Ya en la década de los ochenta se había planteado en algunos de los países industrializados, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, la necesidad de lograr una educación más integral y dinámica cuando un grupo de expertos, entre ellos educadores, filósofos, filólogos y psicólogos observaron las deficiencias educativas presentes en los ámbitos universitarios en donde se daba un modo de pensar desinformado, prejuiciado, arbitrario, memorístico o parcializado; un tipo de enseñanza muy elaborada y acrítica en donde, de acuerdo con la opinión del educador Henry Giroux, se anestesia el razonamiento de los estudiantes.
Ello los encaminó a esbozar una nueva metodología la cual fomentara un aprendizaje más dinámico e interactivo, y que tomara en cuenta las necesidades y habilidades de los alumnos desde la aplicación de un pensamiento más lógico, esto significó la aplicación del pensamiento crítico al ámbito educativo para fomentar lo que se denominó educación liberal, en donde el alumno fuera partícipe directo y activo del proceso de enseñanza- aprendizaje, tal y como la aplicaban en la Antigua Grecia filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles.
El propósito es formar alumnos, ciudadanos, quienes desarrollen una manera de pensar con criterios propios, a partir de la investigación, de una reflexión constante, con el fin de que puedan ver y analizar la realidad desde diversas perspectivas y lecturas para replantearse los modelos establecidos, y muchas veces impuestos, mediante la propuesta de ideas y opciones nuevas. De ahí que en un mundo en donde parte del sistema educativo parece extraviarse en el individualismo y la instrumentalización, el llamado que debe imperar es el de rescatar al humano que está detrás de cada alumno, para devolverle el control soberano sobre su existencia en el ámbito intelectual y espiritual. De lo que se trata es de ir más allá del contenido para trascender con el fin de enfocarse e invertir más en el pensamiento y el capital humano de los estudiantes.
En este sentido, tanto la implementación de la educación liberal, como las competencias del pensamiento crítico y los nuevos enfoques de enseñanza constructivistas, han ayudado a establecer los parámetros de una educación transformadora con una clara misión social y desde una evidente inspiración humanista; esto significa adoptar una perspectiva diferente con el fin de que los actores educativos pasen de ser simples receptores de un producto a miembros activos del proceso, es decir, formadores por derecho y productores de cultura.
Por ello el pensamiento crítico y humanista se convierte en una manera muy adecuada para formar estudiantes con una visión de compromiso más equitativa con su sociedad, que vaya más allá de la especialización, pues e está en una época de trasformaciones en donde lo que se requiere es alejarse del sistema tradicional memorístico, pasivo y autoritario de enseñanza para, fundamentalmente, preparar alumnos pensantes, creativos, participativos, sedientos de conocimiento, con criticidad, curiosidad intelectual, valores, artífices de reflexiones, toma de conciencia y proyección social…
Tal objetivo no debe postergarse, o no debe enfocarse de manera superficial, de ahí que se haga una tarea imperiosa garantizar la calidad de las universidades mediante una pronta, efectiva y eficaz relectura de la enseñanza y el aprendizaje educativo. De hecho la exagerada proliferación de centros educativos obliga a las universidades tanto públicas como privadas, desde una óptica ética, moral y profesional, a contar con un currículo impregnado del sustento del pensamiento crítico que le permita al centro educativo, en especial al profesorado, ofrecerle a los estudiantes una enseñanza en donde los saberes guarden relación con el mundo real y los conocimientos y las herramientas tanto cognitivas como afectivas necesarias como la convivencia, el respeto o la autoestima para ejercer idóneamente sus profesiones, enfrentar las demandas que la sociedad les exigirá y llevar a cabo un proceso de conocimiento individual que los haga mejores profesionales y humanos.
Ya en la década de los ochenta se había planteado en algunos de los países industrializados, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, la necesidad de lograr una educación más integral y dinámica cuando un grupo de expertos, entre ellos educadores, filósofos, filólogos y psicólogos observaron las deficiencias educativas presentes en los ámbitos universitarios en donde se daba un modo de pensar desinformado, prejuiciado, arbitrario, memorístico o parcializado; un tipo de enseñanza muy elaborada y acrítica en donde, de acuerdo con la opinión del educador Henry Giroux, se anestesia el razonamiento de los estudiantes.
