En plan de repaso y casi de ubicarnos de cara a conceptos que, por costumbre, damos por sabidos, vale la pena que miremos un poco “a mano alzada” algunos vistazos previos a conceptos que, para efectos de este comentario, necesitamos tener claros.
Primero, vale la pena que recordemos que cuando hablamos del régimen presidencial, éste comenzó su andadura desde 1787, cuando la Constitución de Estado Unidos pensó en un régimen que, presuponiendo separación de poderes, considerara la figura de una jefe de Estado que, siendo a la vez jefe de Gobierno, no fuera designado por el Parlamento, sino por el voto universal de los ciudadanos sea éste, de modo directo, o bien, de modo indirecto.
Aquí el presidente es una figura que, normalmente, cuenta con prerrogativas y atribuciones importantes de las que debe dar cuentas periódicamente a la Nación en la cual, como se sabe, reside la soberanía.
El gobierno, también en condiciones normales, comprende -en el contexto presidencial democrático- al poder legislativo y al presidente con su gabinete de colaboradores. Éste cuenta, en la mayoría de los casos, con una bancada legislativa considerable que le facilita surcar los caminos que se ha propuesto desde que propuso su nombre al electorado.
Obviamente, nos falta un elemento: la oposición. Debbasch y Daudet afirman acerca de ella que es “el conjunto de personas, grupos o partidos que en un momento determinado, son hostiles en todo o en parte a la política gubernamental”.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el presidente ha de gobernar, el gabinete debe ser idóneo y ayudar a facilitar la gestión presidencial y, por otra parte, la asamblea legislativa debe hacer lo que le corresponde a partir de cuanto van siendo las pistas que el partido de gobierno va señalando, contando con la crítica más o menos moderada de la oposición. Esto parecería lo normal.
En nuestro país algunos aspectos de esa normalidad parece que no andan. El gabinete no parece lo suficientemente diestro, la asamblea y el partido de gobierno no logran empatar con las líneas que el ejecutivo dice tener y en general el panorama se complica a una Presidenta de la República que, una y otra vez, insiste en querer servir al país de la mejor manera posible.
Colaborar todos en andar por sendas democráticas normales parece imponerse como una necesidad. Asumir cada quien su rol correcto en el sistema político que vivimos resulta un imperativo. Evitar alegrarse de cuanto daña al bien común es profundamente adecuado. Aunar esfuerzos en torno a la Presidenta parece una urgencia que todos, incluyendo el poder de los medios de comunicación, nos hemos de tomar muy en serio, pues si la barca se hunde, todos absolutamente todos, pereceremos con ella.
En plan de repaso y casi de ubicarnos de cara a conceptos que, por costumbre, damos por sabidos, vale la pena que miremos un poco “a mano alzada” algunos vistazos previos a conceptos que, para efectos de este comentario, necesitamos tener claros.
Primero, vale la pena que recordemos que cuando hablamos del régimen presidencial, éste comenzó su andadura desde 1787, cuando la Constitución de Estado Unidos pensó en un régimen que, presuponiendo separación de poderes, considerara la figura de una jefe de Estado que, siendo a la vez jefe de Gobierno, no fuera designado por el Parlamento, sino por el voto universal de los ciudadanos sea éste, de modo directo, o bien, de modo indirecto.
Aquí el presidente es una figura que, normalmente, cuenta con prerrogativas y atribuciones importantes de las que debe dar cuentas periódicamente a la Nación en la cual, como se sabe, reside la soberanía.
El gobierno, también en condiciones normales, comprende -en el contexto presidencial democrático- al poder legislativo y al presidente con su gabinete de colaboradores. Éste cuenta, en la mayoría de los casos, con una bancada legislativa considerable que le facilita surcar los caminos que se ha propuesto desde que propuso su nombre al electorado.
Obviamente, nos falta un elemento: la oposición. Debbasch y Daudet afirman acerca de ella que es “el conjunto de personas, grupos o partidos que en un momento determinado, son hostiles en todo o en parte a la política gubernamental”.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el presidente ha de gobernar, el gabinete debe ser idóneo y ayudar a facilitar la gestión presidencial y, por otra parte, la asamblea legislativa debe hacer lo que le corresponde a partir de cuanto van siendo las pistas que el partido de gobierno va señalando, contando con la crítica más o menos moderada de la oposición. Esto parecería lo normal.
En nuestro país algunos aspectos de esa normalidad parece que no andan. El gabinete no parece lo suficientemente diestro, la asamblea y el partido de gobierno no logran empatar con las líneas que el ejecutivo dice tener y en general el panorama se complica a una Presidenta de la República que, una y otra vez, insiste en querer servir al país de la mejor manera posible.
Colaborar todos en andar por sendas democráticas normales parece imponerse como una necesidad. Asumir cada quien su rol correcto en el sistema político que vivimos resulta un imperativo. Evitar alegrarse de cuanto daña al bien común es profundamente adecuado. Aunar esfuerzos en torno a la Presidenta parece una urgencia que todos, incluyendo el poder de los medios de comunicación, nos hemos de tomar muy en serio, pues si la barca se hunde, todos absolutamente todos, pereceremos con ella.
