El lunes 16 de octubre se celebró  el Día Mundial de la Alimentación.  Sin duda estamos frente a una buena oportunidad para analizar y reflexionar sobre el hambre en el mundo y, especialmente,  sobre el futuro de  quienes tienen la noble tarea de  producir los alimentos: los agricultores.

La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué celebramos?, cuando en el mundo, según informes de organismos internacionales, hay aproximadamente mil millones  de personas con hambre? ¿Qué celebramos? cuando en Costa Rica,  de acuerdo con cifras del INEC, la pobreza extrema aumentó de un 4 a un 6%.

La segunda reflexión: ¿Qué celebramos cuando en Costa Rica la propuesta  de política de Estado para el sector agroalimentari|o y de apoyo a los agricultores son solo encendidos discursos e innumerables estrategias que se quedan en el papel? ¿Qué celebramos cuando en Costa Rica las políticas públicas  continúan privilegiando y defendiendo el modelo de importación del arroz y los frijoles, el alimento básico de los costarricenses?

En la práctica, hemos sido y somos testigos, cada cosecha,  de la angustia, de la incertidumbre y de las grandes pérdidas económicas de miles de pequeños agricultores que no pueden vender sus cosechas sencillamente porque las bodegas están llenas de productos importados.  Resulta  paradójico que, en el Día Mundial de la Alimentación, creado para concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema  alimentario mundial y fortalecer  la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza, en Costa Rica le digamos a nuestros  productores de arroz que tendrán que tirar  a la basura o comerse su cosecha  porque es más barato, para la industria nacional, importarlo.   Bajo este concepto,  de quienes  creen que en el campo solo valen los números, y ante la falta de solidaridad de un gobierno que promueve la apertura comercial a favor del interés de unos pocos, nuestros agricultores son empujados  a la ruina y la miseria.

¿Qué celebramos cuando en Costa Rica desde hace veintisiete años no sabemos cuál es el  área  dedicada a la producción agropecuaria,  cuáles son los tipos y costos de  producción y de comercialización y  cuál es la población dedicada a la actividad agropecuaria?  ¿Qué celebramos en Costa Rica cuando el sector agropecuario nacional ha sido destruido a lo largo de los últimos veinte años?

La tercera pregunta: ¿Qué podemos hacer contra el hambre, qué podemos hacer por nuestros agricultores?   Lo inmediato:   debemos detener las importaciones de productos agrícolas mientras  haya producción  nacional.  Debemos exigir  una política de seguridad alimentaria para incentivar la producción agrícola.  Debemos establecer una gran alianza con la participación de los productores agrícolas y pecuarios, la academia y todas las organizaciones que estamos vinculadas con la producción de alimentos, para detener este desastre.

En este día recordemos que todo lo que nos alimenta viene de la tierra, que son labriegos sencillos los que hacen que nuestro pródigo suelo nos de sustento, que si olvidamos a los agricultores estaremos en manos de los intermediarios internacionales a los que no les importa que en Costa Rica vivan siempre el trabajo y la paz.  Celebremos, con compromiso y acciones, el Día Mundial de la Alimentación.

Cristóbal Montoya Marín

Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos

El lunes 16 de octubre se celebró  el Día Mundial de la Alimentación.  Sin duda estamos frente a una buena oportunidad para analizar y reflexionar sobre el hambre en el mundo y, especialmente,  sobre el futuro de  quienes tienen la noble tarea de  producir los alimentos: los agricultores.

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El proyecto fiscal, versión 3.0 del mal llamado proyecto de solidaridad tributaria grava los servicios de salud y la educación en un 2%. Estoy en contra, no sólo como diputada libertaria sino como ciudadana costarricense.

El Estado no da abasto; la calidad de la educación pública ha bajado al igual que su infraestructura y en los hospitales se hace literal el dicho de que “no hay cama para tanta gente”. Si tanto la salud como la educación pública tuvieran buena calidad de servicio, la ciudadanía no tendría que acudir al sector privado. Sin embargo, la realidad costarricense es otra.

Para el año pasado, el déficit financiero del gobierno fue de 5,2%. En semejante escenario, ¿cuál sería el costo para el estado de absorber a todos los demandantes de estos servicios que actualmente acuden al sector privado? Con las finanzas del Estado puestas de cabeza, quienes demandan servicios privados le hacen un gran favor al gobierno; un ahorro de muchos millones de colones. Sin embargo el Estado, no cansado con este ahorro, pretende cobrar un impuesto de ventas por estos servicios.

