La comunicación social es ejercida mayoritariamente por los medios de comunicación en sus diversas modalidades, tanto electrónicas como impresas, donde interactúan la radio, la televisión, la prensa como también las nuevas tecnologías de la información a través de internet y las redes sociales.

Considerar a la comunicación social como un “servicio público” significa subordinarla al control estatal, que es ejercido directamente por organismos oficiales a través de funcionarios públicos que dependen del gobierno de turno.

La comunicación social y los medios, calificados como “servicio público”, quedarán así sometidos por imposición constitucional a controles y limitaciones estatales en cuanto al contenido de los mensajes, no pudiendo actuar como ámbito y vehículo para la libre expresión del pensamiento y el pluralismo de informaciones, ideas y opiniones.

Esta modificación a la Constitución ecuatoriana significa una severa afectación al derecho fundamental de los ciudadanos a expresarse libremente y a la existencia de medios libres e independientes que son pilares para el pleno funcionamiento de la Democracia.

La reforma constitucional, impulsada por el gobierno ecuatoriano, se suma a los múltiples actos de amenazas, hostilidad y sanciones contra periodistas y medios independientes, promoviendo un régimen de censura en menoscabo de la Libertad de Expresión e Información.