Mucho se ha comentado en los últimos días sobre la aparente ligereza con que algunos jueces de la república ponen en libertad a presuntos criminales, capturados luego de que las fuerzas de policía realizan el difícil trabajo de aprehenderlos.  Cuando aquello ocurre, la población no solo siente que se desperdician el esfuerzo y los recursos invertidos en su seguridad, sino que también se cuestiona si vale la pena el riesgo personal al que se exponen los servidores públicos que a diario, exponen su integridad personal y hasta sus vidas en esas labores.  En esos casos, la sociedad se siente doblemente insegura, y hasta victimizada por el propio sistema; ya que injustamente es expuesta de nuevo al peligro de las acciones de aquellos supuestos malhechores.

No debemos olvidar, sin embargo, que aquél comportamiento no es, ni mucho menos, la regla; y que al margen de casos puntuales en los que pueda existir sobrado merito no solo para la crítica, sino también para la censura del funcionario judicial que en forma injustificada – o interesada - así proceda, nuestros jueces son, en su inmensa mayoría, profesionales destacados, honestos y escrupulosos, que conocen y hacen respetar la ley.

Ciertamente, debemos ser celosos vigilantes del correcto ejercicio de las funciones judiciales, pero también tenemos el deber de no fomentar de manera alarmista e injustificada la desconfianza en el Poder Judicial, pues es en la Ley, y en nuestro sistema de justicia, en donde descansan las últimas y más sólidas bases de la sociedad democrática; y solo en ellas, encontraremos armas legítimas para defendernos del injusto. De suerte que de su debilitamiento, y de la falta de credibilidad del ciudadano en los jueces, solo se pueden servir la delincuencia organizada, sus múltiples mafias, y los esbirros sirvientes que atienden a sus intereses.

Jamás debemos olvidar que toda persona, por igual, es inocente hasta que se declare su culpabilidad en una sentencia firme que sea pronunciada por juez competente; y que antes de ese momento, a nadie se le puede hacer sufrir ningún tipo de sanción.  La prisión preventiva no es una pena, sino una medida de carácter procesal, transitoria y excepcional, que solo puede ser impuesta por los jueces cuando, en cada caso en concreto, se cumplan una serie de requisitos legales, que hacen irremediable y necesaria la restricción de la libertad de una persona que aún no ha sido juzgada por los hechos que se le atribuyen.

En esas condiciones, los jueces tienen siempre el deber legal de evaluar cuidadosa y técnicamente los casos que se someten a su conocimiento, y la obligación de procurar que la prisión preventiva solo se produzca, cuando los peligros que se buscan evitar con su imposición, no puedan ser compensados acudiendo a otros mecanismos cautelares menos gravosos, también previstos por la ley para ser aplicados a quienes – hasta ese momento - deben ser considerados inocentes.   Lo contrario, solo es propio de países con regímenes totalitarios en los que las cárceles están atiborradas de inocentes víctimas del abuso arbitrario del poder, y el resto del territorio sirve de prisión a pueblos sin derechos ni libertades.

Solo si tenemos claro lo anterior, podremos también reconocer que una sociedad libre como la nuestra, tiene también todo el derecho de rebelarse frente a lo que considera una arbitrariedad, aún cuando aquella provenga de un administrador de justicia; en especial, cuando lo que aquél acuerde produzca, de manera infundada, un riesgo a los derechos y garantías de personas honestas que son por completo ajenos al proceso judicial.

El barrio Las Orquídeas de Goicoechea, como el pueblo de Fuenteovejuna en la obra de Lope de Vega, se reveló ante las acciones del administrador de justicia, entendiendo que aquellas producirían un resultado injusto.  No por ello Fuenteovejuna dejó de respetar la autoridad, y por ello finalmente fue acogido bajo la protección del monarca.  Las Orquídeas, como cualquier otro barrio de Costa Rica, saben que la autoridad a la que deben finalmente someterse es la de la Ley costarricense; y no existe ley en este país que les imponga recibir por la fuerza como sus vecinos, a personas a quienes las autoridades públicamente señalan como sujetos de alta peligrosidad, a quienes involucran en hechos potencialmente generadores de violencia.   Solo un pueblo informado, que conoce y respeta la ley, puede advertir y censurar las injusticias que se pueden producir de su errada aplicación, y reclamar que se enmiende lo dispuesto a la luz de los valores, principios y garantías que esa misma ley tutela.

