Un Poder Judicial Dinámico

La Constitución Política dice claramente que el  Gobierno de la República lo ejercen tres Poderes “...distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial....”.

Por ello todo intento de meterse un Poder en otro está fuera de un Estado de Derecho, como del que nos ufanamos los costarricenses.

Claro está, no se niega que los Poderes del Estado deben  rendir cuentas al pueblo, por medio de sus representantes, los señores diputados y éstos y todos los ciudadanos debemos vigilar para que tanto unos como otros cumplan con sus funciones constitucionales, lográndose el equilibrio de “pesos y contrapesos” entre sí.

En lo que corresponde al Poder Judicial, entonces,  debe permitírsele ejercer con total independencia porque su dinamismo es constante.

Ya lo dijo un ilustre jurista costarricense, D Jorge Guier: “... el sistema judicial costarricense se muestra siempre cambiante a las épocas; son muchas las reformas que ha tenido y las que se han dado y vendrán en estos últimos tiempos, lo que reafirma lo dicho: la estructura y organización del Poder Judicial debe cambiar en forma constante para estar acorde con los cambios políticos, sociales, económicos y culturales del país...”

El estado costarricense, desde su independencia, supo rápidamente organizar el Ejecutivo y el Legislativo, pero el Judicial fue un problema tras otro, equivocaciones y retrocesos, y todavía puede verse que al inicio del nuevo siglo se hacen esfuerzos para organizar y hacer mejoras en su funcionamiento.

Ello se debe a que el derecho y la justicia, como los lados de una misma moneda, son cuestiones muy delicadas, en las que entran en juego la vida, propiedad y honra de los ciudadanos, muy diferente a la meridianidad de la política. La función judicial es más cercana a la paz que se busca por medio de la aplicación que hacen los jueces de la Constitución y las leyes y ello se debe resguardar con recelo.

Por ello, antes que cuestionamientos que sólo entraben a este Poder de la República, debe conjuntarse esfuerzos porque su día a día se le haga más llevadero y sepa, él mismo, hacer los ajustes internos que necesita una justicia pronta y cumplida, como la que exige la Constitución Política y demás normativa del ordenamiento jurídico público.

La Constitución Política dice claramente que el  Gobierno de la República lo ejercen tres Poderes “...distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial....”.

Por ello todo intento de meterse un Poder en otro está fuera de un Estado de Derecho, como del que nos ufanamos los costarricenses.

En algún momento de la vida de las personas existe la posibilidad de que ésta haya sido o pueda ser víctima de una acción delictiva.

Pues bien, con la legislación procesal penal la posibilidad de intervención de aquélla en la respectiva causa judicial es activa, si así lo desea, desde el inicio.

Ello incluye, entre otros aspectos, la posibilidad de poner en movimiento la acción pública así como pretender la reparación del daño causado con el ilícito; el derecho de ser informada sobre sus derechos, coadyuvar o recurrir las decisiones del fiscal, participar como testigo, así como intervenir activamente en las diferentes formas anticipadas de terminar el proceso. Además en lo que respecta a la acción privada para ciertos delitos se amplía la gama de los que se encausarán de esta forma.

Igualmente, el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, debe permitir la intervención de la víctima en el proceso, por medio de la acción privada o con la intervención de dicho órgano en los casos de acción pública.

Es importante recalcar que lo que se pretende en esta legislación procesal penal es que la víctima tenga derechos durante el proceso y ello se da a partir de que, en condición de sujeto procesal, puede por sí o por medio de un abogado hacerse oír. Y en el ejercicio de esos derechos  el Ministerio Público debe informarle, efectivamente, sobre sus derechos, como el de señalar lugar para atender notificaciones de resoluciones judiciales que afectan el proceso; el de impugnar las decisiones que desestimen o extingan la acción penal, la potestad de constituirse  como querellante activo o adhesivo de la fiscalía y el de ejercer la acción civil resarcitoria o delegarla en el Ente Acusador.

El Código procesal penal estipula que se considera víctima no solamente al ofendido directamente con el delito sino también al cónyuge, conviviente con más de dos años de vida en común, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo

de afinidad y al heredero declarado judicialmente en los casos de delitos cuyo resultado es la muerte del ofendido. También se tienen como ofendidos a los socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, así como a las asociaciones, fundaciones u otros entes en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos.

También se creó la Oficina de Defensa Civil que pretende, en el caso de que la víctima delegue la acción civil en el Ministerio Público, que ella obtenga una pronta y efectiva reparación del daño, aun cuando el proceso termine antes de lo normal o por medio de conciliación.

Sin duda alguna la visibilización de la víctima  es una de los más importantes logros del Código Procesal Penal pues le da a ella una real y efectiva legitimación en el proceso, pudiendo hacer valer sus derechos, venidos tan a menos en la anterior legislación.

En algún momento de la vida de las personas existe la posibilidad de que ésta haya sido o pueda ser víctima de una acción delictiva.

Pues bien, con la legislación procesal penal la posibilidad de intervención de aquélla en la respectiva causa judicial es activa, si así lo desea, desde el inicio.

Al recordarse la gesta heroica del alajuelense Juan Santamaría, hace 154 años y aprovechando la conmemoración que se hace de la “Campaña Nacional de 1856”, valga un hecho de tanta relevancia para hacer conciencia de la gran dicha que da ser costarricenses.

Sabemos que la historia como pasado no tendría sentido sino nos sirve como soporte para entender el presente y enrumbarnos al futuro.

Recordemos a los héroes de esa gesta nacional,  así como a los cientos de costarricenses y de otras nacionalidades que murieron por defender la soberanía y la dignidad nacionales.

