En la Asamblea Legislativa, los diputados no desaprovecharon la oportunidad para discutir posibles variables en torno a la necesidad de buscar recursos frescos que pudieran ser transferidos al Ministerio de Seguridad Pública y así solventar la necesidad de más policías, patrullas y algunos otros recursos que en temas de seguridad nunca estarán de más y tampoco serán innecesarios.
Justo cuando un diputado y algunos aliados se mostraron reacios a aprobar un nuevo impuesto a las sociedades anónimas –siguiendo la defensa de sus intereses particulares y no los nacionales- un grupo de 13 diputados lanzaron una propuesta valiente y coherente. Pasar de un 0,19% a un 0,11% del PIB para la deuda política es una decisión acertada que responde a una necesidad real nacional, esta no afecta ni debilita la democracia costarricense, misma que ya de todas maneras está marcada por la apatía y el desencanto con los partidos políticos por sus mismos errores y en ocasiones inoperancia.
Aunque la medida de ahorro no podrá aplicarse en las próximas elecciones de 2018, una vez más por tramitologías, burocracia y hasta reglas en ocasiones absurdas que impiden una rápida ejecución de las decisiones, la propuesta le ahorrará al país un monto cercano a los ₡25.000.000.000, cifra nada despreciable para la seguridad y otros programas de interés nacional.
Pero no todo va de maravilla en nuestra Asamblea Legislativa, detrás de esa reforma presupuestaria, el pasado 11 de octubre se dio a conocer también un acuerdo entre las nueve fracciones legislativas, cuya intención es librar a los partidos políticos de la comprobación de sus gastos en campaña electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones, decisión que poco ayuda con la transparencia y la democracia de nuestros procesos electorales.
Hemos visto como en elecciones pasadas se realizaron estafas al Tribunal Supremo de Elecciones por montos millonarios, esto por medio de capacitaciones fantasma, compras de bienes o servicios que nunca se ejecutaron realmente y otras lamentables situaciones que deberían avergonzar a sus autores y a las respectivas agrupaciones políticas cómplices de esto; sin embargo, las ideas que promueven en el plenario dicen lo contrario.
Si esto se llega a desarrollar se ataría de manos al Tribunal Supremo de Elecciones en su función principal dentro del proceso electoral. Costarricenses, preocupémonos.
