Se ha dado la buena noticia de que, por fin, la Asamblea Legislativa nombrará al Magistrado de la Sala Constitucional, cuyo nombramientos está pendiente desde hace más de un año, por razones varias pero que parecen ceder ante un tema impostergable.
Pues bien, no está de más recordar a los señores diputados algunas acotaciones teóricas, pero con aplicaciones más que prácticas, y que se ventilan siempre con ocasión de tan trascendente decisión.
Una vieja doctrina sobre la función del juez decía que éste debía ser sólo “la boca por la que habla la ley”.
No obstante, ya superada la anterior hace mucho tiempo, las nuevas ideas hablan de que la función judicial como operadora del sistema jurídico al encarnar, en la figura del juez o magistrado, la delicada función de impartir justicia: piedra angular en un verdadero Estado de Derecho.
Ello por cuanto el magistrado es un ciudadano, como cualquier otro, con su propia ideología y sistema de valores, aunque sí, obviamente, muy bien formado en materia legal y quien, además, y más importante, debe ser de una estatura moral y ética incuestionable en todo sentido.
Los magistrados son personas que aunque cuentan con virtudes, igual no dejan de tener defectos pero de los cuales no puede obviarse, ni dejarse pasar nunca, estrictamente, que cuente con una moralidad y una conducta, personal y social, comprobadamente intachable.
En otras palabras, el Magistrado debe ser una persona, debidamente formada en las ciencias jurídicas, con un sustentado bagaje cultural, con una vida a prueba de todo cuestionamiento ético y que, por su edad, tenga la madurez necesaria para enfrentar los retos de una magistratura judicial.
Para esos nombramientos el referente debería ser quien lo fue en la Sala Segunda, el Dr. Bernardo van der Laat (Q.d.p), quien fue llamado, en aquella ocasión para que ejerciera tan alto cargo, sin que hubiera concursado, por ser una hombre de bien, culto, profesional y de conducta intachable; cualidades que deberían servir de “parámetros” en tan delicados nombramientos.
En ese sentido, deben buscarse personas de quienes se esté seguro que su elección es lo que la Patria merece; ¡ni más ni menos!.
El Poder Judicial se hace efectivo por medio de sus jueces, y éstos sólo estarán sometidos a la Constitución y a las leyes de la República.
El juez imparte “justicia humana” y, como lo afirmó un ilustre jurista nacional, “…el Poder Judicial no sólo es un Poder, sino el más importante de los Poderes”.
Por ello, el costarricense, por medio de sus legales representantes populares, debe velar por preservar este pilar del Estado que, al sostener la democracia, garantiza paz y libertad en una verdadera democracia.
Se ha dado la buena noticia de que, por fin, la Asamblea Legislativa nombrará al Magistrado de la Sala Constitucional, cuyo nombramientos está pendiente desde hace más de un año, por razones varias pero que parecen ceder ante un tema impostergable.
Pues bien, no está de más recordar a los señores diputados algunas acotaciones teóricas, pero con aplicaciones más que prácticas, y que se ventilan siempre con ocasión de tan trascendente decisión.
Una vieja doctrina sobre la función del juez decía que éste debía ser sólo “la boca por la que habla la ley”.
No obstante, ya superada la anterior hace mucho tiempo, las nuevas ideas hablan de que la función judicial como operadora del sistema jurídico al encarnar, en la figura del juez o magistrado, la delicada función de impartir justicia: piedra angular en un verdadero Estado de Derecho.
Ello por cuanto el magistrado es un ciudadano, como cualquier otro, con su propia ideología y sistema de valores, aunque sí, obviamente, muy bien formado en materia legal y quien, además, y más importante, debe ser de una estatura moral y ética incuestionable en todo sentido.
Los magistrados son personas que aunque cuentan con virtudes, igual no dejan de tener defectos pero de los cuales no puede obviarse, ni dejarse pasar nunca, estrictamente, que cuente con una moralidad y una conducta, personal y social, comprobadamente intachable.
En otras palabras, el Magistrado debe ser una persona, debidamente formada en las ciencias jurídicas, con un sustentado bagaje cultural, con una vida a prueba de todo cuestionamiento ético y que, por su edad, tenga la madurez necesaria para enfrentar los retos de una magistratura judicial.
Para esos nombramientos el referente debería ser quien lo fue en la Sala Segunda, el Dr. Bernardo van der Laat (Q.d.p), quien fue llamado, en aquella ocasión para que ejerciera tan alto cargo, sin que hubiera concursado, por ser una hombre de bien, culto, profesional y de conducta intachable; cualidades que deberían servir de “parámetros” en tan delicados nombramientos.
En ese sentido, deben buscarse personas de quienes se esté seguro que su elección es lo que la Patria merece; ¡ni más ni menos!.
El Poder Judicial se hace efectivo por medio de sus jueces, y éstos sólo estarán sometidos a la Constitución y a las leyes de la República.
El juez imparte “justicia humana” y, como lo afirmó un ilustre jurista nacional, “…el Poder Judicial no sólo es un Poder, sino el más importante de los Poderes”.
Por ello, el costarricense, por medio de sus legales representantes populares, debe velar por preservar este pilar del Estado que, al sostener la democracia, garantiza paz y libertad en una verdadera democracia.
