Hace mucho tiempo que los pueblos civilizados del mundo entero, dejando atrás los sistemas patriarcales en los que el gobernante detentaba el poder absoluto, lo que fácilmente degeneraba en abuso y tiranía, adoptaron sistemas de gobiernos condicionados por leyes, orientadas a garantizar la seguridad de los derechos de todos y un trato igual para aquellos que se encuentren en igualdad de condiciones.
Los encargados de aplicar las leyes son los jueces, quienes tienen el poder - que a su vez conlleva una inmensa responsabilidad- de resolver la situación concreta de los involucrados en los asuntos sometidos a su conocimiento y de este modo, mantener la paz social, que siempre resulta alterada por los hechos de quienes actuando fuera del marco legal, irrespetan y agreden los derechos de los demás.
En consecuencia, no es de extrañar que los ciudadanos todos, mantengamos una vigilante atención sobre las decisiones de los jueces, puesto que de ellas dependen, en gran parte, nuestra seguridad, tan amenazada en estos aciagos tiempos en los que la deshonestidad y la delincuencia ha aumentado en forma alarmante. Lo que sorprende es que los propios jueces, que debieran ser conscientes de la importancia social de su función, se molesten porque los ciudadanos manifiesten su inconformidad cuando se producen escandalosas resoluciones, como la de la Jueza de Pavas que, concedió el arresto domiciliario a unos individuos aparentemente ligados al narcotráfico, sin reparar en la posibilidad de una fuga, ni en el peligro en que se colocaba a los vecinos de la casa, en donde se alojarían estos individuos.
El repudio unánime que provocó tan descabellada resolución, está plenamente justificado, por lo que resulta insólito que la representante de una organización de empleados judiciales haya salido a la prensa hablando de “rompimiento del orden constitucional” y de la necesidad de “defender la independencia judicial y la libertad de actuación de los jueces”. En un intento de caricaturizar la protesta de los ciudadanos, esa misma señora, manifestó que los fallos judiciales no pueden ponerse a votación popular para ver a quién le gustan y a quién no.
De por demás está el refutar tales manifestaciones, por cuanto es evidente que aquí no ha habido ningún rompimiento del orden constitucional, ni nadie pretende que los asuntos judiciales se resuelvan mediante votación popular. Lo que deben entender los funcionarios judiciales es que ellos no son libres para resolver lo que les venga en gana y que la sociedad debe aceptar sus caprichosas decisiones sin chistar.
Los jueces, como simples depositarios de la autoridad que les fue conferida en virtud de su nombramiento, deben actuar con respeto a la ley y a falta de ésta, aplicarán los principios generales de Derecho y los precedentes judiciales, como lo ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial. También, permítaseme agregar, no está de más una buena dosis de sentido común. Por lo tanto, cuando se aparten de esos parámetros, no se extrañen que obligadamente sobrevenga la censura social.
Hace mucho tiempo que los pueblos civilizados del mundo entero, dejando atrás los sistemas patriarcales en los que el gobernante detentaba el poder absoluto, lo que fácilmente degeneraba en abuso y tiranía, adoptaron sistemas de gobiernos condicionados por leyes, orientadas a garantizar la seguridad de los derechos de todos y un trato igual para aquellos que se encuentren en igualdad de condiciones.
Los encargados de aplicar las leyes son los jueces, quienes tienen el poder - que a su vez conlleva una inmensa responsabilidad- de resolver la situación concreta de los involucrados en los asuntos sometidos a su conocimiento y de este modo, mantener la paz social, que siempre resulta alterada por los hechos de quienes actuando fuera del marco legal, irrespetan y agreden los derechos de los demás.
En consecuencia, no es de extrañar que los ciudadanos todos, mantengamos una vigilante atención sobre las decisiones de los jueces, puesto que de ellas dependen, en gran parte, nuestra seguridad, tan amenazada en estos aciagos tiempos en los que la deshonestidad y la delincuencia ha aumentado en forma alarmante. Lo que sorprende es que los propios jueces, que debieran ser conscientes de la importancia social de su función, se molesten porque los ciudadanos manifiesten su inconformidad cuando se producen escandalosas resoluciones, como la de la Jueza de Pavas que, concedió el arresto domiciliario a unos individuos aparentemente ligados al narcotráfico, sin reparar en la posibilidad de una fuga, ni en el peligro en que se colocaba a los vecinos de la casa, en donde se alojarían estos individuos.
El repudio unánime que provocó tan descabellada resolución, está plenamente justificado, por lo que resulta insólito que la representante de una organización de empleados judiciales haya salido a la prensa hablando de “rompimiento del orden constitucional” y de la necesidad de “defender la independencia judicial y la libertad de actuación de los jueces”. En un intento de caricaturizar la protesta de los ciudadanos, esa misma señora, manifestó que los fallos judiciales no pueden ponerse a votación popular para ver a quién le gustan y a quién no.
De por demás está el refutar tales manifestaciones, por cuanto es evidente que aquí no ha habido ningún rompimiento del orden constitucional, ni nadie pretende que los asuntos judiciales se resuelvan mediante votación popular. Lo que deben entender los funcionarios judiciales es que ellos no son libres para resolver lo que les venga en gana y que la sociedad debe aceptar sus caprichosas decisiones sin chistar.
Los jueces, como simples depositarios de la autoridad que les fue conferida en virtud de su nombramiento, deben actuar con respeto a la ley y a falta de ésta, aplicarán los principios generales de Derecho y los precedentes judiciales, como lo ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial. También, permítaseme agregar, no está de más una buena dosis de sentido común. Por lo tanto, cuando se aparten de esos parámetros, no se extrañen que obligadamente sobrevenga la censura social.