Campaña “Póngase en los zapatos de la persona usuaria”
El Poder Judicial, mediante el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Presidencia de la Corte, desarrolla una campaña de sensibilización a nivel interno de la institución, llamada “Póngase en los zapatos de la persona usuaria” con el fin de concientizar a los servidores judiciales para que brinden un mejor servicio a las personas usuarias, utilizando todas las herramientas y recursos con los cuales cuenta la institución, pero principalmente con su buena disposición, mística y empatía, de manera que se pongan en los zapatos de la persona usuaria y la atiendan como a ellos les gustaría ser atendidos si estuvieran en su lugar.
El Poder Judicial atiende diferentes materias tales como penal, civil, laboral, penal juvenil, violencia doméstica, familia, pensiones alimentarias, entre otras, las cuales identifican grupos de usuarios específicos. Por ello esta campaña muestra 29 casos que representan esos diferentes tipos de usuarios y donde se destacan los grupos de mayor sensibilidad social tales como: personas con discapacidad , personas agredidas, niñez y adolescencia, adultos mayores, indígenas entre otros.
A cada grupo se le ha elaborado un afiche que contiene una foto de un par de zapatos representativo de ese público, por ejemplo: escarpines, zapatos de niños, de mujeres, de hombres, de indígenas y se complementa con la interrogante : ¿Cómo se sentiría si usted estuviera en estos zapatos?. Igualmente, se incluye en cada uno, un caso que describe una experiencia en la cual la persona usuaria recibió una atención que no era la correcta. Así mismo cada mensaje concluye con una reflexión y da un consejo específico de cómo mejorar esa atención.
Para crear el contenido de esta campaña se realizaron encuestas a los usuarios y usuarias con el fin de conocer sus principales expectativas y sugerencias acerca del servicio que requieren. Asimismo se analizaron estudios elaborados por la Contraloría de Servicios y la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial, así como las ideas de los mismos servidores y servidoras judiciales quienes tuvieron la oportunidad de expresar de qué forma dejan su huella positiva en la Administración de Justicia cada vez que atienden una persona usuaria. Por eso también el logotipo o imagen que representa esta campaña es la huella de un pie, ya que es el pie de cada servidor judicial el que debe poner dentro de los zapatos de la persona usuaria para sentirse en su lugar y atenderla como a ellos les gustaría ser atendidos si fueran esa persona.
El lanzamiento de esta campaña en cada una de las 19 sedes del Poder Judicial a nivel nacional, abarca una dinámica de reflexión a la cual se invita tanto a servidores judiciales como a representantes de la comunidad. En esta actividad se exhiben los afiches representativos de cada grupo y se coloca una pequeña tarima con los zapatos reales que aparecen en cada foto. Además, se invita a algunos servidores judiciales presentes, incluyendo al presidente de la Corte, magistrados y magistradas, a los integrantes del Consejo Superior, jueces, fiscales, defensores públicos, personal del OIJ, personas que atienden en los mostradores, oficiales de seguridad, representantes del sector administrativo, entre otros, para que se quiten sus zapatos y se pongan los zapatos representativos de las personas usuarias.
Luego son entrevistados públicamente para que expresen cómo se sienten en esos zapatos, al recibir la atención descrita en cada caso y posteriormente, como un acto de motivación, se les solicita que den el consejo del afiche a sus compañeros judiciales instándolos a mejorar el servicio público.
Esta campaña se desarrollará por etapas y hasta el momento se ha presentado en las oficinas judiciales de San José, San Carlos, Limón y Alajuela y la experiencia vivida nos llena de optimismo debido a los comentarios positivos y buena disposición de los servidores judiciales, quienes realmente han manifestado su interés por mejorar la atención que brindan.
El éxito de esta campaña se conseguirá solamente con el convencimiento y apoyo decidido de todos los compañeros y compañeras judiciales, que con sus acciones y mística laboral fortalecen el servicio y no podemos dejar de lado la necesidad del apoyo constante de las personas usuarias, quienes con sus sugerencias señalan el norte a seguir en el servicio que debe brindar el Poder Judicial.
