Miguel Valle Guzmán
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En días pasados “La Nación “ informó que la Asamblea Legislativa integró una comisión de tres diputados para que, dentro de los siguientes cinco días hábiles, informe al plenario si procede o no la destitución del Magistrado Oscar González, quien se encuentra acusado por la Fiscalía de seis delitos de violación y una tentativa en perjuicio de una funcionaria judicial que labora en un Juzgado contencioso administrativo, la cual, según la misma prensa, ha admitido haber tenido en el pasado, una relación íntima con el acusado.
El innegable colapso de nuestra red vial, que nos tiene semiparalizados, no es sino la punta del “iceberg” de un enorme problema nacional que compromete las raíces más profundas de nuestro sistema institucional.
En estos tiempos es frecuente observar, en todos los campos, que persiguiendo fines buenos y hasta excelentes, se ensayen procedimientos inocuos o incluso que tienen el efecto contrario al deseado.
Frecuentemente y desde diversos sectores se aborda el tema de la llamada “desigualdad social,” a la que se califica como una fuente de injusticia, que es preciso erradicar a toda costa, como si el desiderátum fuera convertir al género humano en un inmenso rebaño donde cualquier diferencia quedara abolida o al menos ignorada.
Aunque obviamente no fue esa la intención de los constituyentes que redactaron nuestra Carta Magna, es lo cierto que las garantías individuales consagradas en los artículos 37 y 39 de nuestra Constitución Política, al menos en la forma en que han venido siendo interpretadas por nuestros jueces y autoridades del orden y seguridad, obstaculizan la erradicación de la vagancia y la delincuencia que amenazan, cada día con mayor fuerza, la seguridad de nuestra otrora pacífica y tranquila sociedad.