ciencias jurídicas, con un sustentado bagaje cultural, con una vida a prueba de todo cuestionamiento ético y que, por su edad, tenga la madurez necesaria para enfrentar los retos de una magistratura judicial.

Para esos nombramientos el referente debería ser quien lo fue en la Sala Segunda, el Dr. Bernardo van der Laat (Q.d.p),  quien fue llamado, en aquella ocasión para que ejerciera  tan alto cargo, sin que hubiera concursado, por ser una hombre de bien, culto, profesional y de conducta intachable; cualidades que deberían servir de “parámetros” en tan delicados nombramientos.

En ese sentido, deben buscarse personas de quienes  se esté seguro que su elección es lo que la Patria merece; ¡ni más ni menos!.

El Poder Judicial se hace efectivo por medio de sus jueces, y éstos sólo estarán sometidos a la Constitución y a las leyes de la República.

El juez imparte “justicia humana” y, como lo afirmó un ilustre jurista nacional, “…el Poder Judicial no sólo es un Poder, sino el más importante de los Poderes”.

Por ello, el costarricense, por medio de sus legales representantes populares, debe velar por preservar este pilar del Estado que, al sostener la democracia, garantiza paz y libertad en una verdadera democracia.

Se  ha dado la buena noticia de que, por fin, la Asamblea Legislativa nombrará al Magistrado de la Sala Constitucional,  cuyo nombramientos está pendiente desde hace más de un año, por razones varias pero que parecen ceder ante un tema impostergable.

Pues bien, no está de más recordar a los señores diputados algunas acotaciones teóricas, pero con aplicaciones más que prácticas, y que se ventilan siempre con ocasión de tan trascendente decisión.

El pasado 2 de marzo, el periódico La Nación inició la publicación de cables secretos del Departamento de Estado Norteamericano, obtenidos por la “organización” Wikileaks, que se asume como fuente periodística,  referidos, específicamente, a Costa Rica, sumándose así a otros medios impresos del mundo que los han publicado, con gran impacto político.

En una nota de presentación (28-2-11) y en una entrevista dada al blog “Fusil de Chispas” (2-3-11), la directora del medio, Yanancy Noguera dijo, en breve, que ese material también es periodismo, aunque se trate de “cables filtrados” por una organización no periodística, pues tienen gran interés público y, además, dijo, la información que se haría pública sería con el “mejor juicio”, siguiendo “…las reglas rigurosas del periodismo, regulares en La Nación”.

Así, la edición de La Nación, del pasado 2 de marzo, recién pasado, abre, como principal y vistoso titular de primera plana: “EE.UU.: Gobierno supo cómo votaría Sala IV sobre TLC”.

Ese mismo título se usa en la noticia publicada, en página 6 A de esa edición.

El pretítulo de aquél dice: “Cables obtenidos por Wikileaks sobre Costa Rica”.

También, de primera plana y del cuerpo de la noticia, son estas dos bajaditas: 1)“Viceministro habría recibido `señales informales` de los magistrados” y 2) “Presidente de la Corte dice que nunca adelantó criterio; Thompson niega cita”

Así, ese título, pretítulo y bajaditas, en buena técnica periodística, son esenciales para darle atractivo e impacto a la nota y, además de “seducirlo”, dirán al lector cuál es la idea central de la noticia, al resumir el hecho noticioso.

Encabezando el cuerpo de la nota hallamos el “lead”, que siendo corto y responder a las 5 W, por sí solo, permite al lector promedio (quienes, con frecuencia sólo leen el título y, quizá, el primer párrafo o lead) saber de qué trata todo el “resto” de la nota, sin leerla completa.

Sin embargo, al analizar esta específica “noticia”, se concluirá que si el lector se quedó con esos pocos elementos, ya se le habrá “vendido” la nota completa. Y aquí está el quid de la cuestión, pues resulta que si es así, realmente es preocupante pues de esa pasajera lectura de la nota completa y su constatación con hechos reales, hay un gran, enorme, trecho.

