Mucho se ha comentado en los últimos días sobre la aparente ligereza con que algunos jueces de la república ponen en libertad a presuntos criminales, capturados luego de que las fuerzas de policía realizan el difícil trabajo de aprehenderlos. Cuando aquello ocurre, la población no solo siente que se desperdician el esfuerzo y los recursos invertidos en su seguridad, sino que también se cuestiona si vale la pena el riesgo personal al que se exponen los servidores públicos que a diario, exponen su integridad personal y hasta sus vidas en esas labores. En esos casos, la sociedad se siente doblemente insegura, y hasta victimizada por el propio sistema; ya que injustamente es expuesta de nuevo al peligro de las acciones de aquellos supuestos malhechores.
No debemos olvidar, sin embargo, que aquél comportamiento no es, ni mucho menos, la regla; y que al margen de casos puntuales en los que pueda existir sobrado merito no solo para la crítica, sino también para la censura del funcionario judicial que en forma injustificada – o interesada - así proceda, nuestros jueces son, en su inmensa mayoría, profesionales destacados, honestos y escrupulosos, que conocen y hacen respetar la ley.
Ciertamente, debemos ser celosos vigilantes del correcto ejercicio de las funciones judiciales, pero también tenemos el deber de no fomentar de manera alarmista e injustificada la desconfianza en el Poder Judicial, pues es en la Ley, y en nuestro sistema de justicia, en donde descansan las últimas y más sólidas bases de la sociedad democrática; y solo en ellas, encontraremos armas legítimas para defendernos del injusto. De suerte que de su debilitamiento, y de la falta de credibilidad del ciudadano en los jueces, solo se pueden servir la delincuencia organizada, sus múltiples mafias, y los esbirros sirvientes que atienden a sus intereses.
Jamás debemos olvidar que toda persona, por igual, es inocente hasta que se declare su culpabilidad en una sentencia firme que sea pronunciada por juez competente; y que antes de ese momento, a nadie se le puede hacer sufrir ningún tipo de sanción. La prisión preventiva no es una pena, sino una medida de carácter procesal, transitoria y excepcional, que solo puede ser impuesta por los jueces cuando, en cada caso en concreto, se cumplan una serie de requisitos legales, que hacen irremediable y necesaria la restricción de la libertad de una persona que aún no ha sido juzgada por los hechos que se le atribuyen.
En esas condiciones, los jueces tienen siempre el deber legal de evaluar cuidadosa y técnicamente los casos que se someten a su conocimiento, y la obligación de procurar que la prisión preventiva solo se produzca, cuando los peligros que se buscan evitar con su imposición, no puedan ser compensados acudiendo a otros mecanismos cautelares menos gravosos, también previstos por la ley para ser aplicados a quienes – hasta ese momento - deben ser considerados inocentes. Lo contrario, solo es propio de países con regímenes totalitarios en los que las cárceles están atiborradas de inocentes víctimas del abuso arbitrario del poder, y el resto del territorio sirve de prisión a pueblos sin derechos ni libertades.
Solo si tenemos claro lo anterior, podremos también reconocer que una sociedad libre como la nuestra, tiene también todo el derecho de rebelarse frente a lo que considera una arbitrariedad, aún cuando aquella provenga de un administrador de justicia; en especial, cuando lo que aquél acuerde produzca, de manera infundada, un riesgo a los derechos y garantías de personas honestas que son por completo ajenos al proceso judicial.
El barrio Las Orquídeas de Goicoechea, como el pueblo de Fuenteovejuna en la obra de Lope de Vega, se reveló ante las acciones del administrador de justicia, entendiendo que aquellas producirían un resultado injusto. No por ello Fuenteovejuna dejó de respetar la autoridad, y por ello finalmente fue acogido bajo la protección del monarca. Las Orquídeas, como cualquier otro barrio de Costa Rica, saben que la autoridad a la que deben finalmente someterse es la de la Ley costarricense; y no existe ley en este país que les imponga recibir por la fuerza como sus vecinos, a personas a quienes las autoridades públicamente señalan como sujetos de alta peligrosidad, a quienes involucran en hechos potencialmente generadores de violencia. Solo un pueblo informado, que conoce y respeta la ley, puede advertir y censurar las injusticias que se pueden producir de su errada aplicación, y reclamar que se enmiende lo dispuesto a la luz de los valores, principios y garantías que esa misma ley tutela.
Si los presupuestos de la prisión preventiva por cualquier motivo se desvanecieron, como la autoridad judicial lo ha de haber considerado para sustituir la medida, deberá entonces también asegurarse esa autoridad de que se provean, sin costo ni peligro para el resto de la sociedad, los medios necesarios para que su alternativa pueda materializarse, pues en tanto aquello no ocurra, es previsible que al unísono, como ocurrió en Goicoechea, cada barrio conteste: … en Las Orquídeas no, señor!
