¡¡Sorprendente editorial! Contra vía de las sesudas campañas que el diario libraba antaño, llamando al equilibrio presupuestario, a enjugar el déficit y a poner orden en las cuentas públicas.

¡Absurda opinión! Si se toma en cuenta el rol de la Asamblea y el sistema de división de poderes, frenos y contrapesos y la competencia legislativa en el ámbito. Opinión desorientadora que ignora el Ordenamiento constitucional y olvida las responsabilidades legislativas.

Si ahora se plantea que solo el Ministerio de Planificación puede revisar el presupuesto, entonces estamos frente a una verdadera teoría del caos en el sistema político constitucional costarricense. Sabemos que hay personas que olvidan que el gobierno costarricense no es el Ejecutivo sino que lo ejercen el pueblo y los tres poderes, pero jamás hubiéramos imaginado que un editorialista se hallara entre ellos.

Recordamos las luchas de don José Joaquín Trejos contra un presupuesto inconstitucional aprobado entonces por la Asamblea Legislativa y cuántas especulaciones se tejieron entonces alrededor de la posibilidad de un veto por razones de inconstitucionalidad.

Recordamos cuántas veces, en tiempos más cercanos, se han dado discusiones acerca de la responsabilidad de los diputados en la tramitación del presupuesto y porqué el reglamento especifica normas acerca del trámite presupuestario. ¡Presupuestar es gobernar!, afirman algunos entendidos. Gobernar es asunto que también atañe a la Asamblea Legislativa, recordamos nosotros. Por eso era importante el frustrado plan para rebajar al menos un 0.9% del presupuesto desequilibrado y deficitario.

Por eso nos sorprende el editorial y las tesis que respalda. No es de extrañar en algunos columnistas que no gustan del control político, que no ejercen la crítica ante la acción administrativa, que no reclaman el daño económico del desbarajuste presupuestario, pero sorprende verlo en tamaño editorial.

Es que si no son analíticos y críticos los diputados entonces serán cómplices del despilfarro, obsecuentes con la inconstitucionalidad (artículo 176 de la Constitución) y culpables de la presión fiscal y del desorden público.

¿Cuándo se nos echó a perder el gobierno? Precisamente cuando en actitud muelle se dejó pasar el absurdo presupuestario, se dejó de analizar el gasto público, se aprobaron vías excepcionales para aprobar impuestos, se dejó de leer la Constitución y se hizo caso a las tesis del editorialista en cuestión. ¿Alguna duda?

FEDERICO MALAVASSI CALVO

¡¡Sorprendente editorial! Contra vía de las sesudas campañas que el diario libraba antaño, llamando al equilibrio presupuestario, a enjugar el déficit y a poner orden en las cuentas públicas.

Para el ICAFE es preocupante que un grupo de productores desconocedores de los esfuerzos de la institución manifiesten que ha sido el ICAFE el que obstruye la inscripción de la Denominación de Origen Café de Tarrazú, obviando que gracias a las gestiones y la pericia de este Ente rector se protegió esta de manos inescrupulosas.

Más preocupante y gravoso ha sido escuchar la aseveración de que la protección pretendida por el ICAFE viene a generar engaño en el consumidor final del café.

Durantw más de 30 años el ICAFE promueve este nombre con campañas promocionales a nivel mundial que reconocen este producto en mercados internacionales, esfuerzo que de no realizarse por el ICAFE, estaría fuera del alcance económico de los Productores.

Resulta poco loable que este grupo manifieste que el ICAFE  les ha ignorado y excluido del proceso para obtener la inscripción de esta Denominación. Este Instituto ha sido sede de múltiples acercamientos en  favor de entendimiento del debido proceso.

Esto es inimaginable en un país de derecho en donde el mismo marco legal protector de estas certificaciones, autoriza expresamente a autoridades competentes a optar por este registro; labor que con esmero , esfuerzo y mística realiza el ICAFE para ponerla en manos de TODOS los Productores de Tarrazú por medio de elección popular, trasparente y regulado en un instrumento jurídico analizado de previo por el Registro de la Propiedad Industrial, ente imparcial que coteja la fidelidad de los requisitos presentados para obtener el registro de una Denominación de Origen.

