El compromiso de servicio al país ha quedado más que demostrado a lo largo de 180 años de existencia, a través de los cuales se ha forjado una institucionalidad sólida, de confianza en el Poder Judicial.

Es muy doloroso lo ocurrido recientemente en el Circuito Judicial de Limón con la detención de una persona juzgadora, hecho que ha conmocionado al país y respecto del cual han surgido las opiniones más diversas de diferentes sectores.

He de aclarar a la ciudadanía, que estos hechos se dan dentro del marco de una investigación judicial que realiza el Ministerio Público, en el ejercicio de sus competencias acusatorias. El Ministerio Público ejerce esa función con absoluta independencia de la jerarquía institucional, la que, al tener conocimiento de esos hechos, inmediatamente ordenó la apertura de los procedimientos sancionatorios correspondientes.

La detección de situaciones como las denunciadas e investigadas demuestran que los órganos policiales y de persecución penal -me refiero al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público- funcionan adecuadamente, sin hacer excepciones ni diferencias en cuanto a la persona que deba ser investigada; y siempre dentro del marco de la legalidad y del debido proceso.

También destacamos que la existencia de esta lamentable situación fue denunciada precisamente por los jueces y juezas del propio Tribunal, compañeros de trabajo de la funcionaria, quienes, con apego a su deber ético y de probidad, alertaron las irregularidades que en su criterio ocurrían. Por ello, incurrir en una generalización de la conducta de los jueces o juezas; o de los funcionarios o funcionarias judiciales, al alero de ese hecho, sería un error y una imputación injusta respecto de los más de12 mil servidores y servidoras judiciales que trabajan diariamente con ética y en forma comprometida con los valores institucionales.

El Poder Judicial también cuenta con una Secretaría Técnica de Ética y Valores y una Comisión institucional de Valores cuya función principal es reafirmar y promover los valores éticos en la función pública.
Con motivo de los últimos acontecimientos, la Corte Plena integró una comisión investigadora con el fin de reforzar a lo interno, todos los mecanismos de control que permiten detectar irregularidades en el ejercicio de la función judicial o en la vida privada de quienes laboran para esta noble institución.

Esta Comisión, integrada por la Presidenta de la Corte, el Vicepresidente, los Presidentes de las Salas, el Fiscal General y el Director del Organismo de Investigación Judicial tiene como norte contar con información de la situación actual en zonas de riesgo para la función judicial. Me refiero a zonas del país donde los casos de narcotráfico y crimen organizado han aumentado considerablemente, lo que motiva un abordaje serio e impostergable.

Todos y todas podemos seguir confiando en la Administración de Justicia y estamos en el deber de cerrar filas contra la criminalidad.

Zarela Villanueva Monge
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia