A ese mismo nivel está la libertad de expresión y de prensa, con periodistas y medios libres que ejercen una labor de pesos y contrapesos, investigando, denunciando y criticando, aportando diferentes puntos de vista y opiniones sobre las actuaciones de gobernantes, legisladores, jueces y funcionarios de la administración pública.
No podemos poner en riesgo dichas libertades con ocurrencias como la del diputado Jorge Rodríguez, quien ha propuesto que el Estado sea socio de las empresas de comunicación. La iniciativa no es un hecho aislado cuando se evalúa el borrador de una nueva ley de radio y televisión, impulsada por el Poder Ejecutivo, para sustituir la actual ley de 1954. El argumento que motiva este actuar es que un marco jurídico por antiguo no es eficaz, este es un argumento pobre. La constitución política de Costa Rica es del año 1949 y la de Estados Unidos de 1789.
El Estado, y por ende nosotros los costarricenses, somos los legítimos titulares de las frecuencias de radio y televisión, que a través de concesiones, tanto a la empresa privada, como al Sinart- Canal 13 y Radio Nacional-, y a la Universidad de Costa Rica. Estas concesiones se usan en beneficio de todos; llevando educación, cultura, información y también entretenimiento de forma gratuita y con acceso libre a casi un cien por ciento de nuestra población. En el caso de las entidades del Estado, aparentemente, algunas de sus emisoras de radio se encuentran apagadas por falta de presupuesto.
Así, no es de recibo la propuesta borrador del poder Ejecutivo, que señala en una nueva ley de radio y televisión, que el Estado y el gobierno de turno, mantendrán en su poder un treinta por ciento de las frecuencias para otorgarlas a comunidades, sin aclarar de qué forma o quién financiará dichos proyectos. Esta es la misma filosofía extraña de países como Ecuador y Venezuela, en donde por su modelo, los mandatarios casi que se perpetúan en el poder demagógicamente, atacando a la libertad de prensa, cerrando medios, cuando los critican.
Peor aún más grave, es que contrario a lo dispuesto por la Constitución Política, la propuesta de la nueva ley, en caso de duda, deja en manos del Poder Ejecutivo la interpretación de las normas de esta pretendida nueva legislación.
Costa Rica está en riesgo de que ideologías importadas instauren la censura en el país. No hay que olvidarse que gracias a la iniciativa privada, hoy Costa Rica cuenta con más de cien emisoras de radio y más de treinta canales de televisión, todos libres y gratuitos. ¡Defendamos nuestra democracia!
Otto Guevara Guth