Costa Rica es un país que desde hace mucho tiempo desarrolló una muy fuerte conciencia colectiva sobre aquellos postulados que defiende, y asume como verdades inquebrantables. Sin embargo, la labor periodística e informativa que se desarrolla actualmente en nuestro país, enfrenta dificultades que hasta hace muy poco tiempo, jamás hubiésemos imaginado tener que superar. Las sanciones económicas impuestas por el Banco Nacional al periódico La Nación, por informar a la población lo que el banco consideró que no le convenía que se informase, es claro ejemplo de la más deplorable práctica de censura al ejercicio de aquella libertad, y con ella, una afrenta grave a nuestro sistema democrático y al derecho de todos a ser informados, tal y como fue enérgicamente condenado en forma unánime por nuestros Tribunales de Justicia.

El caso no es único, pero si especialmente relevante, por los siguientes motivos: En primer lugar, porque se trata de uno de los pocos medios de comunicación en Costa Rica con la fortaleza económica suficiente para poder resistir los embates espurios de aquella naturaleza, defenderse, y poner en evidencia a los censores que impiden o dificultan que las personas se informen.

En segundo lugar, porque desviste con crudeza el grave peligro al que estamos siendo expuestos: Si los medios de comunicación son forzados a someter sus objetivos a los de las autoridades públicas, los profesionales de la información que en ellos desarrollan su labor, terminarán por cohonestar lo que por el contrario es su deber denunciar. Por aquella vía, medios y periodistas terminarán imponiéndose a si mismos la mordaza de la autocensura, que no es otra cosa más que la autolimitación condicionada del suministro de información a la población, como resultado de la amenaza.

La libertad de prensa no solo involucra el derecho a informar, sino también el deber de hacerlo en defensa de los intereses generales. Su ejercicio, a la vez que impone la obligación de ajustarse a parámetros éticos y profesionales de calidad, resguarda y defiende el derecho a no ser molestado por decir las cosas y denunciar. La coerción no produce otra cosa más que silencio, y si el silencio se logra llegar a imponer en nuestra sociedad, como ha acontecido en tantas otras, muy poco quedará ya por salvar: En ese momento, el miedo y la desviación de poder le habrán ganado la batalla a la razón y el Derecho. La Democracia del Silencio ……. no existe!