En tiempos de declinación,  cuando las fuerzas espirituales  padecen mengua, los papeles de los distintos actores sociales se distorsionan y no cumplen el destino para el cual fueron originalmente concebidos. Por supuesto, nuestro país, inmerso en una crisis de dimensiones universales, no escapa a esa regla y hoy debemos  contemplar con desaliento, que el espíritu de servicio y el afán de concretar el esfuerzo en acciones dirigidas al bien común, se abandona, para dar paso al ánimo de lucro personal.  En esta oportunidad, deseamos referirnos concretamente al político y al  dirigente sindical. Sin duda alguna, ambos están llamados a jugar insustituibles papeles en nuestra sociedad. El primero como principal impulsor  de las aspiraciones de un pueblo políticamente organizado y como  depositario del poder que regula el orden y funcionamiento de los poderes del Estado, tanto en sí mismos, como en su relación con los ciudadanos y el segundo, como representante del sector laboral, que constituye un elemento esencial en la economía de cualquier  país. Desafortunadamente, por lo general y con escasas excepciones,  quienes actualmente encarnan esos papeles están muy lejos de comportarse de acuerdo con ese esquema ideal.  Con pesar comprobamos que al menos en nuestro medio, los llamados políticos tradicionales andan a la caza de puestos en la Administración Pública y  saltan ágilmente  de una diputación a un Ministerio; de una institución encargada de la salud pública a la dirección de otra, a la que le corresponde la generación de energía eléctrica y así por el estilo,  aceptando  las posiciones más disímiles, con tal de que todas ellas estén bien remuneradas y les permita mantener vigente su imagen de personajes públicos.  El dirigente sindical por su parte, olvida su papel protagónico en la economía nacional y únicamente trata de perpetuarse en su posición, explotando políticamente  las granjerías que obtiene para sus agremiados, a las que llama eufemísticamente, “conquistas sociales”, sin importarle que éstas dañen a la economía nacional y a la postre, a los propios trabajadores a los que pretende defender. Por estas razones, la opinión más generalizada los ha bajado del pedestal que les correspondería ocupar, calificándolos simplemente de “parásitos sociales”.  Tal es el caso del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (SINTRAJAP), cuya Directiva se ha opuesto  sistemáticamente a la concesión de los puertos,  en clara violación al artículo 121, inciso 14) de nuestra Constitución Política, que expresamente declara que los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales son propiedad del Estado,  que en consecuencia,  puede administrarlos en la forma que mejor convenga a los intereses nacionales. Los dirigentes de SINTRAJAP se oponen a la Concesión, por cuanto bajo una nueva Administración no podrían mantener los abusivos beneficios contemplados en una Convención Colectiva, que a su vencimiento, no fue oportunamente denunciada, por una criminal omisión de los Directores de JAPDEVA.  Por causa de esta Convención,  mantenida a contrapelo de los mejores intereses nacionales, nuestros puertos en el Atlántico están catalogados actualmente  como unos de los más caros e  ineficientes  del mundo.  Con un criterio generoso y patriótico, la mayoría de los trabajadores sindicalizados de los muelles de Limón, reunidos en Asamblea General, removieron a los anquilosados dirigentes de la cúpula sindical;  aceptaron la indemnización que el Gobierno les ofreció para ponerle término a la Convención Colectiva y de este modo  abrieron paso a una Concesión de los puertos,  que permitirá una Administración más eficiente, en beneficio del país en general. Desafortunadamente, la Sala Cuarta por razones que el país desconoce, pues aún no ha sido redactada la respectiva sentencia, anuló la última Asamblea General de los Trabajadores, reinstaló en sus puestos a los Directivos depuestos y dejó nuevamente en vigencia la Convención Colectiva, que es la carlanca que mantiene a los puertos de Limón en la vergonzosa posición en que actualmente se encuentran. Se ha convocado a una nueva Asamblea para el mes de Enero del año venidero y es de desear que para esa fecha se haya hecho público el fallo de la Sala Cuarta, a fin de que los Asambleístas, no incurran en errores que    puedan dar pie  a  los Tribunales para que continúen atrasando   la apertura  de los Puertos, que el país demanda y que  los sectores productivos han esperando con ansia durante largos años.

04 de Noviembre de 2010.

En tiempos de declinación,  cuando las fuerzas espirituales  padecen mengua, los papeles de los distintos actores sociales se distorsionan y no cumplen el destino para el cual fueron originalmente concebidos. Por supuesto, nuestro país, inmerso en una crisis de dimensiones universales, no escapa a esa regla y hoy debemos  contemplar con desaliento, que el espíritu de servicio y el afán de concretar el esfuerzo en acciones dirigidas al bien común, se abandona, para dar paso al ánimo de lucro personal.