Para la Contraloría, un referendo “no es una suma, una revisión y validación integral de todo lo actuado por la Administración…” sino apenas “…la verificación de la existencia de ciertos elementos esenciales en dicho trámite de legalidad…”
En lugar de generar criterios objetivos, señala en el refrendo que los estudios técnicos son responsabilidad de la Administración. Es decir, la contraloría no emite ningún criterio en temas claves de interés para la Hacienda Pública como lo son la metodología de actualización de costos, las estimaciones de escalamiento de precios, las justificaciones técnicas para el monto de las obras, la razonabilidad de los rubros que integran el plan de inversión del contrato, el modelo financiero mediante el cual se determina la tarifa del peaje de la carretera, de $2,99. También queda fuera del ámbito de la Contraloría la modificación del plazo de vigencia de la carretera, de 25 a 30 años.
¡Pero no hay problema! La misma Contraloría que no realiza ninguno de estos análisis tan pertinentes para la Hacienda Pública explica que los mismos serán sujetos de una fiscalización posterior del órgano contralor. Es decir, la Contraloría pretende hacer estos análisis verdaderamente pertinentes una vez que los mismos ya no sirvan de nada y el daño esté hecho.
Controlar a tiempo requiere valor. ¿Por qué la Contraloría no controla? Tal vez sea que prefiere fiscalizar tardíamente para no atraer demasiado la mirada de Casa Presidencial?.
Patricia Pérez Hegg