Así, el impacto y las consecuencias en un  asunto tan delicado para la democracia costarricense, como lo fue el TLC, como “noticia” y donde se pone en entredicho instituciones fundamentales para la sociedad costarricense, como a Poderes estatales y a la Sala Constitucional, incluyendo a sus altos funcionarios, antes peor, produce daños a nuestra institucionalidad.

Lo anterior se concluye a partir de lo siguiente:

1. En estricto sentido, lo “revelado” no es noticia ni, mucho menos, “investigación” a menos que se entienda, como lo dice la directora del medio, que aunque el tema no es de actualidad, “también es noticia eso que la gente convierte en noticia”

2. Del mismo lead de la noticia y demás cuerpo de ella, no existe coherencia alguna con el título pues decir que “gobierno de Arias supo cómo votaría la Sala IV sobre el TLC” es desmentido por la misma nota, pues de lo que trata ésta es del último Proyecto de Ley de Implementación del TLC. Además, hay que recordarlo, ¡y bien!, que el TLC nunca lo aprobó la Asamblea Legislativa y, mucho menos, la Sala Constitucional, sino que fue, por medio de referendum. Entonces, decir que la sala votó el TLC, es falso, de falsedad absoluta.

3. Dicho cable, si bien se refiere a especulaciones (chismes) de un embajador sobre la dinámica en la aprobación de ese proyecto y su consulta a la Sala Constitucional, los actores reales que se ven aludidos por aquél, claramente dicen que no es cierto lo que se afirmó y que pudo ser eso: mera especulación o percepción, como cualquier otra persona pudo haber tenido, por más embajadora que fuera. Pero de ahí a que se tenga una noticia, confirmada y por ende verdadera, lo dicho entre el  título y el cuerpo de la noticia, sólo puede calificarse de sensacionalista y por ello, absolutamente injustificado para un diario como La Nación.

4. Si la periodista, autora de esa nota, hubiera recabado mayor información, en los archivos de la Sala Constitucional, que son públicos e incluso están a disposición en la página del Poder Judicial (www.poder-judicial.go.cr), fácilmente hubiera constatado que, primero, la Sala Constitucional NUNCA votó el TLC de referencia, y, segundo,  que de las leyes para su implementación, ese órgano jurisdiccional conoció 19 expedientes y emitió 24 votos judiciales.

5. Si bien, como lo dice la directora, justificando las publicación de los cables de  WikiLeaks “…La información y el libre pensamiento fortalecen la democracia”, lo cierto es que las fallas en la presentación de esta “noticia”, antes que lograr tan sano propósito, lo desmerece, por lo que hay que tener mucha prudencia al dar a conocer “cables” sobre “impresiones” que tengan los diplomáticos de turno de la embajada de los EE.UU, u otros países, sobre asuntos tan delicados como el indicado. WikiLeaks será una fuente más, pero debería ser tomada “ a beneficio de inventario”, por desconfiables, pues roza con el mero chisme y por tanto sólo debería usarse si es verificable, si no se quiere causar daños irreparables, por siempre.

6. Para concluir, es insoslayable relacionar lo dicho con el tema de la ética periodística (y el Código del COLPER, en la materia) y el rol del periodista, cuya misión no es tomar lo que se le entrega y publicarlo, sin antes confirmar la información con fuentes verificadas y verificables (off the record). Lo contrario sería que el  objetivo sea “… que la víctima acuse el golpe en medio del maremoto de información –una de las infotácticas a las que se refería Alvin Toffler-, para que la opinión pública rumbeé hacia el objetivo como las vacas que van mansamente por el pasillo de madera hasta que alguien les asesta el golpe mortal”. (Rubén Levenberg). O, como bien lo dijo una magistrada costarricense (Ana V. Calzada, 6-6-10 LN), la libertad de prensa no puede definirse como “como mecanismo para manipular o desinformar a las personas o las masas, objetivo que sería tan contrario para los fines de la democracia, como la censura misma…”

7. Por ello, esos cables, por su morbo, podrán vender y mucho pero las instituciones públicas y la honra de sus funcionarios, no tiene precio y el periodismo debe volver a la senda de la seriedad y altura que ha distinguido a esa diario, por algo el de mayor prestigio nacional...

