El régimen de zonas francas costarricenses es sólido y competitivo. En los últimos treinta años, ha atraído inversión extranjera, que genera a hoy más de 60 mil empleos directos y más de 100 mil empleos indirectos.
Sólo en el año 2010, los empleos nuevos generados por el régimen de zona franca representan casi el 40 por ciento de todos los empleos nuevos.
Las empresas de Zona Franca son empresas que invierten a largo plazo y que generan encadenamientos productivos. Cientos de empresas costarricenses, medianas y pequeñas, ofrecen sus servicios o sus productos a estas empresas de zonas francas. Además, estas empresas de Zona Franca aportan 136 mil millones de colones al año al sistema de seguridad social.
Las empresas de Zona Franca les aportan mucho a las mujeres y los jóvenes. El 60 por ciento de los trabajos generados en empresas médicas son ocupados por mujeres. Solamente en las empresas de servicios, el promedio de edad de sus trabajadores es de 24 años. Gran parte de la oferta de estos jóvenes provienen de colegios técnicos, y muchos de estos están en zonas rurales.
En este mismo sentido, la actual legislación de Zonas Francas promueve la instalación de las empresas en áreas de menor desarrollo. Puntarenas, San Ramón, Limón y varios cantones de Cartago, como Turrialba, ven los beneficios.
Si cambia la legislación, tal y como lo pretende el Plan Fiscal, tendremos los siguientes problemas. Se verá a Costa Rica como un país que sufre incoherencia política, porque hace sólo dos años, en el 2009, hubo consenso y se aprobó con unanimidad la Reforma a la Ley de Zonas Francas. Dos años después, echaríamos por la borda lo obtenido por ese consenso.
Segundo, se generaría un clima de incerteza o inseguridad jurídica. Costa Rica es reconocido como un país legalista y observante del ordenamiento jurídico, pero lo que pretende el Plan Fiscal es cambiar las reglas del juego. Lo tercero es lo conocido como relocalización de inversiones, o sea, ante un clima de inversión inseguro, las empresas buscan otros países para invertir.
Cuarto: el proyecto de ley ya está generando consecuencias negativas para los proyectos de inversión. Por ejemplo, AEGIS está reconsiderando la ampliación de su centro de contacto en Tilarán; una empresa de manufactura lista para invertir en Puntarenas, está considerándolo de nuevo…
Además, si no llegan proyectos de inversión y se crea un desestímulo para las reinversiones de las empresas ya instaladas, ¿a cuáles empresas podrían cobrarles los impuestos que impondría el Plan Fiscal? La ganancia en términos fiscales sería mínima.
De los 60 mil trabajadores de empresas en Zona Franca, unos 50 mil son solidaristas. El Movimiento Solidarista Costarricense ve con preocupación el futuro incierto que tienen estos trabajadores si el Plan Fiscal golpea, como lo pretende, al exitoso Régimen de Zonas Francas que ha tenido nuestro país.
Camilo Rodríguez Chaverri
Director Ejecutivo, Movimiento Solidarista Costarricense
El régimen de zonas francas costarricenses es sólido y competitivo. En los últimos treinta años, ha atraído inversión extranjera, que genera a hoy más de 60 mil empleos directos y más de 100 mil empleos indirectos.
Sólo en el año 2010, los empleos nuevos generados por el régimen de zona franca representan casi el 40 por ciento de todos los empleos nuevos.
Las empresas de Zona Franca son empresas que invierten a largo plazo y que generan encadenamientos productivos. Cientos de empresas costarricenses, medianas y pequeñas, ofrecen sus servicios o sus productos a estas empresas de zonas francas. Además, estas empresas de Zona Franca aportan 136 mil millones de colones al año al sistema de seguridad social.
Las empresas de Zona Franca les aportan mucho a las mujeres y los jóvenes. El 60 por ciento de los trabajos generados en empresas médicas son ocupados por mujeres. Solamente en las empresas de servicios, el promedio de edad de sus trabajadores es de 24 años. Gran parte de la oferta de estos jóvenes provienen de colegios técnicos, y muchos de estos están en zonas rurales.
En este mismo sentido, la actual legislación de Zonas Francas promueve la instalación de las empresas en áreas de menor desarrollo. Puntarenas, San Ramón, Limón y varios cantones de Cartago, como Turrialba, ven los beneficios.
Si cambia la legislación, tal y como lo pretende el Plan Fiscal, tendremos los siguientes problemas. Se verá a Costa Rica como un país que sufre incoherencia política, porque hace sólo dos años, en el 2009, hubo consenso y se aprobó con unanimidad la Reforma a la Ley de Zonas Francas. Dos años después, echaríamos por la borda lo obtenido por ese consenso.
Segundo, se generaría un clima de incerteza o inseguridad jurídica. Costa Rica es reconocido como un país legalista y observante del ordenamiento jurídico, pero lo que pretende el Plan Fiscal es cambiar las reglas del juego. Lo tercero es lo conocido como relocalización de inversiones, o sea, ante un clima de inversión inseguro, las empresas buscan otros países para invertir.
Cuarto: el proyecto de ley ya está generando consecuencias negativas para los proyectos de inversión. Por ejemplo, AEGIS está reconsiderando la ampliación de su centro de contacto en Tilarán; una empresa de manufactura lista para invertir en Puntarenas, está considerándolo de nuevo…
Además, si no llegan proyectos de inversión y se crea un desestímulo para las reinversiones de las empresas ya instaladas, ¿a cuáles empresas podrían cobrarles los impuestos que impondría el Plan Fiscal? La ganancia en términos fiscales sería mínima.
De los 60 mil trabajadores de empresas en Zona Franca, unos 50 mil son solidaristas. El Movimiento Solidarista Costarricense ve con preocupación el futuro incierto que tienen estos trabajadores si el Plan Fiscal golpea, como lo pretende, al exitoso Régimen de Zonas Francas que ha tenido nuestro país.
