La actividad del Estado, en quien los ciudadanos delegan la parte del poder que les corresponde, no puede carecer de límites. Una regla de derecho superior al poder público le impone límites y deberes. Ello tiene que ver con algo que, también ya decía el autor del “Espíritu de la Leyes”: relaciones de justicia claras y aceptadas por todos de manera que ellas, prácticamente, sean capaces de sostenerlo y guiarlo todo.

Esto es clave si no queremos pasar de un Estado de Derecho o una especie de Estado de Torcido o de Opresión. Ni una falta de control que genere un imperio corrupto al servicio de intereses personales, ni un accionar “tapabocas” violento de cara al poder social, ni una dictadura basada en exclusiones, recortes o empobrecimiento de los que son mas.

Con los suficientes límites y controles, el Estado ha de ser lo que debe: una ficción útil para las personas y promotor del bien común. Y cada funcionario también ha de ser lo que debe, esto es, operarios de cara a quienes les han elegido. Y el poder público, ¿qué ha de ser entonces?

Ante todo, el poder público está llamado a ser, como consecuencia de lo dicho, ni mas ni menos, un servicio. Y los ciudadanos, el llamado “poder social” siempre ha de entenderlo así y pedirle que sea consecuente con su propia naturaleza.

Al servicio del bien de la ciudadanía, al servicio del enriquecimiento de los derechos de todos y de la dignidad de cada ser humano desde que es concebido hasta su muerte natural. También el poder público ha de estar al servicio de recordar a cada quien sus deberes y de animar a todos a participar activamente, incluso, en nuevas y mejores formas de gestión de los asuntos locales que las comunidades pueden sacar adelante.

Vivanco escribió “no se hizo el pueblo para el que gobierna sino el que gobierna para el pueblo”. Un dato que no se ha de olvidar. Tampoco aquella frase famosa de Roberto Belarmino en disputa con Jaime I de Inglaterra: “jamás el pueblo delega de del todo su poder”, por ello le agrada pedir cuentas y, a veces, decide hasta retomarlo cuando no está a la altura o decide quien ostenta el poder abusar de él de alguna manera y en cualquier modalidad de exceso.

En nuestro medio, ciertamente, no estamos ante un ejercicio del poder opresivo o violento contra la ciudadanía, pero eso sí, es muy claro que algunas manifestaciones de quienes están al frente del Estado parecen no tener muy claro su deber de cara al bien específico esencial de toda actividad política sana, esto es, promover el bien común.

Mauricio Viquez Lizano