Para concluir, invitamos a cada funcionario y funcionaria para que, de ahora en adelante, cada vez que atienda a una persona, siga el consejo de esta campaña que desarrolla el Poder Judicial: Póngase en los zapatos de la persona usuaria y atiéndala como a usted le gustaría que le atendieran si estuviera en el lugar de esa persona.
Elaborado por: Licda. Ana Lucía Vásquez Rivera,
El Poder Judicial, mediante el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Presidencia de la Corte, desarrolla una campaña de sensibilización a nivel interno de la institución, llamada “Póngase en los zapatos de la persona usuaria” con el fin de concientizar a los servidores judiciales para que brinden un mejor servicio a las personas usuarias, utilizando todas las herramientas y recursos con los cuales cuenta la institución, pero principalmente con su buena disposición, mística y empatía, de manera que se pongan en los zapatos de la persona usuaria y la atiendan como a ellos les gustaría ser atendidos si estuvieran en su lugar.
Veda de armas – una solución inadecuada a un problema inexistente.
El pasado 12 de enero, en declaraciones al Diario La Extra, el Ministro de Seguridad Pública, Don Mario Zamora, presentó una más en una serie de irreflexivas medidas para controlar aún más las armas permitidas en el país. Bajo el tenue argumento de “velar por la seguridad nacional”, la veda propuesta impediría que ciudadanos responsables y facultados legalmente para portar armas lo hicieran durante eventos públicos, como las tradicionales fiestas de Zapote y los festejos populares de Palmares.
El lector casual bien podría estar de acuerdo con esta desatinada propuesta. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio se opondría a una medida que “vela por la seguridad nacional”? Sin embargo, un análisis más cuidadoso nos revela varios problemas con la veda. En primer lugar, es un hecho histórico comprobado que las vedas no surten el efecto deseado. Más bien tienen el efecto contrario. El evento mejor documentado en este sentido fue la prohibición a la manufactura, venta e importación de licor en los Estados Unidos de América, entre los años 1920 y 1930. Lo único que logró esa prohibición fue fomentar el surgimiento y fortalecimiento del crimen organizado. Aunque la veda fue eliminada en 1933, las organizaciones criminales permanecen fortalecidas hasta hoy.
El segundo problema con la veda propuesta es que sólo los ciudadanos responsables y apegados a la Ley, quienes ya de por sí han pasado por múltiples filtros de seguridad y dilatados y onerosos procesos administrativos para poder adquirir un arma, inscribirla y luego portarla con fiel apego de la ley, serán afectados por la veda. Se ha documentado que estos ciudadanos ejemplares son estadísticamente menos propensos a cometer delitos de cualquier tipo, incluida la violencia armada. Los delincuentes, quienes por definición están fuera del marco regulatorio de la ley, en cambio no serán en nada afectados por la veda. Si son actualmente capaces de obtener armas automáticas de grueso calibre – ilegales de por sí y no permitidas para la población civil - ¿qué nos garantiza que van a obedecer una veda? Los delincuentes seguirán ignorando las disposiciones de la Ley y continuarán portando armas ilegales, con veda o sin ella.
El problema quizá más fundamental con la veda propuesta es que no viene a solucionar ningún problema. El Ministro Zamora la promueve para mantener la seguridad en eventos populares. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Cuántas personas han sido abatidas por violencia armada en los últimos años durante los festejos populares de Zapote y Palmares, del resto del país? Más aún, y asumiendo que estos hechos han ocurrido (y sabemos que no es así), ¿cuántos de estos hechos violentos fueron cometidos por personas con armas legalmente inscritas y con permisos de portación al día? Lo obvio salta a la vista: no hay razón de peso para fomentar una veda de armas, escudados en la supuesta prevención de delitos, que nunca han ocurrido. Además, los afectados directamente por la veda son quienes menos probabilidad tienen de cometer ilícitos.
El Ministro Zamora, a la sombra de organizaciones que promueven la paz y el desarme civil, esgrime razones de “seguridad nacional” y de “reducción de la violencia” para promover una veda de armas. Lo cierto, sin embargo, es que la justificación que usan ambos para avanzar su política de desarme popular es, en el mejor de los casos, una afanosa construcción de hechos no acaecidos, y en el peor de ellos, mal intencionada y peormente dirigida. La veda de armas es una solución inadecuada a un problema inexistente.
