En primer lugar, como bien señala la Contraloría, el Gobierno sigue incumpliendo el Artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, pues continua financiando su gasto corriente mediante endeudamiento –y el déficit, a su vez, continúa aumentando–. La Contraloría señala importantes deficiencias en los sistemas de información tanto del Ministerio de Educación como de los sistemas de Regímenes de Pensiones. En ambos casos las deficiencias generan amenazas y riesgos recurrentes tanto para el pago de la planilla del MEP como para los trámites y pagos de pensiones en los Regímenes de Pensiones.
Segundo, el dictamen negativo también responde a que de los doce indicadores que miden el cumplimiento de las metas nacionales, sólo cuatro mostraron avances positivos, mientras que el resto de indicadores muestran retrocesos.
Tercero, la subejecución del gobierno es de poco más de ¢410.000 millones de colones para el 2011. La subejecución es un tema recurrente en algunos ministerios (el caso más importante es el del Ministerio de Comercio, con subejecuciones superiores al 20% de sus presupuestos en los últimos cuatro años).
Por ejemplo, la subejecución en Educación fue de ¢54959 millones de colones y la de Hacienda fue de ¢16167 millones. Además, estos ministerios en conjunto con Seguridad Pública y Ciencia y Tecnología fueron los principales financiadores del Proyecto Emblemático del Gobierno la Trocha Fronteriza, transfiriéndole más de 18 mil millones.
Cuarto, se mantiene una gestión muy deficiente del Estado en cuanto a la ejecución de los empréstitos. Esto no sólo tiene costos importantes en el desarrollo del país, sino también costos financieros causados por la lentitud en el desarrollo de las obras propuestas.
Quinto, en lo que respecta a deuda, se encuentra un vicio en la utilización excesiva de la figura de deuda del tesoro (deuda con plazos menores al fin del ejercicio económico, es decir, de menos de un año) que tiene costos que no se ven reflejados en la contabilidad nacional que van en contra de la transparencia del Estado y generan distorsiones en el Mercado Financiero.
Es una lástima que en el Sector Público no se apliquen los mismos mecanismos que se dan en el sector privado, pues normalmente en una empresa privada, cuando tanto el auditor como la junta directiva rechazan el informe de resultados presentado por el Gerente, se le invita a este último a Renunciar. PATRICIA PÉREZ HEGG