Esta propuesta del gobierno carece de sentido común. Salud y educación no sólo deben de estar exentos del impuesto de ventas sino que deben de ser deducibles del impuesto sobre la renta; a entender, deben de incluirse expresamente en dicha ley en su Artículo 8, sobre gastos deducibles. Al fin y al cabo, es de sentido común que el costarricense tenga el derecho a deducir del pago de sus impuestos los servicios que el Estado, por incompetencia o insuficiencia, no le puede brindar.

Esta diputada ya presentó la moción respectiva en la comisión especial que estudia el plan fiscal versión 3.0 negociado por el nuevo partido político nacido de la unión de Liberación Nacional y Acción Ciudadana que domina hoy el congreso y busca taparle la boca al pueblo.

Desgraciadamente, la moción fue rechazada por siete miembros de los nueve que conforman esa comisión de no especialistas en Materia Tributaria. Parece que en estos días, en temas tributarios, la lógica y el sentido común llevan las de perder.

Patricia Pérez Hegg

Vicepresidente

Asamblea Legislativa

El proyecto fiscal, versión 3.0 del mal llamado proyecto de solidaridad tributaria grava los servicios de salud y la educación en un 2%. Estoy en contra, no sólo como diputada libertaria sino como ciudadana costarricense.

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A partir de ahora la bola la tienen el Gobierno y sus diputados. Aprobar una reforma tributaria que solucione el déficit fiscal y que introduzca elementos de justicia y solidaridad en nuestra estructura tributaria, dependerá del liderazgo de la Presidenta de la República.

El PAC siempre promovió una reforma tributaria de carácter progresivo. Eso implica el cobro de nuevos tributos a los sectores que más ingresos perciben.

El nuevo proyecto contiene cambios propuestos por sectores sociales y productivos, para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y sostenible.

Elementos como el cobro de la renta mundial y la renta global, impuestos a los salarios más altos y a los autos de lujo, así como importantes exoneraciones a los servicios públicos y a la canasta básica, están contenidos en el proyecto, al que se oponen, precisamente, los sectores más pudientes, quienes durante muchos años evadieron su responsabilidad.

Los diputados del PAC apoyaremos la reforma tributaria siempre y cuando el Gobierno y su bancada respeten los acuerdos alcanzados. No aceptaremos ningún cambio, a menos de que sea para consolidar una reforma aún más progresiva.

Le dimos al oficialismo las herramientas necesarias para agilizar el proceso de análisis, discusión y votación del proyecto. Ahora, todo depende del Partido Liberación Nacional.

Nosotros cumpliremos con nuestra obligación y vamos a explicar al país los cambios que logramos en la propuesta. Tenemos los argumentos para debatir con quienes defienden los intereses de poderosos e influyentes sectores que se niegan a contribuir con la sostenibilidad del Estado social costarricense.

Costa Rica no puede permitir otra campaña basada en el miedo. La presidenta Chinchilla debe honrar su palabra, nosotros no le dimos un cheque en blanco; no toleraremos una actitud pasiva. Se requiere liderazgo y honestidad para sacar adelante esta empresa.

Mal harían el Ejecutivo y sus diputados si se cruzan de brazos y permiten que dentro de sus propias filas surjan los enemigos. Las desafortunadas e irresponsables declaraciones de funcionarios como la ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, sólo generan confusión y ponen en peligro el principal proyecto de la administración Chinchilla.

Dichas manifestaciones entorpecen y atentan contra el proceso de negociación en el que participamos. El Gobierno y sus diputados están obligados a dar la cara en este momento, a responder y explicar al país su importancia y sus alcances. Atenerse o desentenderse les costará la reforma tributaria.

A partir de ahora la bola la tienen el Gobierno y sus diputados. Aprobar una reforma tributaria que solucione el déficit fiscal y que introduzca elementos de justicia y solidaridad en nuestra estructura tributaria, dependerá del liderazgo de la Presidenta de la República.