Todos los productores de Tarrazú que ampara la solicitud de Denominación ¨Café de Tarrazú¨, solicitada por el ICAFE, han trabajado durante años utilizando excelentes prácticas agrícolas que permiten el reconocimiento internacional de su café.

Prueba de ello es la calidad de la taza en la mesa de miles de consumidores en todo el mundo, calidad que se ha demostrado técnica, histórica y científicamente, como lo solicita el marco regulador y son parte fundamental de los requisitos que únicamente han sido presentados por el ICAFE a favor de todos los Productores que  cumplan las condiciones para ostentar tal renombre.

Por estas razones es que el ICAFE fiel al mandato de la ley Nº 2762 continuará defendiendo el interés, el esfuerzo, el tesón y la entrega de todos los Productores que durante años han trabajado arduamente para demostrar con calidad e historia, que merecen reconocer su café con la Denominación de Origen ¨Café de Tarrazú¨.

Para el ICAFE es preocupante que un grupo de productores desconocedores de los esfuerzos de la institución manifiesten que ha sido el ICAFE el que obstruye la inscripción de la Denominación de Origen Café de Tarrazú, obviando que gracias a las gestiones y la pericia de este Ente rector se protegió esta de manos inescrupulosas.

En la Asamblea Legislativa existen proyectos de ley que pretenden legalizar la Fecundación in Vitro, imponer planes de Salud Reproductiva que abren la puerta al aborto,  y legalizar las uniones homosexuales que, a futuro, podría favorecer la tutela de niños por parte de estas parejas.  Algunos, sobre todo aquellos con un interés particular en dichos temas, los intentan justificar etiquetándolos como “derechos humanos”.

Si algunas sociedades modernas consideran como un derecho humano el llamar “productos” a los bebés no nacidos, y tratarlos como tal en negocios multimillonarios que incluso provocan su muerte…deseo para Costa Rica una sociedad retrógrada, donde los niños tengan la posibilidad, igual que la tuvimos nosotros, de ser procreados y protegidos en el vientre materno.

Si ser civilizados significa que cada vez más niños crezcan sin un papá o una mamá, por derechos inventados de los adultos para con ellos mismos…prefiero que mi país no sea parte de este “mundo civilizado”, y que nuestra sociedad vele realmente por las necesidades de los más indefensos.

Si para igualarnos con los países desarrollados debemos tomar la libertad como el bien supremo, como aquello que debemos defender siempre, sin importar si lo que hacemos está bien o no…espero que acá nunca lleguemos a ser tan “desarrollados”,  para que el ser humano siga siendo el punto de partida y de llegada en la toma de decisiones y que nuestros hijos  no vivan esclavizados a un “yo tengo derecho a…” que les lleve a auto-engañarse,   justificando sus debilidades o sus acciones, aún por encima de la vida de otros.

Por eso, cabe resaltar el esfuerzo de diversas organizaciones que con el apoyo de la empresa privada celebran en nuestro país el V Congreso Internacional Provida.  Este evento reunirá el próximo fin de semana a líderes de Derechos Humanos de Europa y América Latina, para compartir su compromiso en la defensa del derecho fundamental del cual se desprenden todos los demás:  la vida humana.

Una excelente oportunidad para que Costa Rica retome su liderazgo en este ámbito y que aclare al mundo que nunca un derecho humano puede sobreponerse a otro, y mucho menos,  provocar la muerte de los que aún no tienen voz.

Flory Montero Valverde

En la Asamblea Legislativa existen proyectos de ley que pretenden legalizar la Fecundación in Vitro, imponer planes de Salud Reproductiva que abren la puerta al aborto,  y legalizar las uniones homosexuales que, a futuro, podría favorecer la tutela de niños por parte de estas parejas.  Algunos, sobre todo aquellos con un interés particular en dichos temas, los intentan justificar etiquetándolos como “derechos humanos”.

Existe un proyecto de ley, el  17715, que pretende abrir los parques nacionales a la pesca comercial. Propone crear Áreas Marinas de Pesca Responsable, dentro de  los parques nacionales que tengan áreas marinas.