El pasado 2 de marzo, el periódico La Nación inició la publicación de cables secretos del Departamento de Estado Norteamericano, obtenidos por la “organización” Wikileaks, que se asume como fuente periodística,  referidos, específicamente, a Costa Rica, sumándose así a otros medios impresos del mundo que los han publicado, con gran impacto político.

Como otras ciudades que carecen de vías de transporte que faciliten, con fluidez, el acceso al gran área metropolitana, Alajuela es la que más carestía tiene de una ruta nacional, óptima.

La carretera General Cañas, y no por la transitoria restricción que hay por la reconstrucción del puente sobre el río El Virilla, el congestionamiento en esa vía ha sido de todos los días, desde hace muchísimos años.

Desde que esta “pista” fue abierta, hace casi 50 años, en 1965, y que lleva el nombre de uno de los grandes patriotas nacionales, el General Cañas, el aumento vehicular fue en aumento de más del 100%, siendo hoy una de las rutas más utilizadas pero, por ello, más “embotelladas” del país.

Costa Rica tiene un déficit de infraestructura vial que por mucho rebasa el presupuesto en ese rubro, que alcanza los 200 millones de dólares.

Las soluciones a este gravísimo problema van al paso de tortuga y no todas las alternativas, como la ampliación de ruta por Heredia, son la solución.

La gente, en un altísimo promedio ha pasado de usar el transporte público, ante sus pésimas condiciones, incluida la falta de seguridad, y prefieren utilizar sus vehículos pero eso ha agravado más el desastre en las comunicaciones terrestres.

En promedio de diez vehículos, 9 los usan una sola persona, lo que, además del gasto de combustible, llena las calles al punto del colapso.

La solución de contar con un tren, eficiente, a toda hora, que cruce todo el valle central, es como un cuento chino y marcha tan lentamente que, con costo, ha logrado reactivarse en pequeños tramos.

Por su parte la Alcaldía de San José se ha propuesto el tranvía de extremo a extremo de la capital, pero eso es un paliativo mínimo para la magnitud del verdadero problema.

El tren aéreo, que recorra, encimado a las “autopistas” nacionales, cuesta un dineral y no se le ve futuro inmediato. La construcción de un metro, que una a todas las ciudades de este pequeño país es un sueño de Macondo.

Lo que es un poco, pero sólo un poco, más factible es el tren pero, como se dijo, este marcha tan lento que será difícil que, en este entramado burocrático, acabe por ser una alternativa real al transporte público.

Por ello, y con motivo de la experiencia del cierre temporal de la General Cañas, por los trabajos en el puente en El Virilla, ojalá a las autoridades del MOPT se les ocurra mantener la vía preferencial de autobuses, mejor demarcado y con severas sanciones ante su incumplimiento, de modo que la gente por fin vea que se llega muchísimo más rápido en bus a la capital que en su propio carro.

A ello habría que sumar mejores autobuses, nuevos, con choferes eficientes y debidamente capacitados, para dar un servicio de primera calidad pues si se continúan usando  las “bacinillas” de hoy, poco atractivo será su uso y continuarán las presas siendo parte del paisaje interurbano.

Como otras ciudades que carecen de vías de transporte que faciliten, con fluidez, el acceso al gran área metropolitana, Alajuela es la que más carestía tiene de una ruta nacional, óptima.

La carretera General Cañas, y no por la transitoria restricción que hay por la reconstrucción del puente sobre el río El Virilla, el congestionamiento en esa vía ha sido de todos los días, desde hace muchísimos años.