Mucho se ha comentado en los últimos días sobre la aparente ligereza con que algunos jueces de la república ponen en libertad a presuntos criminales, capturados luego de que las fuerzas de policía realizan el difícil trabajo de aprehenderlos. Cuando aquello ocurre, la población no solo siente que se desperdician el esfuerzo y los recursos invertidos en su seguridad, sino que también se cuestiona si vale la pena el riesgo personal al que se exponen los servidores públicos que a diario, exponen su integridad personal y hasta sus vidas en esas labores. En esos casos, la sociedad se siente doblemente insegura, y hasta victimizada por el propio sistema; ya que injustamente es expuesta de nuevo al peligro de las acciones de aquellos supuestos malhechores.
No debemos olvidar, sin embargo, que aquél comportamiento no es, ni mucho menos, la regla; y que al margen de casos puntuales en los que pueda existir sobrado merito no solo para la crítica, sino también para la censura del funcionario judicial que en forma injustificada – o interesada - así proceda, nuestros jueces son, en su inmensa mayoría, profesionales destacados, honestos y escrupulosos, que conocen y hacen respetar la ley.
Ciertamente, debemos ser celosos vigilantes del correcto ejercicio de las funciones judiciales, pero también tenemos el deber de no fomentar de manera alarmista e injustificada la desconfianza en el Poder Judicial, pues es en la Ley, y en nuestro sistema de justicia, en donde descansan las últimas y más sólidas bases de la sociedad democrática; y solo en ellas, encontraremos armas legítimas para defendernos del injusto. De suerte que de su debilitamiento, y de la falta de credibilidad del ciudadano en los jueces, solo se pueden servir la delincuencia organizada, sus múltiples mafias, y los esbirros sirvientes que atienden a sus intereses.
Jamás debemos olvidar que toda persona, por igual, es inocente hasta que se declare su culpabilidad en una sentencia firme que sea pronunciada por juez competente; y que antes de ese momento, a nadie se le puede hacer sufrir ningún tipo de sanción. La prisión preventiva no es una pena, sino una medida de carácter procesal, transitoria y excepcional, que solo puede ser impuesta por los jueces cuando, en cada caso en concreto, se cumplan una serie de requisitos legales, que hacen irremediable y necesaria la restricción de la libertad de una persona que aún no ha sido juzgada por los hechos que se le atribuyen.
En esas condiciones, los jueces tienen siempre el deber legal de evaluar cuidadosa y técnicamente los casos que se someten a su conocimiento, y la obligación de procurar que la prisión preventiva solo se produzca, cuando los peligros que se buscan evitar con su imposición, no puedan ser compensados acudiendo a otros mecanismos cautelares menos gravosos, también previstos por la ley para ser aplicados a quienes – hasta ese momento - deben ser considerados inocentes. Lo contrario, solo es propio de países con regímenes totalitarios en los que las cárceles están atiborradas de inocentes víctimas del abuso arbitrario del poder, y el resto del territorio sirve de prisión a pueblos sin derechos ni libertades.
Solo si tenemos claro lo anterior, podremos también reconocer que una sociedad libre como la nuestra, tiene también todo el derecho de rebelarse frente a lo que considera una arbitrariedad, aún cuando aquella provenga de un administrador de justicia; en especial, cuando lo que aquél acuerde produzca, de manera infundada, un riesgo a los derechos y garantías de personas honestas que son por completo ajenos al proceso judicial.
El barrio Las Orquídeas de Goicoechea, como el pueblo de Fuenteovejuna en la obra de Lope de Vega, se reveló ante las acciones del administrador de justicia, entendiendo que aquellas producirían un resultado injusto. No por ello Fuenteovejuna dejó de respetar la autoridad, y por ello finalmente fue acogido bajo la protección del monarca. Las Orquídeas, como cualquier otro barrio de Costa Rica, saben que la autoridad a la que deben finalmente someterse es la de la Ley costarricense; y no existe ley en este país que les imponga recibir por la fuerza como sus vecinos, a personas a quienes las autoridades públicamente señalan como sujetos de alta peligrosidad, a quienes involucran en hechos potencialmente generadores de violencia. Solo un pueblo informado, que conoce y respeta la ley, puede advertir y censurar las injusticias que se pueden producir de su errada aplicación, y reclamar que se enmiende lo dispuesto a la luz de los valores, principios y garantías que esa misma ley tutela.
Si los presupuestos de la prisión preventiva por cualquier motivo se desvanecieron, como la autoridad judicial lo ha de haber considerado para sustituir la medida, deberá entonces también asegurarse esa autoridad de que se provean, sin costo ni peligro para el resto de la sociedad, los medios necesarios para que su alternativa pueda materializarse, pues en tanto aquello no ocurra, es previsible que al unísono, como ocurrió en Goicoechea, cada barrio conteste: … en Las Orquídeas no, señor!
