Así como las enfermedades y sus manifestaciones más evidentes, son los avisos que nos da la naturaleza de que algo anda mal en nuestro organismo, las calamidades como la que comentamos, aunadas a muchas otras que con gran irresponsabilidad hemos tratado de ignorar por mucho tiempo, son signos inequívocos de que nos encaminamos hacia problemas aun más graves, si no somos capaces de introducir los cambios que permitan enrumbar la nave del Estado hacia aguas más tranquilas y ordenadas. Desafortunadamente, los partidos políticos han venido enzarzados, desde hace años, en campañas de mero clientelismo político, disputándose el botín de la Hacienda Pública, pues la ambición generalizada de sus dirigentes es la de acceder a posiciones bien pagadas de la Administración, por lo que hasta ahora, no se vislumbra el momento en que se introduzcan las reformas indispensables para podar el frondoso árbol de una burocracia inútil y poner al Estado al servicio del país y no a la inversa como actualmente sucede. Los Diputados pretenden justificar su función produciendo leyes como una planta industrial fabrica artículos en serie para el mercado, y una gran mayoría de burócratas, imbuidos de un legalismo asfixiante, pretenden que todas sus actuaciones se encuentren respaldadas por leyes expresas y taxativas, para estar a cubierto de cualquier crítica o reclamo. Como resultado, estamos inmersos en un océano de leyes, que entraban en grado superlativo la función del Estado, en perjuicio de los administrados. El reconocimiento más claro a este abuso, es la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, número 8220 de 04 de Marzo del 2002, que por cierto, los burócratas, en la práctica, tratan de ignorar. No hay duda de que esta ley está animada de la mejor intención de proteger al ciudadano de los abusos sin sentido de una burocracia prepotente y desvinculada de todo espíritu de servicio, pero cabe preguntarnos: cómo es que El Estado legisla contra los trámites engorrosos que sus mismas leyes han creado, en vez de reformar o incluso derogar aquellas leyes que, sin justificación alguna, entraban, sin ningún provecho, las actividades y derechos de los ciudadanos? El descontento generalizado se manifiesta claramente por el alto grado de abstencionismo que señalan las encuestas, pero no podemos esperar que las cosas mejoren si no estamos luchamos para introducir los cambios necesarios a fin de frenar el derroche de los fondos públicos y exigir mayor austeridad a los servidores de Instituciones públicas, que hoy se ven favorecidos por escandalosas convenciones colectivas que les conceden beneficios muchas veces superiores a las que perciben el resto de los trabajadores, amparados por la legislación ordinaria. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos apegados al mismo sistema que nos ha conducido al actual desastre. Ni El Estado hipertrofiado y obeso que pretende resolver los problemas a base de más instituciones y de continuar cargando de impuestos a los ciudadanos, ni la anarquía que nos propone un liberalismo de nuevo cuño. Solo proscribiendo el clientelismo político; protegiendo al trabajo digno consagrado en nuestro himno nacional y dignificando la función pública, cuyo timbre de gloria y única razón de ser es la estar al servicio del país, podremos enderezar nuestros pasos y recobrar la patria que nos legaron nuestros mayores. Esto es lo que debemos esperar y demandar de quienes pretenderán nuestros votos en las próximas elecciones.
Setiembre del 2013.
Comentario de Miguel Valle