Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de tanta corrupción en nuestro país, de tanto robo, de tanto despilfarro, de tanta desvergüenza. La corrupción ha clavado muy hondo sus garras y se ha generalizado, la encontramos en el sector público, en el sector privado, en las pequeñas oficinas administrativas y en las altas esferas del poder. Aparece en forma de mordida, de comisión, de sobreprecio, de asesoría, de consultoría… Para robar dineros públicos, la imaginación no tiene límites.

Pero la corrupción no solo afecta las arcas del Estado, sino también la función de servicio público de nuestras instituciones. Se pone de manifiesto con la ineficiencia laboral, con la incuria de algunos empleados públicos, incapaces de hacer bien su trabajo pero rápidos y efectivos para declarar huelgas y lanzarse a la calle para defender sus abultados privilegios.

Nuestra función pública se ha transformado, ha cambiado de forma y de fines, se ha convertido en un monstruo de mil cabezas, esclerosado, ineficiente, plagado de vicios y de defectos.

Se comprende entonces porqué nuestros asegurados tienen que padecer filas en los hospitales, porqué faltan los medicamentos para tratar el cáncer, porqué se programan citas importantísimas para dentro de algunos años. ¡Cuánto estamos lastimando a los que menos tienen y más necesitan!

Y sin embargo, nada pasa. Los ticos nos hemos acostumbrado a ver huecos en las calles, puentes que se caen, platinas que no se arreglan. Y todo sigue igual. Permanecemos contemplativos ante esa triste realidad, como simples espectadores de una obra con tintes cómicos, que en cualquier momento puede convertirse en tragedia.

Nos hemos acostumbrado a tener un parlamento que da lástima, en lugar de inspirar orgullo y admiración. Nos hemos acostumbrado a que los políticos roben, en lugar de ser dignos e irreprochables. Nos hemos acostumbrado a que la función pública sea ineficiente, en lugar de brindarnos un servicio de calidad. Y así transcurre el tiempo, y nosotros seguimos aceptando estas barbaridades, como si fueran irremediables, inmutables, impuestas por el destino.

Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de todo esto. No estoy dispuesto a resignarme y a aceptar que unos pocos lleven este bello país al despeñadero. Sé que no soy el único, sé que somos muchos los costarricenses que queremos un país mejor, más justo, más equitativo, más solidario.

Es momento de levantar la conciencia ciudadana, de organizarnos, de hacernos sentir, de exigir un cambio, de decir alto y fuerte: ¡Basta ya!

Rodolfo Brenes Vargas

Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de tanta corrupción en nuestro país, de tanto robo, de tanto despilfarro, de tanta desvergüenza. La corrupción ha clavado muy hondo sus garras y se ha generalizado, la encontramos en el sector público, en el sector privado, en las pequeñas oficinas administrativas y en las altas esferas del poder. Aparece en forma de mordida, de comisión, de sobreprecio, de asesoría, de consultoría… Para robar dineros públicos, la imaginación no tiene límites.

Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo y la inversión privada disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico y propicia el desempleo, entonces, por qué no demandar al BCCR una política de reducción de las tasas de interés y de dotar al mercado de mayor liquidez, tras la sustantiva disminución que ha registrado el índice de precios al consumidor (IPC) en el último año.

Los analistas sostienen que las altas tasas de interés en que se fundamenta la política antiinflacionaria del BCCR están repercutiendo para una mayor aceleración del ritmo de crecimiento de la economía, lo cual incide negativamente en el empleo.

Por otro lado, los economistas apuntan a un fortalecimiento del precio del dólar, cuya cotización tiende a la baja como consecuencia de la entrada de capitales extranjeros atraídos por las altas tasas del mercado financiero costarricense, con el consecuente efecto negativo sobre las exportaciones.

