Todos somos testigos de la gran cantidad de personas, en condición de ganarse la vida mediante un trabajo honesto,  que deambulan por las calles de nuestras principales ciudades,   pidiendo limosna ya sea en forma descarada y hasta insolente o bien reclamando una supuesta  retribución por  algunos juegos de manos que, muchas veces con innegable habilidad, realizan durante los breves segundos que tardan en cambiar de luces los semáforos instalados en las vías de mayor tránsito.  Estas prácticas, consentidas por las autoridades de policía y de tránsito,  con el argumento de que sus ejecutores no están cometiendo ningún delito  o falta tipificados en nuestra legislación penal, es innegable que sí  perturban el libre tránsito; pueden ser causantes de serios  accidentes y lo que es más grave, entrañan una latente  amenaza social, pues es   evidente que  un individuo que no trabaja y que tampoco  cuenta con otros medios estables  de proveer a su  subsistencia, es, sin duda,  un delincuente en potencia, que está en evidente  riesgo de pasar en el corto plazo,  de la comisión de hurtos menores a convertirse en distribuidor de drogas y asaltante. La misma Constitución Política, a cuyo amparo se pretende tolerar estas conductas, establece en su artículo 56 que el trabajo es un  derecho del individuo y una obligación con la sociedad.  A la luz de esa disposición, cabe preguntarles a nuestros gobernantes, qué medida ha adoptado  El Estado contra los que en forma tan evidente y descarada se niegan a cumplir con el deber social de trabajar? Yo creo que el principal  problema radica en la  falta de voluntad para solucionarlo, pero  si  en definitiva, se llega a la conclusión que  no existen actualmente  los medios legales para erradicar la vagancia que nos carcome, por qué los Diputados, que pierden el tiempo en  retóricas acusaciones recíprocas y en escándalos políticos,  no han legislado de emergencia para detener este flagelo social?  No estoy abogando, Dios me libre, por mandar a estos vagabundos a esas “universidades del crimen,” en que se han convertido nuestras prisiones, pues esto en vez de solucionar el problema lo agravaría irremediablemente. Lo que se pretende es que El Estado les proporcione a estos desocupados,  un trabajo decente en carreteras y caminos vecinales; en programas de reforestación; en la recolección de cosechas, en donde actualmente hay que emplear a miles de extranjeros y en tantas otras ocupaciones que están demandando brazos. Estamos de acuerdo en que la mano de obra reclutada  en esa forma  no sería de óptima calidad, pero al menos se habría suprimido el deplorable espectáculo que ofrecen en nuestras calles,  mocetones fornidos, pidiendo limosna e importunando a los transeúntes y se estaría rescatando a esta gente de todos los peligros que propicia  la ociosidad.