Decía Churchill que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.
Evoco esas palabras como punto de partida para referirme a la actitud que han mostrado algunas personas y grupos cada vez que se plantea la posibilidad de llevar un proyecto de ley a decisión del pueblo en referéndum y no comparten el fondo de la propuesta. En tales casos, han demandado con vehemencia que el TSE frene la iniciativa e impida la consulta popular.
Pero debe recordarse que no les compete a los magistrados electorales definir la pertinencia de llevar o no estos asuntos a referéndum. La decisión corresponde exclusivamente a las mayorías parlamentarias o a la voluntad conjunta de 150 mil ciudadanos.
El control de admisibilidad que corre a cargo del TSE se limita a verificar que se cumplan las condiciones que fijan la Constitución y la ley sobre el particular, así como que las normas del proyecto no infrinjan groseramente otros preceptos constitucionales. En ningún caso ese examen se extiende a valorar la bondad de la propuesta.
La lógica democrática así lo impone. Sería absolutamente reprochable que el TSE se negara a organizar un referéndum impulsado por estas mayorías parlamentarias o por esos miles de costarricenses, por la única circunstancia de que el respectivo proyecto de ley no fuera del agrado de sus magistrados o por contraponerse a los intereses o a la ideología de determinados sectores sociales o políticos. De adoptar el TSE ese autoritario rumbo, estaría cerrándole al pueblo la posibilidad de discutir sobre el particular y, lo que es más grave, sustituyéndolo como árbitro soberano de la cuestión.
Aquellos que retan al TSE para que proceda de esa indebida manera no entienden que el referéndum hace a la ciudadanía, y no al organismo electoral, el forjador de su destino. De forma consciente o inconsciente, envían un mensaje de desprecio a la capacidad del pueblo para discernir democráticamente lo que es bueno o malo para el conglomerado social o, en el mejor de los casos, de temor frente a sus decisiones. Nos están diciendo que sólo es válido convocar una consulta popular cuando se trate de iniciativas de ley que esos grupos avalen y, por ende, que de antemano esté garantizado que la ciudadanía no tomará una decisión “equivocada”.
No se vale. Recuerden que, como decía Antonio Gala, “La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer”.
Luis Antonio Sobrado
Presidente TSE
Decía Churchill que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.
Evoco esas palabras como punto de partida para referirme a la actitud que han mostrado algunas personas y grupos cada vez que se plantea la posibilidad de llevar un proyecto de ley a decisión del pueblo en referéndum y no comparten el fondo de la propuesta. En tales casos, han demandado con vehemencia que el TSE frene la iniciativa e impida la consulta popular.
Pero debe recordarse que no les compete a los magistrados electorales definir la pertinencia de llevar o no estos asuntos a referéndum. La decisión corresponde exclusivamente a las mayorías parlamentarias o a la voluntad conjunta de 150 mil ciudadanos.
El control de admisibilidad que corre a cargo del TSE se limita a verificar que se cumplan las condiciones que fijan la Constitución y la ley sobre el particular, así como que las normas del proyecto no infrinjan groseramente otros preceptos constitucionales. En ningún caso ese examen se extiende a valorar la bondad de la propuesta.
La lógica democrática así lo impone. Sería absolutamente reprochable que el TSE se negara a organizar un referéndum impulsado por estas mayorías parlamentarias o por esos miles de costarricenses, por la única circunstancia de que el respectivo proyecto de ley no fuera del agrado de sus magistrados o por contraponerse a los intereses o a la ideología de determinados sectores sociales o políticos. De adoptar el TSE ese autoritario rumbo, estaría cerrándole al pueblo la posibilidad de discutir sobre el particular y, lo que es más grave, sustituyéndolo como árbitro soberano de la cuestión.
Aquellos que retan al TSE para que proceda de esa indebida manera no entienden que el referéndum hace a la ciudadanía, y no al organismo electoral, el forjador de su destino. De forma consciente o inconsciente, envían un mensaje de desprecio a la capacidad del pueblo para discernir democráticamente lo que es bueno o malo para el conglomerado social o, en el mejor de los casos, de temor frente a sus decisiones. Nos están diciendo que sólo es válido convocar una consulta popular cuando se trate de iniciativas de ley que esos grupos avalen y, por ende, que de antemano esté garantizado que la ciudadanía no tomará una decisión “equivocada”.
No se vale. Recuerden que, como decía Antonio Gala, “La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer”.
Luis Antonio Sobrado
Presidente TSE