Lo anterior es claro y contundente, entonces es inexplicable que el BCCR esté participando tan activamente en la captación de colones a altas tasas de interés, en un mercado de liquidez, ya de por sí, sumamente seco (crecimiento del 6% anualizado en febrero), con lo cual ejerce mayor presión sobre el valor del dinero. Prueba de ello, es que, en lo que se lleva del 2012 en Banco Central ha captado el 19% de los depósitos realizados a través de subasta pública, esto pese a que el país está registrando índices inflacionarios reducidos (un IPC del 4.5% anualizado en abril) y, a excepción de los hidrocarburos, sin ningún tipo de presión, pues vemos un índice subyacente de la inflación situado en 3.7% anualizado en abril y expectativas de inflación a 12 meses disminuyendo del 7.3% en abril del 2011 al 6.1% en marzo del 2012.

No se puede obviar que las altas tasas de interés que se pagan en el mercado de liquidez costarricense son, en un alto porcentaje, por el efecto de la oferta y la demanda, pero de igual forma sería ingenuo no deducir que además hay un componente político, casi de intimidación, para justificar la necesidad de un nuevo paquete tributario, y en ello el BCCR ha sido un gran protagonista.

PATRICIA PÉREZ HEGG

Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo y la inversión privada disminuye al incrementarse el costo de las deudas.

Pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico y propicia el desempleo, entonces, por qué no demandar al BCCR una política de reducción de las tasas de interés y de dotar al mercado de mayor liquidez, tras la sustantiva disminución que ha registrado el índice de precios al consumidor (IPC) en el último año.

Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo y la inversión privada disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico y propicia el desempleo, entonces, por qué no demandar al BCCR una política de reducción de las tasas de interés y de dotar al mercado de mayor liquidez, tras la sustantiva disminución que ha registrado el índice de precios al consumidor (IPC) en el último año.

Los analistas sostienen que las altas tasas de interés en que se fundamenta la política antiinflacionaria del BCCR están repercutiendo para una mayor aceleración del ritmo de crecimiento de la economía, lo cual incide negativamente en el empleo.

Por otro lado, los economistas apuntan a un fortalecimiento del precio del dólar, cuya cotización tiende a la baja como consecuencia de la entrada de capitales extranjeros atraídos por las altas tasas del mercado financiero costarricense, con el consecuente efecto negativo sobre las exportaciones.

Lo anterior es claro y contundente, entonces es inexplicable que el BCCR esté participando tan activamente en la captación de colones a altas tasas de interés, en un mercado de liquidez, ya de por sí, sumamente seco (crecimiento del 6% anualizado en febrero), con lo cual ejerce mayor presión sobre el valor del dinero. Prueba de ello, es que, en lo que se lleva del 2012 en Banco Central ha captado el 19% de los depósitos realizados a través de subasta pública, esto pese a que el país está registrando índices inflacionarios reducidos (un IPC del 4.5% anualizado en abril) y, a excepción de los hidrocarburos, sin ningún tipo de presión, pues vemos un índice subyacente de la inflación situado en 3.7% anualizado en abril y expectativas de inflación a 12 meses disminuyendo del 7.3% en abril del 2011 al 6.1% en marzo del 2012.

No se puede obviar que las altas tasas de interés que se pagan en el mercado de liquidez costarricense son, en un alto porcentaje, por el efecto de la oferta y la demanda, pero de igual forma sería ingenuo no deducir que además hay un componente político, casi de intimidación, para justificar la necesidad de un nuevo paquete tributario, y en ello el BCCR ha sido un gran protagonista.

PATRICIA PÉREZ HEGG

Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo y la inversión privada disminuye al incrementarse el costo de las deudas.

Pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico y propicia el desempleo, entonces, por qué no demandar al BCCR una política de reducción de las tasas de interés y de dotar al mercado de mayor liquidez, tras la sustantiva disminución que ha registrado el índice de precios al consumidor (IPC) en el último año.

Sin esa reflexión y sin las conclusiones acertadas, difícilmente saldremos adelante.

