Mientras que, en el sector privado, esa práctica de recurrir a las consultorías, no es un recurso que, de manera regular y reiterada, se le echa mano pues cuando se contratan los servicios de profesionales externos a una organización, fundamentalmente, es para resolver coyunturas muy específicas y no tanto las operacionales, dado que estas últimas, se parte del hecho, de que deben ser efectuadas por sus profesionales de planta.
Las consultorías en el sector público, han llegado a tales niveles, que ya hasta se habla de planillas paralelas, como toda una realidad de muchas organizaciones públicas, con todo lo que esta práctica implica, tal vez la primera y más destacable, es que son fundamentalmente relaciones comerciales y no laborales.
Lo anterior, tiene varias implicancias, al no ser una relación laboral, no existe una subordinación del contratado hacia quien lo contrata, por lo tanto, este no le puede fijar días para laborar, ni horas de entrada o salida, ni verificar el avance de su desempeño.
Otro elemento a destacar es que las consultorías al realizarse como servicios profesionales, no pagan la cuota obrera-patronal, con lo cual se evita la contribución solidaria, que todo trabajador y empleador realiza, a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social y al resto de la sociedad.
Finalmente, la experiencia reciente con varias consultorías en la Caja Costarricense del Seguro Social, hechas públicas en sendas acusaciones y juicios penales, ya que estas solo generaron erogaciones de dinero a la institución y ningún beneficio concreto por el supuesto trabajo realizado por las personas que suscribieron los acuerdos de consultorías pero si recibieron dinero por esas supuestas asesorías. Pareciera que este expediente de las consultorías es un recurso que facilita algunas formas para satisfacer el clientelismo político y a la indeseable corrupción en el sector público en asocio con el privado.
En la pasada edición de la República, del 7 de junio, el titular puso en conocimiento de sus lectores de que, ahora es la Autoridad Reguladora la que está recurriendo, en forma exponencial, al uso del recurso de las consultorías, con este decir no pretendo insinuar de que existe algún acto doloso detrás de esas consultorías pero por transparencia este ente público debe hacer el mejor esfuerzo por justificarlas sin que quede la menor duda.
Concluyo afirmando que no estoy en contra de las consultorías per se pero es muy importante por las sumas de dinero involucradas, que se aclaren y se justifiquen los motivos por los cuales el uso de este expediente, se vuelve, cada vez, más frecuente.
Mientras que, en el sector privado, esa práctica de recurrir a las consultorías, no es un recurso que, de manera regular y reiterada, se le echa mano pues cuando se contratan los servicios de profesionales externos a una organización, fundamentalmente, es para resolver coyunturas muy específicas y no tanto las operacionales, dado que estas últimas, se parte del hecho, de que deben ser efectuadas por sus profesionales de planta.
Las consultorías en el sector público, han llegado a tales niveles, que ya hasta se habla de planillas paralelas, como toda una realidad de muchas organizaciones públicas, con todo lo que esta práctica implica, tal vez la primera y más destacable, es que son fundamentalmente relaciones comerciales y no laborales.
Lo anterior, tiene varias implicancias, al no ser una relación laboral, no existe una subordinación del contratado hacia quien lo contrata, por lo tanto, este no le puede fijar días para laborar, ni horas de entrada o salida, ni verificar el avance de su desempeño.
Otro elemento a destacar es que las consultorías al realizarse como servicios profesionales, no pagan la cuota obrera-patronal, con lo cual se evita la contribución solidaria, que todo trabajador y empleador realiza, a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social y al resto de la sociedad.
Finalmente, la experiencia reciente con varias consultorías en la Caja Costarricense del Seguro Social, hechas públicas en sendas acusaciones y juicios penales, ya que estas solo generaron erogaciones de dinero a la institución y ningún beneficio concreto por el supuesto trabajo realizado por las personas que suscribieron los acuerdos de consultorías pero si recibieron dinero por esas supuestas asesorías. Pareciera que este expediente de las consultorías es un recurso que facilita algunas formas para satisfacer el clientelismo político y a la indeseable corrupción en el sector público en asocio con el privado.
En la pasada edición de la República, del 7 de junio, el titular puso en conocimiento de sus lectores de que, ahora es la Autoridad Reguladora la que está recurriendo, en forma exponencial, al uso del recurso de las consultorías, con este decir no pretendo insinuar de que existe algún acto doloso detrás de esas consultorías pero por transparencia este ente público debe hacer el mejor esfuerzo por justificarlas sin que quede la menor duda.
Concluyo afirmando que no estoy en contra de las consultorías per se pero es muy importante por las sumas de dinero involucradas, que se aclaren y se justifiquen los motivos por los cuales el uso de este expediente, se vuelve, cada vez, más frecuente.
