Al amparo del TLC y tras un largo y complicado proceso de selección, dos empresas extranjeras han sido autorizadas para romper el monopolio estatal en el campo de la telefonía celular, que actualmente ofrece un servicio deficitario. Es un principio universalmente reconocido que una sana competencia en todos los campos, siempre redunda en beneficio de los usuarios, como quedó demostrado en el caso de la apertura a los bancos privados, que tanta oposición generó en su momento, dentro de los partidarios del inmovilismo estatista y que hoy, hasta los defensores honestos de la banca estatal reconocen que sólo beneficios ha generado al país. Por esto leímos con estupor que “La Nación”, en la página 4A de su edición de 18 de Setiembre, informa que: “lucha política, miedo a las radiaciones y burocracia municipal se han confabulado para frenar la instalación de las redes de telefonía celular privadas”.
La existencia de una confabulación en ese sentido resulta preocupante y pone al desnudo la crisis de autoridad que sufre el Estado costarricense, que, por una parte invita a los empresarios a participar en el concurso y por otra, por boca de la señora Presidenta, manifiesta que “es difícil que el Gobierno pueda hacer algo más” para permitirle a las Compañías que cumplan con su compromiso de desarrollar la primera fase de la red en el área metropolitana, en el mes de Julio del 2012, por cuanto, en este caso, la oposición a los trabajos proviene de las Municipalidades, que son entidades autónomas. Como todos sabemos, el campo de acción de las Municipalidades está limitado exclusivamente, a los asuntos que son del interés particular de cada cantón, pero evidentemente se exceden en sus atribuciones cuando pretenden frenar proyectos de interés nacional. Con el debido respeto nos permitimos recordar a la señora Presidenta, que Costa Rica es una República unitaria y no una Federación de ochenta y un estadúsculos soberanos.
La situación actual nos recuerda el conflicto que generó el establecimiento de INTEL. Los mismos grupos que se opusieron al TLC y que en su momento echaron mano a los argumentos más absurdos y ridículos, que el simple transcurso del tiempo se ha encargado de refutar, en su oportunidad también se opusieron a INTEL e impresionaron a mucha gente con la amenaza de las temidas radiaciones que iba a generar la planta. Afortunadamente en esa oportunidad el Gobierno no se dejó intimidar por los populistas, que en el fondo se oponen a toda inversión extranjera por razones meramente políticas y no técnicas y la planta, contra viento y marea, se instaló con los resultados que todos conocemos. Los sombríos pronósticos de las aves de mal agüero no se cumplieron y hoy día INTEL es el principal exportador del país, compensando en esta forma las disminuciones sufridas en los últimos años, en la exportación de nuestros productos tradicionales.
El estupor e indignación que nos causó la noticia que comentamos, la atenúa el hecho de que en la misma edición del periódico, página 5A, se informa que SUTEL, en coordinación con el Ministerio de Salud lanzará una campaña de radio y televisión, para desvirtuar los temores que los eternos partidarios del NO, pretenden inculcar en la población menos informada. Es de esperar que finalmente el buen juicio se imponga y la telefonía celular privada pueda instalarse para beneficio de todos, pues estaríamos enviando una pésima señal a los eventuales inversionistas, que son necesarios para el desarrollo del país, si permitimos que la charlatanería y el populismo demagógico den al traste, una vez más, con un proyecto de indiscutible beneficio nacional.
Al amparo del TLC y tras un largo y complicado proceso de selección, dos empresas extranjeras han sido autorizadas para romper el monopolio estatal en el campo de la telefonía celular, que actualmente ofrece un servicio deficitario. Es un principio universalmente reconocido que una sana competencia en todos los campos, siempre redunda en beneficio de los usuarios, como quedó demostrado en el caso de la apertura a los bancos privados, que tanta oposición generó en su momento, dentro de los partidarios del inmovilismo estatista y que hoy, hasta los defensores honestos de la banca estatal reconocen que sólo beneficios ha generado al país. Por esto leímos con estupor que “La Nación”, en la página 4A de su edición de 18 de Setiembre, informa que: “lucha política, miedo a las radiaciones y burocracia municipal se han confabulado para frenar la instalación de las redes de telefonía celular privadas”.
La existencia de una confabulación en ese sentido resulta preocupante y pone al desnudo la crisis de autoridad que sufre el Estado costarricense, que, por una parte invita a los empresarios a participar en el concurso y por otra, por boca de la señora Presidenta, manifiesta que “es difícil que el Gobierno pueda hacer algo más” para permitirle a las Compañías que cumplan con su compromiso de desarrollar la primera fase de la red en el área metropolitana, en el mes de Julio del 2012, por cuanto, en este caso, la oposición a los trabajos proviene de las Municipalidades, que son entidades autónomas. Como todos sabemos, el campo de acción de las Municipalidades está limitado exclusivamente, a los asuntos que son del interés particular de cada cantón, pero evidentemente se exceden en sus atribuciones cuando pretenden frenar proyectos de interés nacional. Con el debido respeto nos permitimos recordar a la señora Presidenta, que Costa Rica es una República unitaria y no una Federación de ochenta y un estadúsculos soberanos.
La situación actual nos recuerda el conflicto que generó el establecimiento de INTEL. Los mismos grupos que se opusieron al TLC y que en su momento echaron mano a los argumentos más absurdos y ridículos, que el simple transcurso del tiempo se ha encargado de refutar, en su oportunidad también se opusieron a INTEL e impresionaron a mucha gente con la amenaza de las temidas radiaciones que iba a generar la planta. Afortunadamente en esa oportunidad el Gobierno no se dejó intimidar por los populistas, que en el fondo se oponen a toda inversión extranjera por razones meramente políticas y no técnicas y la planta, contra viento y marea, se instaló con los resultados que todos conocemos. Los sombríos pronósticos de las aves de mal agüero no se cumplieron y hoy día INTEL es el principal exportador del país, compensando en esta forma las disminuciones sufridas en los últimos años, en la exportación de nuestros productos tradicionales.
El estupor e indignación que nos causó la noticia que comentamos, la atenúa el hecho de que en la misma edición del periódico, página 5A, se informa que SUTEL, en coordinación con el Ministerio de Salud lanzará una campaña de radio y televisión, para desvirtuar los temores que los eternos partidarios del NO, pretenden inculcar en la población menos informada. Es de esperar que finalmente el buen juicio se imponga y la telefonía celular privada pueda instalarse para beneficio de todos, pues estaríamos enviando una pésima señal a los eventuales inversionistas, que son necesarios para el desarrollo del país, si permitimos que la charlatanería y el populismo demagógico den al traste, una vez más, con un proyecto de indiscutible beneficio nacional.