Los sentimientos colectivos se componen de una compleja mezcla, que van desde la frustración y el desencanto por la política en general, hasta la cólera y el deseo de que las cosas se resuelvan por vías no convencionales. ¡Peligrosos sentimientos! Sobre todo, si tomamos en cuenta que las vías democráticas no están cerradas, aún con la poca o nula confianza que le merecen a los ciudadanos las autoridades encargadas de velar por la limpieza del sufragio y la no injerencia de fuerzas extrañas en los procesos electorales.

En efecto, pocas veces en la historia se han puesto de manifiesto el empleo de los poderes públicos junto a las influencias políticas y económicas, en el mal uso o la malversación pura y simple de los recursos estatales, literalmente asaltados por contratistas inescrupulosos o por la coima como mecanismo idóneo para obtener ventajas económicas.

La relación entre poder político o institucional  y poder económico; la relación entre poder político y clientelismo electoral y la relación entre ese tipo de poder político y la entrega de Costa Rica a las fuerzas financieras y corporativas trasnacionales, es ahora más evidente que antes. Es necesario reconocer que algunos importantes medios de prensa, han contribuido a alertar, parcialmente, a la ciudadanía. Por eso hablamos de “relaciones evidentes”, porque desde la vieja y oscura historia del bipartidismo, esas prácticas estuvieron a la orden del día aunque por lo general ocultas a los ojos de las personas.

Por otro lado, el actual gobierno ha llevado a límites insospechados la dispersión del poder estatal y la toma de decisiones, lo que estaría muy bien si en última instancia alguien dijera la última palabra y asumiera a plenitud la responsabilidad sobre esas decisiones. Pero no es así. Cada ministerio o institución es parte de un archipiélago donde el jerarca hace y deshace sin rendirle cuentas a nadie. Esto ha creado un estado general de impunidad, donde las culpas y responsabilidades sobre los hechos delictivos cometidos al amparo del poder se diluyen y por ende no se personalizan en los funcionarios encargados de la vigilancia o el adecuado funcionamiento de las instituciones.

Es así como un jerarca irresponsable nombra a cerca de 8000 nuevos funcionarios en la CCSS, en una de las mayores maniobras clientelistas de las últimas décadas, por la que nadie le pidió cuentas pero a renglón seguido, fue nombrado en el bien amado ICE, donde las irregularidades cunden. Del mismo modo, un Ministro de Hacienda comprometió a la ARESEP con un pago multimillonario de alquileres y nadie le pidió cuentas. A su vez, una Contralora contraviene, con la mayor frescura, la indicación del superior jerárquico, la Asamblea Legislativa, que le hacía saber que sería ese órgano, quien asumiría la tarea señalada expresamente por la Constitución, de estudiar y resolver sobre el contrato sobre la terminal portuaria de Moin.                                                               Álvaro Montero Mejía

Sin esa reflexión y sin las conclusiones acertadas, difícilmente saldremos adelante.

Los sentimientos colectivos se componen de una compleja mezcla, que van desde la frustración y el desencanto por la política en general, hasta la cólera y el deseo de que las cosas se resuelvan por vías no convencionales. ¡Peligrosos sentimientos! Sobre todo, si tomamos en cuenta que las vías democráticas no están cerradas, aún con la poca o nula confianza que le merecen a los ciudadanos las autoridades encargadas de velar por la limpieza del sufragio y la no injerencia de fuerzas extrañas en los procesos electorales.

Sin esa reflexión y sin las conclusiones acertadas, difícilmente saldremos adelante.

Los sentimientos colectivos se componen de una compleja mezcla, que van desde la frustración y el desencanto por la política en general, hasta la cólera y el deseo de que las cosas se resuelvan por vías no convencionales. ¡Peligrosos sentimientos! Sobre todo, si tomamos en cuenta que las vías democráticas no están cerradas, aún con la poca o nula confianza que le merecen a los ciudadanos las autoridades encargadas de velar por la limpieza del sufragio y la no injerencia de fuerzas extrañas en los procesos electorales.

En efecto, pocas veces en la historia se han puesto de manifiesto el empleo de los poderes públicos junto a las influencias políticas y económicas, en el mal uso o la malversación pura y simple de los recursos estatales, literalmente asaltados por contratistas inescrupulosos o por la coima como mecanismo idóneo para obtener ventajas económicas.