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Este dicho muy costarricense,  se aplica a la sabiduría popular, si….. a la sabiduría de nuestros abuelos que con valores y principios muy claros pudieron cimentar un estado de derecho, basado en el respeto a la propiedad privada, en donde la libertad de pensamiento, de credo e incluso la libertad de elegir nuestros gobernantes; fueron esculpiendo con naturalidad, el rostro de nuestras instituciones.

La sensibilidad con que se enfrentaban  los retos y desafíos de cada momento, determinaron la necesidad imperiosa de legislar y proteger al desprotegido, al que menos tiene y es precisamente en este momento histórico que se determina mejorar la distribución de la riqueza nacional y el nivel de desarrollo de la familia campesina rural, generando paz social en el agro costarricense.

Es así como el 14 de octubre de 1961, mediante la promulgación de la ley 2825, denominada Ley de Tierras y Colonización, el Estado costarricense inicia el proceso de ordenamiento agrario. Cabe recalcar que en un año después el 04 de octubre  de 1962 mediante la ley 3042 se crea el ITCO, Instituto de Tierras y Colonización

En sus inicios y hasta el año 1966, el proceso de ordenamiento agrario se concentró en la colonización dirigida, que consistía en formar asentamientos humanos en terrenos, algunos casi vírgenes, incorporándolos al proceso productivo nacional, lo que  implicó el traslado de población, del Valle Central, a esta nuevas tierras, ampliando así, la denominada Frontera Agrícola del país.

Se tuvo que solucionar los conflictos que generan los precarios y la administración de tierras del Estado, traspasadas a la institución.

A partir del año 70, el aumento demográfico y la demanda de empleo, unido al agotamiento de esta frontera agrícola, generó un aumento significativo de la presión sobre la tierra, y es así como el 1º de setiembre de 1975, se promulga la Ley 5792, para mejorar  la posición financiera de la institución e impulsar  una política de formación y desarrollo de asentamientos campesinos, bajo el enfoque denominado Regiones de Desarrollo  entre las cuales tenemos a Coto Sur, Bataán, Cariari, Río Frío, Llanos de Cortés, Osa, Coto Brus y Coyolar.

Posteriormente, con la transformación del ITCO en IDA, en marzo de 1982, la gestión institucional se enfoco a propiciar un mayor énfasis al desarrollo agrario en los asentamientos campesinos.

Esta noble institución ha legalizado la tenencia de la tierra a 39 mil familias, ocupantes de tierras de Reservas Nacionales.

Resulta  invaluable el aporte que el IDA ha dado al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, incorporando y traspasando gran cantidad de tierras dedicadas a Parques y Reservas Nacionales tales como Forestales, Biológicas, Protectoras, Refugios de Fauna Silvestre, Humedales y otros.

Ha logrado recuperar tierras pertenecientes a las Reservas Indígenas, que han sido ocupadas por población no indígena. Así como la vigilancia de estas Reservas, por medio de un equipo de Guarda-Reservas, integrado por aborígenes, con cargo al presupuesto del IDA.

Ha cubierto el 10% de la población total del país y el 20% del territorio nacional. La producción en estos asentamientos campesinos, se ha diversificado en lo agropecuario, agroforestal, agroindustrial y agro-ecoturismo, tanto para el consumo interno, como externo.

En resumen, al cabo de estos 50 años, y en cumplimiento de la misión de mejorar la distribución de la riqueza nacional, El IDA ya sobrepasó los mil asentamientos campesinos, que abarcan 814 mil hectáreas, distribuidos por todo el país, en donde se encuentran asentadas más de 75 mil familias, con una población de 375 mil personas, que obtienen su sustento de la tierra que le ha sido adjudicada, y en donde bajo el principio de equidad, participan también las mujeres y la juventud rural.

Es definitivo, para que una institución sobreviva y se mantenga vigente, debe modernizarse, adaptarse a los nuevos tiempos; hoy en día, está en trámite en la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley que transformaría al IDA en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), cuyo objetivo primordial es desarrollar los territorios rurales, que tienen mayores índices de pobreza, definidos en el plan de gobierno actual.

Es por esto que en un 14 de octubre como hoy, hace 50 años nació en Costa Rica el IDA.

Auguramos que con ese mismo sentido de justicia social que nuestros abuelos se inspiraron, podamos seguir diciendo…….. donde hay orden ….esta Dios.

