Imaginemos un saco, como aquellos que se llenaban de café cuando el café era el principal motor de nuestra economía. Imaginemos que este saco tuviese un hueco en el fondo. Por más café que se le eche, siempre terminará vacío. Del mismo modo funcionan las finanzas del gobierno. Piden más dinero –piden más impuestos–, pero al final del periodo el despilfarro se encarga de que el saco termine vacío.
En este contexto surge la alianza nefasta PLN-PAC, que planea meternos un gol con la reforma tributaria versión 3.0. Esta reforma no es más que una lluvia de impuestos: electricidad, agua, educación, salud, vehículos, traspaso de bienes inmuebles, construcción, retiro de cajeros automáticos, zonas francas… Llueven impuestos y todos vamos a salir mojados, especialmente los más pobres.
El gobierno pide más pero… ¿Qué da a cambio? ¿Responsabilidad en el gasto? No. Nada en el proyecto habla de responsabilidad fiscal. La responsabilidad se da únicamente mediante directrices del ejecutivo, por lo que depende únicamente del gobierno y del ministro de hacienda de turno.
La reforma tributaria no es más que un cheque en blanco al gobierno para que continúe su despilfarro. Concretamente esta diputada plantea dos medidas de responsabilidad fiscal: una sobre un nivel máximo de endeudamiento como porcentaje del PIB y otra sobre el balance anual de las finanzas estatales.
Se propone que el balance primario del gobierno sea positivo. En términos más sencillos, lo que esto quiere decir es que los ingresos del gobierno deben de ser suficientes para pagar todos los gastos del gobierno antes del pago de intereses. Esto le da estabilidad al estado en sus finanzas de corto plazo.
En un sentido similar se plantea como segundo tema fijar un nivel máximo de deuda como porcentaje del PIB –un 40% del PIB–. No hablamos de un techo irrazonable, pues si se observan las series históricas, el nivel de deuda del gobierno ha oscilado niveles cercanos al techo propuesto. El techo propuesto fue visto con buenos ojos cuando se discutió con los personeros de Hacienda y lo que propone es que el Estado mantenga niveles de deuda que sean manejables y sostenibles en el mediano y largo plazo.
Ambas mociones llevan un segundo artículo que asigna sanciones al ministro de hacienda que irrespete tanto las nuevas reglas de responsabilidad fiscal mencionadas como la que existe actualmente –aquella que dice que no se puede financiar gasto corriente con deuda– y que ha sido pasada por alto sin mayores miramientos por el presente gobierno. Dice el artículo que el ministro que rompa estas reglas que aseguran la salud fiscal del país podrá ser inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un periodo de ocho años.
Esta diputada luchará por crear conciencia de la importancia que tiene la responsabilidad fiscal en el contexto de una reforma tributaria y en la importancia de que existan repercusiones a quienes rompan las reglas. Y es que sin reglas claras de responsabilidad fiscal, el proyecto es un cheque en blanco y sin sanciones a quienes rompan las reglas, no habrá incentivo alguno en respetarlas.
PATRICIA PÉREZ HEGG Vicepresidente Asamblea Legislativa
Imaginemos un saco, como aquellos que se llenaban de café cuando el café era el principal motor de nuestra economía. Imaginemos que este saco tuviese un hueco en el fondo. Por más café que se le eche, siempre terminará vacío. Del mismo modo funcionan las finanzas del gobierno. Piden más dinero –piden más impuestos–, pero al final del periodo el despilfarro se encarga de que el saco termine vacío.
En este contexto surge la alianza nefasta PLN-PAC, que planea meternos un gol con la reforma tributaria versión 3.0. Esta reforma no es más que una lluvia de impuestos: electricidad, agua, educación, salud, vehículos, traspaso de bienes inmuebles, construcción, retiro de cajeros automáticos, zonas francas… Llueven impuestos y todos vamos a salir mojados, especialmente los más pobres.
El gobierno pide más pero… ¿Qué da a cambio? ¿Responsabilidad en el gasto? No. Nada en el proyecto habla de responsabilidad fiscal. La responsabilidad se da únicamente mediante directrices del ejecutivo, por lo que depende únicamente del gobierno y del ministro de hacienda de turno.
La reforma tributaria no es más que un cheque en blanco al gobierno para que continúe su despilfarro. Concretamente esta diputada plantea dos medidas de responsabilidad fiscal: una sobre un nivel máximo de endeudamiento como porcentaje del PIB y otra sobre el balance anual de las finanzas estatales.
Se propone que el balance primario del gobierno sea positivo. En términos más sencillos, lo que esto quiere decir es que los ingresos del gobierno deben de ser suficientes para pagar todos los gastos del gobierno antes del pago de intereses. Esto le da estabilidad al estado en sus finanzas de corto plazo.
En un sentido similar se plantea como segundo tema fijar un nivel máximo de deuda como porcentaje del PIB –un 40% del PIB–. No hablamos de un techo irrazonable, pues si se observan las series históricas, el nivel de deuda del gobierno ha oscilado niveles cercanos al techo propuesto. El techo propuesto fue visto con buenos ojos cuando se discutió con los personeros de Hacienda y lo que propone es que el Estado mantenga niveles de deuda que sean manejables y sostenibles en el mediano y largo plazo.
Ambas mociones llevan un segundo artículo que asigna sanciones al ministro de hacienda que irrespete tanto las nuevas reglas de responsabilidad fiscal mencionadas como la que existe actualmente –aquella que dice que no se puede financiar gasto corriente con deuda– y que ha sido pasada por alto sin mayores miramientos por el presente gobierno. Dice el artículo que el ministro que rompa estas reglas que aseguran la salud fiscal del país podrá ser inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un periodo de ocho años.
Esta diputada luchará por crear conciencia de la importancia que tiene la responsabilidad fiscal en el contexto de una reforma tributaria y en la importancia de que existan repercusiones a quienes rompan las reglas. Y es que sin reglas claras de responsabilidad fiscal, el proyecto es un cheque en blanco y sin sanciones a quienes rompan las reglas, no habrá incentivo alguno en respetarlas.
PATRICIA PÉREZ HEGG Vicepresidente Asamblea Legislativa