Los parques nacionales son para la conservación, la recreación y la educación ambiental, o sea, dentro de ellos no se permiten actividades extractivas que atenten contra la vida natural. A lo sumo en los parques se permite la pesca de consumo doméstico y bajo planes especiales.

Las áreas marinas dentro de los parques nacionales representan menos del 1% del total de las áreas marinas de Costa Rica. Estas áreas permiten un incremento de hasta un  30% de la diversidad, que la biomasa  aumente, al igual que la densidad de las especies y el tamaño de los peces. Estas áreas son la despensa para la pesca, que luego migran a zonas donde pueden ser aprovechadas comercialmente. Por eso, abrirlas a la pesca comercial es permitir el aniquilamiento de las fuentes de la pesca comercial en las zonas permitidas.  Grave daño le harían a los pescadores artesanales, ya de por si afectados por la sobrepesca y por los “piratas” pesqueros internacionales, a los cuales nos se les controla ni se les detiene.

Además, este proyecto sería un “portillo” que permitiría abrir los parques nacionales a otras actividades comerciales como la energía(hidro,geotérmica), el petróleo, la minería, etc.  Si esto es lo que quiere el gobierno que lo digan y aclaren. Pero que sea el pueblo  el que  decida un cambio de modelo en lo que significa y  representan los parques nacionales. Que la decisión no se de por intereses comerciales únicamente o electoreros   de grupos o políticos que ven en nuestras riquezas pesqueras de los parques nacionales, una forma de darle más “atolillo” a los pobres pescadores del país.

Por esto apoyamos   a los que han planteado muchos profesionales y costarricenses en un manifiesto en defensa de las áreas marinas de los parques nacionales, y coincidimos en la necesidad de  crear más áreas marinas protegidas y la consolidación de las existentes, en brindar educación ambiental sobre la importancia de la conservación, el manejo y el uso sustentable de los recursos marinos y pequeros, en apoyar la investigación de prácticas y artes de pesca responsables, la despolitización de los entes encargados de los recursos pequeros, del fortalecimiento del Servicio de Guardacostas en labores de control y vigilancia. Asimismo, somos claros también en que es urgente tener un inventario sobre el estado de los recursos pesqueros y marinos de las áreas que están fuera de las áreas marinas protegidas.                                      Alexander Bonilla Durán

Existe un proyecto de ley, el  17715, que pretende abrir los parques nacionales a la pesca comercial. Propone crear Áreas Marinas de Pesca Responsable, dentro de  los parques nacionales que tengan áreas marinas.

Con entusiasmo recibimos la alegre e inspiradora noticia de que, el día 7 de octubre, el Nobel de la Paz premió el papel de la mujer en el cambio político y social.

Con un reconocimiento expreso al papel de la mujer en los procesos de paz y en el cambio político y social, el Comité del Nobel de la Paz se ha pronunciado a favor de que tres mujeres compartan el premio de este año. Las galardonadas son la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee, responsable de la organización Red de Mujeres por la Paz y la Seguridad en África, y activista yemení Tawakul Kerman.

El Comité que otorga el Premio Nobel reconoció, entre los motivos que llevaron a otorgar el premio, que las tres laureadas son recompensadas por “la lucha no violenta en favor de la seguridad de las mujeres y de sus derechos a participar en los procesos de paz”.

Las laureadas este año con este importante premio, cuentan, entre sus grandes aportes los siguientes:

Ellen Johnson-Sirleaf, de 72 años, es la primera africana que accede de forma democrática a la presidencia de un país en ese continente. Desde 2006 y pese a venir marcado por más de 14 años de guerra, Johnson-Sirleaf, ha logrado dirigir el país y ponerlo en la vía del desarrollo.

Leymah Gbowee, de 39 años, es una activista conocida por haber organizado el movimiento pacifista que logró poner fin, en 2003, a la guerra civil que desangraba Liberia. “Movilizó y organizó a las mujeres más allá de las líneas de división étnica y religiosa para poner fin a una larga guerra y garantizar su participación en las elecciones”.