La relación entre poder político o institucional  y poder económico; la relación entre poder político y clientelismo electoral y la relación entre ese tipo de poder político y la entrega de Costa Rica a las fuerzas financieras y corporativas trasnacionales, es ahora más evidente que antes. Es necesario reconocer que algunos importantes medios de prensa, han contribuido a alertar, parcialmente, a la ciudadanía. Por eso hablamos de “relaciones evidentes”, porque desde la vieja y oscura historia del bipartidismo, esas prácticas estuvieron a la orden del día aunque por lo general ocultas a los ojos de las personas.

Por otro lado, el actual gobierno ha llevado a límites insospechados la dispersión del poder estatal y la toma de decisiones, lo que estaría muy bien si en última instancia alguien dijera la última palabra y asumiera a plenitud la responsabilidad sobre esas decisiones. Pero no es así. Cada ministerio o institución es parte de un archipiélago donde el jerarca hace y deshace sin rendirle cuentas a nadie. Esto ha creado un estado general de impunidad, donde las culpas y responsabilidades sobre los hechos delictivos cometidos al amparo del poder se diluyen y por ende no se personalizan en los funcionarios encargados de la vigilancia o el adecuado funcionamiento de las instituciones.

Es así como un jerarca irresponsable nombra a cerca de 8000 nuevos funcionarios en la CCSS, en una de las mayores maniobras clientelistas de las últimas décadas, por la que nadie le pidió cuentas pero a renglón seguido, fue nombrado en el bien amado ICE, donde las irregularidades cunden. Del mismo modo, un Ministro de Hacienda comprometió a la ARESEP con un pago multimillonario de alquileres y nadie le pidió cuentas. A su vez, una Contralora contraviene, con la mayor frescura, la indicación del superior jerárquico, la Asamblea Legislativa, que le hacía saber que sería ese órgano, quien asumiría la tarea señalada expresamente por la Constitución, de estudiar y resolver sobre el contrato sobre la terminal portuaria de Moin.                                                               Álvaro Montero Mejía

Sin esa reflexión y sin las conclusiones acertadas, difícilmente saldremos adelante.

Los sentimientos colectivos se componen de una compleja mezcla, que van desde la frustración y el desencanto por la política en general, hasta la cólera y el deseo de que las cosas se resuelvan por vías no convencionales. ¡Peligrosos sentimientos! Sobre todo, si tomamos en cuenta que las vías democráticas no están cerradas, aún con la poca o nula confianza que le merecen a los ciudadanos las autoridades encargadas de velar por la limpieza del sufragio y la no injerencia de fuerzas extrañas en los procesos electorales.

Decía Churchill que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.

Evoco esas palabras como punto de partida para referirme a la actitud que han mostrado algunas personas y grupos cada vez que se plantea la posibilidad de llevar un proyecto de ley a decisión del pueblo en referéndum y no comparten el fondo de la propuesta.  En tales casos, han demandado con vehemencia que el TSE frene la iniciativa e impida la consulta popular.

Pero debe recordarse que no les compete a los magistrados electorales definir la pertinencia de llevar o no estos asuntos a referéndum.  La decisión corresponde exclusivamente a las mayorías parlamentarias o a la voluntad conjunta de 150 mil ciudadanos.

El control de admisibilidad que corre a cargo del TSE se limita a verificar que se cumplan las condiciones que fijan la Constitución y la ley sobre el particular, así como que las normas del proyecto no infrinjan groseramente otros preceptos constitucionales.  En ningún caso ese examen se extiende a valorar la bondad de la propuesta.

La lógica democrática así lo impone.  Sería absolutamente reprochable que el TSE se negara a organizar un referéndum impulsado por estas mayorías parlamentarias o por esos miles de costarricenses, por la única circunstancia de que el respectivo proyecto de ley no fuera del agrado de sus magistrados o por contraponerse a los intereses o a la ideología de determinados sectores sociales o políticos.  De adoptar el TSE ese autoritario rumbo, estaría cerrándole al pueblo la posibilidad de discutir sobre el particular y, lo que es más grave, sustituyéndolo como árbitro soberano de la cuestión.

