El pasado 12 de enero, en declaraciones al Diario La Extra, el Ministro de Seguridad Pública, Don Mario Zamora, presentó una más en una serie de irreflexivas medidas para controlar aún más las armas permitidas en el país. Bajo el tenue argumento de “velar por la seguridad nacional”, la veda propuesta impediría que ciudadanos responsables y facultados legalmente para portar armas lo hicieran durante eventos públicos, como las tradicionales fiestas de Zapote y los festejos populares de Palmares.

El lector casual bien podría estar de acuerdo con esta desatinada propuesta. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio se opondría a una medida que “vela por la seguridad nacional”? Sin embargo, un análisis más cuidadoso nos revela varios problemas con la veda. En primer lugar, es un hecho histórico comprobado que las vedas no surten el efecto deseado. Más bien tienen el efecto contrario. El evento mejor documentado en este sentido fue la prohibición a la manufactura, venta e importación de licor en los Estados Unidos de América, entre los años 1920 y 1930. Lo único que logró esa prohibición fue fomentar el surgimiento y fortalecimiento del crimen organizado. Aunque la veda fue eliminada en 1933, las organizaciones criminales permanecen fortalecidas hasta hoy.

El segundo problema con la veda propuesta es que sólo los ciudadanos responsables y apegados a la Ley, quienes ya de por sí han pasado por múltiples filtros de seguridad y dilatados y onerosos procesos administrativos para poder adquirir un arma, inscribirla y luego portarla con fiel apego de la ley, serán afectados por la veda. Se ha documentado que estos ciudadanos ejemplares son estadísticamente menos propensos a cometer delitos de cualquier tipo, incluida la violencia armada. Los delincuentes, quienes por definición están fuera del marco regulatorio de la ley, en cambio no serán en nada afectados por la veda. Si son actualmente capaces de obtener armas automáticas de grueso calibre – ilegales de por sí y no permitidas para la población civil - ¿qué nos garantiza que van a obedecer una veda? Los delincuentes seguirán ignorando las disposiciones de la Ley y continuarán portando armas ilegales, con veda o sin ella.

El problema quizá más fundamental con la veda propuesta es que no viene a solucionar ningún problema. El Ministro Zamora la promueve para mantener la seguridad en eventos populares. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Cuántas personas han sido abatidas por violencia armada en los últimos años durante los festejos populares de Zapote y Palmares, del resto del país? Más aún, y asumiendo que estos hechos han ocurrido (y sabemos que no es así), ¿cuántos de estos hechos violentos fueron cometidos por personas con armas legalmente inscritas y con permisos de portación al día? Lo obvio salta a la vista: no hay razón de peso para fomentar una veda de armas, escudados en la supuesta prevención de delitos, que nunca han ocurrido. Además, los afectados directamente por la veda son quienes menos probabilidad tienen de cometer ilícitos.

El Ministro Zamora, a la sombra de organizaciones que promueven la paz y el desarme civil, esgrime razones de “seguridad nacional” y de “reducción de la violencia” para promover una veda de armas. Lo cierto, sin embargo, es que la justificación que usan ambos para avanzar su política de desarme popular es, en el mejor de los casos, una afanosa construcción de hechos no acaecidos, y en el peor de ellos, mal intencionada y peormente dirigida. La veda de armas es una solución inadecuada a un problema inexistente.

Miguel Cifuentes Jara

El pasado 12 de enero, en declaraciones al Diario La Extra, el Ministro de Seguridad Pública, Don Mario Zamora, presentó una más en una serie de irreflexivas medidas para controlar aún más las armas permitidas en el país. Bajo el tenue argumento de “velar por la seguridad nacional”, la veda propuesta impediría que ciudadanos responsables y facultados legalmente para portar armas lo hicieran durante eventos públicos, como las tradicionales fiestas de Zapote y los festejos populares de Palmares.

Las exportaciones costarricenses alcanzaron el año pasado una cifra record en la historia nacional: US$15,379 millones. Esto representa un 12.5% más que las exportaciones del 2010, superando con ello la meta que nos habíamos propuesto.

