Una y otra vez, esos funcionarios claman porque no se venda esos explosivos “navideños” a los menores y creo que, así como se hizo con el tabaco y el licor, se legisle radicalmente para prohibir un producto que no debe venderse pues causa serios perjuicios.
En realidad, la venta de pólvora es un negocio redondo para quienes lo comercian y más si lo contrabandean. Y el Estado, que somos todos, debemos pagar por las nefastas consecuencias de su uso indiscriminado.
Los diputados deben ver este problema de salubridad pública cuánto antes y dictar una ley que, en no más de cuatro artículos, disponga que se PROHÍBE EL TRASIEGO, de cualquier manera, de la pólvora, salvo para actividades masivas y con estricta vigilancia de los funcionarios a cargo de estos materiales.
Y muy importante, que se castigue con dureza la infracción a dicha prohibición.
El Hospital Nacional de Niños, reporta que en lo que llevamos de este año, se han atendido 300 menores quemados por este producto y si por la víspera se saca el día, el asunto marcará un lamentable "record".
Sólo el año ´pasado hubo 400 infantes lesionados por el uso de la pólvora.
Que el negocio de algunos no se la calamidad de tantos niños.
En realidad el negocio de la pólvora, como se dijo arriba, beneficia a unos pocos y ni aún si fuera que el déficit fiscal se verá disminuido por sus impuestos, ello lo justifica.
Es sólo un descuido más de los gobernantes, que lo ven como algo pasajero aunque para quienes sufren por una quemadura, como dice el eslogan, duele para toda la vida.
Actuar con previsión y legislar en contra de lo que hace un daño irreparable, por estas quemaduras, ante el descuido de padres y del mismo Estado, debe ponérsele punto final, ¡ya!