Miguel Cifuentes Jara
El pasado 12 de enero, en declaraciones al Diario La Extra, el Ministro de Seguridad Pública, Don Mario Zamora, presentó una más en una serie de irreflexivas medidas para controlar aún más las armas permitidas en el país. Bajo el tenue argumento de “velar por la seguridad nacional”, la veda propuesta impediría que ciudadanos responsables y facultados legalmente para portar armas lo hicieran durante eventos públicos, como las tradicionales fiestas de Zapote y los festejos populares de Palmares.
Durante los últimos años, los niveles de violencia han aumentado considerablemente en América Latina. Por ejemplo la tasa de homicidios se ha incrementado en más de un cuarenta por ciento, dándole a Latinoamérica y al Caribe la no muy honrosa distinción de ser la segunda región más violenta del mundo. Paradójicamente, en la medida en que crece la conciencia moderna que condena la violencia, esta se intensifica mimetizándose en cada una de las prácticas sociales. Por desgracia, Costa Rica no ha sido la excepción.
Ciertamente el combate a la inseguridad, la delincuencia, al crimen organizado, ha dejado de ser, en nuestro país, una redituable promesa y tema de cada campaña política para transformarse en un delicado problema de Estado. Y no es para menos. Millones de costarricenses viven aterrados porque hoy, más que nunca, es cierto aquello de que sabemos cuándo salimos de nuestras casas, pero no cuándo regresaremos...
En lo cotidiano, por desgracia, la nota roja es el ingrediente fundamental de la información de los medios, lo cual nos lleva a darnos cuenta de que la lucha parece ser que la están ganando los detractores de la paz social. Definitivamente lo que está sucediendo en Costa Rica es muy preocupante, y va más allá del miedo de los ciudadanos, pero ante este hecho no basta solamente con preocuparse. Hay que ocuparse del hecho, es decir, hacer una seria reflexión acerca de lo que nos está pasando, tomar las medidas pertinentes y actuar responsablemente.
¿Cuántas veces se nos ha dicho que no portemos objetos de valor cuando transitemos a pie, que no los dejemos a la vista en el carro o evitemos sacar el celular en plena calle?..., una infinidad de veces ciertamente, pero muchas personas siguen sin hacer caso. Tratemos en este caso de ser un poco más prudentes y humildes, pues a veces a las personas les gusta presumir los bienes materiales que poseen lo cual es un comportamiento muy conveniente para los delincuentes.
No se trata de predecir desastres, pero lamentablemente ya se han registrado casos en los cuales, ante la falta de una respuesta efectiva, la gente llega al límite de ejercer justicia por su propia mano. De ahí que no se pueda llegar a aceptar que la violencia es inherente al temperamento de los ticos, y que por ello todo lo que sucede es normal. Esto sería lo peor que pudiera sucedernos.
Nadie puede ser insensible ante la violencia, mas el cambio y la lucha no consiste en la simple aceptación de que la inseguridad es un problema muy complejo, tampoco se puede dejar que todo lo haga el Gobierno, porque sería recorrer los mismos caminos de falta de compromiso ciudadano.
Este es un momento crucial para que, como ciudadanos, nos unamos y planteemos nuestras legítimas exigencias. A lo que ahora nos enfrentamos es el resultado de un gran número de descuidos y omisiones que tanto autoridades como ciudadanos hemos permitido durante años. Hoy nuestro país requiere de soluciones de fondo, exige una manera diferente de actuar y una manifiesta responsabilidad ciudadana.
Por eso leyes más efectivas, revisión severa al sistema de impartición de la justicia, una lucha frontal y sin cuartel a la corrupción, o un enérgico programa de educación en valores, siguen siendo asignaturas pendientes en esa necesaria lucha contra la violencia. Una ardua lucha en la que la participación es fundamental; pero en donde lo más importante es, sin duda, el compromiso, el esfuerzo y la voluntad de todos para llevarla a cabo, pues como dijera Mahatma Gandhi: “La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil; pero ninguna dificultad puede abatir a los humanos que tienen fe en su misión”.