Tawakul Kerman, es una política yemení y activista pro derechos humanos que lidera el grupo de Mujeres Periodistas Sin Cadenas, creado en 2005. Yemen es uno de los países árabes más golpeados por la ola de cambio en el mundo árabe. En este sentido, las mujeres yemeníes están siendo muy activas en las revueltas contra  el régimen que los gobierna desde hace 30 años.

Con el premio para este año se espera contribuir a acabar con la represión que aún padecen las mujeres en muchos países destacar el enorme potencial que representan las mujeres para la paz y la democracia.

Señala un proverbio árabe que “Si te protege la luna, no te preocupes de las estrellas”.  Siguiendo este pensamiento, auguro que el movimiento de impulso a los Derechos Humanos es imparable y, tarde o temprano, llega a penetrar en todas las sociedades, en busca del máximo fin que señala la Carta de la Naciones Unidas, es decir, un mundo que reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.

Diputado Oscar Alfaro Zamora

Con entusiasmo recibimos la alegre e inspiradora noticia de que, el día 7 de octubre, el Nobel de la Paz premió el papel de la mujer en el cambio político y social.

Al despedirse de nuestro país, un amigo extranjero me decía que habían tres cosas del ser costarricense que siempre le llamaron la atención: El sistema tico para dar direcciones, los maridos de alquiler y los muertos, refiriéndose en este último caso a los obstáculos que los vecinos ponen a lo ancho de las calles apenas terminan de asfaltar  un camino o una carretera.

Parece ser que los costarricenses estamos empeñados, a diferencia de Panamá, en poner todo tipo de obstáculos para nunca lleguemos a ser un país desarrollado. El más reciente ejemplo de ello son las multas estratosféricas que algunos están empeñados en cobrarle  a los conductores que viajan por las autopistas en donde se paga un peaje, olvidando que las autopistas fueron diseñadas para que los vehículos viajen en forma más rápida que por los caminos para carretas que aún tenemos en el resto del país.

Los  alemanes poseen uno de los índices más bajos de muertes por accidentes de tránsito del mundo a pesar de los 50 millones de vehículos que a diario circulan en ese país y a pesar de que en las autopistas alemanas en el tercer carril, no hay límite de velocidad.  La diferencia es la educación vial. Los alemanes y los extranjeros que allí habitan deben tomar  en el colegio un curso teórico y práctico de manejo y junto con su Bachillerato, obtienen la licencia de conducir.

Independientemente de lo anterior, desde el año 1215, con la firma de la Carta Magna en Inglaterra, se estableció que cuando el Rey o el gobierno quiera poner impuestos se debe consultar primero al Pueblo o sea al Parlamento, ello significa que solo mediante una Ley se pueden imponer, tasas, multas o impuestos. A esto se le denomina legalmente “materia odiosa”.

De manera que el uso de las fotografía como medio para probar una infracción de tránsito, (Decreto Ejecutivo 36724 MOPT), traslada toda la responsabilidad al dueño registral del vehículo sin que la fotografía demuestre quién era conductor del mismo, lo cual hace que el cobro de la multa, tasa o impuesto sea totalmente indeterminado. Esto  contradice precisamente los principios de esta materia al no poder individualizarse al infractor. La publicación del número de la placa en la Gaceta no subsana lo anterior ya que precisamente debe individualizarse quién cometió la infracción y  quién debe pagar la multa.

Aparte de que con lo anterior se violenta el carácter personalísimo que debe tener el Derecho sancionatorio, (Art. 39 de la Constitución Política) nos recuerda además que algunos siguen empeñados en que lleguemos a celebrar el bicentenario de nuestra Independencia caminado al paso de las carretas que fabricaba allá  en Sarchí mi abuelo Eloy Alfaro Corrales.

Lic. Eloy Alfaro Altamirano.

Al despedirse de nuestro país, un amigo extranjero me decía que habían tres cosas del ser costarricense que siempre le llamaron la atención: El sistema tico para dar direcciones, los maridos de alquiler y los muertos, refiriéndose en este último caso a los obstáculos que los vecinos ponen a lo ancho de las calles apenas terminan de asfaltar  un camino o una carretera.

