Si la aprobación del Presupuesto del 2015 fue inconstitucional y desmesurada – así lo denuncié hace un año -, el del 2016 representa un despropósito mayúsculo. El Dictamen de Mayoría del Presupuesto, aprobado por el pacto del Partido Liberación Nacional, en alianza con el Frente Aamplio y el partido del Gobierno (PAC), por nada menos que 8 millones de millones de colones, tendrá graves consecuencias. Por citar algunas:
Incrementará los gastos públicos donde no debe hacerlo, y con ello elevará aún más el ya de por si pesado déficit fiscal. Lo hará aumentando los “gastos corrientes” del Gobierno Central en más de 300.000 mil millones de colones respecto del presupuesto de este año, y en más de 1.15 millones de millones de colones respecto del gasto real del 2014. Aquello representa un aunmento del gasto en más del 23% en dos años, cuando la inflación, en el mismo período, no superaría el 5%. En ello, la partida de remuneraciones superará en más del triple los aumentos previsibles impuestos por Ley. No hay economía ni nación que soporte aquél paso, más que endeudándose al punto de tener luego que asumir graves consecuencias, cuyo reflejo no será sino el rostro de la pobreza.
Por el contrario, el Gobierno del PAC, el Frente Amplio y el Partido Liberación pretenden bajar los gastos públicos donde no deben hacerlo. Por ejemplo, quieren reducir en un 11% el presupuesto de gastos de capital. Es decir, disminuyendo la inversión pública en carreteras, construcciones, y equipamiento, entre otros, necesarios para la prosperidad y competitividad de nuestro país. Por otra parte, en momentos en que atravesamos coyunturas históricas especialmente sensibles, y cuando más aumenta la criminalidad, paradógicamente quieren rebajar el presupuesto de seguridad pública en casi 19.000 millones de colones.
Los costarricenses deben estar informados de que los aumentos en gastos que propone el Ejecutivo y cobijan el Frente Amplio y Liberación Nacional en estos dos años, no podrá ser cubierto ni siquiera aprobando todos los impuestos que quiere el gobierno. El Ejecutivo asume con sus aliados, de manera optimista – cuando no fantasiosa -, que a los dos años de aprobado su paquete de impuestos la recaudación subirá el 2% del Producto Interno Bruto. Pero la realidad es muy distinta, pues resulta que los aumentos de gastos superan ampliamente ese porcentaje del PIB.
Según la CEPAL, entre el año 2013 y el 2015 Costa Rica tuvo un aumento desproporcionado de su deuda pública bruta del sector público no financiero (más del 11%, mientras que el promedio de la América Latina apenas llegó al 1%). ¿No se percatan acaso de que aquél déficit previsto representa más de 1 millón 400 mil colones de deuda sobre las espaldas de cada familia costarricense?
Soy consciente que el problema fiscal transciende el del Presupuesto del Gobierno Central, y que atacar los problemas estructurales es lo esencial, considerando reformas constitucionales y legales que limiten el crecimiento del gasto. En ello insistiré en que es necesaria una reforma constitucional que le ponga límite al endeudamiento público y al déficit fiscal. En la Unión Europea, por ejemplo, se exige un límite del 3% del PIB, en condiciones normales, y solo excepcionalmente se autorizan gastos superiores, pero exigiendo, al mismo tiempo, medidas estrictas para regresar al límite y buscar el equilibrio fiscal. Para ello, como he propuesto desde 1994, debería modificarse el artículo 176 de la Constitución.
Otras medidas deberán exigir que la Contraloría General de la República deba dictaminar y proyectar el impacto presupuestariode los proyectos de ley antes de su aprobación. Permitir que el Presupuesto pueda fijar límites máximos al crecimiento presupuestario, al empleo público y a los beneficios en las instituciones autónomas; y que los compromisos jurídicos de asignación presupuestaria, incluyendo transferencias, pueden ajustarse proporcionalmente al crecimiento de la economía. Debemos legislar para que, respetando los derechos adquiridos, se limite el crecimiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, se ponga límite a los salarios superiores, y un límite porcentual a las anualidades y otros beneficios salariales, así como prohibir o limitar drásticamente las recalificaciones de personal.
Costarricenses, pongamos las barbas en remojo, que si no le socamos la faja al gobierno, el gobierno nos la seguirá socando a todos nosotros.
Dr. Rodolfo Piza Rocafort