Durante los últimos años, los niveles de violencia han aumentado considerablemente en América Latina. Por ejemplo la tasa de homicidios se ha incrementado en más de un cuarenta por ciento, dándole a Latinoamérica y al Caribe la no muy honrosa distinción de ser la segunda región más violenta del mundo. Paradójicamente, en la medida en que crece la conciencia moderna que condena la violencia, esta se intensifica mimetizándose en cada una de las prácticas sociales. Por desgracia, Costa Rica no ha sido la excepción.
¿Cuántas cosas más, necesita el costarricense para despertar?
Surge aparentemente otro manejo inadecuado de recursos de las deuda política, ahora por parte del Partido Liberación Nacional ¿Será esta la gota que derrame el vaso ya no de la paciencia del pueblo, sino, diría yo, de la indiferencia del pueblo ante los desmanes de una clase política que ha perdido todo el pudor y el respeto hacia la ciudadanía.
2011: un excelente año para el comercio y la inversión
Las exportaciones costarricenses alcanzaron el año pasado una cifra record en la historia nacional: US$15,379 millones. Esto representa un 12.5% más que las exportaciones del 2010, superando con ello la meta que nos habíamos propuesto.
El comportamiento fue positivo “por parejo”. Crecieron las exportaciones de bienes un 11% y las de servicios un 15.9%. Crecieron el sector agrícola, el sector industrial y el sector de servicios, todos a tasas de dos dígitos. Creció el número de empresas exportadoras y la cantidad de productos exportados. Hoy, 2,412 empresas exportan 4,307 productos diferentes a 145 países en el mundo.
En términos de subsectores y productos, los resultados también son alentadores. Todos los subsectores crecieron, algunos muy significativamente. Las exportaciones de productos de plástico y metalmecánica se incrementaron 30%, la industria alimentaria 17%, la industria química 12%, lo mismo que la del papel y cartón.
Los componentes electrónicos para los microprocesadores, los dispositivos médicos, el banano, la piña, el café, otras preparaciones alimenticias y los medicamentos se consolidan como los grandes productos costarricenses. Y hay productos con comportamientos estelares, como el aceite de palma con un crecimiento del 70%.
Tenemos, además, una exportación muy diversificada en términos de mercados. Norteamérica es la principal región del mundo para las exportaciones del país, con un 43% del total, mientras que América Central, Europa y Asia representan un 20, 18 y 12% del total. Entre los países de destino destaca, por mucho, Estados Unidos, seguido por Holanda, China, Panamá y el resto de los países centroamericanos y México.
Por el lado de la inversión extranjera directa, los resultados también son excelentes. Los datos acumulados al tercer trimestre del año pasado –datos disponibles del Banco Central a este momento- indican que la inversión alcanzó la suma de $1,558 millones, un 52% más que en el 2010. Esto hace preveer que en este campo también superaremos la meta establecida para el 2011.
El sector que más inversión extranjera atrajo al país fueron las zonas francas, con $470 millones, la mayoría de ella en sectores de alta tecnología. Este tipo de inversión es el que ha permitido a Costa Rica convertirse en el país con mayor participación de las exportaciones de productos de alta tecnología en sus exportaciones de manufactura, y en el cuarto a nivel mundial.
Más importante aun, esta inversión generó 7,728 empleos directos y 14,000 empleos indirectos. Los empleos directos generados representan el 30% del total de empleos generados por el sector privado en el país. Sectores como ciencias de la vida, servicios, manufactura avanzada y otros lideran la recepción de inversión en el país.
La apertura del sector de telecomunicaciones también atrajó una cantidad importante de inversión extranjera directa, cerca del 25% del total. Esto es importante no sólo en sí mismo, sino porque contribuye decididamente al mejoramiento de la competitividad en el país.
Estos resultados en el campo del comercio y la inversión confirman una vez más que Costa Rica ha venido consolidando con éxito su participación en el mundo globalizado. Competimos bien y debemos continuar haciéndolo. Enfrentamos, por supuesto, desafíos externos, en particular la difícil situación económica en la eurozona y el crecimiento moderado de los Estados Unidos, así como retos internos del continuo mejoramiento de la competitividad. Sin embargo, sin ser complacientes y estando conscientes de que hay que redoblar esfuerzos para continuar creciendo, el 2011 es un año para sentirnos orgullos del desempeño de Costa Rica en el mercado internacional.