Antes de la Gran Depresión de  l929, los economistas no creían que el Gobierno debía- o al menos  podía- manejar la economía y mucho menos controlar las recesiones y depresiones. Estas eran consideradas inevitables pues eran  atribuidas a guerras y otros  sucesos del mercado mundial, sobre los que los gobiernos locales no podían tener control alguno. A raíz de ese  evento, que conmocionó al mundo, el famoso  economista inglés John Maynard  Keynes y sus epígonos, sostuvieron la tesis de que, al menos en los países grandes,   la economía nacional funciona al margen de lo que suceda en el resto del planeta, pues depende fundamentalmente del  gasto público y  ésto  a su vez,   permite  que  el Estado-nación y su Gobierno puedan convertirse en amos y controladores de la economía nacional. El Presidente Franklin Roosevelt y sus asesores  aplicaron estas doctrinas con singular fortuna bajo el programa que denominaron “New Deal”. Al asumir Roosevelt el poder por primera vez, el 04 de Marzo de 1933, aumentó  la carga tributaria, introdujo profundas  reformas en el campo social y emprendió grandes obras públicas. Mediante esta política logró vencer la depresión, lo que le deparó una gran popularidad  y  le permitió ser electo por tres  períodos más- caso único en la historia de los Estados Unidos - y pasar a la historia como el salvador de su país  y el principal triunfador en la Segunda Guerra Mundial.

Pero como no le es dado a ningún líder ni a ningún Gobierno arreglar los problemas “de una vez por todas”, como reclaman  nuestros  políticos de campanario,  con el paso del tiempo, el excesivo gasto público y el creciente intervencionismo estatal, demostraron que    estas teorías también tenían su lado flaco y  podían traer consecuencias indeseables.  Como resultado  del abuso de los políticos vividores y de la aplicación irrestricta de  las recetas  keysenianas, los Gobiernos en las principales naciones del mundo se transformaron rápidamente  en lo que Peter Drucker, en su obra “La Sociedad Postcapitalista” denomina Estados fiscales o “Megaestados”. Y, como el mal ejemplo cunde, estas políticas, con algunos años de retraso, también se han adoptado en las llamadas “economías en desarrollo”, entre las cuales estamos incluidos.  En el  “Megaestado”, cualquiera que sea el país en que se haya establecido,  no hay límite racional a lo que el Gobierno puede obtener por impuestos o endeudamiento y, por consiguiente, tampoco  hay límite a lo que éste  puede gastar. Aunque nunca se haya declarado  explícitamente en toda su crudeza,  salvo en los países comunistas, esto implica en la práctica,   que “El Megaestado” es dueño de todo, salvo de aquella parte que generosamente le permite al contribuyente conservar. Lo peor de todo esto, es que, pese a las buenas intenciones de Keynes y sus seguidores, los políticos inescrupulosos han transformado “ El Megaestado”,    en “Estado Despilfarrador” y  cada vez más se grava  a los sectores productivos de la sociedad, para patrocinar costosos programas sociales  de dudosa eficacia, pero que les sirven a estos políticos  para  comprar   los votos de ciertos  sectores, que a la postre resultan  estafados en sus aspiraciones,  lo que finalmente, se refleja   en el peligroso  abstencionismo electoral que experimentan casi todos las democracias del mundo.  Mientras El Estado siga creciendo indefinidamente  al ritmo actual y aumentando su  inútil burocracia, no cesará el clamor de los gobernantes  por nuevos ingresos. Por eso de previo a que la Asamblea Legislativa vote el nuevo plan fiscal que ha enviado el Ministro de Hacienda, resultaría muy  ilustrativo un debate a escala nacional sobre el  tema del tamaño del Estado y sus atribuciones.

Antes de la Gran Depresión de  l929, los economistas no creían que el Gobierno debía- o al menos  podía- manejar la economía y mucho menos controlar las recesiones y depresiones. Estas eran consideradas inevitables pues eran  atribuidas a guerras y otros  sucesos del mercado mundial, sobre los que los gobiernos locales no podían tener control alguno.

El lunes 16 de octubre se celebró  el Día Mundial de la Alimentación.  Sin duda estamos frente a una buena oportunidad para analizar y reflexionar sobre el hambre en el mundo y, especialmente,  sobre el futuro de  quienes tienen la noble tarea de  producir los alimentos: los agricultores.