Si los presupuestos de la prisión preventiva por cualquier motivo se desvanecieron, como la autoridad judicial lo ha de haber considerado para sustituir la medida, deberá entonces también asegurarse esa autoridad de que se provean, sin costo ni peligro para el resto de la sociedad, los medios necesarios para que su alternativa pueda materializarse, pues en tanto aquello no ocurra, es previsible que al unísono, como ocurrió en Goicoechea, cada barrio conteste: … en Las Orquídeas no, señor!

Mucho se ha comentado en los últimos días sobre la aparente ligereza con que algunos jueces de la república ponen en libertad a presuntos criminales, capturados luego de que las fuerzas de policía realizan el difícil trabajo de aprehenderlos.  Cuando aquello ocurre, la población no solo siente que se desperdician el esfuerzo y los recursos invertidos en su seguridad, sino que también se cuestiona si vale la pena el riesgo personal al que se exponen los servidores públicos que a diario, exponen su integridad personal y hasta sus vidas en esas labores.  En esos casos, la sociedad se siente doblemente insegura, y hasta victimizada por el propio sistema; ya que injustamente es expuesta de nuevo al peligro de las acciones de aquellos supuestos malhechores.

Con satisfacción recibimos esta semana noticias sobre los esfuerzos que realizan nuestras autoridades en la construcción de una red adecuada de defensa a lo largo de nuestra frontera norte.

No sabemos a ciencia cierta qué tanto se ha avanzado, ni tan siquiera, si tendremos tiempo de prepararnos adecuadamente frente a cualquier nueva agresión que surja de la extraviada cabeza del señor Ortega …  Presidente de Nicaragua, para pena y vergüenza de aquél lastimado pueblo.

Ortega, sus lacayos, y los Jefes que desde otras latitudes le ordenan bailar al son de la música que más les interese, han comprobado que son, y que serán siempre una seria amenaza para la integridad territorial, la seguridad y paz de este país.  Como bien lo sintetizó nuestra presidenta: son enemigos de Costa Rica.

Frente a ellos: Caminos; helipuertos; electricidad; tecnología de vigilancia y defensa; refuerzo armado; obstáculos frente al abuso militar foráneo en los cauces de nuestros ríos; facilidades de movilización;  policía de fronteras, … pero muy especialmente: un pueblo educado y preparado, que es consciente de la trascendencia de estos tiempos.

Parece que al fin nos hemos percatado de que la dignidad y el respeto, no solo se deben exhibir con propiedad y decoro en los foros internacionales, lo que hasta ahora  hemos hecho en forma contundente, precisa y acertada; sino que también se tiene que demostrar con acciones concretas y sacrificio.  Como lo dijo el señor Ministro de Seguridad Pública, don José María Tijerino: “Haremos lo que sean necesarios. El Gobierno (a lo que yo le agrego … y el pueblo de Costa Rica) estamos decididos a defender la integridad territorial, y no escatimaremos esfuerzos en la defensa de la soberanía del territorio nacional”.

Es claro que entendemos que los preparativos nacionales en torno al conflicto provocado por el Gobierno de Nicaragua y sus matones armados, en el Caribe norte de nuestro territorio, es tema delicado atinente a la seguridad de la nación, del que no se puede ni debe brindar más información que la que resulte estrictamente necesaria para que los costarricenses adoptemos, en forma oportuna y decidida, las acciones que correspondan.

La absurda respuesta que Nicaragua le ha dado a nuestras acciones en la Corte Internacional de Justicia, también deben traernos satisfacción.  Sin dejar de alguna forma de lamentar, el espantoso ridículo internacional en que han dejado de nuevo a su pueblo, hace mucho, cuna de pensadores, pero desde hace bastante, víctima de violentos timadores.

Hoy es tiempo de estar unidos y de dejar para luego las disputas atinentes a intereses personales o grupales que puedan ser postergadas, y distraigan a nuestras autoridades de sus funciones.  La confianza en ellos fue democráticamente depositada, y hay momentos como el presente, en los que debemos asirnos en la madurez de nuestro sistema político, y los fuertes controles de nuestra institucionalidad.  Al Gobierno, le corresponde propiciar un ambiente que favorezca que todos cerremos filas en torno a los objetivos comunes y superiores.

Estemos atentos, y no bajemos la guardia porque el San Juan suena … y aunque ese es río que no arrastra piedras; si hemos podido comprobar que en su margen norte es la excusa perfecta que embrutece, para traer hasta nuestro territorio el verde olivo del soldado extranjero invasor, con que tanto le gusta disfrazar sus intereses personales a los oportunistas gobernantes nicaragüenses.

Con satisfacción recibimos esta semana noticias sobre los esfuerzos que realizan nuestras autoridades en la construcción de una red adecuada de defensa a lo largo de nuestra frontera norte.