Aquellos que retan al TSE para que proceda de esa indebida manera no entienden que el referéndum hace a la ciudadanía, y no al organismo electoral, el forjador de su destino.  De forma consciente o inconsciente, envían un mensaje de desprecio a la capacidad del pueblo para discernir democráticamente lo que es bueno o malo para el conglomerado social o, en el mejor de los casos, de temor frente a sus decisiones.  Nos están diciendo que sólo es válido convocar una consulta popular cuando se trate de iniciativas de ley que esos grupos avalen y, por ende, que de antemano esté garantizado que la ciudadanía no tomará una decisión “equivocada”.

No se vale.  Recuerden que, como decía Antonio Gala, “La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer.  La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer”.

Luis Antonio Sobrado

Presidente TSE

Decía Churchill que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.

Evoco esas palabras como punto de partida para referirme a la actitud que han mostrado algunas personas y grupos cada vez que se plantea la posibilidad de llevar un proyecto de ley a decisión del pueblo en referéndum y no comparten el fondo de la propuesta.  En tales casos, han demandado con vehemencia que el TSE frene la iniciativa e impida la consulta popular.

Decía Churchill que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.

Evoco esas palabras como punto de partida para referirme a la actitud que han mostrado algunas personas y grupos cada vez que se plantea la posibilidad de llevar un proyecto de ley a decisión del pueblo en referéndum y no comparten el fondo de la propuesta.  En tales casos, han demandado con vehemencia que el TSE frene la iniciativa e impida la consulta popular.

Pero debe recordarse que no les compete a los magistrados electorales definir la pertinencia de llevar o no estos asuntos a referéndum.  La decisión corresponde exclusivamente a las mayorías parlamentarias o a la voluntad conjunta de 150 mil ciudadanos.

El control de admisibilidad que corre a cargo del TSE se limita a verificar que se cumplan las condiciones que fijan la Constitución y la ley sobre el particular, así como que las normas del proyecto no infrinjan groseramente otros preceptos constitucionales.  En ningún caso ese examen se extiende a valorar la bondad de la propuesta.

La lógica democrática así lo impone.  Sería absolutamente reprochable que el TSE se negara a organizar un referéndum impulsado por estas mayorías parlamentarias o por esos miles de costarricenses, por la única circunstancia de que el respectivo proyecto de ley no fuera del agrado de sus magistrados o por contraponerse a los intereses o a la ideología de determinados sectores sociales o políticos.  De adoptar el TSE ese autoritario rumbo, estaría cerrándole al pueblo la posibilidad de discutir sobre el particular y, lo que es más grave, sustituyéndolo como árbitro soberano de la cuestión.

Aquellos que retan al TSE para que proceda de esa indebida manera no entienden que el referéndum hace a la ciudadanía, y no al organismo electoral, el forjador de su destino.  De forma consciente o inconsciente, envían un mensaje de desprecio a la capacidad del pueblo para discernir democráticamente lo que es bueno o malo para el conglomerado social o, en el mejor de los casos, de temor frente a sus decisiones.  Nos están diciendo que sólo es válido convocar una consulta popular cuando se trate de iniciativas de ley que esos grupos avalen y, por ende, que de antemano esté garantizado que la ciudadanía no tomará una decisión “equivocada”.

No se vale.  Recuerden que, como decía Antonio Gala, “La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer.  La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer”.

Luis Antonio Sobrado

Presidente TSE

Decía Churchill que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.

Evoco esas palabras como punto de partida para referirme a la actitud que han mostrado algunas personas y grupos cada vez que se plantea la posibilidad de llevar un proyecto de ley a decisión del pueblo en referéndum y no comparten el fondo de la propuesta.  En tales casos, han demandado con vehemencia que el TSE frene la iniciativa e impida la consulta popular.