La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué celebramos?, cuando en el mundo, según informes de organismos internacionales, hay aproximadamente mil millones  de personas con hambre? ¿Qué celebramos? cuando en Costa Rica,  de acuerdo con cifras del INEC, la pobreza extrema aumentó de un 4 a un 6%.

La segunda reflexión: ¿Qué celebramos cuando en Costa Rica la propuesta  de política de Estado para el sector agroalimentari|o y de apoyo a los agricultores son solo encendidos discursos e innumerables estrategias que se quedan en el papel? ¿Qué celebramos cuando en Costa Rica las políticas públicas  continúan privilegiando y defendiendo el modelo de importación del arroz y los frijoles, el alimento básico de los costarricenses?

En la práctica, hemos sido y somos testigos, cada cosecha,  de la angustia, de la incertidumbre y de las grandes pérdidas económicas de miles de pequeños agricultores que no pueden vender sus cosechas sencillamente porque las bodegas están llenas de productos importados.  Resulta  paradójico que, en el Día Mundial de la Alimentación, creado para concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema  alimentario mundial y fortalecer  la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza, en Costa Rica le digamos a nuestros  productores de arroz que tendrán que tirar  a la basura o comerse su cosecha  porque es más barato, para la industria nacional, importarlo.   Bajo este concepto,  de quienes  creen que en el campo solo valen los números, y ante la falta de solidaridad de un gobierno que promueve la apertura comercial a favor del interés de unos pocos, nuestros agricultores son empujados  a la ruina y la miseria.

¿Qué celebramos cuando en Costa Rica desde hace veintisiete años no sabemos cuál es el  área  dedicada a la producción agropecuaria,  cuáles son los tipos y costos de  producción y de comercialización y  cuál es la población dedicada a la actividad agropecuaria?  ¿Qué celebramos en Costa Rica cuando el sector agropecuario nacional ha sido destruido a lo largo de los últimos veinte años?

La tercera pregunta: ¿Qué podemos hacer contra el hambre, qué podemos hacer por nuestros agricultores?   Lo inmediato:   debemos detener las importaciones de productos agrícolas mientras  haya producción  nacional.  Debemos exigir  una política de seguridad alimentaria para incentivar la producción agrícola.  Debemos establecer una gran alianza con la participación de los productores agrícolas y pecuarios, la academia y todas las organizaciones que estamos vinculadas con la producción de alimentos, para detener este desastre.

En este día recordemos que todo lo que nos alimenta viene de la tierra, que son labriegos sencillos los que hacen que nuestro pródigo suelo nos de sustento, que si olvidamos a los agricultores estaremos en manos de los intermediarios internacionales a los que no les importa que en Costa Rica vivan siempre el trabajo y la paz.  Celebremos, con compromiso y acciones, el Día Mundial de la Alimentación.

Cristóbal Montoya Marín

Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos

El lunes 16 de octubre se celebró  el Día Mundial de la Alimentación.  Sin duda estamos frente a una buena oportunidad para analizar y reflexionar sobre el hambre en el mundo y, especialmente,  sobre el futuro de  quienes tienen la noble tarea de  producir los alimentos: los agricultores.

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El proyecto fiscal, versión 3.0 del mal llamado proyecto de solidaridad tributaria grava los servicios de salud y la educación en un 2%. Estoy en contra, no sólo como diputada libertaria sino como ciudadana costarricense.

El Estado no da abasto; la calidad de la educación pública ha bajado al igual que su infraestructura y en los hospitales se hace literal el dicho de que “no hay cama para tanta gente”. Si tanto la salud como la educación pública tuvieran buena calidad de servicio, la ciudadanía no tendría que acudir al sector privado. Sin embargo, la realidad costarricense es otra.

Para el año pasado, el déficit financiero del gobierno fue de 5,2%. En semejante escenario, ¿cuál sería el costo para el estado de absorber a todos los demandantes de estos servicios que actualmente acuden al sector privado? Con las finanzas del Estado puestas de cabeza, quienes demandan servicios privados le hacen un gran favor al gobierno; un ahorro de muchos millones de colones. Sin embargo el Estado, no cansado con este ahorro, pretende cobrar un impuesto de ventas por estos servicios.

