Antes, este Poder de la República vivió una muy precaria situación económica, reflejada en la calidad de sus servicios y de su pésima infraestructura, que carecía de las mínimas condiciones para una labor tan delicada como “impartir justicia”.
Eran condiciones que ponía en entredicho el papel de un Poder Judicial garante de un Estado de derecho, cumpliente del principio constitucional de justicia pronta y cumplida.
En la década de los 70, dentro de las grandes modificaciones legales que hubo, el Poder Judicial asumió las funciones del OIJ, el Ministerio Público y la Defensa Pública las que pasaron a ser parte de su engranaje, creándose una enorme estructura, sin que se previera nada sobre el presupuesto necesario para atender estas nuevas funciones, de naturaleza distinta a la propiamente jurisdiccional.
Al integrarse esos nuevos órganos a este Poder y dársele otras funciones no jurisdiccionales, que con el paso de los años ha ido en aumento, además de violentarse principios constitucionales como el de reserva, unidad, exclusividad y titularidad de la jurisdicción, inherentes a su naturaleza, su presupuesto se ha visto drásticamente reducido al tenerse que utilizar en ámbitos que no le son propios.
Presupuestariamente, sólo alrededor del 3.5 % del presupuesto judicial se puede destinar a la función jurisdiccional pues el resto del 6% debe cubrir aquellas otras funciones, que deberían tener uno propio para no poner en peligro el que el Poder Judicial cumpla con ese cometido constitucional.
Cierto, también hay que reconocer que Costa Rica tiene un déficit fiscal gravísimo y el Poder Judicial debe ser solidario, como integrante del gobierno de la República (artículo 9 de la Constitución Política), y debe socarse la faja en aquellos rubros que, o ya no tienen razón de existir o que deben ADAPTARSE a los nuevos tiempos.
Eso sí, no se puede ni se debe sacrificar los fines esenciales que le fija la Constitución al Poder Judicial.
La vulneración del presupuesto judicial, sin duda, afecta el sistema republicano y democrático de derecho que el constituyente instauró como medio para procurar y mantener la paz social y ello debe evitarse a toda costa.