El comportamiento fue positivo “por parejo”. Crecieron las exportaciones de bienes un 11% y las de servicios un 15.9%. Crecieron el sector agrícola, el sector industrial y el sector de servicios, todos a tasas de dos dígitos. Creció el número de empresas exportadoras y la cantidad de productos exportados. Hoy, 2,412 empresas exportan 4,307 productos diferentes a 145 países en el mundo.

En términos de subsectores y productos, los resultados también son alentadores. Todos los subsectores crecieron, algunos muy significativamente. Las exportaciones de productos de plástico y metalmecánica se incrementaron 30%, la industria alimentaria 17%, la industria química 12%, lo mismo que la del papel y cartón.

Los componentes electrónicos para los microprocesadores, los dispositivos médicos, el banano, la piña, el café, otras preparaciones alimenticias y los medicamentos se consolidan como los grandes productos costarricenses. Y hay productos con comportamientos estelares, como el aceite de palma con un crecimiento del 70%.

Tenemos, además, una exportación muy diversificada en términos de mercados. Norteamérica es la principal región del mundo para las exportaciones del país, con un 43% del total, mientras que América Central, Europa y Asia representan un 20, 18 y 12% del total. Entre los países de destino destaca, por mucho, Estados Unidos, seguido por Holanda, China, Panamá y el resto de los países centroamericanos y México.

Por el lado de la inversión extranjera directa, los resultados también son excelentes. Los datos acumulados al tercer trimestre del año pasado –datos disponibles del Banco Central a este momento- indican que la inversión alcanzó la suma de $1,558 millones, un 52% más que en el 2010. Esto hace preveer que en este campo también superaremos la meta establecida para el 2011.

El sector que más inversión extranjera atrajo al país fueron las zonas francas, con $470 millones, la mayoría de ella en sectores de alta tecnología. Este tipo de inversión es el que ha permitido a Costa Rica convertirse en el país con mayor participación de las exportaciones de productos de alta tecnología en sus exportaciones de manufactura, y en el cuarto a nivel mundial.

Más importante aun, esta inversión generó 7,728 empleos directos y 14,000 empleos indirectos. Los empleos directos generados representan el 30% del total de empleos generados por el sector privado en el país. Sectores como ciencias de la vida, servicios, manufactura avanzada y otros lideran la recepción de inversión en el país.

La apertura del sector de telecomunicaciones también atrajó una cantidad importante de inversión extranjera directa, cerca del 25% del total. Esto es importante no sólo en sí mismo, sino porque contribuye decididamente al mejoramiento de la competitividad en el país.

Estos resultados en el campo del comercio y la inversión confirman una vez más que Costa Rica ha venido consolidando con éxito su participación en el mundo globalizado. Competimos bien y debemos continuar haciéndolo. Enfrentamos, por supuesto, desafíos externos, en particular la difícil situación económica en la eurozona y el crecimiento moderado de los Estados Unidos, así como retos internos del continuo mejoramiento de la competitividad. Sin embargo, sin ser complacientes y estando conscientes de que hay que redoblar esfuerzos para continuar creciendo, el 2011 es un año para sentirnos orgullos del desempeño de Costa Rica en el mercado internacional.

Anabel González

Ministra de Comercio Exterior

Las exportaciones costarricenses alcanzaron el año pasado una cifra record en la historia nacional: US$15,379 millones. Esto representa un 12.5% más que las exportaciones del 2010, superando con ello la meta que nos habíamos propuesto.

Es preocupante el criterio carente de fundamento recientemente externado por funcionarios públicos en torno al derecho de poseer y portar armas por parte de los ciudadanos costarricenses. Confunden ellos, con aires de malsana oficialidad, entre un derecho y una concesión con el motivo último de confundir a la opinión pública. En su afán de avanzar la política explícita de desarme de la población civil, confunden además entre bienes públicos (calles, parques, plazas y demás espacios públicos) y bienes de dominio privado. Éstos últimos están integrados por objetos, materiales susceptibles de valoración económica e inmaterial como los derechos, también los bienes muebles e inmuebles construidos o adquiridos de manera lícita, con fuentes económicas patrimoniales propias de la persona.

