Por otra parte, como ya lo hemos analizado en otros comentarios, es evidente que los vagos consuetudinarios, que no tengan rentas propias o carezcan de otros medios legítimos de subsistencia, constituyen una amenaza latente para la sociedad, pues sus propias necesidades los impelen a la comisión de toda clase de delitos, por cuenta propia o como instrumento de los narcotraficantes u otros delincuentes profesionales.
En estas condiciones, resulta agraviante para los ciudadanos trabajadores, que somos la inmensa mayoría, que la Corte Plena haya resuelto que a los reos que cumplen condenas, a costa del Erario Público, no se les puede obligar a trabajar, pues, según los señores Magistrados, el país podría quedar expuesto a la crítica internacional, por imponer trabajos forzados a los privados de libertad.
Es francamente desmoralizante que en estos tiempos, en que la sociedad está amenazada por una ola de violencia y de crimen, sin precedentes en la historia de este país y nuestras cárceles atiborradas de elementos ociosos, nuestra Corte Plena salga con un argumento semejante. El proyecto que la Corte desaprueba, no pretende el establecimiento, en nuestros penales, de tratamientos crueles o degradantes ni de penas perpetuas o de confiscación, que son los que expresamente prohíbe el artículo 40 de la Carta Magna. Simplemente, lo que pretende es, reconociendo el valor terapéutico del trabajo, que los reclusos, que estén en condiciones de hacerlo, cumplan, como el resto de los habitantes de este país, con el sagrado deber de trabajar honestamente, como lo manda la propia Constitución en el precitado artículo 56. Tanto el dictamen que la Corte Plena aprobó y los pronunciamientos sobre el tema de la Dirección de Adaptación Social y de la Oficina de Defensores Públicos, revelan la desidia e indiferencia con que han visto el problema carcelario y el interés en mantener el statu quo”, para no verse abocados a asumir mayores riesgos y obligaciones. El proyecto en cuestión fue presentado a la Asamblea Legislativa en el año 2009, por el entonces Diputado Carlos Gutiérrez y actualmente se encuentra en el puesto número 160 de la orden del día, lo que es un claro indicio de que nadie ha querido ponerle el cascabel al gato y enfrentar el problema con la seriedad requerida. El proyecto como tal, puede adolecer de lagunas y defectos, pero esto no justifica que se le rechace ad-portas. Se trata, sin duda alguna, de una idea excelente y los funcionarios con facultades para ello, están obligados a intervenir para mejorarlo e implementarlo en la mejor forma posible. El país no puede darse el lujo de mantener de vagos y a costa del Estado, a reos condenados a penas de prisión, mientras hay tantos proyectos y obras públicas que podrían aprovechar esa mano de obra, con el consiguiente beneficio para todos y en primer lugar para los propios privados de libertad.