Anabel González
Ministra de Comercio Exterior
Las exportaciones costarricenses alcanzaron el año pasado una cifra record en la historia nacional: US$15,379 millones. Esto representa un 12.5% más que las exportaciones del 2010, superando con ello la meta que nos habíamos propuesto.
Derecho a Poseer y Portar Armas NO es una Concesión del Estado.
Es preocupante el criterio carente de fundamento recientemente externado por funcionarios públicos en torno al derecho de poseer y portar armas por parte de los ciudadanos costarricenses. Confunden ellos, con aires de malsana oficialidad, entre un derecho y una concesión con el motivo último de confundir a la opinión pública. En su afán de avanzar la política explícita de desarme de la población civil, confunden además entre bienes públicos (calles, parques, plazas y demás espacios públicos) y bienes de dominio privado. Éstos últimos están integrados por objetos, materiales susceptibles de valoración económica e inmaterial como los derechos, también los bienes muebles e inmuebles construidos o adquiridos de manera lícita, con fuentes económicas patrimoniales propias de la persona.
Un arma propiedad de un ciudadano no puede ser clasificada de otra forma más que como un artículo bien mueble, de dominio público o privado según la fuente del recurso de adquisición y la propiedad del mismo. La posesión de dicha propiedad privada es protegida en el Artículo 45 de nuestra Constitución Política y respaldada por la libertad para adquirir, decidir y elegir sin ninguna limitación bienes patrimoniales que gozan los ciudadanos costarricenses en el libre ejercicio y goce de sus derechos y facultades. El uso de estas propiedades, en el principio de inviolabilidad y defensa de la vida humana, respaldados en nuestra Constitución Política y el derecho natural de auto-defensa que poseemos todos los seres vivos.
Aunque el Estado cuenta con la potestad soberana de imperio, otorgada por el Pueblo para administrar, controlar, regular y mantener un registro actualizado de las armas existentes en el país y de sus poseedores públicos y privados, todo bajo el marco legal, regulatorio y sancionatorio del estado de derecho, resulta improcedente que el estado pueda auto designarse la atribución de dar en concesión a los ciudadanos bienes que no le pertenecen y que no están bajo dominio público; son propiedad privada de las personas en el ejercicio de su libertad, uso y disposición. Mucho menos puede el Estado pretender concesionar la capacidad y la oportunidad al ciudadano de defender su vida, la de su familia y su patrimonio ante una agresión ilegítima.
El respeto a la libertad de los ciudadanos en su derecho a poseer armas, garantiza el equilibrio Democrático necesario entre los posibles excesos y abusos de poder de sus gobernantes y la potestad del pueblo de mantener el balance y control sobre el estado. Además asegura la posibilidad del pueblo de colaborar en la construcción y solidificación de un país más seguro.
Las recientes declaraciones infundadas por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública van más allá de las atribuciones que razonablemente pueden ejercer los representantes del estado sobre las los ciudadanos libres de este país, al amparo del Artículo 11 de la Constitución Política. Elevamos por esto una protesta enérgica por semejante violación hacia los derechos ciudadanos y exigimos se corrija tal atrocidad. Mejor sería que concentrara sus esfuerzos el Ejecutivo en controlar las armas ilegales, las verdaderas causantes de la violencia armada en el país, y no en erosionar las libertades y derechos de los ciudadanos respetuosos del ordenamiento jurídico imperante. El desarme de la población civil y los poseedores legales de armas permitidas por la Ley 7530 no resuelve en nada el problema de la inseguridad ciudadana.
Lic. David Jiménez Ramírez –
Es preocupante el criterio carente de fundamento recientemente externado por funcionarios públicos en torno al derecho de poseer y portar armas por parte de los ciudadanos costarricenses. Confunden ellos, con aires de malsana oficialidad, entre un derecho y una concesión con el motivo último de confundir a la opinión pública. En su afán de avanzar la política explícita de desarme de la población civil, confunden además entre bienes públicos (calles, parques, plazas y demás espacios públicos) y bienes de dominio privado. Éstos últimos están integrados por objetos, materiales susceptibles de valoración económica e inmaterial como los derechos, también los bienes muebles e inmuebles construidos o adquiridos de manera lícita, con fuentes económicas patrimoniales propias de la persona.