Un arma propiedad de un ciudadano no puede ser clasificada de otra forma más que como un artículo bien mueble, de dominio público o privado según la fuente del recurso de adquisición y la propiedad del mismo. La posesión de dicha propiedad privada es protegida en el Artículo 45 de nuestra Constitución Política y respaldada por la libertad para adquirir, decidir y elegir sin ninguna limitación bienes patrimoniales que gozan los ciudadanos costarricenses en el libre ejercicio y goce de sus derechos y facultades. El uso de estas propiedades, en el principio de inviolabilidad y defensa de la vida humana, respaldados en nuestra Constitución Política y el derecho natural de auto-defensa que poseemos todos los seres vivos.

Aunque el Estado cuenta con la potestad soberana de imperio, otorgada por el Pueblo para administrar, controlar, regular y mantener un registro actualizado de las armas existentes en el país y de sus poseedores públicos y privados, todo bajo el marco legal, regulatorio y sancionatorio del estado de derecho, resulta improcedente que el estado pueda auto designarse la atribución de dar en concesión a los ciudadanos bienes que no le pertenecen y que no están bajo dominio público; son propiedad privada de las personas en el ejercicio de su libertad, uso y disposición. Mucho menos puede el Estado pretender concesionar la capacidad y la oportunidad al ciudadano de defender su vida, la de su familia y su patrimonio ante una agresión ilegítima.

El respeto a la libertad de los ciudadanos en su derecho a poseer armas, garantiza el equilibrio Democrático necesario entre los posibles excesos y abusos de poder de sus gobernantes y la potestad del pueblo de mantener el balance y control sobre el estado. Además asegura la posibilidad del pueblo de colaborar en la construcción y solidificación de un país más seguro.

Las recientes declaraciones infundadas por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública van más allá de las atribuciones que razonablemente pueden ejercer los representantes del estado sobre las los ciudadanos libres de este país, al amparo del Artículo 11 de la Constitución Política. Elevamos por esto una protesta enérgica por semejante violación hacia los derechos ciudadanos y exigimos se corrija tal atrocidad. Mejor sería que concentrara sus esfuerzos el Ejecutivo en controlar las armas ilegales, las verdaderas causantes de la violencia armada en el país, y no en erosionar las libertades y derechos de los ciudadanos respetuosos del ordenamiento jurídico imperante. El desarme de la población civil y los poseedores legales de armas permitidas por la Ley 7530 no resuelve en nada el problema de la inseguridad ciudadana.

Lic. David Jiménez Ramírez –

Es preocupante el criterio carente de fundamento recientemente externado por funcionarios públicos en torno al derecho de poseer y portar armas por parte de los ciudadanos costarricenses. Confunden ellos, con aires de malsana oficialidad, entre un derecho y una concesión con el motivo último de confundir a la opinión pública. En su afán de avanzar la política explícita de desarme de la población civil, confunden además entre bienes públicos (calles, parques, plazas y demás espacios públicos) y bienes de dominio privado. Éstos últimos están integrados por objetos, materiales susceptibles de valoración económica e inmaterial como los derechos, también los bienes muebles e inmuebles construidos o adquiridos de manera lícita, con fuentes económicas patrimoniales propias de la persona.

Así es, en pleno Siglo XXI y aquí en Costa Rica, tuve que recurrir a la Sala Constitucional, para frenar lo que considero es un acto de discriminación.

Como Rector de la Universidad de Ciencias Médicas, UCIMED,  presenté una Acción de Inconstitucionalidad contra varios artículos del reglamento suscrito por la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, que regula la especialización de los médicos en los hospitales del Seguro Social.