Esta propuesta del gobierno carece de sentido común. Salud y educación no sólo deben de estar exentos del impuesto de ventas sino que deben de ser deducibles del impuesto sobre la renta; a entender, deben de incluirse expresamente en dicha ley en su Artículo 8, sobre gastos deducibles. Al fin y al cabo, es de sentido común que el costarricense tenga el derecho a deducir del pago de sus impuestos los servicios que el Estado, por incompetencia o insuficiencia, no le puede brindar.

Esta diputada ya presentó la moción respectiva en la comisión especial que estudia el plan fiscal versión 3.0 negociado por el nuevo partido político nacido de la unión de Liberación Nacional y Acción Ciudadana que domina hoy el congreso y busca taparle la boca al pueblo.

Desgraciadamente, la moción fue rechazada por siete miembros de los nueve que conforman esa comisión de no especialistas en Materia Tributaria. Parece que en estos días, en temas tributarios, la lógica y el sentido común llevan las de perder.

Patricia Pérez Hegg

Vicepresidente

Asamblea Legislativa

El proyecto fiscal, versión 3.0 del mal llamado proyecto de solidaridad tributaria grava los servicios de salud y la educación en un 2%. Estoy en contra, no sólo como diputada libertaria sino como ciudadana costarricense.

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A partir de ahora la bola la tienen el Gobierno y sus diputados. Aprobar una reforma tributaria que solucione el déficit fiscal y que introduzca elementos de justicia y solidaridad en nuestra estructura tributaria, dependerá del liderazgo de la Presidenta de la República.

El PAC siempre promovió una reforma tributaria de carácter progresivo. Eso implica el cobro de nuevos tributos a los sectores que más ingresos perciben.

El nuevo proyecto contiene cambios propuestos por sectores sociales y productivos, para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y sostenible.

Elementos como el cobro de la renta mundial y la renta global, impuestos a los salarios más altos y a los autos de lujo, así como importantes exoneraciones a los servicios públicos y a la canasta básica, están contenidos en el proyecto, al que se oponen, precisamente, los sectores más pudientes, quienes durante muchos años evadieron su responsabilidad.

Los diputados del PAC apoyaremos la reforma tributaria siempre y cuando el Gobierno y su bancada respeten los acuerdos alcanzados. No aceptaremos ningún cambio, a menos de que sea para consolidar una reforma aún más progresiva.

Le dimos al oficialismo las herramientas necesarias para agilizar el proceso de análisis, discusión y votación del proyecto. Ahora, todo depende del Partido Liberación Nacional.

Nosotros cumpliremos con nuestra obligación y vamos a explicar al país los cambios que logramos en la propuesta. Tenemos los argumentos para debatir con quienes defienden los intereses de poderosos e influyentes sectores que se niegan a contribuir con la sostenibilidad del Estado social costarricense.

Costa Rica no puede permitir otra campaña basada en el miedo. La presidenta Chinchilla debe honrar su palabra, nosotros no le dimos un cheque en blanco; no toleraremos una actitud pasiva. Se requiere liderazgo y honestidad para sacar adelante esta empresa.

Mal harían el Ejecutivo y sus diputados si se cruzan de brazos y permiten que dentro de sus propias filas surjan los enemigos. Las desafortunadas e irresponsables declaraciones de funcionarios como la ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, sólo generan confusión y ponen en peligro el principal proyecto de la administración Chinchilla.

Dichas manifestaciones entorpecen y atentan contra el proceso de negociación en el que participamos. El Gobierno y sus diputados están obligados a dar la cara en este momento, a responder y explicar al país su importancia y sus alcances. Atenerse o desentenderse les costará la reforma tributaria.

A partir de ahora la bola la tienen el Gobierno y sus diputados. Aprobar una reforma tributaria que solucione el déficit fiscal y que introduzca elementos de justicia y solidaridad en nuestra estructura tributaria, dependerá del liderazgo de la Presidenta de la República.

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