Para 1821, San José contaba con 500 casas y unos 2000 mil habitantes. Su aspecto de era de un pequeño pueblo, “... Con calles estrechas, dispuestas en cruz, techos de tejas coloradas…astas de banderas, uno que otro campanario, y sobre todo, relucientes penachos de verde follaje que brotaban por los tejados rojos, aquí y allá, arriba y abajo, por todas partes. Dos limpios y cristalinos riachuelos eran los límites naturales de la ciudad”. (Guier, Jorge Enrique).

Los edificios más importantes de la ciudad eran las iglesias y los que albergaban las oficinas de gobierno, eran muy maltrechos. La Corte funcionó en una casa de adobe, encalado, piso ladrillo, de grandes ventanales y, en su vientre nacía el Poder Judicial

La pobreza e indecisión del costarricense ni impidió que se pensara en la estructura de su Estado. Así, en el pacto de Concordia de 1821, se decidió construirlo sobre los pilares, propios de un estado moderno y que el Poder Judicial, siendo el llamado a hacer justicia no podía estar en manos de la misma Junta de Gobierno. Por ello se dispuso en esa primera Carta Magna que los jueces constitucionales "administren pronta y rectamente justicia conforme a la constitución española y las leyes existentes...sin lesión ni atraso en la administración de justicia”.

En 1824, por vez primera se expresa el “supremo poder del estado estará siempre divido en legislativo, ejecutivo y judicial”; ésta  última a cargo de la “Corte Superior de Justicia”, integrada por un Presidente, un Fiscal y tres Ministros con sus suplentes.

La Corte por fin fue instalada el 1 de octubre de 1826 en sesión solemne de Asamblea Constitucional "...bajo los auspicios y protección de María Santícsima (sic) de la Concepción".

El “ Reglamento Interior de la Corte Superior de Justicia", de 1826, ordenó que los jueces "debían asistir a la sala vestidos de negro, debiendo permanecer prestando toda su atención a los negocios que vean sin interrumpir al secretario en el ejercicio de sus funciones”.

De las muchas formas como se le ha llamado a la Corte Suprema de Justicia, ésta no ha cesado de cuestionarse su estructura y organización: nuevos reglamentos internos de la Corte, leyes orgánicas, leyes procesales y sustantivas; reflejo de una preocupación del costarricense que se expresa en todas nuestras Constituciones Políticas, hasta la de hoy, de 1949.

El sistema judicial costarricense es siempre cambiante a las épocas y si echamos un vistazo al siglo XIX y XX, el Estado costarricense pronto organizó claramente los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero el Judicial ha sido siempre cambiante y debe serlo pues el Derecho y a la Justicia son asuntos muy delicadas y tenues en contraste “a la meridianidad de la política y a la facilidad d ejecución de obras”. (Guier)

Se ha sostenido que la evolución de las instituciones jurídicas y en particular, la de la administración judicial, sólo resulta comprensible dentro del marco cultural y axiológico nacional, por lo que cambio responderá a valoraciones de gobernantes y juristas  que encarnando el alma nacional, visualizan “proféticamente” las transformaciones (Oliver W  Holmes).

Por ello, para todos los costarricenses es una dicha vivir  este país, donde tendremos la seguridad de que las diferencias humanas no se resolverán con la fuerza de las armas sino por la existencia de un Poder Judicial, garante del mantenimiento del Estado de Derecho.

Para 1821, San José contaba con 500 casas y unos 2000 mil habitantes. Su aspecto de era de un pequeño pueblo, “... Con calles estrechas, dispuestas en cruz, techos de tejas coloradas…astas de banderas, uno que otro campanario, y sobre todo, relucientes penachos de verde follaje que brotaban por los tejados rojos, aquí y allá, arriba y abajo, por todas partes. Dos limpios y cristalinos riachuelos eran los límites naturales de la ciudad”. (Guier, Jorge Enrique).