Este reglamento discrimina a las universidades privadas, pues autoriza el funcionamiento de los posgrados médicos de la Universidad de Costa Rica, pero deja por fuera  a los Centros de Educación Superior privados que tienen Facultades  de Medicina, es decir, hay una marcada desigualdad entre los médicos graduados de la UCR y los otros.

El artículo 33 de nuestra Constitución Política dice que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. No existe ningún estudio técnico ni legal que establezca por medio de la utilización de parámetros objetivos, que solo la UCR está en capacidad de brindar cursos de posgrado en medicina en las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Más bien, si se eliminara el monopolio en momentos en que  existe un importante faltante de especialistas, se beneficiaría a la Caja y al país, pues algunos centros universitarios podrían dedicarse impartir determinadas especialidades, así como ofrecer las que la UCR no imparte en la actualidad.

Tanto la UCR como las Universidades Privadas se encuentran en la misma situación, al ser reconocidas por los órganos estatales competentes como el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), y aún más, la carrera de medicina de UCIMED está re-acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES, igual que la carrera de medicina de la UCR.

Por otro lado, existe una contradicción pues, las mismas universidades que son discriminadas para impartir cursos de posgrado, están habilitadas para impartir cursos de Licenciatura en Medicina  y existe además un reglamento emitido por la propia CCSS que regula la actividad clínica docente en los hospitales de la institución.

También he  impugnado  el convenio entre la UCR y la CCSS por considerar que violenta el principio constitucional que obliga al Estado y a sus instituciones a promover e incentivar la enseñanza privada en todos los niveles, incluido el universitario, ya que impide que los centros privados que imparten la carrera de medicina, incursionen en la prestación de esta actividad académica a nivel de posgrado.

La educación hace rico a un país y en Costa Rica, la educación privada ha solventado un gran problema, porque la educación pública no tiene capacidad para absorber  a tantos estudiantes. Dónde estarían ahora los miles de jóvenes que no pudieron ingresar a una Universidad estatal, pero encontraron las puertas abiertas de una privada y ahí pudieron labrar su carrera y forjar su futuro.

He salido a dar la cara por mis alumnos y en general, por todos los estudiantes de medicina de las Universidades Privadas, porque   durante más de cuatro años, la UCIMED  ha solicitado el espacio en los hospitales de la CCSS para formar especialistas, sin lograrlo, ya que las autoridades de esa institución, se han negado a suscribir un convenio. No puedo tolerar que haya discriminación.  Los magistrados de la Sala Constitucional le dieron curso a la Acción de Inconstitucionalidad…   ahora esperaremos la resolución.

Dr. Pablo Guzmán Stein

Rector UCIMED

Así es, en pleno Siglo XXI y aquí en Costa Rica, tuve que recurrir a la Sala Constitucional, para frenar lo que considero es un acto de discriminación.

Tan simple como dice el pueblo, en dos platos, ese paquetazo de impuestos da cabida para que los medicamentos importados estén exentos del impuesto de ventas IVA, mientras que, cuando la industria nacional, cuando importe las materias primas, insumos y empaques para fabricar medicamentos en el país, tenga que pagar el pretendido IVA, encareciendo así su costo de producción y en consecuencia, el precio final de las medicinas.

El proyecto de ley tributario originará un favorecimiento abierto a favor de los medicamentos importados y un perjuicio directo a los medicamentos producidos en el país. ¿Será que el sello “Hecho en Costa Rica” será parte de la Historia de Costa Rica? ¿Será que ni al Gobierno, ni a las fracciones del PLN, ni del PAC, les interesa que los costarricenses tengan acceso a productos farmacéuticos de calidad y a un precio justo?

Este paquete de impuestos le está asestando un duro golpe a la producción nacional de medicamentos. Simplemente ante los efectos de la voracidad fiscal, no se están midiendo las consecuencias negativas, en el tanto se prefiera establecer impuestos de dudoso cobro, al tener que replantearse los empresarios si siguen operando en Costa Rica.