Finalizaba el año y corría para atender asuntos en los tribunales, cuando sorpresivamente alguien me saludó. Como no recordé quién era, éste obeso y pequeño hombre, con aires de sorprendido, acomodándose su mostacho y con fuerte voz, me recordó que habíamos sido compañeros de primaria. Igual, no recordé. No obstante, luego de saludarnos y tratar de hacer memoria, sin mayor preámbulo me preguntó qué había hecho “con mi vida”.
Le conté que ejercía como abogado y, por lo demás, todo bien. Con cara de pocos amigos, y como si no le hubiera gustado que me hubiera dedicado casi toda mi vida a estudiar, me increpó que no se explicaba cómo alguien "perdía el tiempo" en pasarse entre libros si había tanto "negocio en la calle".
No pude decir nada. Sólo pensaba que mi lentes bifocales, mis canas en ciernes, mi corbata que apretaba mi asfixiada garganta y mis "libros" (códigos) que cargaba en mi me pesado bulto, no le significaban nada. Por el contrario se presentó como un próspero comerciante y que si andaba por los pasillos judiciales era porque un "hijo de madre" había osado acusarlo, "injustamente".
Como estudioso de la Psicología, Periodismo y Mercadeo, a través de los años, tengo claro que el condicionamiento que las personas sufrimos, desde nuestro nacimiento y durante toda nuestra vida, es debido, fundamentalmente, al proceso de culturalización.
Como consecuencia de la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la reciente huelga que irresponsablemente decretaron los anestesiólogos y del apoyo que ese movimiento recibió de parte de la Unión Médica Nacional y de de otras organizaciones gremiales del sector salud, así como de una buena parte del personal médico y paramédico de la Institución, se ha hecho evidente para todos, que la Caja del Seguro Social, cuya importancia nadie discute, no puede seguir funcionando bajo los esquemas diseñados hace setenta años por sus fundadores y debe ser reorganizada, para poder garantizarle a los asegurados un servicio ininterrumpido y eficiente, acorde con los nuevos parámetros adoptados actualmente en esta materia por los países más civilizados, en donde la salud pública constituye una prioridad indiscutible.
No pretendemos, desde luego, presentar ni siquiera un esbozo de esa reorganización, pues esto es tarea reservada a médicos salubristas y expertos en Administración, pero como una contribución al problema, permítasenos señalar algunos puntos medulares que consideramos indispensables en cualquier reorganización que llegue a plantearse: 1) Cualquier reorganización debe partir del reconocimiento de que, los megahospitales que actualmente pretende administrar la Caja del Seguro Social, son, en la práctica, instituciones muy complejas, que requieren, para su funcionamiento, de un personal muy numeroso, que organizado en sindicatos, liderados por dirigentes cuyo único norte es el beneficio personal de los agremiados, pueden llegar, como la experiencia lo demuestra, a constituirse, de hecho, en rectores de la Institución imponiéndole sus directrices a los Administradores legalmente nombrados, bajo la amenaza de paralizar los servicios que por ley deben brindarse a los asegurados.
Aunque el artículo 61 de la Constitución Política prohíbe la huelga o el paro en los servicios públicos y el Código de Trabajo establece todo un procedimiento para que los trabajadores puedan decretar una huelga legal, estas disposiciones en la práctica son letra muerta, pues ante una suspensión de labores, por ilegal que sea, los directores de la Institución siempre acaban por doblegarse a las pretensiones de los huelguistas para evitar una catástrofe nacional. 2) Una solución legal al problema consistente en prohibir la existencia de sindicatos en el sector público y la celebración de convenciones colectivas en ese mismo sector, aunque no debe descartarse “a priori”, no podría implementarse a corto plazo, pues involucra reformas constitucionales polémicas, por lo que hay que buscar una solución más práctica e inmediata. 3) Como se ha hecho en otros países que han confrontado el mismo problema al que nos estamos refiriendo,
El Estado ha estimulado a los médicos para que se organicen en clínicas privadas, en donde, bajo tarifas reguladas, se prestan servicios a los asegurados por cuenta del Seguro Social.
