No ocurrió asíal menos el pasado 30 de junio. En la sesión plenaria de ese día se aprobóuna significativa reformaa los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto del Estado, y se dio vía rápida a la tramitación de un proyecto de reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial, así como a una propuesta de ley que pretende combatirel fraude fiscal.

Lasiniciativas contienen reformas destinadas a reducir el gasto del Estado en el pago de pensiones, que por sus extraordinarios y excesivos beneficios, han sido calificadas como“de lujo”. Las reformasno afectan a las jubilaciones que se le pagana quienes las recibenen relación con los aportes que hicieron durante su vida laboral, ni las de la mayoría de trabajadores,maestros y funcionarios,que no son de lujo, sino que le permiten a las personas estar tranquilas y seguras, contando con una bien ganada estabilidad durante los años de su vida.

Tampoco afectará desde luego, a las pensiones del régimen no contributivo mediante el cual el Estado, en un acto justicia social yde compromisohumanista colectivo, le paga una pensión –exigua ha de reconocerse -,a personas en condiciones de pobreza extrema, que por cualquier motivo, no tuvieron nunca la oportunidad de contribuir solidariamente con el sistema de Seguridad Social costarricense,como los que si lo hicieron.

Los proyectos originales fueron propuestos desde hace ya bastante tiempo por diputados de distintas Fracciones Legislativas. A mi, como Jefe de una de ellas, me corresponde destacar,sin detenerme a pensar en los orígenes de cada una de las iniciativas, o de sus posteriores correcciones y enmiendas, que ha sido el Partido Unidad el quese ha empeñado en sacar adelante,de manera sostenida y sin titubeos, una Agenda de Responsabilidad Fiscal destinada a controlar el gasto público, antes que discutir sobre la necesidad, o no, de aprobar los nuevos impuestos que desea el Gobierno.

Gracias a la propuesta socialcristiana, acogida el 1 de mayo pasado por la mayoría de las fracciones parlamentarias, es que 2 meses después podemos avanzar cambiando la historia en la Asamblea Legislativa. Falta aún mucho por hacer, pero esperamos que con igual celeridad y consenso, el conjunto de proyectos propuestos para racionalizar el gasto en remuneraciones, pluses y convenciones colectivas en el sector público, sigan el mismo camino. Podemos evitar una tragedia griega. Las decisiones serán difíciles pero también resultanimpostergables y urgentes. Es tiempo, unidos, de adoptarlas!