Simplemente al no permitirse a los empresarios costarricenses  ser competitivos en su propio país la respuesta a la pregunta anterior pareciera más que obvia. No le interesa. La imposición de barreras arancelarias a la importación de materias primas, como sería con el pretendido IVA, tendrá un efecto muy negativo en la producción nacional pero no así para la importación de productos finales

Todo gracias a una voracidad fiscal descontrolada, careciente de una visión estratégica e integral. La industria farmacéutica nacional ha venido, durante décadas, dando oportunidad laboral a miles de costarricenses, y por ende, colaborando con la Caja Costarricense de Seguro Social, no sólo a través del suministro de medicamentos, sino también por medio del pago de las cuotas obrero-patronales, generando con ello parte del equilibrio que requiere la economía nacional y la seguridad social para su subsistencia.

La industria farmacéutica nacional, como categoría, constituye un sector estratégico para las políticas nacionales del país, ya que su actividad productiva está vinculada a la generación del conocimiento científico, la tecnología, la atención de la salud y la producción de bienes con valor agregado; además como se ha dicho, a la necesidad de incrementar el nivel de salud de la población, al garantizarle el acceso a los medicamentos de calidad y al mejor costo posible, tanto en el mercado privado como en el Institucional.

Hacemos un respetuoso pero vehemente llamado a las y los diputados del Pueblo, a que no permitan que se sacrifique la salud de los costarricenses y la producción nacional, solo para seguir alimentando un déficit fiscal, cuyo origen está dentro del mismo Estado y del cual el pueblo costarricense no tiene que ser el pato de esa fiesta, a la que además nunca ha sido invitado.

Tan simple como dice el pueblo, en dos platos, ese paquetazo de impuestos da cabida para que los medicamentos importados estén exentos del impuesto de ventas IVA, mientras que, cuando la industria nacional, cuando importe las materias primas, insumos y empaques para fabricar medicamentos en el país, tenga que pagar el pretendido IVA, encareciendo así su costo de producción y en consecuencia, el precio final de las medicinas.

Nos hemos acostumbrado tanto a la mediocridad en las obras de gobierno en los últimos decenios, que no reconocemos una obra de trascendencia nacional. Tal es el caso de la nueva carretera paralela al rio San Juan, que ha suscitado entre propios y extraños críticas derivadas de la desinformación.

Se ha construido la primera etapa con una longitud de 160km que van desde Barra del Colorado hasta el norte de San Carlos. En el 2011 se inician 170km adicionales, hasta llegar al Pacífico. Así se unirán la pampa guanacasteca con los humedales del Caribe. En total 330km que se convertirán en cordón umbilical de un nuevo despertar para pueblos dispersos en 10.000km2 de olvidado territorio nacional, con tanto derecho al desarrollo como el gran área metropolitana.

Parece cumplirse lo que dijimos hace un año ante la prensa: “(…) son los momentos de crisis nacional, los que permiten a los gobiernos soluciones de fondo sobre grandes problemas; que de otra forma no se hubieran  enfrentado”.  Pues no debemos olvidar que esta carretera surge como consecuencia de la agresión armada nica a nuestro territorio, lo cual puso de manifiesto la dependencia permanente de las comunidades ticas de la otrora única vía de transporte: el rio San Juan. En aquel entonces proponíamos unir los afluentes del San Juan a través del rio dignidad, para lo cual realizamos estudios de base con imágenes de satélite de última tecnología; que bien han utilizado los ingenieros de CONAVI.

Jurídicamente esta carretera tiene su marco legal en el Alcance Nº 14 a La Gaceta Nº 46 del 2010 donde “se declara estado de emergencia la situación y el proceso desencadenado ante la violación de la soberanía costarricense por parte de Nicaragua”. Razón patria suficiente para apoyar esta obra; y de paso liberar a nuestros hermanos del pago de onerosas tarifas y de la humillación constante que sufrían a mano de la guardia nacional nica. Por ello no es de extrañar la reacción sandinista, tejiendo ahora un daño ambiental inexistente, cuya génesis primaria se halla en la deforestación de las riberas del Lago y del Río causadas por un agobiado pueblo que utiliza la leña como combustible por excelencia.