Los actuales hospitales, que cuentan con equipo muy sofisticado que no estaría al alcance de las clínicas privadas, pasarían a arrendar ese equipo a los médicos que lo requieran y éstos, a su vez incluirían ese servicio, en sus cuentas. En esta forma se le resta fuerza a los sindicatos; se aleja el fantasma de las huelgas y se garantiza al asegurado un servicio rápido y eficiente, brindándole de paso el derecho a la libre elección del médico o médicos tratantes.
06 de Enero del 2012.
Como consecuencia de la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la reciente huelga que irresponsablemente decretaron los anestesiólogos y del apoyo que ese movimiento recibió de parte de la Unión Médica Nacional y de de otras organizaciones gremiales del sector salud,
NO DEBEMOS TOLERAR QUE EN NUESTRO PAIS HAYA DISCRIMINACION
Así es, en pleno Siglo XXI y aquí en Costa Rica, tuve que recurrir a la Sala Constitucional, para frenar lo que considero es un acto de discriminación.
Como Rector de la Universidad de Ciencias Médicas, UCIMED, presenté una Acción de Inconstitucionalidad contra varios artículos del reglamento suscrito por la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, que regula la especialización de los médicos en los hospitales del Seguro Social.
Este reglamento discrimina a las universidades privadas, pues autoriza el funcionamiento de los posgrados médicos de la Universidad de Costa Rica, pero deja por fuera a los Centros de Educación Superior privados que tienen Facultades de Medicina, es decir, hay una marcada desigualdad entre los médicos graduados de la UCR y los otros.
El artículo 33 de nuestra Constitución Política dice que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. No existe ningún estudio técnico ni legal que establezca por medio de la utilización de parámetros objetivos, que solo la UCR está en capacidad de brindar cursos de posgrado en medicina en las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Más bien, si se eliminara el monopolio en momentos en que existe un importante faltante de especialistas, se beneficiaría a la Caja y al país, pues algunos centros universitarios podrían dedicarse impartir determinadas especialidades, así como ofrecer las que la UCR no imparte en la actualidad.
Tanto la UCR como las Universidades Privadas se encuentran en la misma situación, al ser reconocidas por los órganos estatales competentes como el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), y aún más, la carrera de medicina de UCIMED está re-acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES, igual que la carrera de medicina de la UCR.
Por otro lado, existe una contradicción pues, las mismas universidades que son discriminadas para impartir cursos de posgrado, están habilitadas para impartir cursos de Licenciatura en Medicina y existe además un reglamento emitido por la propia CCSS que regula la actividad clínica docente en los hospitales de la institución.
También he impugnado el convenio entre la UCR y la CCSS por considerar que violenta el principio constitucional que obliga al Estado y a sus instituciones a promover e incentivar la enseñanza privada en todos los niveles, incluido el universitario, ya que impide que los centros privados que imparten la carrera de medicina, incursionen en la prestación de esta actividad académica a nivel de posgrado.
La educación hace rico a un país y en Costa Rica, la educación privada ha solventado un gran problema, porque la educación pública no tiene capacidad para absorber a tantos estudiantes. Dónde estarían ahora los miles de jóvenes que no pudieron ingresar a una Universidad estatal, pero encontraron las puertas abiertas de una privada y ahí pudieron labrar su carrera y forjar su futuro.
He salido a dar la cara por mis alumnos y en general, por todos los estudiantes de medicina de las Universidades Privadas, porque durante más de cuatro años, la UCIMED ha solicitado el espacio en los hospitales de la CCSS para formar especialistas, sin lograrlo, ya que las autoridades de esa institución, se han negado a suscribir un convenio. No puedo tolerar que haya discriminación. Los magistrados de la Sala Constitucional le dieron curso a la Acción de Inconstitucionalidad… ahora esperaremos la resolución.
Dr. Pablo Guzmán Stein
Rector UCIMED
Así es, en pleno Siglo XXI y aquí en Costa Rica, tuve que recurrir a la Sala Constitucional, para frenar lo que considero es un acto de discriminación.