El ministro de Educación, Señor Leonardo Garnier, afirma que este año no habrá recorte en el presupuesto destinado a infraestructura educativa, ya que en octubre pasado se aprobó un presupuesto extraordinario que contenía una partida para ese fin de ¢23.500 millones. Según palabras del ministro, “una simple operación aritmética” da como resultado que este monto, sumado a los ¢17.000 millones originalmente establecidos en el presupuesto ordinario del 2011, dan aproximadamente ¢44.000 millones para obras en escuelas y colegios este año. La aritmética de Garnier es un tanto extraña, ya que la suma de ambas cifras da en realidad ¢40.500 millones, lo cual todavía representa un recorte de cerca del 6% con respecto al presupuesto para infraestructura educativa del 2010.
Sin embargo los enredos de Garnier no terminan ahí, puesto que el argumento de que en octubre del 2010 se aprobó un presupuesto extraordinario para ir adelantando plata para el 2011 no es viable legalmente. La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos establece el principio de anualidad presupuestaria, es decir, que el presupuesto rige del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. Dicha ley también señala que los presupuestos extraordinarios únicamente modifican el presupuesto ordinario de ese año, por lo que no pueden establecer gastos para el próximo. En otras palabras, el MEP no puede meter una partida en un presupuesto extraordinario del 2010 para gastarla en el 2011, como dice Garnier que hicieron, sino que dicho dinero debió ejecutarse antes del 31 de diciembre del 2010.
De tal forma, o el gobierno está violando la ley de presupuestos con este plan de “adelantar” plata en un presupuesto extraordinario, o los ¢23.500 millones asignados en dicho plan de gasto no pudieron ser ejecutados antes del 31 de diciembre del 2010 y por lo tanto deben ser reasignados.
Garnier también menciona la inminente entrada en vigencia de un fideicomiso de ¢83.500 millones que vendría a añadir más dinero al presupuesto de infraestructura educativa. Sin embargo, el pasado 7 de marzo La Nación reportó que el MEP ha tomado la decisión de posponer hasta el 2012 la entrada en vigencia de dicho fideicomiso. ¿Será que nadie le avisó al ministro Garnier?
De tal forma que estamos claros en que sí ha habido un recorte importante en el presupuesto de infraestructura educativa en el 2011, que la estrategia del presupuesto extraordinario señalado por Garnier o es ilegal o es inviable, y que el fideicomiso que él menciona no entrará en vigor este año. Y todo esto se da en el contexto de una campaña gubernamental donde tanto la Señora presidenta Laura Chinchilla como el ministro Garnier han recurrido una y otra vez a mencionar la pésima infraestructura educativa como justificante para más impuestos..
Juan Carlos Hidalgo Bogantes, cédula: 2-546-309. Coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute.
El ministro de Educación, Señor Leonardo Garnier, afirma que este año no habrá recorte en el presupuesto destinado a infraestructura educativa, ya que en octubre pasado se aprobó un presupuesto extraordinario que contenía una partida para ese fin de ¢23.500 millones. Según palabras del ministro, “una simple operación aritmética” da como resultado que este monto, sumado a los ¢17.000 millones originalmente establecidos en el presupuesto ordinario del 2011, dan aproximadamente ¢44.000 millones para obras en escuelas y colegios este año. La aritmética de Garnier es un tanto extraña, ya que la suma de ambas cifras da en realidad ¢40.500 millones, lo cual todavía representa un recorte de cerca del 6% con respecto al presupuesto para infraestructura educativa del 2010.
Sin embargo los enredos de Garnier no terminan ahí, puesto que el argumento de que en octubre del 2010 se aprobó un presupuesto extraordinario para ir adelantando plata para el 2011 no es viable legalmente. La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos establece el principio de anualidad presupuestaria, es decir, que el presupuesto rige del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. Dicha ley también señala que los presupuestos extraordinarios únicamente modifican el presupuesto ordinario de ese año, por lo que no pueden establecer gastos para el próximo. En otras palabras, el MEP no puede meter una partida en un presupuesto extraordinario del 2010 para gastarla en el 2011, como dice Garnier que hicieron, sino que dicho dinero debió ejecutarse antes del 31 de diciembre del 2010.
De tal forma, o el gobierno está violando la ley de presupuestos con este plan de “adelantar” plata en un presupuesto extraordinario, o los ¢23.500 millones asignados en dicho plan de gasto no pudieron ser ejecutados antes del 31 de diciembre del 2010 y por lo tanto deben ser reasignados.
Garnier también menciona la inminente entrada en vigencia de un fideicomiso de ¢83.500 millones que vendría a añadir más dinero al presupuesto de infraestructura educativa. Sin embargo, el pasado 7 de marzo La Nación reportó que el MEP ha tomado la decisión de posponer hasta el 2012 la entrada en vigencia de dicho fideicomiso. ¿Será que nadie le avisó al ministro Garnier?
De tal forma que estamos claros en que sí ha habido un recorte importante en el presupuesto de infraestructura educativa en el 2011, que la estrategia del presupuesto extraordinario señalado por Garnier o es ilegal o es inviable, y que el fideicomiso que él menciona no entrará en vigor este año. Y todo esto se da en el contexto de una campaña gubernamental donde tanto la Señora presidenta Laura Chinchilla como el ministro Garnier han recurrido una y otra vez a mencionar la pésima infraestructura educativa como justificante para más impuestos.
Juan Carlos Hidalgo Bogantes, cédula: 2-546-309. Coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute.
