Antes de intentar responder a la pregunta anterior, habría que plantear otra, ¿De cuál Sindicato de Japdeva hablamos? ¿Del dirigido por un grupo sindicalistas que mayoritariamente habían sido elegidos por los integrantes de Sintrajap? ¿O del restituido por la Sala IV?
Es evidente que las percepciones, intereses y motivaciones, a juzgar por los actos de unos y otros, son muy distintos. Pareciera ser que a los restituidos por el órgano constitucional, lo que básicamente les interesa, es mantenerse contra viento y marea en sus puestos e imponer sus puntos de vista a la inmensa mayoría de los afiliados a Sintrajap, hasta el extremo de arrogarse el derecho de decidir por ellos que es lo que les conviene y qué no.
Mientras que, los que fueron elegidos mayoritariamente en un proceso abierto y democrático y por más muy publicitado, según lo informaron los medios de comunicación, tienen muy claro atender y hacer respetar las líneas de pensamiento de la mayoría de los asociados de Sintrajap. Así como, a respetar el ordenamiento jurídico y la institucionalidad del país. Ejemplo de esto último, lo dieron cuando los integrantes de la junta directiva reinstalada por mandato de la Sala IV, se apersonaron en las oficinas del sindicato y quienes cuya designación fue anulada, de manera sensata y tranquila, les hicieron entrega de las instalaciones, en evidente acatamiento a lo dispuesto por la Sala Constitucional.
Habrá quienes alaben la decisión de la Sala Constitucional, habrá otros que la reconozcan, como otro desafortunado desacierto, donde, una vez más, privó la legalidad sobre la justicia pues si hubo errores de forma en la convocatoria, no se debería ignorar que fue una mayoría y muy calificada, en número, la que se apersonó a hacer valer sus derechos. Pero en un país apegado al derecho, no es posible desacatar una disposición judicial, sin hacerle un grave daño a la institucionalidad.
Sin embargo, en una democracia siempre habrá espacio para que las mayorías puedan expresarse libremente y decidir el rumbo que le quieran dar a una empresa, una asociación gremial, a un sindicato, a una municipalidad y al país mismo. Precisamente, es por este derecho innegable en toda democracia verdadera, que en enero del próximo año, los integrantes de Sintrajap podrán, nuevamente, concurrir a la urnas para escoger en forma segura, ajustada a derecho y en definitiva a quienes habrán de asumir las riendas de esta organización sindical.
Estoy claro de que cuando llegue y pase ese día, se marcará un hito en la historial sindical de este país pues de seguro quedará muy claro, que Sintrajap y todos los sindicatos deben siempre estar al servicio de los intereses de las y los trabajadores que los integran y no servir más para satisfacer vanidades e intereses personales, en detrimento de las grandes mayorías del sindicato, de una provincia y de Costa Rica.
Antes de intentar responder a la pregunta anterior, habría que plantear otra, ¿De cuál Sindicato de Japdeva hablamos? ¿Del dirigido por un grupo sindicalistas que mayoritariamente habían sido elegidos por los integrantes de Sintrajap? ¿O del restituido por la Sala IV?
Es evidente que las percepciones, intereses y motivaciones, a juzgar por los actos de unos y otros, son muy distintos. Pareciera ser que a los restituidos por el órgano constitucional, lo que básicamente les interesa, es mantenerse contra viento y marea en sus puestos e imponer sus puntos de vista a la inmensa mayoría de los afiliados a Sintrajap, hasta el extremo de arrogarse el derecho de decidir por ellos que es lo que les conviene y qué no.
Mientras que, los que fueron elegidos mayoritariamente en un proceso abierto y democrático y por más muy publicitado, según lo informaron los medios de comunicación, tienen muy claro atender y hacer respetar las líneas de pensamiento de la mayoría de los asociados de Sintrajap. Así como, a respetar el ordenamiento jurídico y la institucionalidad del país. Ejemplo de esto último, lo dieron cuando los integrantes de la junta directiva reinstalada por mandato de la Sala IV, se apersonaron en las oficinas del sindicato y quienes cuya designación fue anulada, de manera sensata y tranquila, les hicieron entrega de las instalaciones, en evidente acatamiento a lo dispuesto por la Sala Constitucional.
Habrá quienes alaben la decisión de la Sala Constitucional, habrá otros que la reconozcan, como otro desafortunado desacierto, donde, una vez más, privó la legalidad sobre la justicia pues si hubo errores de forma en la convocatoria, no se debería ignorar que fue una mayoría y muy calificada, en número, la que se apersonó a hacer valer sus derechos. Pero en un país apegado al derecho, no es posible desacatar una disposición judicial, sin hacerle un grave daño a la institucionalidad.
Sin embargo, en una democracia siempre habrá espacio para que las mayorías puedan expresarse libremente y decidir el rumbo que le quieran dar a una empresa, una asociación gremial, a un sindicato, a una municipalidad y al país mismo. Precisamente, es por este derecho innegable en toda democracia verdadera, que en enero del próximo año, los integrantes de Sintrajap podrán, nuevamente, concurrir a la urnas para escoger en forma segura, ajustada a derecho y en definitiva a quienes habrán de asumir las riendas de esta organización sindical.
Estoy claro de que cuando llegue y pase ese día, se marcará un hito en la historial sindical de este país pues de seguro quedará muy claro, que Sintrajap y todos los sindicatos deben siempre estar al servicio de los intereses de las y los trabajadores que los integran y no servir más para satisfacer vanidades e intereses personales, en detrimento de las grandes mayorías del sindicato, de una provincia y de Costa Rica.