Comentario de Gustavo Adolfo Piedra Guzmán

Vicepresidente de la Cámara Nacional de Radio

Este dicho muy costarricense,  se aplica a la sabiduría popular, si….. a la sabiduría de nuestros abuelos que con valores y principios muy claros pudieron cimentar un estado de derecho, basado en el respeto a la propiedad privada, en donde la libertad de pensamiento, de credo e incluso la libertad de elegir nuestros gobernantes; fueron esculpiendo con naturalidad, el rostro de nuestras instituciones.

El informe sobre la Caja, es rico en señalar tantas situaciones extremas que se han dado y que explican, parcialmente y sólo parcialmente, el por qué de su crisis financiera y de desempeño en la prestación de servicios de salud. El poco tiempo que tuvo la Comisión para producir el estudio más la ausencia en ella de al menos un politólogo, un administrativista público, un abogado y un médico, explica algunas de las debilidades diagnósticas sobre tantas irregularidades de tipo económico-presupuestario y laboral. Es un valioso punto de partida para profundizar más, pues muchas de sus 81 recomendaciones no son viables política, jurídica y organizativamente. No se propuso tampoco, una estrategia de negociación y conducción del muy complejo proceso que sigue. Sobre todo, se asume que la crisis es producto de errores y horrores internos.

No se dilucida, así, si las cosas se dieron por una mala dirección gubernativa –o sea, malas directrices- al no ejercitar el Poder Ejecutivo las competencias dadas en la Constitución Política, en la Ley General de la Administración Pública, en la Ley No. 8131 del 2001 y menos en la Ley No. 5525 de planificación nacional; o, si se dio dicha crisis por excelentes directrices gubernativas que fueron incumplidas por la Junta Directiva, o peor aun, si se dio por ausencia total de dirección, como sabemos que fue. La Caja es un ente instrumental del Gobierno, no soberano como algunos claman.

Tampoco se cuestiona en el Informe, salvo por uno de sus miembros, a la presidencia ejecutiva como un poder administrativo superior que día a día demuestra que la Caja no es autónoma, ya que se trata de un funcionario de total confianza del presidente de turno y de su ministro de la presidencia.

Por otro lado, la propuesta de eliminar la propiedad en “plazas” de jefaturas para llenarlas por concurso público cada cuatro años, es muy riesgosa por un sinnúmero de secuelas negativas para funcionarios en propiedad, sobre todo mientras no se confronte y elimine la figura de presidencia ejecutiva, se recompongan las juntas directivas, se restituya la figura de gerencia general de antes de 1974 y se aplique el régimen de dirección gubernativa sobre tales entes autónomos según la Ley General de la Administración Pública de 1978.

Paralelo a esto, no se reconoce la beligerancia política del funcionario, una de las causas de tanta mediocridad y servilismo que se han enseñoreado en instituciones otrora al servicio de la colectividad. Los partidos mayoritarios han comprometido la probidad del funcionario público desde 1974, a partir de las presidencias ejecutivas y de los comités informales creados para perseguir contrarios políticos, un fenómeno que no se da en las burocracias públicas europeas que tanto admiramos. Nada se resolverá con tantas recomendaciones, si este factor y otros de origen sociopolítico no se confrontan y extirpan de cuajo.     Johnny Meoño Segura C.

El informe sobre la Caja, es rico en señalar tantas situaciones extremas que se han dado y que explican, parcialmente y sólo parcialmente, el por qué de su crisis financiera y de desempeño en la prestación de servicios de salud.

El impacto de los nuevos impuestos al Régimen de Zona Franca, sobre la generación de empleo es incuestionable y sumamente significativo desde diversas perspectivas.

En primer lugar, se trata de 60 mil empleos directos, de calidad, y por cada uno de ellos, 3 empleos indirectos más, o sea 180.000.

Se dice que solamente en las empresas médicas, más del 55% de su recurso humano, son mujeres.

En las empresas ubicadas en Zonas Francas, han encontrado cabida desde operarias con destreza manual en las empresas médicas, reitero más del 55% son mujeres, hasta técnicos, ingenieros, contadores, administradores, financieros, personas bilingües, entre otras.

Además se trata de empleos que dan oportunidades a los jóvenes, ya que en las empresas de servicios, el promedio de edad de sus trabajadores es de 24 años. Gran parte de la oferta de estos jóvenes provienen de Colegios Técnicos.

