El asunto fue remitido por la Corte Plena a la Asamblea Legislativa, a principios del año en curso, pero los Diputados, enfrascados en otros temas, lo mantuvieron en archivo y ahora pretenden resolverlo precipitadamente, antes del primero de Agosto, fecha en la cual el Magistrado González tiene el derecho de acogerse a su bien merecida jubilación. Cuando se pretende resolver apresuradamente asuntos delicados, como el que comentamos, se corre el riesgo de cometer graves errores y desconocer derechos fundamentales que necesariamente deben respetarse. Aquellos diputados que, bajo el argumento de proteger la integridad de la supuesta ofendida pretenden, en una algarada infantil, apresurarse a sancionar al señor González con la gravísima pena de su destitución, manchando en esta forma su impecable carrera judicial, debieran moderar sus ímpetus y considerar las siguientes circunstancias: 1) Es indiscutible que la destitución que se pretende constituye una pena, aun cuando en este caso, por disposición del artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- de dudosa constitucionalidad- la misma debe ser aplicada por la Asamblea Legislativa y no por los Tribunales del Poder Judicial. El artículo 39 de la Constitución Política consagra la garantía individual de que a nadie se la hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa. El Magistrado González, efectivamente ha sido acusado por la Fiscalía ante los Tribunales, pero hasta el momento no ha tenido la oportunidad de defenderse, ni ha recaído en su contra sentencia judicial firme, de modo que nadie tiene en este momento el derecho de endilgarle el cargo de violador, lo que hace imposible que se le sancione por ese delito. 2) El relato de la supuesta ofendida, quien pretende haber sido objeto de seis violaciones y una tentativa por parte del acusado, resulta de dudosa credibilidad, máxime si se toma en cuenta que, como ella misma lo reconoce, en el pasado ambos mantuvieron una relación consensuada por largo tiempo. La acusación resulta aún más inverosímil si se tiene en cuenta que la supuesta ofendida es una persona consciente de sus derechos y de los procedimientos judiciales, que pudo haber planteado su denuncia en la primera oportunidad en que, según ella, fue víctima del ultraje y no esperar a que éste se repitiera cinco veces más y se intentara en una última oportunidad..
Deseo aclarar que ni siquiera conozco personalmente al Licenciado Oscar González. Cuando ejercí como abogado litigante por largos años, me correspondió leer algunas de las sentencias que dictó como Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y a través de ellas y de comentarios de otros colegas que sí lo han tratado personalmente, he podido aprender a valorarlo como persona honorable y funcionario inteligente, estudioso y responsable que goza, dentro de la comunidad forense de un merecido prestigio, que podría verse afectado por una lamentable decisión apresurada.