Nuestra Constitución Política, en su artículo 11, establece claramente los deberes de los funcionarios públicos al considerarlos como simples depositarios de la autoridad eindicarles la obligación de cumplir los deberes que la ley les asigna.
Por esta razón están llamados a un sano ejercicio de sus tareas y dispuestos permanentemente a someterse a un exhaustivoproceso de rendición de cuentas, el cual debe basarse en el principio de transparencia.
El incumplimiento de este mandato constitucional ha llevado a múltiples y escandalosos hechos de corrupción en la historia costarricense, algunos de los cuales han sido sancionados conforme al ordenamiento jurídico, mientras que otros han quedado en la impunidad. La legislación nacional creada con el fin de atacar este problema como la Ley General de Control Interno yla Ley contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción en la función pública, han constituido herramientas fundamentales para fiscalizarlas instituciones públicas y asegurar la existencia de sistemas de control interno y la evaluación de los resultados.
Es innegable el valor de esta legislación para una sociedad democrática como la nuestra, ya quese ha promulgado teniendo como principal motivación atacar las conductas ilícitas de los funcionarios públicos. Todo ello a fin de otorgarle al país una mejor imagen a nivel nacional e internacional, pues hoy día es considerado como un país de corrupción media, según las evaluaciones de que ha sido objeto. Sin embargo, el tema de la transparencia y la corrupción es un asunto más complejo que no se limita solamente al ámbito público ni se resuelve únicamente con legislación, ya que todo funcionario debe ser persona coherente con sus principios humanos y sus obligaciones de servidor público.
El análisis de la transparencia debe contemplar el tránsito de la vida privada al espacio público, ya que si en la primera la persona ha tenido un comportamiento oscuro, opaco e incorrecto,probablemente lo proyecte en su función pública, porque las diferentes facetas de la vida no aparecen disociadas las unas de las otras. Por ello, la política anticorrupción, anunciada en el Plan Nacional de Desarrollo (2015-2018) debe sustentarse no sólo en aquellos aspectos legales y normativos sino también en una estrategia que contemple una cultura de probidad, la cual debe surgir desde las más profundasconvicciones de los funcionarios, de tal manera que interioricen y hagan realidad la misión del servidor público: buscar el bien del público y no subien personal.
José Ángel Vargas Vargas
Profesor Universidad de Costa Rica