Desde su independencia, en 1821, Nicaragua más que un país o una verdadera república, con todo y que se ha dado por llamársele así, no ha sido sino una gran hacienda, o finca, de administración medieval, que ha estado en manos de unos cuantos, que como gamonales, hacen y deshacen a su antojo.

Desde Manuel de la Cerda, su primer “jefe de estado” o “Supremo Director” como le llamó su primera Constitución, pasando por Fruto Chamorro, su primer presidente, hasta llegar a la larga dictadura de los Somoza y luego la de los sandinistas, con pasantías “dinásticas” liberales que no hicieron más que consolidar la corrupción, para volver a manos del actual usufructuario, Daniel Ortega, Nicaragua no ha dado visos de constituirse en una verdadera República y, mucho menos, ser un Estado Democrático de Derecho.

En otras palabras, lo que Costa Rica tiene como vecino al norte es una enorme finca, con señores feudales y “una peonada”, a la que llaman pueblo y que son, por esa misma condición, como en el medioevo, son siervos obligados a seguir las órdenes del gran hacendado Ortega, que, como lo fue Somoza,  se cree dueño y señor de almas, bienes y honras. Eso, y nada más, es y ha sido Nicaragua desde su independencia, en su rica extensión territorial.

Ya lo dijo Somoza García, durante su terrorífica dictadura, cuando se le preguntó acerca de sus muchas fincas y posesiones: "¡que yo sepa sólo tengo una finca y se llama Nicaragua!".

Si contamos largos períodos, después de su independencia en Nicaragua no pararon las cruentas guerras civiles entre liberales y conservadores; 15 años a cargo de “Supremos Directores”; “30 años conservadores”, el turbulento gobierno de José Santos Zelaya; la época de Sacasa, con un destino “epopéyico”; el crimen de Cesar Augusto Sandino y la ascensión al poder de Anastacio Somoza García, iniciador de la “dinastía”, que se mantuvo en el poder 43 años, hasta 1979, cuando triunfa la revolución sandinista, y, salvo algunos años de aparente calma, en que asumieron meros “administradores de la finca” ( Violeta Chamorro, el corrupto convicto Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños), 17 años después retoma y retorna al poder, en votaciones arregladas, el actual gamonal Daniel Ortega, esta vez dispuesto a quedarse por siempre y que ha hecho de la tal revolución su versión bolivariana, para gusto de su mentor Hugo Chávez, con lo que no sólo ha vuelto a sus piñatas internas sino que ahora, muy gallito, ante el apoyo del “imperialismo chavista”,• se las da de invasor, desconociendo toda institución jurídica, incluidos tratados internacionales cuando no son a su medida.

La invasión a isla Calero, en territorio costarricense, ordenada por Ortega no es sino propio de quien se cree dueño de una gran finca, como Nicaragua, y que, a hurtadillas y en complicidad con quien fuera su enemigo, hoy aliado y testaferro, Edén Pastora, se atreven a tal despreciable acto, pues para ellos es como correr la cerca de púas de “su” finca y decir, como sus antecesores somocistas: ¡De mi parte y la del cura que la misa sea a oscuras!

No será sino hasta que los mismos nicaragüenses hagan conciencia del tremendo error que cometieron al sentar de nuevo en la poltrona gubernativa a un usurpador de tierras, incluso de aquellas que están más allá de lo que considera su “finca”, que quizá acabe la diáspora de un pueblo que merece, ya, ser gobernado por un verdadero demócrata, que los saque del aislamiento, el hambre, la inseguridad endémica, la violencia y la brutalidad, con guerras e invasiones constantes y epidemias apocalípticas y que así como pusieron fin a  la dictadura somocista, sepan qué hacer con Ortega y “la Rosarito”.

¡También los ticos queremos que se acabe tanta rabia!

Desde su independencia, en 1821, Nicaragua más que un país o una verdadera república, con todo y que se ha dado por llamársele así, no ha sido sino una gran hacienda, o finca, de administración medieval, que ha estado en manos de unos cuantos, que como gamonales, hacen y deshacen a su antojo.