No sabemos a ciencia cierta qué tanto se ha avanzado, ni tan siquiera, si tendremos tiempo de prepararnos adecuadamente frente a cualquier nueva agresión que surja de la extraviada cabeza del señor Ortega …  Presidente de Nicaragua, para pena y vergüenza de aquél lastimado pueblo.

Incrédulo, el Continente observa como en pleno siglo XXI, Costa Rica es  víctima de una agresión ilegítima perpetrada por Nicaragua.  Parte del territorio nacional fue invadido por el ejército del país vecino, que obstinadamente se niega a salir de él.

Nuestro Gobierno, actuando en estricto apego a la tradición pacífica y de respeto a la Ley Internacional de nuestro pueblo, ya ha hecho las concesiones que podía hacer para facilitarle al agresor un espacio que posibilitara el diálogo bilateral, intentando terminar por esa vía con la ofensa sufrida, sin que medie una lamentable confrontación.

Se trata de un acontecimiento completamente irracional, y posiblemente hasta absurdo para quienes lo observen desde lejos viviendo en entornos más civilizados que el nuestro.  Es una invasión perpetrada por marionetas políticas nicaragüenses, a quienes les importa un comino comprometer la tranquilidad y seguridad  de su pueblo, y del nuestro, con tal de perpetuar su control de los espacios de poder con que nutren sus vanidades, y aseguran sus intereses personales.

El Gobierno de Costa Rica tiene, sin miramientos, el total e incondicional respaldo de los costarricenses.  Su labor ha sido extraordinaria y exitosa, pero hasta ahora, la realidad que se nos ha impuesto por la fuerza,  sigue siendo una y la misma, porque pese a los esfuerzos y buena voluntad de nuestro país, lamentablemente hemos sido llevados a un punto en el que se ha hecho más que evidente que no podemos seguir confiando en la palabra, en los acuerdos, y mucho menos en el comportamiento de los políticos nicaragüenses, sin que aquella actitud, abierta y dispuesta al diálogo que hemos mostrado, pueda en algún momento llegar a comprometer seriamente los legítimos derechos de Costa Rica o a poner en duda la integralidad el territorio de nuestro país.

Parece que nuestros vecinos del Norte no solo no entienden, ni quieren entender, que están cometiendo una ilegítima e injustificable agresión contra Costa Rica al invadir nuestro territorio con su ejército, sino que además, se han empeñado en engañar de manera imprudente a su pueblo para embarcarlo en otra aventura con olor a pólvora, de esas a las que por décadas lo han acostumbrado para poder explotarlo con mayor facilidad.

Nuevamente la OEA nos ha dado la razón y los cancilleres se reunirán en diciembre para seguir tratando el conflicto.  También acudimos ya a otras instancias – no excluyentes de la instancia regional diplomática – para tratar de evitar que la bota de los soldados nicaragüenses y sus abusivas acciones, sigan dañando nuestras tierras de reserva y humedales.

En este punto, es necesario que Costa Rica modifique y acentúe sus exigencias en el conflicto, ya que no es posible tratar de negociar o tan siquiera conversar con quien no quiere escuchar, entender, ni aceptar.  Por ello, sin que signifique el abandono de las vías legales, diplomáticas y pacíficas ya emprendidas, nuestro país debe exigir en todos los foros, la inmediata e incondicional salida del territorio costarricense, de todo efectivo militar y civil nicaragüense que se encuentre ocupando ilegalmente nuestro territorio, o realizando las labores de desvío del río San Juan, modificando artificialmente las fronteras entre las naciones y causando irreparable daño a la naturaleza.

Decían nuestros abuelos, quienes para todo tenían la eterna paciencia del buen agricultor, que cuando se presentaba algún “carajo”, de esos que por no tener oficio terminan irrespetando lo ajeno, y a los que es mejor encarar pronto, porque de lo contrario se les terminaba llenando la cachimba’e tierra, y la cosa podía terminar  mal …  muy mal!.

Lamentablemente en el Norte hay varios de esos “carajos” de los de la peor calaña, … de los que rápido se desvisten de falsos ideales, y se acostumbran a hacer riqueza a costas de la pobreza de otros.

Atendiendo a la prudencia, mesura y buen tino con que el Gobierno de la República ha enfrentado la nueva agresión de los políticos nicaragüenses, el pueblo de Costa Rica se ha mantenido sereno y paciente, pero es bueno que en los irrazonables desvaríos de las autoridades del país vecino, no cometan el error de confundir pacifismo con desidia; uso de las vías legítimas y civilizadas con aceptación; y mucho menos paz, con sometimiento.