Particularmente, como alajuelense, de pura sepa, con mis coterráneos, con orgullo, recordaremos y celebramos al tamborcillo alajuelense que dio su vida y con ello contribuyó a la caída de William Walker y demás filibusteros, cuyas intenciones malévolas eran hacer suyas estas benditas tierras de Centroamérica.

Recordemos a los héroes del 56-57; a todos: Don Juan Mora Porras, don José María Cañas, don Luis Pacheco Bertora, el nicaragüense don Joaquín Rosales; al Erizo, don Juan Santamaría y el resto de 500 costarricenses que murieron por la Patria de a callado, sin hacer ruidos de autobombo.

Por eso, después de 154 años, la Patria continúa siendo protegida por otros tantos héroes, otros muchos “Juanes”, que habrán de terminar de quemar la casucha de la ignorancia y la sempiterna politiquería que, antes bien, nos ha esclavizado en el subdesarrollo material y espiritual hasta la fecha, no obstante la dura batalla de Rivas.

Juan Santamaría merece respeto pues, desde su humildad, representa a un pueblo que supo defender La Patria; con lo que engrandeció a cada costarricense e hizo posible que la democracia que hoy nos ufanamos en tener, sea ejemplo en todo el mundo civilizado.

Por ello a un solo coro, junto al tamborcillo alajuelense recordemos una estrofa de su Himno patriótico: “…Cantemos al héroe que en Rivas,

pujante,-/-de-Marte-desprecia-el-fiero-crujir/-e, intrépido, alzando su tea fulgurante/ Vuela por la patria, sonriendo, a morir…”

Al recordarse la gesta heroica del alajuelense Juan Santamaría, hace 154 años y aprovechando la conmemoración que se hace de la “Campaña Nacional de 1856”, valga un hecho de tanta relevancia para hacer conciencia de la gran dicha que da ser costarricenses.

Hay muchísima preocupación por lo que está sucediendo hoy: la masacre callejera, sin asco de nadie ni de nada. Nos matamos en las calles con un arma tan potente como el carro; nos matan a nuestros hijos por una bagatela, sea un celular o unas tenis… Entran a nuestro sagrado recinto privado y antes de robar, violan, matan y hacen añicos la vida de muchos que sólo deseaban vivir en paz…

Ya no hay lugar seguro donde refugiarnos; no hay murallas, tapias, alambres de navajas o eléctricas; no hay obstáculo para que los malhechores –que son legiones- desistan de atacar.

Hay, en todo lugar, un alto grado de impotencia para repeler la ola de vandalismo que azota al país por lo que sólo  queda pegar el grito al cielo porque se tomen medidas efectivas, ante tal calamidad pública que aterroriza y causa angustia y desolación colectiva que deprime, reprime y suprime a mayoría de los ticos.

¿Cómo consolar a una madre a quien le mataron, por un piche celular, a su joven hijo? ¿qué se puede hacer ante tan doloroso hecho?. Sólo se escucha el lamento y rabia de un pueblo contra quienes llevan el luto a sus hogares.

El sólo atreverse a “adivinar” cuál o cuáles son las causas de esta inseguridad es como explicar el origen del universo. ¿Qué causa la inseguridad ciudadana?: ¿la pobreza?, ¿las drogas?,  ¿el “sistema” – judicial o administrativo-¿, ¿la vagancia?, ¿la falta de autoridad? Y así un largo etcétera

Todo son discursos, proyectos de ley, tirar, a puños, la plata de todos, por puro populismo para ver si se da con la causa en la pobreza o en la falta de educación. De todo se intenta pero hay que ser realista: sin un abordaje integral jamás se bajarán los niveles de la inseguridad ciudadana, que, por cierto, no es un asunto de percepción; es una realidad que golpea y mata.

De seguro el tema estrella en las pasadas elecciones fue éste  y la presidente electa tiene un excelente equipo para llevar adelante sus propuestas. Pero sus proyectos serán “flor de un día” sin la “integración” en la solución. ¿Más cárceles?, ¿ penas más altas?, ¿prisión preventiva “genérica”?, entre otras fuertes “medidas”. No sé y creo que pasara un largo tiempo para saberlo, si es que alguien logra llegarle a la “solución definitiva”.

Algunos achacan la rampante delincuencia, como  percepción, a los medios de comunicación colectiva.

Eso no es cierto. Los noticieros no inventan los hechos de violencia que se multiplican cada día. En Costa Rica los sucesos por  muertes violentas en las carreteras, el sicariato, la violencia doméstica, las matanzas “colectivas” por drogas, la violencia en colegios, donde agredir a un compañero o a un profesor es algo ya cotidiano: todo ello no es invento ni de la TV ni de la prensa. ¡No! Simple y desdichadamente es la más cruel realidad que vivimos todos los días y a todo color.

Hoy no hay muchos casos de hogares donde no haya habido, AÚN, un hecho de sangre, por violencia. Ni tampoco hay diferenciación por estratos sociales.

Y aunque Costa Rica todavía no tiene el problema de las “maras”,

-sólo en asomos-, todos los días las pantallas de la TV, el dial de las radios y las planas de los periódicos salpican sangre.

Esa, y no otra, es la cruel realidad de una Costa Rica que lenta camina al compás del DUELO DE LA PATRIA.

Hay muchísima preocupación por lo que está sucediendo hoy: la masacre callejera, sin asco de nadie ni de nada. Nos matamos en las calles con un arma tan potente como el carro; nos matan a nuestros hijos por una bagatela, sea un celular o unas tenis… Entran a nuestro sagrado recinto privado y antes de robar, violan, matan y hacen añicos la vida de muchos que sólo deseaban vivir en paz…