El ataque sistemático a los regímenes jubilatorios del Poder Judicial y la CCSS; parecen obedecer a un cambio de la Costa Rica justa y solidaria que fundamentaron nuestros abuelos, y quienes así lo pretenden, utilizan opiniones de técnicos, que evalúan estos fondos con criterios de sistemas privados de capitalización.
La Costa Rica que conocemos, ha sido ejemplo de respeto a los derechos de la población más vulnerable, la clase trabajadora, adultos mayores, mujeres, niños, con necesidades especiales. Toda esta población se ve representada y encuentra amparo en los sistemas sociales y solidarios de retiro, que les ofrecen una vida digna en el momento más necesario.
El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, es el primer sistema social de retiro en el país, que ha operado desde 1939, económicamente robusto, con un patrimonio de 370 mil millones de colones, que ha crecido los últimos dos años en 60 mil millones de colones. Constituido con el aporte de las y los servidores judiciales y de las y los jubilados y pensionados todos aportando un 11% de sus salarios. Las jubilaciones y pensiones se cancelan con recursos propios, No es son con cargo al Estado costarricense.
Las y los trabajadores del Poder Judicial con un visión de futuro y para garantizar la solidez económica de su Fondo, elaboraron un proyecto de ley, presentado a la Asamblea Legislativa, donde se reducen significativamente todos los beneficios y se hacen más estrictas las condiciones para acceder a una jubilación.
No es correcto afirmar que se trata de un Fondo de privilegios, ya que ha sido constituido con los aportes de la clase trabajadora que entrega mensualmente el 11% de su salario, 4 veces más que quienes lo hacen para el IVM. Una vez jubilados continúan cotizando el 11% para este Fondo y además siguen pagando el 5% a la CCSS por el seguro de enfermedad y maternidad, aún siendo adultos mayores. A nuestras personas jubiladas y pensionados se les rebaja un 16% . El 77% de nuestros jubilados y pensionados, reciben asignaciones muy inferiores al tope de pensión que tiene la CCSS, aún cuando siguen cotizando.
El Fondo solidario de retiro de las y los trabajadores judiciales no está en crisis, definitivamente la discusión más allá de lo técnico, es ideológica.
MSc. Carlos Montero Zúñiga, Presidente Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial