Según el Primer Informe del Estado de la Justicia, la Sala Constitucional resolvió entre el 2006 y 2013, 4386 recursos de amparo por derecho a la Salud.

El 30% de estos recursos (1316)  fueron de personas que solicitaban algún medicamento específico para tratar sus afecciones a la Caja Costarricense del Seguro Social y el 58.1% fueron declarados con lugar llevando alivio a la salud de miles de costarricenses.

En 1997 la Sala Constitucional declaró con lugar, por primera vez, un recurso de amparo de un paciente que solicitaba un tratamiento con antirretrovirales. Este fue el inició una etapa de crecimiento en la en la interposición de recursos de amparo para solicitar medicamentos cada vez más variados. Ante el aumento de amparos por Derecho a la Salud, el Poder Judicial capacitó a los funcionarios y funcionarias de la Sala Constitucional para resolver este tipo de casos.  La Sala ha desarrollado en estos recursos los principios de: 

Prestación Integral: el servicio médico debe ser completo, suficiente, apropiado y útil que genere impacto positivo en la persona enferma.

Primacía del derecho a la salud sobre el aspecto financiero: nadie debería quedarse sin un tratamiento por falta de dinero, cuando haya un criterio médico.

Primacía del médico tratante: a quien la Sala le ha dado preponderancia con su criterio técnico, por encima de consideraciones financieras, administrativas, políticas o incluso técnica e otros órganos institucionales.

Y por último el principio de tratamiento más favorable a las necesidades de las personas enfermas: utilizado cuando hay dos criterios diferentes sobre el tratamiento que debe seguir el paciente. La Sala siempre resolverá el que más favorezca las necesidades de la salud de la persona.

Estos principios han sustentado las decisiones de la Sala Constitucional en protección de los derechos fundamentales de las personas, en este caso pacientes que han encontrado en el Poder Judicial una respuesta a un padecimiento que los agobia.