Estos empleos en los que el trabajador no sólo recibe entrenamiento de primera sino también una remuneración mucho más alta que el promedio en el sector privado, que brindan grandes oportunidades laborales a las mujeres y que además en el sector de servicios en el que Costa Rica,  el que ha venido teniendo un crecimiento muy significativo y hoy por hoy, representa un porcentaje muy importante dentro de lo que el país exporta.

Sobre su contribución se sabe que, en el 2006, de cada $1 de exoneración contribuyen en $3, pronto se tendrán nuevos datos que demuestren que esa entrada pasará a $7.

En un contexto de crisis a nivel internacional, la competencia por la atracción de inversión extranjera es aun más agresiva;  es fundamental que cuidemos lo que ya tenemos y que sigamos mejorando el clima de negocios para atraer más. En lugar de estar intentando ponerle trabas a esta importante actividad económica, como lo son esos impuestos a las Zonas Francas.

Patricia Pérez Hegg

Vicepresidente

Asamblea Legislativa

El impacto de los nuevos impuestos al Régimen de Zona Franca, sobre la generación de empleo es incuestionable y sumamente significativo desde diversas perspectivas.

En primer lugar, se trata de 60 mil empleos directos, de calidad, y por cada uno de ellos, 3 empleos indirectos más, o sea 180.000.

Desde hace algunos años, noticias poco halagadoras pusieron en alerta al mundo, pronosticando negros nubarrones que afectarían a todas las economías. Ante esto, el sector turismo se mostró como uno de los más vulnerables y las consecuencias no se dejaron esperar. Aun así, voces expertas declararon que si bien es un sector endeble, es también uno de los que más rápido se recupera y supera obstáculos.

Sin embargo, versados en la materia nos señalaron que esta recuperación tomaría años y si bien algunos creímos haber superado los malos tiempos, la verdad es que el pronóstico es real, el proceso de mejoría aún está muy lento.

Muchas señales fueron lanzadas desde diversas regiones del país con expresiones de lamento por los cambios en los hábitos de los viajeros, lo que afectó fuertemente los resultados esperados. Pero la situación pudo haber sido peor.

Poco conocemos de lo que es atender las alertas de emergencia vividas por  países vecinos no lejanos, nada sabemos del desalojo de huéspedes, de las cancelaciones de vuelos internacionales, de la propagación de enfermedades, del manejo de las evacuaciones, y de la evaluación de daños y las acciones para restablecer los negocios y recuperar la confianza de los visitantes.

Así como sorprenden los actos naturales, muchos otros elementos afectan y afectarán nuestros negocios. Son los temporales e inclemencias los que dominan el mundo actual, y es en ello donde debemos enfocarnos de manera permanente para estar preparados y salir avante.

Los malos tiempos a nivel mundial son las pruebas que permiten a los más creativos e innovadores establecer nuevos objetivos, buscar nuevos mercados y

crear nuevas trincheras para mantenerse en el negocio.

La industria del turismo es una actividad dinámica de servicios y de relaciones interpersonales. Es también un instrumento vital para el desarrollo económico que debe manejarse de manera responsable y racional, con respeto al patrimonio natural, arqueológico, social y cultural. Romper los viejos moldes nos llevará a crear productos y servicios más a tono con las demandas actuales.

Ya sean épocas buenas o turbulentas, el compromiso como destino turístico debe reflejar una conciencia clara sobre lo que hacemos para proteger los recursos, pero ante todo saber que la experiencia de viaje para los visitantes debe ser memorable, de calidad y acompañada de acciones solidarias. Sigamos construyendo una industria responsable para nuestras futuras generaciones, sorteando de manera consciente todas las inclemencias que nos azoten.

Comentario de Yadyra Simón Rojas, Presidenta de la Asoc. Costarricense de Prof. En Turismo (ACOPROT)

Desde hace algunos años, noticias poco halagadoras pusieron en alerta al mundo, pronosticando negros nubarrones que afectarían a todas las economías. Ante esto, el sector turismo se mostró como uno de los más vulnerables y las consecuencias no se dejaron esperar. Aun así, voces expertas declararon que si bien es un sector endeble, es también uno de los que más rápido se recupera y supera obstáculos.