Con la presentación del proyecto de Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, la señora Presidenta de la República, el Poder Ejecutivo cumple con el mandato del artículo 170 de la Constitución Política y la Ley 8.001.
La democracia costarricense, tan arraigada en la cultura y los valores de los ciudadanos y ciudadanas, ha conocido sólo la etapa centralista. El centralismo, cuando Costa Rica era muy pequeña y todo menos complejo, dio todos sus frutos, buenos y malos. Hoy ese centralismo ha llegado al límite de sus capacidades, en un Estado entrabado y desarticulado que no puede responder a los desafíos, riesgos y exigencias del mundo y la sociedad contemporánea.
Este es, sin duda, el mayor cambio en la historia política de Costa Rica. Dicho en simple, centralismo es que las decisiones sobre los proyectos públicos y las inversiones se toman en un solo centro de poder, en la capital, y por muy pocas personas de la burocracia del Gobierno nacional, cada vez más alejada y desconocedora de las distintas realidades locales.
La mayor contradicción de esta democracia es que, en las elecciones nacionales, apenas sesenta autoridades políticas somos electos e impactamos en el noventa y ocho por ciento del gasto público; en tanto que, en las elecciones locales, se elijen cinco mil quinientas autoridades: alcaldías, concejos de distrito, síndicos e intendencias, las cuales inciden apenas en el dos por ciento del gasto público.
El centralismo se ha metido genéticamente en muchos costarricenses. Hasta dentro de quienes se van a favorecer, encontramos personas que se oponen a las políticas de descentralización. Afortunadamente, hay que resaltar que todos los partidos políticos democráticos, en los últimos años, no han tenido temor a impulsar el cambio a favor de la descentralización.
Descentralizar es distribuir el poder político y el poder económico, sacándolo de la capital donde está entronizado y distribuirlo en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas de mayor pobreza, las zonas fronterizas y las zonas costeras.
Dos son las grandes preocupaciones o temores, a propósito de darle a las municipalidades nuevas competencias (tareas) y nuevos recursos (dinero): la primera, que no son buenas ejecutando los recursos públicos y, segundo, que tienen superávit. Esa afirmación es falsa, Los mayores superávits del Sector Público están, primero, en las instituciones autónomas; segundo, en los ministerios; y, de último, en los gobiernos locales. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Vial tuvo en el 2010 un superávit de 109.000 millones de colones cuando vías y puentes urgían de atención. Pero, si quedo aquí con estas afirmaciones falto a la verdad. La causa de esos superávits está en la ley de contratación administrativa, la cual es de casi imposible implementación. Por eso, debemos de aprobar otras que permitan la modernización, no solo de las municipalidades sino del sector público costarricense. Evidentemente, debe ponerse en marcha también procesos que eleven y profesionalicen la capacidad de gestión de los gobiernos locales. Los instrumentos para el cambio se están produciendo, una ciudadanía cada vez más activa y participativa hará lo que falte para dejar a nuestros hijos, mejorada, esta democracia ejemplar. Fabio Molina Rojas, Diputado
Con la presentación del proyecto de Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, la señora Presidenta de la República, el Poder Ejecutivo cumple con el mandato del artículo 170 de la Constitución Política y la Ley 8.001.
La democracia costarricense, tan arraigada en la cultura y los valores de los ciudadanos y ciudadanas, ha conocido sólo la etapa centralista. El centralismo, cuando Costa Rica era muy pequeña y todo menos complejo, dio todos sus frutos, buenos y malos. Hoy ese centralismo ha llegado al límite de sus capacidades, en un Estado entrabado y desarticulado que no puede responder a los desafíos, riesgos y exigencias del mundo y la sociedad contemporánea.
Este es, sin duda, el mayor cambio en la historia política de Costa Rica. Dicho en simple, centralismo es que las decisiones sobre los proyectos públicos y las inversiones se toman en un solo centro de poder, en la capital, y por muy pocas personas de la burocracia del Gobierno nacional, cada vez más alejada y desconocedora de las distintas realidades locales.
La mayor contradicción de esta democracia es que, en las elecciones nacionales, apenas sesenta autoridades políticas somos electos e impactamos en el noventa y ocho por ciento del gasto público; en tanto que, en las elecciones locales, se elijen cinco mil quinientas autoridades: alcaldías, concejos de distrito, síndicos e intendencias, las cuales inciden apenas en el dos por ciento del gasto público.
El centralismo se ha metido genéticamente en muchos costarricenses. Hasta dentro de quienes se van a favorecer, encontramos personas que se oponen a las políticas de descentralización. Afortunadamente, hay que resaltar que todos los partidos políticos democráticos, en los últimos años, no han tenido temor a impulsar el cambio a favor de la descentralización.
Descentralizar es distribuir el poder político y el poder económico, sacándolo de la capital donde está entronizado y distribuirlo en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas de mayor pobreza, las zonas fronterizas y las zonas costeras.
Dos son las grandes preocupaciones o temores, a propósito de darle a las municipalidades nuevas competencias (tareas) y nuevos recursos (dinero): la primera, que no son buenas ejecutando los recursos públicos y, segundo, que tienen superávit. Esa afirmación es falsa, Los mayores superávits del Sector Público están, primero, en las instituciones autónomas; segundo, en los ministerios; y, de último, en los gobiernos locales. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Vial tuvo en el 2010 un superávit de 109.000 millones de colones cuando vías y puentes urgían de atención. Pero, si quedo aquí con estas afirmaciones falto a la verdad. La causa de esos superávits está en la ley de contratación administrativa, la cual es de casi imposible implementación. Por eso, debemos de aprobar otras que permitan la modernización, no solo de las municipalidades sino del sector público costarricense. Evidentemente, debe ponerse en marcha también procesos que eleven y profesionalicen la capacidad de gestión de los gobiernos locales. Los instrumentos para el cambio se están produciendo, una ciudadanía cada vez más activa y participativa hará lo que falte para dejar a nuestros hijos, mejorada, esta democracia ejemplar. Fabio Molina Rojas, Diputado