En esta primera etapa de la carretera se ha talado un promedio de un árbol cada 16km, lo cual representa una destrucción forestal que es una pequeña  fracción de la vía Caldera o la vía San Carlos-San Ramón. Y la razón es obvia: se trata de una carretera que corre a lo largo de tierras deforestadas por quienes hicieron su agosto décadas atrás, gracias a la ausencia  de controles forestales en una región olvidada; la cual ahora podrá reversar sus áreas boscosas como ha sucedido en otras regiones del país.

En otro ámbito, la nueva vía constituye la base lógica de un canal seco interoceánico que aprovecharía la posición estratégica de nuestro país en el Istmo, trayendo consigo otros beneficios derivados del progreso.

Por lo esgrimido llamamos la atención también  de los señores magistrados, para que la Sala IV actúe con sensatez ante la absurda gestión pendiente sobre este tema.

Guillermo Quirós Álvarez. Consultor Ambiental

Nos hemos acostumbrado tanto a la mediocridad en las obras de gobierno en los últimos decenios, que no reconocemos una obra de trascendencia nacional. Tal es el caso de la nueva carretera paralela al rio San Juan, que ha suscitado entre propios y extraños críticas derivadas de la desinformación.

Primero, el artículo  81 bis, es uno de los  temas que los diputados del Partido Acción Ciudadana agregaron a la reforma fiscal buscando la forma de evitar en la economía, los llamados capitales golondrina.

“La Junta Directiva del banco Central de Costa Rica, podrá establecer un impuesto de hasta el 3% anual, sobre las operaciones financieras, provenientes del exterior, cuya permanencia en el país sea igual o menor a un año y podrá variar la tasa del impuesto conforme al plazo de permanencia de dichos recursos y respecto del tipo de instrumento financiero.

Esta medida se aplicará sin menoscabo de los requerimientos de encaje mínimo legal, las reservas de liquidez y las demás normativas establecidas en esta ley”.

En su respuesta la Procuraduría General de la República, dice que: “La propuesta del nuevo artículo 81 bis tiene como objeto crear un tributo, que se califica de “impuesto”. Una primera deficiencia técnica de la moción es que establece que “la Junta Directiva del Banco Central, podrá establecer un impuesto”… por disposición constitucional, la Junta Directiva del Banco Central no puede “establecer” impuesto alguno. Sencillamente, cualquier impuesto que llegare a establecer violentaría flagrantemente la Constitución. Y agrega que “A pesar de que la ley crea el tributo, no queda claro cuál sería la base imponible y el momento en que surge el hecho generador. Además, el termino tasa es utilizado en forma incorrecta”.

Darle facultades a quien no las tiene lo hace inconstitucional, y no logra el cometido, además un impuesto del 3% en moneda extranjera, estarían encareciendo, casi que duplicando los costos de este capital, debido a que las tasas de interés internacionales en moneda extranjera son muchísimo menos del 3%.

La Procuraduría General de la República y el Banco Central dejan muy claro que no necesariamente los capitales que están menos de un año, son o pueden ser calificados como capital golondrina.

Segundo, la garantía del estado al Banco Popular. El tema es muy serio porque más allá de equilibrar la cancha desde el punto de vista financiero, ahora lo que podrían provocar, es dejar un “súper banco” con condiciones especiales, que definitivamente van a afectar a todo el sistema bancario nacional.

Es inconstitucional la garantía del Estado al Banco Popular, así lo dice el informe de servicios técnicos de esta Asamblea Legislativa, porque el banco sigue siendo de los trabajadores. También en un documento del Banco Central, se dice que, “es un riesgo moral y odioso, que incluso, está rayando con los tratados de libre comercio, porque se están generando condiciones especiales”.

PATRICIA PÉREZ HEGG

Vicepresidente Asamblea Legislativa

Primero, el artículo  81 bis, es uno de los  temas que los diputados del Partido Acción Ciudadana agregaron a la reforma fiscal buscando la forma de evitar en la economía, los llamados capitales golondrina.