Un Poder Judicial Dinámico
La Constitución Política dice claramente que el Gobierno de la República lo ejercen tres Poderes “...distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial....”.
Por ello todo intento de meterse un Poder en otro está fuera de un Estado de Derecho, como del que nos ufanamos los costarricenses.
Claro está, no se niega que los Poderes del Estado deben rendir cuentas al pueblo, por medio de sus representantes, los señores diputados y éstos y todos los ciudadanos debemos vigilar para que tanto unos como otros cumplan con sus funciones constitucionales, lográndose el equilibrio de “pesos y contrapesos” entre sí.
En lo que corresponde al Poder Judicial, entonces, debe permitírsele ejercer con total independencia porque su dinamismo es constante.
Ya lo dijo un ilustre jurista costarricense, D Jorge Guier: “... el sistema judicial costarricense se muestra siempre cambiante a las épocas; son muchas las reformas que ha tenido y las que se han dado y vendrán en estos últimos tiempos, lo que reafirma lo dicho: la estructura y organización del Poder Judicial debe cambiar en forma constante para estar acorde con los cambios políticos, sociales, económicos y culturales del país...”
El estado costarricense, desde su independencia, supo rápidamente organizar el Ejecutivo y el Legislativo, pero el Judicial fue un problema tras otro, equivocaciones y retrocesos, y todavía puede verse que al inicio del nuevo siglo se hacen esfuerzos para organizar y hacer mejoras en su funcionamiento.
Ello se debe a que el derecho y la justicia, como los lados de una misma moneda, son cuestiones muy delicadas, en las que entran en juego la vida, propiedad y honra de los ciudadanos, muy diferente a la meridianidad de la política. La función judicial es más cercana a la paz que se busca por medio de la aplicación que hacen los jueces de la Constitución y las leyes y ello se debe resguardar con recelo.
Por ello, antes que cuestionamientos que sólo entraben a este Poder de la República, debe conjuntarse esfuerzos porque su día a día se le haga más llevadero y sepa, él mismo, hacer los ajustes internos que necesita una justicia pronta y cumplida, como la que exige la Constitución Política y demás normativa del ordenamiento jurídico público.
La Constitución Política dice claramente que el Gobierno de la República lo ejercen tres Poderes “...distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial....”.
Por ello todo intento de meterse un Poder en otro está fuera de un Estado de Derecho, como del que nos ufanamos los costarricenses.
Claro está, no se niega que los Poderes del Estado deben rendir cuentas al pueblo, por medio de sus representantes, los señores diputados y éstos y todos los ciudadanos debemos vigilar para que tanto unos como otros cumplan con sus funciones constitucionales, lográndose el equilibrio de “pesos y contrapesos” entre sí.
En lo que corresponde al Poder Judicial, entonces, debe permitírsele ejercer con total independencia porque su dinamismo es constante.
Ya lo dijo un ilustre jurista costarricense, D Jorge Guier: “... el sistema judicial costarricense se muestra siempre cambiante a las épocas; son muchas las reformas que ha tenido y las que se han dado y vendrán en estos últimos tiempos, lo que reafirma lo dicho: la estructura y organización del Poder Judicial debe cambiar en forma constante para estar acorde con los cambios políticos, sociales, económicos y culturales del país...”
El estado costarricense, desde su independencia, supo rápidamente organizar el Ejecutivo y el Legislativo, pero el Judicial fue un problema tras otro, equivocaciones y retrocesos, y todavía puede verse que al inicio del nuevo siglo se hacen esfuerzos para organizar y hacer mejoras en su funcionamiento.
Ello se debe a que el derecho y la justicia, como los lados de una misma moneda, son cuestiones muy delicadas, en las que entran en juego la vida, propiedad y honra de los ciudadanos, muy diferente a la meridianidad de la política. La función judicial es más cercana a la paz que se busca por medio de la aplicación que hacen los jueces de la Constitución y las leyes y ello se debe resguardar con recelo.
Por ello, antes que cuestionamientos que sólo entraben a este Poder de la República, debe conjuntarse esfuerzos porque su día a día se le haga más llevadero y sepa, él mismo, hacer los ajustes internos que necesita una justicia pronta y cumplida, como la que exige la Constitución Política y demás normativa del ordenamiento jurídico público.
