Las reglas para jubilarse están contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desde 1994. Se han propuesto cambios normativos con el fin de garantizar a futuro la sostenibilidad del régimen entre ellos el establecimiento de un tope, edad mínima de retiro y cambio en la fórmula de cálculo que quedaría en los últimos 120 salarios. Esta propuesta de ley la impulsó el Poder Judicial y ya se encuentra en la corriente legislativa.
El Poder Judicial actúa de manera responsable, y por ello, se ha ordenado estudio actuarial matemático que permitirá tomar acciones para garantizar la solvencia del régimen. Con el estudio, se tomarán medidas financieras y legales para seguir garantizando la salud actuarial del mismo en el futuro.
En el Poder Judicial se han tomado acciones desde hace más de dos décadas para ajustar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, pero como todo proceso en Democracia se ejecuta con apego al debido proceso y a los derechos adquiridos con respeto a la Constitución, la Ley y los convenios internacionales.
Cada funcionario y funcionaria judicial aporta un 11% de su salario para el fondo, 3 veces más, que el resto de personas trabajadoras y luego de jubilarse siguen aportando la misma cantidad al régimen. Esto permite gozar de un mayor monto de pensión, no se trata de un privilegio; se trata de un derecho que cada persona en el Poder Judicial se ha ganado con su aporte.
No seremos una carga para el Estado, ni los contribuyentes. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial no está en crisis. Nunca será una opción trasladar nuestro régimen de jubilaciones a cualquier otro.
Zarela Villanueva Monge
Presidenta Corte Suprema de Justicia